STC8192-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8192-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02035-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Cotty Morales Caama\u00f1o le instaur\u00f3 a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00182. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb y \u00absegunda instancia\u00bb, para que se ordenara \u00abrectifi[car] el tr\u00e1mite\u00bb de la acci\u00f3n popular de la referencia, puesto que hubo una \u00abomisi\u00f3n a la informaci\u00f3n\u00bb por no permitirle acceder al expediente digital. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda colectiva que Gerardo Alonso Herrera Hoyos promovi\u00f3 en contra de la Sociedad Comercializadora Tentatex S.A.S. en calidad de propietaria del establecimiento de comercio \u201cAlmac\u00e9n Tentaci\u00f3n\u201d (27 sep. 2021). <\/p>\n
Sostuvo que, en el t\u00e9rmino de ejecutoria de dicho fallo, esto es, el 1\u00ba de octubre siguiente, requiri\u00f3 el enlace para obtener al infolio digital, su reconocimiento como coadyuvante y propuso los recursos de ley contra esa decisi\u00f3n; sin embargo, el estrado querellado no resolvi\u00f3 los pedimentos y no le concedi\u00f3 la alzada, por cuanto, solo lo hizo frente al actor popular y al municipio de Santa Rosa de Cabal (5 oct.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en virtud de lo anterior, pidi\u00f3 al Tribunal Superior de Pereira aclarar el prove\u00eddo de 24 de noviembre del a\u00f1o pasado, por medio del cual admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n, para que la incluyera como recurrente; no obstante, no la acept\u00f3 tras advertir que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n al no ser parte ni actuar como \u201ccoadyuvante\u201d, habida cuenta que el a quo le neg\u00f3 su intervenci\u00f3n en la lid por extempor\u00e1nea y \u00abno le concedi\u00f3\u00bb el comentado medio impugnaticio (24 feb. 2022). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no conseguir el cartapacio de forma completa y oportuna, le impidi\u00f3 ejercer su \u201cderecho de contradicci\u00f3n\u201d y, critic\u00f3 la barrera impuesta por las autoridades enjuiciadas para \u201cactuar como coadyuvante\u201d, porque en este tipo de tr\u00e1mites \u201clos efectos colectivos, son m\u00e1s importantes que conllevar beneficios individuales\u201d. <\/p>\n
2.- Al momento de discutir y aprobar este proyecto, no se allegaron respuestas de los convocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- Empero, con fundamento en el material suasorio incorporado al dossier, pronto se anuncia el decaimiento del auxilio, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que lo caracteriza. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, toda vez, que entre la fecha del auto combatido (5 oct. 2021) y la radicaci\u00f3n del escrito superlativo (17 jun. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate, porque si la gestora se demor\u00f3 en interponer la guarda supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgado cuestionado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas b\u00e1sicas aducidas como soporte de la ayuda. <\/p>\n
1.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. En STC3949-2021 se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, en la medida que Morales Caama\u00f1o no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
2.- Ahora, si la queja de la precursora es, en realidad, contra la providencia del Tribunal Superior de Pereira, porque no accedi\u00f3 a la \u00abaclaraci\u00f3n del prove\u00eddo expedido el 24 de noviembre del a\u00f1o pasado, por medio del cual admiti\u00f3 la alzada\u00bb (24 feb. 2022), se observa que desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba en la contienda para ventilar el descontento que trae a este escenario especial, como quiera que no refut\u00f3 por medio del \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb esa determinaci\u00f3n, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, acerca de ese t\u00f3pico, esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb, (STC6663-2018, citada en STC13158-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb, (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC13158-2021). <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, en lo atinente al expediente digital correspondiente a la \u00abacci\u00f3n popular 2021-00182\u00bb que, seg\u00fan la tutelante, el despacho del circuito no entreg\u00f3 tempestivamente, se subraya que no se otea la transgresi\u00f3n alegada, en tanto que, de un lado, dicha s\u00faplica la hizo el 1\u00ba de octubre de 2021, es decir, cuando ya se hab\u00eda emitido el veredicto de primer grado y fenecido el tiempo fijado por la norma y, de otro, dicho suministro no le imped\u00eda acudir oportunamente al litigio para reclamar lo que ahora desea, esto es, su \u00abreconocimiento como coadyuvante\u00bb. <\/p>\n
De suerte, que, no se comprobaron los motivos de las censuras enrostradas por la memorialista y, por ende, no puede endilgarse al juzgado cognoscente \u201cacci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n\u201d que conculque o amenace atributos b\u00e1sicos, raz\u00f3n por la que no es posible la intromisi\u00f3n del iudex constitucional. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha esbozado que, para la prosperidad del resguardo, \u201c(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u201d\u00bb (STC7647-2020, STC3764-2021). <\/p>\n
De igual modo, que se obliga: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (STC8053-2019, STC3764-2021). <\/p>\n
4.- Por consiguiente, el amparo deviene inviable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Cotty Morales Caama\u00f1o contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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