STC8203-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8203-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00307-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que neg\u00f3 la tutela promovida por Juan David Galeano Cardona, Jos\u00e9 Vicente L\u00f3pez Casta\u00f1o y Sara Edilma S\u00e1nchez Zapata contra del Juzgado Once Civil Municipal de la misma ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de pertenencia 2019-00224, incluidos Daniela L\u00f3pez Ortega y Tulia Rosa Ortega Baldovino. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narraron, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla se tramita el juicio verbal de pertenencia impulsado por Luis Eduardo Nieto Cort\u00e9s contra de Tulia Rosa Ortega Baldovino, Daniela L\u00f3pez Ortega y dem\u00e1s personas indeterminadas, en el que las accionadas contestaron y presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, \u00absin que hasta la fecha el juzgado se haya pronunciado\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por su parte, los tutelantes, Sara Edilma S\u00e1nchez Zapata y Jos\u00e9 Vicente L\u00f3pez Casta\u00f1o, solicitaron ser reconocidos en el proceso como \u00abcoadyuvantes\u00bb en dos oportunidades, pero la primera vez se neg\u00f3 su participaci\u00f3n, porque no se acredit\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddico contractual con las accionadas, raz\u00f3n por la cual, posteriormente, allegaron la \u00abpromesa de permuta, suscrita por los antes citados, sin que hasta la fecha de hoy el juzgado 11 civil municipal (\u2026) se haya pronunciado sobre la \u00faltima petici\u00f3n de intervenci\u00f3n en coadyuvancia\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 26 de agosto de 2021, el Juzgado municipal requiri\u00f3 al demandante inicial para que cumpliera con la carga establecida en el numeral 7 del art\u00edculo 375 CGP y, el 10 de marzo de 2022, ante el incumplimiento de lo ordenado, dio por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito y se levantaron las cautelares practicadas, \u00absin antes haber[se] resuelto la demanda de reconvenci\u00f3n en reivindicaci\u00f3n y la coadyuvancia que fueron previas al requerimiento del desistimiento t\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
2.4. Al estimar que \u00abexist\u00eda negligencia por parte del juzgado 11 civil municipal (\u2026) porque debi\u00f3 haber resuelto las 2 intervenciones incoadas al despacho antes de resolver el desistimiento t\u00e1cito, se solicit\u00f3 la vigilancia administrativa al C.S. de la Judicatura sala disciplinaria (\u2026) hecho que tampoco ha producido frutos, pues hasta la fecha no ha existido una respuesta del ente controlador, ni del juzgado tutelado\u00bb. <\/p>\n
3. Los censores tachan de irregular la actuaci\u00f3n adelantada por el Juzgado convocado, en tanto, al no \u00abexis[tir] un pronunciamiento de fondo frente a las solicitudes de coadyuvancia e intervenci\u00f3n en demanda de reconvenci\u00f3n en reivindicaci\u00f3n, no tuvimos la oportunidad de controvertir ning\u00fan auto\u00bb; adem\u00e1s, \u00abse le olvid\u00f3 a la H. se\u00f1ora Juez que la sanci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito, no recae necesariamente sobre los dem\u00e1s sujetos procesales que piden su intervenci\u00f3n dentro del proceso (terceros y partes), por el incumplimiento de un sujeto procesal (\u2026), pues las (\u2026) las consecuencias procesales del desistimiento t\u00e1cito no tienen por qu\u00e9 asumirlas las partes en demanda de reconvenci\u00f3n en reivindicaci\u00f3n, ni tampoco el coadyuvante\u00bb. Cuestionan, asimismo, que no se le haya dado respuesta a su petici\u00f3n de \u00abvigilancia administrativa\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado accionado hizo un recuento de las actuaciones relevantes e indic\u00f3 que \u00abla parte interesada radic\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 10 de marzo de 2022, [el] cual esta[ba] pendiente por resolverse\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico inform\u00f3 que, \u00absi bien el accionante se\u00f1ala que (\u2026) present\u00f3 solicitud de vigilancia administrativa (\u2026), al hacer una b\u00fasqueda en los archivos de nuestra Corporaci\u00f3n no se logr\u00f3 ubicar [dicha] solicitud (\u2026). Sumado a que no se anex\u00f3 prueba alguna que demostrara su presentaci\u00f3n, sino que en su escrito menciona que la misma hab\u00eda sido remitida\u00bb a un correo electr\u00f3nico distinto al utilizado por la entidad, por lo que no hab\u00eda mora alguna; no obstante, afirm\u00f3 que con ocasi\u00f3n de la tutela procedi\u00f3 a repartir la petici\u00f3n de \u00abvigilancia administrativa\u00bb adjunta, para lo pertinente. