STC8230-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8230-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01968-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Estiven Balanta Mina1 contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado y los centros de servicios para el Sistema Penal Acusatorio y para los juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el accionante acude al presente instrumento solicitando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde la informaci\u00f3n\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la celeridad [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Manifiesta, en s\u00edntesis, que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Cali, purgando la pena de \u00ab90 meses [sic]2\u00bb de prisi\u00f3n impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, mediante sentencia de 8 de febrero de 2021. <\/p>\n
Dice que \u00abalgunos de los involucrados en [su] proceso presentaron el recurso de casaci\u00f3n, pero [que \u00e9l] no present[\u00f3] este recurso\u00bb y que no entiende \u00abporque [sic] han pasado m\u00e1s de 3 a\u00f1os y no cuent[a] con la asignaci\u00f3n del juzgado ejecutor [sic]\u00bb. <\/p>\n
Asegura que ha solicitado en varias oportunidades al \u00abcentro de servicios adminitrativos [sic] juzgado penales, centro de servicios adminitrativos [sic] jugado de ejecuci\u00f3n de penas y juzgado 4 del el circuito especializado de Cali, la asignaci\u00f3n de juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas [sic]\u00bb pero que, a la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo, el diligenciamiento no ha sido remitido a dicha especialidad judicial , por lo que no ha podido acceder a las redenciones punitivas a las que dice tener derecho, as\u00ed como \u00abel estudio de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
3. Considera que las autoridades querelladas desconocieron sus garant\u00edas superiores dado que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 100 d\u00edas y no cuent[a] aun con respuesta de fondo para ninguna de las solicitudes presentadas\u00bb, raz\u00f3n por la cual solicita ordenarles \u00abrealicen la asignaci\u00f3n de juzgado de ejecuci\u00f3n de penas para solicitar redenci\u00f3n de pena y libertad condicional [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal encargado de la sustanciaci\u00f3n y ponencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que le correspondi\u00f3 el conocimiento de dicha impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior de Cali el 17 de agosto de 2021 por medio de la cual confirm\u00f3 la responsabilidad penal del ac\u00e1 actor. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que \u00abactualmente el expediente se encuentra en turno para el estudio de la admisibilidad de las demandas\u2026 por tanto, una vez se adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, se proceder\u00e1 a comunicar lo resuelto a las partes e intervinientes procesales\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, contrario a lo aducido por el quejoso, su derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia no ha sido lesionado, habida consideraci\u00f3n que \u00abde acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 190 de la Ley 906 de 2004\u2026 durante \u201cel tr\u00e1mite del recurso extraordinario\u2026 lo referente a la libertad y dem\u00e1s asuntos que no est\u00e9n vinculados con la impugnaci\u00f3n, ser\u00e1n de la exclusiva competencia del juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarta Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali, tras rememorar las principales actuaciones surtidas en el proceso sobre el que recae el resguardo, dijo que \u00abla designaci\u00f3n de un Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad\u2026 se lleva a cabo\u00bb una vez la sentencia condenatoria alcance ejecutoria, lo que no ha ocurrido en el presente caso pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal no ha resuelto el recurso extraordinario formulado por algunos integrantes de la bancada defensiva. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, manifest\u00f3 estar presta a resolver las solicitudes de libertad que llegare a formular el quejoso (lo que hasta el momento no ha hecho), por virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 190 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y pidi\u00f3 la \u00abdesvincul[aci\u00f3n] de es[a] instancia judicial\u00bb <\/p>\n
3. La secretaria del Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de Cali indic\u00f3 que en efecto el actor, el 29 de noviembre de 2021 solicito informaci\u00f3n acerca de a cu\u00e1l juzgado ejecutor fue asignado su asunto, petici\u00f3n atendida con \u00aboficio No. 146441\u00bb de 22 de diciembre siguiente, que fue remitido al interesado \u00abmediante correo certificado\u00bb enviado al establecimiento de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
4. El secretario del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali se limit\u00f3 a informar que \u00aben contra del se\u00f1or Stiven Balanta Mina [sic] no se vigila proceso alguno por\u00bb los despachos que componen esa especialidad judicial, \u00abni se ha recibido hasta la data expediente para ser sometido a reparto\u00bb all\u00ed. <\/p>\n
5. La Procuradora 67 Judicial Penal II pidi\u00f3 desestimar el amparo dada la inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso, en la medida que la competencia de la especialidad ejecutora no se ha activado ante la falta de firmeza del fallo condenatorio. <\/p>\n
No obstante, agreg\u00f3, la referida circunstancia no impide que el condenado acuda ante el juez de conocimiento para que resuelva lo concerniente a la redenci\u00f3n punitiva o el otorgamiento de subrogados penales, de conformidad con el canon 190 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
6. El coordinador del grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario afirm\u00f3 carecer de \u00ablegitimidad\u00bb en el presente tr\u00e1mite, comoquiera que ese establecimiento p\u00fablico \u00abno es\u2026 el encargado de dar soluci\u00f3n a lo planteado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades accionadas lesionaron las prerrogativas iusfundamentales invocadas por el promotor del resguardo, por cuanto no han remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas, el expediente contentivo del proceso penal en el que fue condenado como autor del delito de concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
