STC8195-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8195-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02040-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C. veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Helena Emperatriz Ochoa Vargas instaur\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 08001 31 53 010 2020 00049 01 (43.103). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00aba la vida\u00bb, para que se ordenara \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito en el coercitivo 2020-00049 y se realice el tramite respectivo sobre la admisi\u00f3n de la demanda en otro despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 3 de marzo de 2020 promovi\u00f3 juicio verbal de responsabilidad civil extracontractual contra Transporte Transalfa S.A., Zeta Bus S.A.S., Edwin Lora Salas y la Aseguradora Zurich, asignado al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la citada localidad. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que los d\u00edas 9, 10 y 11 siguientes se acerc\u00f3 a las instalaciones de dicho estrado con el fin de revisar el tr\u00e1mite del asunto, donde se le inform\u00f3 que se encontraban en traslado de sede judicial debido a un incendio sucedido en el a\u00f1o 2019, que el expediente estaba empacado y que le dar\u00edan a conocer las providencias que se emitieran en estados a las direcciones aportadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
Sostuvo que por aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria -Covid 19- y padeciendo comorbilidades, no pudo tener contacto con el juzgado; solo hasta el 9 de octubre subsiguiente, requiri\u00f3 al despacho, enter\u00e1ndose por comunicaci\u00f3n enviada por medios electr\u00f3nicos sobre la inadmisi\u00f3n de la demanda (9 mar.), asimismo, que aun cuando ten\u00edan f\u00edsicamente el dossier extra\u00f1aban el \u00abmemorial de enmienda\u00bb, pidi\u00e9ndole su aportaci\u00f3n. <\/p>\n
Asever\u00f3 que alleg\u00f3 escrito corrigiendo el pliego inaugural (16 oct. 2020), empero, en providencia de 19 del mes y a\u00f1o citados, se rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo y porque no rectific\u00f3 la totalidad de los yerros indicados en la \u00abinadmisi\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que apelada fue ratificada por el Tribunal confutado en prove\u00eddo de 16 de febrero de 2021. <\/p>\n
Tras ese relato, manifest\u00f3 que nunca se enter\u00f3 de la resoluci\u00f3n \u00abinadmisoria de la demanda\u00bb, feneciendo la ocasi\u00f3n de enmendar las pifias iniciales, ya que los d\u00edas que se present\u00f3 a examinar el sumario no le fue permitido. Adem\u00e1s, esa omisi\u00f3n le caus\u00f3 perjuicios, pues no ha podido reclamar indemnizaci\u00f3n alguna por el accidente que padeci\u00f3 y en virtud del cual entabl\u00f3 la controversia. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla alleg\u00f3 copia digital del infolio motivo de revisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- No cabe duda de que las cr\u00edticas elevadas por Helena Emperatriz Ochoa Vargas van encaminadas a cuestionar los prove\u00eddos de 19 de octubre de 2020 y 16 de febrero de 2021, mediante los cuales, en su orden, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, \u00abrechazaron\u00bb por intempestiva la \u00abenmienda\u00bb a la demanda de responsabilidad civil extracontractual que present\u00f3 en contra de contra Transporte Transalfa S.A., Zeta Bus S.A.S., Edwin Lora Salas y la Aseguradora Zurich. <\/p>\n
2.- Esta Colegiatura ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses despu\u00e9s de que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo (\u2026) por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u2026\u00bb (STC13613-2021, criterio reiterado en STC4991-2022). <\/p>\n
2.1.- De los elementos suasorios adosados al paginario, muy pronto se advierte que, frente a los citados interlocutorios, emerge inviable el resguardo, por no cumplirse el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y en STC4991-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si la interesada se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las \u00abautoridades denunciadas\u00bb y con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales implorados como estribo de la ayuda. <\/p>\n
2.2.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el caso bajo examen, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, toda vez que la promotora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
3.- Ergo, surge impr\u00f3spero el auxilio suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Helena Emperatriz Ochoa Vargas contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla, extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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