STC8223-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8223-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01990-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Liana Maryori Mu\u00f1oz Hidalgo, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al \u00abin dubio pro reo como analog\u00eda\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia (sic) dictada dentro del recurso de apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia (\u2026) que confirm\u00f3 el auto de fecha 10 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, que el precitado estrado \u00abmantenga las medidas cautelares sobre los inmuebles identificados con las siguientes matr\u00edculas inmobiliarias No. 3026112, adquirido mediante Escritura P\u00fablica 148 del 25\/01\/2014 Notar\u00eda de San Gil, inmueble matr\u00edcula No. 3024943, adquirido mediante Escritura P\u00fablica No. 149 del 25\/01\/2014 Notar\u00eda Primera de San Gil, registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barichara y los inmuebles 040-382222 adquirido mediante Escritura P\u00fablica No. 1172 del 05\/06\/2009 Notaria 8 de Barranquilla, inmueble 040-96072 adquirido mediante Escritura P\u00fablica No. 1307 del 27\/10\/2010 de la Notar\u00eda 8 de Barranquilla, registrados en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, hasta tanto se inicie la liquidaici\u00f3n de la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La accionante convivi\u00f3 con Manuel Mar\u00eda Ardila Meneses en \u00abuni\u00f3n libre\u00bb desde el a\u00f1o 2005 hasta el 23 de junio de 2018 cuando celebraron matrimonio cat\u00f3lico, uni\u00f3n que inscribieron en la misma fecha en la Notar\u00eda S\u00e9ptima del C\u00edrculo de Barranquilla y fruto de la cual nacieron tres hijos el 3 de noviembre de 2005, el 14 de febrero de 2012 y el 6 de julio de 2014. <\/p>\n
2.2. La actora demand\u00f3 el divorcio y solicit\u00f3 medidas cautelares sobre los inmuebles antes individualizados, y sobre el identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-63090 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Barranquilla, todos de propiedad del demandado, cautela decretada por el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla y que \u00e9ste recurri\u00f3, exceptuando reclamo sobre el \u00faltimo, por lo cual dicho estrado el 10 de noviembre de 2021 resolvi\u00f3 levantar los embargos sobre dichos bienes, \u00abargumentando que hab\u00edan sido adquiridos por fuera de la sociedad conyugal, sin tener en cuenta que esos bienes hab\u00edan sido legitimados con el matrimonio de los c\u00f3nyuges y por lo tanto deb\u00edan conformar la sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
2.3. La gestora atac\u00f3 la precitada decisi\u00f3n mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida por el juez cognoscente y confirmada el 8 de junio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, bajo el argumento de que \u00abno se acumul\u00f3 ninguna pretensi\u00f3n en esta demanda referente a la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
2.4. La inconformidad de la accionante ata\u00f1e a que se siente \u00abenga\u00f1ada por quien fue su compa\u00f1ero\u00bb, quien le ofreci\u00f3 matrimonio y dej\u00f3 pasar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para que ella pudiera reclamar los bienes adquiridos por los dos durante su convivencia, sobre los cuales, dice, tiene derecho a gananciales, m\u00e1xime porque dentro del proceso, al contestar la demanda su contraparte no neg\u00f3 el hecho de que hab\u00edan estado conviviendo desde el a\u00f1o 2005. <\/p>\n
2.5. Afirma que existe un vaci\u00f3 en la ley, porque \u00absi con el matrimonio quedan legitimados ipso iure los hijos concebidos fuera del matrimonio por el posterior matrimonio de los c\u00f3nyuges (\u2026) de la misma forma deben quedar legitimados los bienes que se adquirieron en la uni\u00f3n libre, y pasar a ser parte de la sociedad conyugal y regirse por este r\u00e9gimen por el simple hecho del matrimonio\u00bb, de manera que, seg\u00fan expuso la \u00abCorte Constitucional\u00bb en la sentencia de tutela emitida dentro del radicado \u00ab11001020300020180103000\u00bb, los bienes adquiridos en la uni\u00f3n libre quedaron legalizados a trav\u00e9s del matrimonio celebrado entre la misma pareja y pasaron a ser parte de la sociedad conyugal, circunstancias que, al no haber sido sopesadas en la decisi\u00f3n cuestionada, justifican la intervenci\u00f3n por parte del juez de tutela. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla cit\u00f3 las pretensiones de la demanda del proceso cuestionado, y a continuaci\u00f3n expuso que con las mismas se busca la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio religioso y la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de bienes, por lo que no se trata de una demanda para la \u00abdeclaraci\u00f3n de la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho entre las mismas personas, donde se pretenda el reconocimiento, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de una sociedad patrimonial de bienes previa a la celebraci\u00f3n de ese matrimonio, puesto que no se acumularon a esa demanda este tipo de peticiones\u00bb, en sustento de lo cual se remiti\u00f3 a lo que consider\u00f3 en el prove\u00eddo de 8 de junio de 2022, con que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 10 de noviembre de 2021 del Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, con que se levantaron las medidas cautelares que la actora pide mantener. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla hizo un breve recuento de lo acontecido dentro del decurso criticado y explic\u00f3 que se accedi\u00f3 al levantamiento de cautelas solicitado por la contraparte de la aqu\u00ed accionante, porque los inmuebles objeto de las mismas \u00abfueron adquiridos con antelaci\u00f3n a la celebraci\u00f3n del matrimonio y por ende no hacen parte de la sociedad conyugal y por lo tanto no pod\u00edan ser objeto de medida alguna\u00bb. <\/p>\n
