STC8221-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8221-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01961-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Gustavo Ballesteros L\u00f3pez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad y los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela radicado n\u00ba 2022-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Santa Marta cuestionando la resoluci\u00f3n n\u00ba 185 del 17 de diciembre de 2018 que profiri\u00f3 dicha entidad, mediante la cual orden\u00f3 la unificaci\u00f3n de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 080-79653 y 080-24936, y que implic\u00f3 que el predio de su propiedad quedara afectado con una medida cautelar que no le es oponible, dado que corresponde a un asunto administrativo adelantado por la DIAN contra Joaqu\u00edn Eduardo Diazgranados Montero. <\/p>\n
Refiere que el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta en sentencia del 16 de febrero de 2022 concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a la Oficina registral tutelada, cancelar la anotaci\u00f3n 9 del certificado de libertad y tradici\u00f3n del folio de matr\u00edcula 080-24936 alusivo al embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva. <\/p>\n
Sin embargo, destaca que, en sede de impugnaci\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior con fallo del 30 de marzo de este a\u00f1o, revoc\u00f3 la protecci\u00f3n para en su lugar declarar la improcedencia por incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Cuestiona esta \u00faltima decisi\u00f3n por cuanto, el ad-quem para desestimar el resguardo aplic\u00f3 un criterio respecto del cual no tiene conocimiento, pues, seg\u00fan aduce, por ser una persona de la tercera no est\u00e1 familiarizado \u00abcon los plazos de las acciones legales [\u2026] e igualmente, la afectaci\u00f3n y perjuicio siguen present\u00e1ndose en la actualidad\u00bb. Agrega que, por su avanzada edad, tiene problemas de salud, \u00ablo que me pone en una situaci\u00f3n dif\u00edcil iniciar un proceso administrativo ante la oficina de registro que podr\u00eda durar a\u00f1os, tal como pas\u00f3 con la primera actuaci\u00f3n\u00bb; finalmente, insisti\u00f3 en la \u00abilegalidad\u00bb de la determinaci\u00f3n adoptada por la oficina de registro accionada en aqu\u00e9lla tutela y que dicho proceder le ha impedido disponer de su propiedad. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, que \u00abse revoque la decisi\u00f3n del tribunal y en su lugar, se confirme la sentencia del juzgado de primera instancia [en la tutela rad. 2022-00032]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la presente demanda, los accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental denunciada, con la sentencia de tutela que profiri\u00f3 el 30 de marzo de 2022 (radicado n\u00ba 2022-00032) con la cual revoc\u00f3 la del juez a quo estimatoria de las pretensiones y declar\u00f3 la improcedencia del amparo por incumplimiento del presupuesto de la temporalidad. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Solo en casos excepcionales se ha aceptado la utilizaci\u00f3n de esta herramienta cuando en el procedimiento seguido por el juez del auxilio se desconoce de manera flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. En ese sentido se ha dicho que ser\u00eda viable: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido proceso\u00bb (CSJ STC, 16 nov. 2011, rad. 01315-01, el mismo criterio se expres\u00f3, entre otros fallos, en STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00; 16 feb. 2009, rad. 00193-00; y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, al justificar en estos casos la inviabilidad de la acci\u00f3n, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que es objeto de estudio se advierte que el accionante pretende controvertir, mediante esta nueva acci\u00f3n de tutela, el fallo proferido en sede constitucional (radicado n\u00ba 2022-00032) por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 30 de marzo de esta anualidad, que infirm\u00f3 el del juez de primer grado y en su lugar, declar\u00f3 la improcedencia del auxilio por desatenci\u00f3n al criterio de la inmediatez de la acci\u00f3n, circunstancia a partir de la cual se deduce la inviabilidad del presente resguardo. <\/p>\n
En efecto, como se mencion\u00f3, se ha admitido la pertinencia de esta senda en los casos donde se advierta necesario garantizar el derecho de quienes no habiendo sido citados al tr\u00e1mite o correctamente notificados, resultan afectados por la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada, pero esa situaci\u00f3n no es la que aqu\u00ed se propone. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la Corte Constitucional en la providencia T-951 de 2013, reiterada en la SU-627 de 2015, sostuvo que la acci\u00f3n de tutela proceder\u00eda eventualmente contra otro veredicto del mismo g\u00e9nero en caso de concurrir los siguientes eventos, que se erigen como presupuestos de estricta demostraci\u00f3n: \u00aba) La acci\u00f3n de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se est\u00e1 en presencia del fen\u00f3meno de cosa juzgada; b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en una anterior acci\u00f3n de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit); c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situaci\u00f3n, esto es, que tiene un car\u00e1cter residual\u00bb. <\/p>\n
Empero, los requisitos aludidos se descartan en el sub lite, por cuanto ni siquiera fueron alegados por el actor, adem\u00e1s, la censura se circunscribi\u00f3 \u00fanicamente a discutir el criterio de procedibilidad aplicado por el tribunal para desestimar la s\u00faplica. <\/p>\n
Es decir, sus planteamientos consisten en manifestaciones producto de la inconformidad con aquella determinaci\u00f3n, pero sin se\u00f1alar motivos concretos que permitan inferir la presencia de alg\u00fan posible fraude que, seg\u00fan la jurisprudencia en cita, habilitar\u00eda excepcionalmente el auxilio. <\/p>\n
4. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En todo caso, y como se precis\u00f3 inicialmente, cuando se atacan decisiones de esta especie igualmente debe cumplirse con este requisito de procedibilidad, el cual es inherente a esta acci\u00f3n, como lo indic\u00f3 esta Corte, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
Ahora, el interesado cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa Corporaci\u00f3n, a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. <\/p>\n
Sobre la idoneidad de esa senda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La salvaguarda resulta improcedente porque se cuestiona lo resuelto en una acci\u00f3n de la misma naturaleza, aunado a que cuenta con otra v\u00eda para exponer su reclamo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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