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal desestim\u00f3 el amparo implorado, toda vez que, aunque \u00abla Juez cuestionada no emiti\u00f3 decisi\u00f3n, ni sigui\u00f3 el tr\u00e1mite de las actuaciones formuladas por los accionantes -demandantes en reconvenci\u00f3n y coadyuvantes-, ello se encuentra justificado en que por disposici\u00f3n legal para la Juez no naci\u00f3 la oportunidad de pronunciarse\u00bb; adem\u00e1s, precis\u00f3 que \u00absi la demanda reivindicatoria por disposici\u00f3n procesal, nunca inici[\u00f3] su tr\u00e1mite, por no haberse admitido, los efectos negativos previstos en el art\u00edculo 317 (\u2026) solo afectan al demandante en pertenencia, no as\u00ed a los demandados, quienes se encuentran plenamente habilitados para de manera individual e independiente acudir a la administraci\u00f3n de justicia y formular las pretensiones reivindicatorias\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la queja enfilada hacia el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, asever\u00f3 que en el expediente se acredit\u00f3 que \u00abel pedimento de intervenci\u00f3n nunca fue presentado ante la referida autoridad\u00bb, de manera que no \u00abtuvo conocimiento de la solicitud de vigilancia\u00bb y, por tanto, mal pod\u00eda sostenerse que existi\u00f3 la lesi\u00f3n de derechos denunciada; no obstante, destac\u00f3 la entidad someti\u00f3 a reparto la solicitud allegada con la tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propusieron los tutelantes y las vinculadas, Tulia Rosa Ortega y Daniela L\u00f3pez Ortega, indicando que el contradictorio s\u00ed estaba integrado, pues las accionadas contestaron y contrademandaron, por lo que \u00abs\u00ed naci[\u00f3] el deber el juzgado 11 civil municipal de pronunciarse respecto de la demanda de reconvenci\u00f3n\u2026\u00bb. En ese aspecto argumentaron que, por \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb, no era procedente exigir presentar una nueva demanda, pues la renuncia del accionante principal no anulaba las pretensiones de las convocadas ni de los coadyuvantes. <\/p>\n
De otra parte, indicaron que en el juicio cuestionado no se reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a los abogados de los coadyuvantes ni de las demandadas, lo cual conllevaba a la vulneraci\u00f3n de sus derechos, pues \u00abse emitieron diferentes autos que, por l\u00f3gica al no tener personer\u00eda jur\u00eddica, era un impedimento procesal recurrir\u00bb y que los coadyuvantes pod\u00edan intervenir en cualquier momento del proceso, para lo cual \u00abpresent\u00f3 una prueba sobreviniente la cual no fue analizada por el Despacho\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine se pretende, en primer t\u00e9rmino, que se revoque el auto de 10 de marzo de 2022, proferido por el despacho municipal acusado, que dio por terminado el proceso cuestionado por desistimiento t\u00e1cito; y, en segundo lugar, que se inste al Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico dar tr\u00e1mite a la solicitud de \u00abvigilancia administrativa\u00bb. <\/p>\n
2. De conformidad con la informaci\u00f3n suministrada por el juzgado acusado, se resaltan las siguientes actuaciones relevantes para la definici\u00f3n del presente amparo: <\/p>\n
