STC8194-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8194-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00887-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las dem\u00e1s partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
1. La entidad accionante reclam\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n judicial del 4 de octubre de 2021 dictada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u2013 SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SALA DE DESCONGESTI\u00d3N No. 4, por la flagrante v\u00eda de hecho y el abuso palmario del derecho en raz\u00f3n al reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional a\u2026 ROSARIO DEL CARMEN BURGOS PETRO quien no cumpli\u00f3 la totalidad de los requisitos durante la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004\u00bb y, en consecuencia, se ordene a dicho colegiado \u00abdictar nueva sentencia ajustada a derecho en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda laboral, no casando, por encontrar demostrado que\u2026 BURGOS PETRO no reuni\u00f3 la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 antes del 31 de julio de 2010 fecha l\u00edmite de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, de manera subsidiaria, pidi\u00f3 \u00abse SUSPENDA de manera transitoria la sentencia del 4 de octubre de 2021 proferida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u2013 SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SALA DE DESCONGESTI\u00d3N No. 4, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosario del Carmen Burgos Petro1 promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP, a fin de que le efectuara el reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional colectiva de trabajo suscrita por el ISS para la vigencia 2001-2004, a partir del 1\u00b0 de abril de 2015 -data en la que se retir\u00f3 laboralmente-, los intereses moratorios y la indexaci\u00f3n de todas las sumas debidas. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 29 de julio de 2019 neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 19 de noviembre de 2019 por el Tribunal. <\/p>\n
2.3. Sostuvo la tutelante que la demandante acudi\u00f3 en casaci\u00f3n y esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo del a quem, seg\u00fan sentencia de 4 octubre de 2021, al considerar que Rosario del Carmen labor\u00f3 al servicio del ISS hasta el 30 de marzo de 2015, cumpliendo los 50 a\u00f1os de edad en el a\u00f1o 2007, por lo que el reconocimiento pensional resultaba coherente desde el 1\u00b0 de abril de 2015 conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 128 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el Tribunal no atendi\u00f3 que el art\u00edculo 2 convencional previ\u00f3 que algunas de sus cl\u00e1usulas tendr\u00edan vigencia en periodos distintos al general y tampoco advirti\u00f3 que en el art\u00edculo 98 las partes as\u00ed lo acordaron para otorgar los derechos pensionales, raz\u00f3n por la que no era viable desecharlos por el solo hecho de que se hubieran causado con posterioridad al 31 de julio de 2010 (acto legislativo 01 de 2005). <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, no hab\u00eda lugar a reconocer la pensi\u00f3n convencional, toda vez que dicho instrumento para su causaci\u00f3n exig\u00eda 20 a\u00f1os de servicio y 50 a\u00f1os de edad para las mujeres, requisitos que, para el caso concreto, no se configuraban, habida cuenta de que para el 31 de julio de 2010 -data de vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva acorde con el Acto Legislativo 001 de 2005- no los satisfac\u00eda, toda vez que, Burgos Petro \u00abcumpli\u00f3 los 50 a\u00f1os el 6 de octubre de 2007 y los 20 a\u00f1os de servicio el 11 de noviembre de 2013\u00bb, por lo que, insiste, dicho presupuesto no estaba satisfecho. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no aplic\u00f3 la figura de compartibilidad, pues, no tuvo en cuenta que la pensi\u00f3n convencional tiene la naturaleza de ser compartida con la pensi\u00f3n de vejez que sea reconocida por Colpensiones, por lo que no debe asumir el pago del 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Indic\u00f3 que el argumento dado por el colegiado querellado es inconstitucional, pues si bien la sentencia SU-555 de 2014 establece que pueden existir convenciones colectivas de trabajo cuya vigencia se extienden m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010 cuando el texto convencional lo indica, lo cierto es que, para el caso concreto, la ac\u00e1 demandada \u00abno