STC8231-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8231-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01993-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Bartolom\u00e9 Galindo Velandia contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el declarativo n\u00b0 2019-00062. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos -de primera y segunda instancia- de 21 de febrero de 2021 y 16 de mayo de 2022, mediante los cuales los juzgadores encartados terminaron, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso de pertenencia por \u00e9l promovido, pese a que oportunamente cumpli\u00f3 con la carga de notificaci\u00f3n que se le impuso. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se disponga la continuidad del tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja hizo un breve recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de lo all\u00ed actuado. <\/p>\n
2. Pablo Emilio Galindo Galindo, demandado en el juicio que ac\u00e1 interesa, pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio en consideraci\u00f3n a la razonabilidad de las providencias objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la terminaci\u00f3n del proceso declarativo que promovi\u00f3 el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo se dirigi\u00f3 principalmente en contra de la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n del juicio declarativo sobre el que versa la demanda de tutela, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abNo hay duda y as\u00ed lo sostiene en el escrito de alzada el mismo apelante, que en efecto se alleg\u00f3 citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal del se\u00f1or GUSTAVO GALINDO, quien hace parte de los sujetos demandados en pertenencia (\u2026). Por su parte el requerimiento del Juzgado de primera instancia consisti\u00f3 en: PRIMERO: Ordenar a la parte actora para que en el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas (30), siguientes a la notificaci\u00f3n del presente auto, cumpla con la carga procesal de realizar las gestiones necesarias tendientes a lograr la notificaci\u00f3n de todos los demandados, so pena de dar aplicaci\u00f3n a lo preceptuado en el art\u00edculo 317-1 del C\u00f3digo General del Proceso; es decir declarar terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito. (subrayado y negrilla original) Ahora bien, no debe olvidarse que de acuerdo con lo expuesto en sentencia STC11191- 2020, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA se\u00f1al\u00f3 la posibilidad que se ten\u00eda para interrumpir el t\u00e9rmino para el desistimiento, en aquellos casos en que la actuaci\u00f3n fuera lo suficientemente apta y apropiada para cumplir con los fines de impulsi\u00f3n del proceso (\u2026). Bajo este punto de partida, corresponde a la colegiatura, en Sala Unitaria, verificar si la actuaci\u00f3n desarrollada por el apoderado del extremo activo, tiene la entidad suficiente para interrumpir el t\u00e9rmino del desistimiento t\u00e1cito. Para dar respuesta al problema jur\u00eddico planteado, debe indicarse que, en el presente proceso, conforme el auto admisorio de la demanda, aparecen como demandados las siguientes personas: \uf0b7 PABLO EMILIO GALINDO GALINDO \uf0b7 LUCILA GALINDO GALINDO \uf0b7 ANA CECILIA GALINDO GALINDO \uf0b7 JOS\u00c9 DOLORES GALINDO GALINDO \uf0b7 GLORIA GALINDO GALINDO \uf0b7 ORLANDO GALINDO GALINDO \uf0b7 GUSTAVO GALINDO GALINDO \uf0b7 ALFONSO GALINDO GALINDO (\u2026). De lo anotado se puede colegir, a primera vista, que la \u00fanica persona que se encontraba pendiente de ser notificada era el se\u00f1or GUSTAVO GALINDO GALINDO (\u2026). De ah\u00ed que el juzgado de primera instancia orden\u00f3, por auto del 20 de febrero de 2020, que se realizaran las gestiones necesarias para notificar a todos los demandados, so pena de dar por terminado el proceso en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 317. En cumplimiento de este auto, mediante escrito del 28 de febrero de 2020, el apoderado de la demandante alleg\u00f3 constancia de env\u00edo de citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal, con fecha de recepci\u00f3n del 21 de enero de 2020. De lo anterior se sigue que (\u2026) lo \u00fanico que faltaba para cumplir con el enteramiento efectivo del demandado, era realizar la notificaci\u00f3n por aviso del se\u00f1or GUSTAVO GALINDO GALINDO (\u2026), carga procesal que dej\u00f3 de realizar el demandante. De lo dicho se colige, con l\u00f3gica, que el requerimiento hecho por el juez iba enderezado a que el apoderado de la activa consumara el tr\u00e1mite restante, esto es, la notificaci\u00f3n por aviso como ya se advirti\u00f3, lo cual no cumpli\u00f3 y dicha carga no puede entenderse suplida por el mero hecho de haber cumplido ex ante al requerimiento, solamente el segmento de la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal. As\u00ed pues, como la notificaci\u00f3n del demandado se surt\u00eda a trav\u00e9s de un acto complejo que no fue completado en debida forma y, por consiguiente, no permit\u00eda tener por enterado efectivamente al se\u00f1or GUSTAVO GALINDO GALINDO, es di\u00e1fano que la orden emanada de la autoridad judicial de primera instancia fue desatendida, lo que impon\u00eda el decreto del desistimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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