STC8212-2022 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8212-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01960-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Alberto Ruiz Ram\u00edrez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos -de primera y segunda instancia- de 11 de agosto y 10 de diciembre de 2021, mediante los cuales los juzgadores encartados rechazaron su demanda de impugnaci\u00f3n de acta de asamblea, con fundamento en irregularidades que, adem\u00e1s de haberse subsanado oportunamente, involucran excesivos rigorismos procesales. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se tramite su demanda. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio que ac\u00e1 interesa y pidi\u00f3 desestimar el auxilio en consideraci\u00f3n a que las providencias all\u00ed emitidas no involucran v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar el rechazo de la demanda formulada por quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, se advierte la configuraci\u00f3n del aludido defecto, por cuanto la \u00fanica raz\u00f3n que, finalmente, justific\u00f3 el rechazo de la demanda formulada por el aqu\u00ed convocante, consisti\u00f3 en la falta de un juramento expreso de parte del actor, en cuanto a la idoneidad del correo electr\u00f3nico atribuido a su contraparte, para tramitar por ese conducto las diligencias de notificaci\u00f3n propias del juicio declarativo; solemnidad esta que no armoniza con el precepto que se invoc\u00f3 como fundamento de su exigencia. <\/p>\n
Para convenir en lo anterior, es \u00fatil reproducir el contenido del auto emitido por el tribunal, el cual es del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n al quinto de los requisitos exigidos en el auto inadmisorio de la demanda, esto es: \u201cDar\u00e1 estricto cumplimiento al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806, esto es, deber\u00e1 informar bajo la gravedad del juramento que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informar\u00e1 la forma como la obtuvo y allegar\u00e1 las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar\u201d. <\/p>\n
Al efecto, el mencionado mandato, dispone: \u201cArt\u00edculo 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviar\u00e1n por el mismo medio. <\/p>\n
\u201cEl interesado afirmar\u00e1 bajo la gravedad del juramento, que se entender\u00e1 prestado con la petici\u00f3n, que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informar\u00e1 la forma como la obtuvo y allegar\u00e1 las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar\u201d. <\/p>\n
De este mandato, se desprende que al contrario de lo se\u00f1alado por el recurrente, a m\u00e1s de informar la forma como obtuvo la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio utilizado por la persona a notificar y allegar las evidencias correspondientes, tambi\u00e9n tiene la carga de realizar la afirmaci\u00f3n que se le exig\u00eda bajo la gravedad del juramento, puesto que se trata de dos requisitos independientes y aut\u00f3nomos y el cumplimiento del uno no suple o sustituye el otro; am\u00e9n, que como se trata de una norma procesal, es de orden p\u00fablico y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento (art. 13 del C.G.P.) y, como acertadamente lo coligi\u00f3 la quo, el extremo activo no cumpli\u00f3 con el requisito, esto es, realizar la afirmaci\u00f3n que se le exig\u00eda bajo la gravedad del juramento. <\/p>\n
A pesar de que los ordenamientos procesales se han venido despojando de formalismos, como ocurre precisamente con el juramento, que se ha eliminado de disposiciones que antes exig\u00edan a los sujetos procesales que ciertas afirmaciones estuvieran respaldas en el juramento; lo cierto que para los eventos que se mantiene esa formalidad, se tiene cumplir\u00bb. <\/p>\n
A partir de esa argumentaci\u00f3n, resulta evidente que el tribunal pas\u00f3 por alto que el mismo art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020 (entonces vigente) dispon\u00eda en forma expresa que el juramento que all\u00ed se ordenaba prestar a la parte convocante (en cuanto a que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada corresponde a la utilizada por la persona a notificar), deb\u00eda entenderse \u00abprestado con la petici\u00f3n\u00bb, haci\u00e9ndose ciertamente innecesario exigir una manifestaci\u00f3n espec\u00edfica y expresa en ese sentido, de parte del extremo convocante. <\/p>\n
Como en ello no repar\u00f3 el fallador de segundo grado, resulta evidente la trasgresi\u00f3n del derecho a un debido proceso del actor, por lo cual, en aras de salvaguardar dicha garant\u00eda, resulta necesario invalidar la providencia atacada, para que el tribunal analice nuevamente el asunto, pero esta vez prescindiendo de la raz\u00f3n (\u00fanica) que lo llev\u00f3 a convalidar el rechazo de la demanda dispuesta por el juez a quo. <\/p>\n
Para ese cometido, la colegiatura deber\u00e1 adoptar la decisi\u00f3n a la luz de los elementos de juicio que obren en la foliatura y conforme a las pautas legales y jurisprudenciales que resulten aplicables al caso puesto a su consideraci\u00f3n, reparando principalmente en los mandatos del art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00abal interpretar la ley procesal el juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretaci\u00f3n de las normas del presente c\u00f3digo deber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales. El juez se abstendr\u00e1 de exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al tribunal encartado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, deje sin efecto su auto de 10 de diciembre de 2021, dictado en el proceso declarativo con radicado n\u00ba 2021-00189, y emita un nuevo prove\u00eddo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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