2.1. El 8 de abril de 2019, el Juzgado Once Civil Municipal de Barranquilla admiti\u00f3 la acci\u00f3n promovida por Luis Eduardo Nieto Cort\u00e9s contra Tulia Rosa Ortega Baldovino, Daniela L\u00f3pez Ortega y dem\u00e1s personas indeterminadas que se creyeran con derechos sobre el inmueble situado en la carrera 46 n\u00famero 56-61 de Barranquilla, pedido en usucapi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 1 de agosto del mismo a\u00f1o, Tulia Rosa Ortega Baldovino contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 9 de julio de 2021, Sara Edilma S\u00e1nchez Zapata y Jos\u00e9 Vicente L\u00f3pez Casta\u00f1o solicitaron que se les reconociera la calidad de \u00abcoadyuvantes\u00bb de la parte accionada, petici\u00f3n que se desestim\u00f3 el 26 de agosto posterior, ya que no fueron adjuntados los \u00abelementos probatorios (\u2026), tales como la permuta de inmuebles\u00bb. En el mismo pronunciamiento, se requiri\u00f3 al impulsor, a fin de que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, acreditara la instalaci\u00f3n de la valla a que alud\u00eda el numeral 7 del art\u00edculo 375 ibidem. <\/p>\n
2.4. El 24 de septiembre siguiente, Daniela L\u00f3pez contest\u00f3 el libelo inicial y contrademand\u00f3. <\/p>\n
2.5. El 25 de febrero de 2022, los se\u00f1ores S\u00e1nchez Zapata y L\u00f3pez Casta\u00f1o nuevamente presentaron memorial, pidiendo que se les reconociera la condici\u00f3n de coadyuvantes, adjuntando los soportes pertinentes. <\/p>\n
2.6. En vista de que no se hab\u00eda satisfecho la carga impuesta al actor en el auto de 26 de agosto de 2021, el 10 de marzo de los cursantes el juzgado dio por finiquitada la controversia, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
2.7. Al d\u00eda siguiente (11 de marzo), el apoderado de los tutelantes exigi\u00f3 al despacho municipal pronunciarse sobre \u00abla intervenci\u00f3n como coadyuvancia por pasiva (\u2026) toda vez que se le present\u00f3 la prueba (\u2026) solicitada, todo antes de decretar el desistimiento t\u00e1cito\u00bb e interpuso recurso de apelaci\u00f3n respecto del prove\u00eddo de 10 de marzo. <\/p>\n
2.8. El 17 de mayo posterior, la decisi\u00f3n atacada se mantuvo y se deneg\u00f3 el citado medio de impugnaci\u00f3n vertical. <\/p>\n
2.9. El 20 de mayo siguiente, el mandatario de S\u00e1nchez Zapata y L\u00f3pez Casta\u00f1o recurri\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, no obstante, el Juzgado, en auto del 22 de junio, consider\u00f3 que lo relativo a la apelaci\u00f3n ya hab\u00eda sido decidido y orden\u00f3 estarse a lo resuelto en el prove\u00eddo anterior, que rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n, por improcedente. <\/p>\n
3. Del recuento procesal realizado emerge que la protecci\u00f3n constitucional reclamada no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, pues frente al auto que rechaz\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo que dio por terminado el proceso no se interpuso el recurso de queja procedente, en los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 353 del C\u00f3digo General del Proceso. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes e intervinientes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n id\u00f3nea de las defensas ordinarias pertinentes1. <\/p>\n
4. De otro lado, frente a la queja propuesta contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, la Corte comparte los argumentos del Tribunal a quo, en el entendido de que, si a la petici\u00f3n de \u00abvigilancia administrativa\u00bb formulada por los aqu\u00ed gestores ya se le est\u00e1 dando tr\u00e1mite, la tutela frente a ese puntual aspecto no es procedente, toda vez que no puede el juez constitucional inmiscuirse ni adelantarse a adoptar decisiones que han sido sometidas a conocimiento de las autoridades competentes, ni disponer la forma como aqu\u00e9llas deben resolver los asuntos a su cargo. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de lo expuesto, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre la naturaleza subsidiaria de este mecanismo, la Sala ha sostenido, de un lado, que esta acci\u00f3n constitucional no \u00abse instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores\u00bb (CSJ STC4303-2018); y, de otro, que \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela…\u00bb (CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
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STC8203-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8203-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00307-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64787","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64787\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}