cumple con esta subregla, como quiera que el texto del art. 98 no puede ser interpretado aisladamente y con un alcance que desborda su finalidad, para efectos de concluir que la C.C.T. en materia pensional mantiene vigencia hasta el a\u00f1o 2017, o incluso, indefinidamente, lo que muestra el apartamiento de las reglas de objetividad, l\u00f3gica y razonabilidad, que deben orientar la hermen\u00e9utica de los textos convencionales, pues de la lectura del art. 98 de la CCT del ISS es un sentido que la norma convencional no dispuso expresamente con relaci\u00f3n a su vigencia, ya que el art\u00edculo 98 cuando se refiere al a\u00f1o 2017 no lo hace en t\u00e9rminos de vigencia de la convenci\u00f3n, lo hace para regular la forma de calcular porcentaje y el IBL, en el hipot\u00e9tico evento que el acuerdo extralegal continuara vigente para esa fecha, lo cual, precisamente, s\u00f3lo pod\u00eda ocurrir por virtud de la figura de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas, cuya fecha de extinci\u00f3n, seg\u00fan la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
2.7. Manifest\u00f3 que dar cumplimiento a la orden dispuesta por la Corte, causar\u00eda un grave perjuicio al erario, toda vez que, por concepto de retroactivo deber\u00eda cancelar $224.959.685 y por indexaci\u00f3n $25.235.916, lo cual ir\u00eda en contra del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que, para el caso concreto, se desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial y su car\u00e1cter obligatorio, raz\u00f3n por la que, la solicitud de amparo es procedente. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que \u00absi bien procede el recurso extraordinario de revisi\u00f3n este no es el mecanismo pertinente y eficaz para impedir la grave irregularidad que se da en este caso relacionado con el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional sin el cumplimiento de los 20 a\u00f1os de servicios, requeridos por la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004, antes de la p\u00e9rdida de su vigencia acaecida el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que revisado el sistema de gesti\u00f3n judicial siglo XXI, refiri\u00f3 que el 29 de julio de 2019 profiri\u00f3 sentencia absolutoria, concediendo la apelaci\u00f3n formulada contra la misma; que el 8 de febrero de 2022 el proceso reposa en el archivo central. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Rosario de Carmen Burgos Petro inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, a m\u00e1s que, la solicitud de amparo no procede por una simple discrepancia o desacuerdo con el contenido de una determinaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al encontrar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que, la UGPP cuenta con la posibilidad de promover el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se encuentran estructurados los presupuestos de un perjuicio irremediable, ya que el mismo se fundamenta en el desconocimiento de una decisi\u00f3n que, en principio, le asiste la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad; adem\u00e1s, no se puede aseverar que el sistema general de pensiones est\u00e1 comprometido, habida cuenta que, se trata de una trabajadora que result\u00f3 favorecida con la pensi\u00f3n convencional de jubilaci\u00f3n, en raz\u00f3n de las cotizaciones que realiz\u00f3 durante su vida laboral, por lo que no se encuentra acreditado c\u00f3mo podr\u00e1n verse afectados los recursos de la entidad por el hecho de acceder al pago de la mesada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando el escrito del libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el presente caso la UGPP pretende dejar sin efecto el fallo de 4 de octubre de 2021 proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, que reconoci\u00f3, a favor de Rosario del Carmen Burgos Petro, la pensi\u00f3n convencional contenida en la convenci\u00f3n colectiva 2001 \u2013 2004 suscrita entre el extinto Instituto de Seguros Sociales y Sintraseguridad social, esto, al considerar que conforme a los precedentes jurisprudenciales, no es procedente extender los beneficios de dicho pacto colectivo mas all\u00e1 del 31 de julio de 2010 (acto legislativo 01 de 2005), pues, para esa data, si bien la demandante cumpl\u00eda con la edad (50 a\u00f1os), lo cierto es que el tiempo de servicio lo satisfizo el 11 de noviembre de 2013, raz\u00f3n por la que, no era procedente reconocerle el derecho pensional convencional. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, patente era la inviabilidad de la petici\u00f3n de amparo, pero porque no cumple el requisito de la inmediatez, comoquiera que entre el momento en que fue emitida la sentencia de casaci\u00f3n, esto es, 4 de octubre de 2021, y la fecha en que fue presentada la demanda de tutela -29 de abril de 2022-, transcurri\u00f3 m\u00e1s de 6 meses, es decir, excediendo el plazo fijado por la acentuada jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar dicho mecanismo excepcional. <\/p>\n
