STC8227-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-00804-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Luis Humberto Hu\u00e9rfano Fl\u00f3rez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
2. Dice que el pasado 2 de mayo \u00abradic[\u00f3] derecho de petici\u00f3n de fecha 29 de abril de 2022 ante la presidencia de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb y que, como no se emiti\u00f3 pronunciamiento alguno, \u00abel 10 de mayo de 2022 present[\u00f3] solicitud de supervigilancia ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Asegura que a la fecha de formulaci\u00f3n del presente amparo no ha obtenido respuesta alguna, raz\u00f3n por la que solicita \u00abordenar al accionado dar respuesta inmediata, clara, concreta y de fondo a todas y cada una de las solicitudes contenidas en [su] derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La presidenta de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial afirm\u00f3 que \u00abmediante oficio No. PCNDJ-1014 de fecha 13 de diciembre de 2021\u2026 se contestaron de fondo todos los puntos contenidos en [la] petici\u00f3n, configurando una respuesta oportuna, clara y de fondo frente a lo solicitado\u00bb, documento que fue reenviado, el pasado 18 de mayo, al correo electr\u00f3nico informado por el actor. <\/p>\n
2. Tanto el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 como la Direcci\u00f3n Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se refirieron a asuntos completamente ajenos al objeto del presente amparo. <\/p>\n
3. Por su parte un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 estar \u00abpresto a cumplir lo que el juez constitucional ordene\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada por el demandante, porque supuestamente no respondi\u00f3 un \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 el pasado 2 de mayo, a trav\u00e9s del cual buscaba recibir informaci\u00f3n acerca de la queja disciplinaria interpuesta contra algunos servidores adscritos a la secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales <\/p>\n
La queja constitucional de Luis Humberto Hu\u00e9rfano Fl\u00f3rez se contrae a cuestionar que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial no respondi\u00f3 el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb que present\u00f3 el pasado 2 de mayo, a trav\u00e9s del cual pretend\u00eda obtener informaci\u00f3n acerca del estado de la queja disciplinaria formulada contra varios servidores de la secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sin embargo, en forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precis\u00f3, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
En el presente asunto es claro que el objeto de la petici\u00f3n no era simplemente recibir informaci\u00f3n acerca del estado de la queja disciplinaria formulada, sino darle impulso ante el desconocimiento de tal situaci\u00f3n y obtener del despacho querellado un pronunciamiento en torno a t\u00f3picos \u00edntimamente ligados con el objeto de la litis, como la responsabilidad de los servidores denunciados. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, no existe pues la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante, habida consideraci\u00f3n que, como se indic\u00f3, el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb es improcedente en el tr\u00e1mite de los asuntos judiciales sujetos a un procedimiento espec\u00edfico y normativa especial, pues todo lo que a \u00e9ste incumbe debe ser resuelto en los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale para el efecto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se negar\u00e1 el amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor comoquiera que las solicitudes que se formulen al interior de una actuaci\u00f3n judicial deben hacerse con apego a las disposiciones legales que gobiernan el tr\u00e1mite procesal y no al amparo del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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