4.1. De acuerdo con lo dicho, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo deviene improcedente, pues la reglamentaci\u00f3n de dicha garant\u00eda superior no es aplicable al tr\u00e1mite de los asuntos judiciales sujetos a un procedimiento espec\u00edfico y normativa especial, dado que todo lo que a \u00e9ste incumbe debe ser resuelto en los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale para el efecto. <\/p>\n
Al margen de ello, en el presente caso se tiene que, en efecto, Balanta Mina solicit\u00f3 al Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio y al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, la remisi\u00f3n del expediente de la causa seguida en su contra a la especialidad de ejecuci\u00f3n de penas, dado que desea ventilar all\u00ed asuntos relativos a la redenci\u00f3n punitiva y subrogados liberatorios. <\/p>\n
Por su parte, la c\u00e9lula judicial falladora de primer grado, en comunicaci\u00f3n J4-258 del pasado 22 de mayo4 remitida al correo electr\u00f3nico informado por el actor en la demanda de amparo, \u00abfundacionlibertad02@gmail.com\u00bb, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal asignaci\u00f3n se lleva a cabo por parte del Centro de Servicios para Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali\u2026 previo a un respectivo reparto, una vez la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia haya dado tr\u00e1mite al recurso extraordinario interpuesto dentro del asunto, lo cual implica que la sentencia recurrida\u2026 a la fecha no se encuentra ejecutoriada. <\/p>\n
De otra parte, se informa que de conformidad con el at. [sic] 190 del C.P.P., mientras se surta el recurso en menci\u00f3n, este Despacho Judicial dar\u00e1 tr\u00e1mite a lo referente a las solicitudes de libertad y dem\u00e1s asuntos (solicitudes de redenci\u00f3n) que no est\u00e9n vinculados con la impugnaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De lo dicho, se extrae que las entidades accionadas no solo resolvieron las peticiones oportunamente, sino que tambi\u00e9n notificaron al interesado en debida forma su pronunciamiento, descart\u00e1ndose de plano la incursi\u00f3n en la vulneraci\u00f3n a ellas atribuida. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, la anterior conclusi\u00f3n tambi\u00e9n puede extenderse a la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, pues al margen de que el gestor no ha formulado petici\u00f3n alguna relativa al env\u00edo de la actuaci\u00f3n a los despachos ejecutores, no por ello puede desconocerse que, la competencia de esa especialidad judicial se activa a partir de la firmeza de los fallos que declaran la responsabilidad penal, de conformidad con el art\u00edculo 459 de la Ley 906 de 2004, circunstancia que se alcanza una vez resueltos todos los recursos que en su contra fueren interpuestos. <\/p>\n
En el caso bajo estudio, es claro que la condena irrogada a Balanta Mina no se halla en firme por cuanto la sentencia de segundo grado proferida el 17 de agosto de 2021 por la Sala Penal del Tribunal de Cali, fue impugnada en casaci\u00f3n por algunos integrantes de la bancada defensiva, de manera que, mientras tal opugnaci\u00f3n no sea desatada por la respectiva Sala de esta Corporaci\u00f3n, no es posible dar curso a la pretensi\u00f3n del gestor de remitir el asunto a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas. <\/p>\n
Ello porque tal y como lo tiene precisado la jurisprudencia especializada de este Tribunal \u00ablas sentencias de instancia conforman una unidad jur\u00eddica inescindible cuando convergen en el mismo sentido; su ejecutoria es \u00fanica y se verifica en el mismo momento (CSJ SP 14 may. 2002, rad. 19230)\u00bb. Quiere decir esto, que en el sistema de enjuiciamiento penal resulta inaceptable la posibilidad de obtener ejecutorias parciales de una sentencia, dado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) carece de importancia si un sujeto procesal recurre o no una providencia o si los fundamentos de la impugnaci\u00f3n no refieren a la situaci\u00f3n de alguno en particular\u2026 porque su ejecutoria es integral (CSJ SP, STP 28 jun. 2011 rad. 54860)\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no se abre paso el amparo solicitado, pues no existe lesi\u00f3n alguna a las garant\u00edas fundamentales del actor, por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, en atenci\u00f3n a que Estiven Balanta Mina se queja de que no ha podido acceder a redenciones punitivas por trabajo o estudio, pese a que tales actividades han sido certificadas por la direcci\u00f3n del establecimiento de reclusi\u00f3n, ni se ha examinado su situaci\u00f3n a efectos de obtener alg\u00fan subrogado, es menester indicarle que, de conformidad con el art\u00edculo 190 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, tales t\u00f3picos deben ser estudiados por el juzgado de primera instancia una vez le sea remitida la documentaci\u00f3n pertinente, teniendo incluso la posibilidad de impugnar las decisiones que se llegaren a adoptar, en caso de no estar de acuerdo con ellas. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo analizado, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n suplicada porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el promotor, comoquiera que (i) sus solicitudes fueron atendidas antes de formular la presente acci\u00f3n de tutela y (ii) no es posible remitir la actuaci\u00f3n a los jueces especializados en ejecuci\u00f3n de penas hasta tanto la sentencia no alcance firmeza dado que resulta improcedente escindir su ejecutoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Nombre del accionante, extra\u00eddo de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali. <\/p>\n
2\u0002 En realidad, la pena irrogada fueron noventa y seis meses de internamiento penitenciario como autor del delito de concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico, de acuerdo con los medios de convicci\u00f3n obrantes. <\/p>\n
3\u0002 Entregado personalmente a Balanta Mina el 24 de diciembre siguiente como seg\u00fan se desprende de la firma estampada en el documento. <\/p>\n
4\u0002 Es decir, antes de la interposici\u00f3n del presente resguardo. <\/p>\n
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