STC8209-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8209-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02068-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Hern\u00e1n y Ram\u00f3n Reyes Torres le instauraron a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Superintendencia de Sociedades y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los querellantes, actuando en nombre propio, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que, <\/p>\n
\u00abi) se ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revocar el auto de fecha 8 de abril de 2022 que no resuelve en debida forma y conforme a la ley la recusaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
\u00abii) se le ordene al Tribunal Superior y a la Superintendencia de Sociedades la remisi\u00f3n de los documentos relacionados con la acreencia de Beltr\u00e1n y la falsedad de los balances de la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. para ponerlos en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n conforme al art\u00edculo 67 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dado que los estados financieros son documentos que dan fe p\u00fablica por la firma de contador p\u00fablico, revisor fiscal y representante legal y que al ser cotejados con documento p\u00fablico de la Alcald\u00eda de Beltr\u00e1n ante su escandalosa diferencia debe ser objeto de investigaci\u00f3n penal en raz\u00f3n a su trascendencia como documento probatorio ante la Superintendencia de Sociedades puede llegar hacer un medio fraudulento para obtener resoluciones favorables como ha sucedido con todos los balances donde han ocultado las acreencias a favor del Estado Finangro e Incoder\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujeron que la Magistratura censurada en el juicio de reorganizaci\u00f3n de la empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. (n\u00ba 66558) que se surte ante la Superintendencia de Sociedades, declar\u00f3 impr\u00f3spera la recusaci\u00f3n impetrada por Ricardo Legro Oliveros contra la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n al estimar que \u00abno se encuentran acreditadas las causales invocadas 1 y 9 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (8 abr. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, tal pronunciamiento transgredi\u00f3 sus privilegios supralegales, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n\u00bb, en tanto \u00abno cumpli\u00f3 con el art. 55 de la Ley 270 de 1996, no valor\u00f3 las pruebas, ni los hechos planteados, no motiv\u00f3 tampoco su decisi\u00f3n, solamente emiti\u00f3 concepto simplista de que no hay pruebas que configuren las causales de recusaci\u00f3n, sin ni siquiera valorar cada causal que exige una valoraci\u00f3n amplia ya que se trata de causal de amistad y enemistad e inter\u00e9s en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron, igualmente, que \u00abadem\u00e1s se omiti\u00f3 que la recusada omite su deber de inspecci\u00f3n y vigilancia sobre los estados financieros de la empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. en donde se presentan en documento que da fe p\u00fablica cifras que contradicen otro documento p\u00fablico presentado por la Alcald\u00eda de Beltr\u00e1n ante la Superintendencia de Sociedades y que demuestra la falsedad y presunto fraude procesal del balance general y dem\u00e1s estados financieros presentados por la empresa y que incriminan a su representante legal, contador p\u00fablico y revisor fiscal y que por obligaci\u00f3n legal le ordena poner en conocimiento los hechos a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, demostrando su parcialidad con los involucrados y la falta de imparcialidad con la comunidad campesina que solicita la garant\u00eda de sus derechos y que se imparta justicia\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de esta urbe alleg\u00f3 copia del prove\u00eddo criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite se observa que en la decisi\u00f3n emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (8 abr. 2022) se expusieron los motivos para \u00abdeclarar impr\u00f3spera la recusaci\u00f3n impetrada por el se\u00f1or Ricardo Legro Oliveros dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n promovido por la Empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S. contra la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n y en consecuencia deber\u00e1 seguir conociendo del asunto\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser criticada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, como causal de impedimento \u201cTener el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, inter\u00e9s directo o indirecto en el proceso\u201d; causal para la que no se aport\u00f3 ning\u00fan medio de prueba y sobre la que tampoco se evidencia en el material obrante en el plenario que exista alg\u00fan tipo de inter\u00e9s bien sea, directo o indirecto, de Ayda Juliana Jaimes Rueda con relaci\u00f3n a lo que se decida o resulte del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial, lo que conlleva a que la misma no prospere como quiera que al no acreditarse, de manera objetiva, la posible existencia de un beneficio o provecho que se obtenga de tramitar la reorganizaci\u00f3n solicitada por el interesado no hay lugar a acceder a ella\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. Ahora bien, en lo que dice relaci\u00f3n con la configuraci\u00f3n de la causal se\u00f1alada en el numeral 9 del art\u00edculo 141 de la norma antes se\u00f1alada por existir \u201cenemistad grave o amistad \u00edntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado\u201d, no puede perderse de vista, que esta se apoya en un elemento subjetivo por cuanto los sentimientos de amistad o enemistad tocan el fuero interno del ser, los que en un momento dado pueden impedir que se tome la decisi\u00f3n judicial con la transparencia, imparcialidad y objetividad que se requiere y se exige del administrador de justicia para cada caso en particular. <\/p>\n
Con esta orientaci\u00f3n, destaca el Tribunal que en el presente caso el sentimiento antag\u00f3nico tampoco est\u00e1 demostrado y por el contrario, de revisar el material acopiado al plenario se observa el continuo rechazo del recusante respecto de las decisiones adoptadas por el juez del concurso, como lo son las peticiones de anulaci\u00f3n, las continuas recusaciones y la aprobaci\u00f3n del proyecto de calificaci\u00f3n, hip\u00f3tesis para la que tampoco se aport\u00f3 medio de convicci\u00f3n alguno del que se desgaje la animadversi\u00f3n o discriminaci\u00f3n por parte de la recusada hacia la empresa Agr\u00edcola Guacharacas S.A.S., sin que fuera suficiente la simple menci\u00f3n de la parcialidad de la funcionaria pues para la prosperidad de su invocaci\u00f3n es preciso que se acompa\u00f1e a la afirmaci\u00f3n el material demostrativo del que se obtenga su perfeccionamiento\u00bb. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, coligi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al no encontrarse acreditadas las causales de recusaci\u00f3n invocadas por el se\u00f1or Legro Oliveros no es procedente apartar del conocimiento del asunto a la Directora que est\u00e1 a cargo del proceso de insolvencia, pues tal y como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional \u201cjustamente por lo et\u00e9reo y gaseoso de las apreciaciones del esp\u00edritu humano, ella debe ser demostrada y probada en el proceso\u201d (C-390 de 1993), ausencia demostrativa por la que no se abre paso la recusaci\u00f3n planteada, motivaciones por las que no es posible concluir que la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades se encuentre incursa en las causales de recusaci\u00f3n invocadas por Ricardo Legro Oliveros por lo que la misma se declarar\u00e1 impr\u00f3spera (\u2026)\u00bb <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhelan los promotores, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Ahora, que los memorialistas disientan de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su sentir, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha pregonado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- En torno a la rogativa, tendiente a que \u00abse ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 como a la Superintendencia de Sociedades poner en conocimiento de la Fiscal\u00eda las conductas representadas en los estados financieros que dan fe p\u00fablica y que fueron presentados ante la Superintendencia intentando legalizarlos y que son presuntamente falsos por cotejo realizado con documento p\u00fablico presentado por la Alcald\u00eda de Beltr\u00e1n\u00bb, es a los quejosos a quienes corresponde noticiarlas directamente a las autoridades competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada lo ha sostenido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, surge infructuoso el amparo instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Hern\u00e1n y Ram\u00f3n Reyes Torres. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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