En el presente Frente al particular la Corte ha sostenido reiteradamente que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otra parte, respecto al reconocimiento pensional convencional que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque no se atendi\u00f3 la compartibilidad con la pensi\u00f3n de vejez de Rosario del Carmen Burgos Petro, sumado a que, se causar\u00eda un perjuicio irremediable que afectar\u00eda el erario p\u00fablico; la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, pues si esgrime que la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n all\u00ed conferida a cargo del \u00abERARIO\u00bb, fue en desmedro de \u00ablo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva (\u2026) aplicables\u00bb; aqu\u00e9l es el escenario judicial con el que es factible remediar los aparentes perjuicios que tal reconocimiento prestacional llegare a ocasionar. <\/p>\n
Es que, cual lo ha sostenido esta Sala de la Corte, en un debate con cierta simetr\u00eda, <\/p>\n
(\u2026) respecto al reconocimiento pensional convencional [otorgado en fallo de casaci\u00f3n] que, en sentir de la quejosa, constituye una irregularidad, adem\u00e1s, porque Henry Morales ya cuenta con la pensi\u00f3n de vejez por parte de Colpensiones, por lo que, deduce, existe \u00abincompatibilidad entre el reconocimiento convencional y la pensi\u00f3n de vejez\u00bb, sumado a que \u00abno se puede devengar DOS emolumentos del erario p\u00fablico generando as\u00ed una evidente v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb[,] la solicitud de amparo tambi\u00e9n deviene improcedente, comoquiera que, tal como lo afirm\u00f3 la accionante, tiene a su alcance acudir [a la] revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural. <\/p>\n
En efecto, la UGPP cuenta con el remedio atr\u00e1s referido, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual procede contra sentencias ejecutoriadas, que \u00abhayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. (\u2026) La revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo\u2026\u00bb. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al reconocimiento pensional convencional, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
la entidad reclamante tiene a su alcance otro medio de defensa a trav\u00e9s del cual puede procurar la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos fundamentales que estima transgredidos, es decir, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n de que trata el canon 30 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, en concordancia con lo estipulado en el precepto 20 de la Ley 797 de 2003(\u2026) para cuestionar la legalidad de dichas determinaciones, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual. (CSJ, STC, 24 abr., rad. 2020-00210-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u2026 (\u00c9nfasis ajeno. Cfr. CSJ STC6282, 2 jun. 2021, rad. 2020-00554-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la UGPP s\u00ed est\u00e1 facultada para interponer la revisi\u00f3n en comento, pues como lo ha precisado esta magistratura en el pasado, \u00abdicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 (\u2026) de 2013, seg\u00fan el cual, [le] corresponde (\u2026) adelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb; norma aquella que, adem\u00e1s, refrend\u00f3 su naturaleza jur\u00eddica de entidad adscrita al Ministerio de Hacienda (CSJ STC4114, 22 mar. 2018, rad. 00232-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Quien prest\u00f3 sus servicios en el Instituto de Seguros Sociales -ISS- durante 21 a\u00f1os, 4 meses y 26 d\u00edas, esto es, desde el 1\u00b0 de noviembre de 1993 al 30 de marzo de 2015, cumpliendo 50 a\u00f1os de edad el 6 de octubre de 2007. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8194-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8194-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00887-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64784","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64784\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}