3. Manuel Mar\u00eda Ardila Meneses neg\u00f3 haber convivido con la gestora desde el a\u00f1o 2005 y corrobor\u00f3 la celebraci\u00f3n del matrimonio con ella el 23 de junio de 2018, momento a partir del cual se contrajo una sociedad de bienes conformada por los adquiridos luego de esa calenda, los que ser\u00e1n objeto de gananciales. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abes falso que la sociedad conyugal per se, legitime los bienes anteriores a la constituci\u00f3n de la sociedad conyugal, sin si quiera debatirse si se dieron los presupuestos de la constituci\u00f3n de una UMH, ante los estrados judiciales\u00bb y agreg\u00f3 que fue la demandante quien decidi\u00f3 \u00ababandonar el hogar\u00bb para despu\u00e9s demandarlo para reclamar unos bienes propios que \u00e9l obtuvo con su trabajo, \u00absin ninguna clase de ayuda\u00bb, sin reconocer la gestora que \u00e9l le \u00abregal\u00f3\u00bb dos inmuebles ubicados en el municipio de Soledad, Atl\u00e1ntico, que rentan m\u00e1s de $3\u00b4900.000,oo mensuales. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas de la accionante fueron abordadas en auto de 8 de junio de 2022 de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 10 de noviembre de 2021 del Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, con argumentos que no lucen arbitrarios. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, \u00fanica sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 la discusi\u00f3n sobre la tem\u00e1tica aqu\u00ed propuesta, la Colegiatura accionada hizo un recuento del fundamento del prove\u00eddo apelado, para en seguida se\u00f1alar que \u00abse fundament\u00f3 la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares en la afirmaci\u00f3n de que los inmuebles objeto de las medidas ordenadas, hab\u00edan sido adquiridos por el demandado antes de la celebraci\u00f3n del matrimonio entre las partes, verificado ello en los certificados de tradici\u00f3n existentes en el proceso, <\/p>\n
Frente a lo cual encontr\u00f3 el Tribunal que \u00abla recurrente no cuestiona ese supuesto factico, sino que procede a indicar que en la demanda se afirm\u00f3 que las partes manten\u00edan una uni\u00f3n marital de hecho desde el a\u00f1o de 2005, que posterior a ello, contrajeron matrimonio, indicando que la sociedad de bienes entre ellos se inici\u00f3 con anterioridad a esa ceremonia de matrimonio y que esos bienes fueron adquiridos en ese lapso, por lo cual insiste en que se deben mantener las medidas cautelares sobre ellos, pues son parte de esa sociedad de bienes\u00bb, inconformidad sustentada por la recurrente en la sentencia de tutela STC7194 de 5 de junio de 2018 de esta Sala de la Corte. <\/p>\n
Frente a la inconformidad la Colegiatura sostuvo que \u00able\u00edda esa providencia [de tutela], se aprecia que ese caso se refiere a la formulaci\u00f3n de una demanda para declarar una uni\u00f3n marital de bienes y su correspondiente sociedad patrimonial previa que hab\u00eda existido previa al matrimonio celebrado entre las mismas partes, y lo que realmente se discut\u00eda era la fecha a partir de cuando deb\u00eda contarse la prescripci\u00f3n sobre la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial y en sus consideraciones no se expone la existencia de una \u00fanica universalidad de bienes que pueda estudiarse y resolverse sobre las reglas de la sociedad conyugal de bienes, sino de dos, que aunque son sucesivas, est\u00e1n separadas en el tiempo y en su r\u00e9gimen jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En seguida cit\u00f3 apartes de dicho fallo constitucional que consider\u00f3 relevantes para el caso y resalt\u00f3 que \u00abde la simple lectura del memorial de demanda del presente litigio se aprecia que las pretensiones de la demanda est\u00e1n destinadas, exclusivamente, a la declaraci\u00f3n de divorcio o Cesaci\u00f3n de efectos Civiles de un matrimonio religioso y de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de su sociedad conyugal de bienes conformada desde la ceremonia correspondiente en junio 23 de 2018, no se acumul\u00f3 al presente asunto ninguna pretensi\u00f3n sobre la declaraci\u00f3n de la existencia de una previa Uni\u00f3n Marital de hecho ni del reconocimiento de la existencia de una anterior sociedad patrimonial de hecho entre las mismas personas, solicitando \u00e9l reconocimiento de su disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo cual coligi\u00f3 que \u00abal redactarse esa demanda de esa forma exclusivamente con respecto a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de bienes generada por el matrimonio religioso de las partes en este litigio qued\u00f3 fuera de \u00e9l, cualquier aspecto de declaraci\u00f3n, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de