STC8233-2022_1<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00146-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Camila Lerma Isaziga frente a la sentencia del pasado 25 de mayo, emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquella contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante deprec\u00f3 el respeto de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente conculcada por la dependencia jurisdiccional requerida, dentro del consecutivo de amparo n.\u00b0 \u00ab76364-40-89-001-2022-00213-01\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, se ordene restar valor a lo all\u00e1 dirimido. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. La accionante ejerce la posesi\u00f3n de un predio ubicado en el municipio de Jamund\u00ed y el 13 de enero de 2022 la Inspecci\u00f3n Tercera de Polic\u00eda de la localidad fij\u00f3 en una pared cercana, el auto de 6 de enero de 2022 emitido dentro de la querella policiva No. 001, promovida por la Sociedad Su\u00e1rez Anzola y C\u00eda S. en C. y Bibiana Andrea Moreno Olivero contra personas indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El d\u00eda 17 del mismo mes envi\u00f3 mensaje de correo electr\u00f3nico a la autoridad policiva solicitando notificarse de la actuaci\u00f3n y que se le corriera traslado de la querella, sin embargo, el 14 de marzo siguiente la Inspectora fij\u00f3 fecha para audiencia, sin incluirla como destinataria del oficio informativo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por la omisi\u00f3n, el mismo d\u00eda present\u00f3 la referida acci\u00f3n de tutela, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, con que pretendi\u00f3 \u00abse declare la nulidad del auto mediante el cual se admiti\u00f3 la querella policiva\u00bb, protecci\u00f3n negada el 29 de marzo del corriente a\u00f1o, por hecho superado, porque el d\u00eda 23 del mismo mes la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda le hab\u00eda corrido traslado de la querella y sus anexos, empero, como lo que la actora pretend\u00eda era la nulidad de esa actuaci\u00f3n, impugn\u00f3 lo decidido. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El 4 de mayo pasado el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, tras considerar que \u00absi bien es cierto la pretensi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, apuntaba a que se declarara la nulidad de lo actuado, no obstante, se vislumbra igualmente que el origen de dicha petici\u00f3n se centr\u00f3 en que se hab\u00eda fijado fecha para llevar a cabo audiencia, sin que a la actora se le hubiese otorgado la oportunidad de hacerse parte en el tr\u00e1mite del proceso verbal abreviado adelantado ante la entidad accionada, para la defensa de sus intereses, situaci\u00f3n que se encuentra superada\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual la promotora interpuso recurso de s\u00faplica, rechazado por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Puntualmente se queja la actora de que lo definido en la acci\u00f3n de tutela constituye fraude, porque favoreci\u00f3 la \u00abtemeridad\u00bb de la autoridad de polic\u00eda, que le impidi\u00f3 presentarse dentro de la actuaci\u00f3n policiva, como poseedora del bien objeto de la misma. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 en la tutela cuestionada. <\/p>\n
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2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el tr\u00e1mite criticado y sostuvo que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela, era la debida vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite policivo, conocido por la inspecci\u00f3n tercera de polic\u00eda de Jamund\u00ed y as\u00ed se dio\u00bb. <\/p>\n
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3. Los coposeedores vinculados ratificaron los hechos de la solicitud de protecci\u00f3n y pidieron que se acceda a la misma. <\/p>\n
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4. No se produjeron m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, porque no se satisface el requisito de la subsidiariedad, al estar pendiente el agotamiento de la eventual revisi\u00f3n, y de otro lado, porque no se demostr\u00f3 que lo decidido en la tutela obedeciera a un fraude, sino que se evidencia el desacuerdo con las consideraciones y el sentido del fallo, \u00abdistintos a aspectos dolosos o de mala fe que eventualmente se pudieran endilgar contra el \u00f3rgano pasivo \u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la convocante, con persistencia en sus reproches, a los que agreg\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de sus derechos no puede supeditarse a la tardanza y eventualidad de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne al desempe\u00f1o de los jueces, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abno es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de sobrevenir el mandato de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali el 4 de mayo pasado, que confirm\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed el 29 de marzo anterior, que neg\u00f3 la solicitud de amparo deprecada por la aqu\u00ed accionante Mar\u00eda Camila Lerma Izasiga; pues, en sentir de la promotora, dichas sedes judiciales no decidieron lo puntualmente requerido por ella, esto es, que \u00abse declare la nulidad del auto mediante el cual se admiti\u00f3 la querella policiva\u00bb seguida respecto del inmueble que dice poseer. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que la inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por la actora no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada puede ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte del Corte Constitucional. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de la peticionaria no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
4. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo, aunque por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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