esa alegada anterior sociedad patrimonial de bienes y por ende la decisi\u00f3n de la A Quo, basada en que esos bienes no han entrado a la sociedad conyugal de bienes de este proceso, se ajusta a los par\u00e1metros definidos en la demanda con base en la cual se inici\u00f3 el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado expuso los motivos por los cuales deb\u00edan levantarse las medidas cautelares sobre bienes que consider\u00f3 propios del demandado, al observar que no fueron adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal, sin que correspondiera analizar si hac\u00edan parte de la eventual sociedad patrimonial resultado de la uni\u00f3n marital de hecho que la gestora aleg\u00f3, se dio inmediatamente antes del matrimonio que se ped\u00eda disolver, ya que en la demanda \u00fanicamente se pretendi\u00f3 declarar el divorcio y en consecuencia disuelta la sociedad conyugal y en estado de liquidaci\u00f3n, sin elevarse pedimento alguno respecto a la uni\u00f3n anterior, lo que ciertamente imped\u00eda mantener unas cautelas que desbordaban el objeto de las puntuales pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Amerita resaltar que en el pronunciamiento a que acudi\u00f3 la gestora para sustentar su solicitud de protecci\u00f3n, la Corte sostuvo que \u00aben el subj\u00fadice al no existir soluci\u00f3n de continuidad tanto en el campo personal, como en materia de sociedad patrimonial y de sociedad conyugal, al fin de cuentas, disuelta esta \u00faltima, se trata de un mismo patrimonio universal separado en dos niveles temporalmente, gobernado bajo unas mismas reglas, aunque con los matices que le son propios a una u otra sociedad, sin que por ello, al ser perfectamente delimitadas en el tiempo, pueda afirmarse su coexistencia\u00bb (STC7194-2018), empero, ese razonamiento, al margen de haber sido elaborado en sede de tutela con los efectos inter partes que conlleva, se dio con ocasi\u00f3n de un proceso en que se solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de una uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial de all\u00ed surgida, situaci\u00f3n de hecho dis\u00edmil a la presente donde, se enfatiza, ning\u00fan pedimento se elev\u00f3 en tal sentido, por lo cual, se itera, resultaba razonable que ninguna cautela en garant\u00eda de tal declaraci\u00f3n se mantuviera. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Para el prop\u00f3sito de la accionante, consistente en cautelar los bienes cuyo embargo se levant\u00f3 dentro del referido juicio, por considerar que no son propios del demandado sino que tiene derecho sobre los mismos, \u00e9sta puede demandar ante la jurisdicci\u00f3n la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho que afirma tuvo con Manuel Ardila Meneses hasta cuando se casaron, y en seguida solicitar la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la respectiva sociedad patrimonial, sin que el demandado pueda alegar que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la precitada acci\u00f3n inici\u00f3 cuando pasaron de ser compa\u00f1eros permanentes a c\u00f3nyuges, por cuanto, seg\u00fan se dej\u00f3 sentado en el precedente tra\u00eddo a \u00e9sta sede por la gestora (STC7194-2018), ese evento no da inicio al t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o para el decaimiento de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial (Art. 8\u00ba de la Ley 54 de 1990), pues, como se explic\u00f3 en el citado fallo, y, en el supuesto de resultar probada la sociedad de hechos, \u00aben el caso se hallan presentes dos universalidades jur\u00eddicas sucesivas, no simult\u00e1neas, la primera con un v\u00ednculo jur\u00eddico gestado en los hechos, consistente en la sociedad patrimonial, entidad, que luego, por voluntad de los convivientes, dio paso a una ligadura de derecho, nacida del contrato solemne; sin que, tal cual se advirti\u00f3, hayan sido simult\u00e1neas, sino encadenadas; pero, sin que respecto de la mutaci\u00f3n de la primera haya acontecido, \u201c(\u2026) separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compa\u00f1eros\u201d (art. 8 de la Ley 54 de 1990). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el matrimonio ulterior a la uni\u00f3n marital fue entre los mismos consortes, y no en relaci\u00f3n con terceros, ni tampoco hubo separaci\u00f3n material concluyente de los compa\u00f1eros, ni mucho menos acaeci\u00f3 la muerte como hecho jur\u00eddico aniquilante de aqu\u00e9lla convivencia\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
La existencia de dicha v\u00eda judicial impide la intervenci\u00f3n por parte del juez de tutela. pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8223-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8223-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01990-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Liana Maryori Mu\u00f1oz Hidalgo, contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64796","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64796","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64796"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64796\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64796"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64796"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64796"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}