STC8234-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8234-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01997-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gonzalo Alberto Salazar Correa contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Penal, y el Juzgado Penal del Circuito de Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2016-00609. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que fue procesado y condenado por los delitos de \u00abactos sexuales violentos y acceso carnal violento agravado\u00bb a la pena de 17 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n. Refiere que la sentencia de primera instancia la profiri\u00f3 el Juzgado Penal del Circuito de Caldas el 20 de junio de 2018, confirmada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 28 de febrero de 2019. Finalmente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario formulado por su defensa mediante auto emitido el 29 de julio de 2020. <\/p>\n
Cuestiona las anteriores decisiones y asevera que constituyen v\u00eda de hecho por defectos \u00abf\u00e1ctico\u00bb y \u00abprocedimental absoluto\u00bb, al igual que por \u00aberror inducido\u00bb. Indica que, el primero se present\u00f3 porque los falladores de instancia realizaron \u00abuna valoraci\u00f3n caprichosa\u00bb de las pruebas, pues le dieron \u00abtotal valor\u00bb a las presentadas por la fiscal\u00eda, pero \u00abno tomaron en cuenta las afirmaciones [por \u00e9l] realizadas, quien contundentemente, a trav\u00e9s de su testimonio demuestra las razones que llevaron a la menor a denunciar la presunta ocurrencia de un delito (\u2026)\u00bb; y, a\u00f1ade que, no se consideraron las inconsistencias del testimonio de la menor v\u00edctima respecto de los hechos. <\/p>\n
En cuanto al \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb aduce que se configur\u00f3 por la falta de defensa t\u00e9cnica, que se observ\u00f3 a\u00fan m\u00e1s en la audiencia preparatoria, diligencia en la cual, el abogado que lo represent\u00f3 en dicho momento \u00abdej\u00f3 entrever que no conoc\u00eda las formas propias del proceso penal, la t\u00e9cnica de solicitud, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, lo que llev\u00f3 a que no lograra introducir ninguno de los elementos materiales probatorios con vocaci\u00f3n de prueba para desvirtuar la teor\u00eda de la fiscal\u00eda, por desconocimiento no sustent\u00f3 pertinencia, conducencia y necesidad del material probatorio que cit\u00f3 y pretend\u00eda fuera decretado por el despacho (\u2026)\u00bb; igualmente, solicit\u00f3 al juez ordenara \u00abpruebas de oficio\u00bb y pidi\u00f3 a testigos de la fiscal\u00eda como comunes \u00abpero sin argumentar [\u2026] diferente a lo invocado por la fiscal\u00eda (\u2026)\u00bb; falencias que, tuvieron como consecuencia la negativa de todas las pruebas con que contaba a su favor. As\u00ed mismo, agrega que, dicho abogado present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra esa negativa, pero \u00absin soporte claro y contundente que posteriormente el tribunal inadmitiera\u00bb. Es decir, \u00abtuvo que verse abocado a un juicio sin pruebas para contrarrestar la acusaci\u00f3n [\u2026] pues solo ten\u00eda como defensa el contra-interrogatorio, mismo que no le dio muchos elementos ya que en \u00e9l se realizan preguntas sobre lo cual fue interrogado, sin salir de ese \u00e1mbito, [todo lo cual] posteriormente, llevaron a una sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, para excusar la demora en la interposici\u00f3n del presente amparo, asevera que la demanda es oportuna por cuanto, \u00abpara diciembre de 2020 fecha en que la procuradur\u00eda le indic\u00f3 que se abstendr\u00eda de presentar el recurso de insistencia en contra de la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, nos encontr\u00e1bamos en plena pandemia y por lo tanto, total restricci\u00f3n en los centros penitenciarios para el ingreso de visitas e incluso de los abogados, no obstante [\u2026] con mucha dificultad logr\u00f3 contratar a unos profesionales del derecho para que en su nombre instauraran la acci\u00f3n de tutela, confiando plenamente en que ellos lo har\u00edan ya que, para el \u00e9poca se presentaban muchas dificultades para el acceso y comunicaci\u00f3n con ellos, pero ellos no lo hicieron, as\u00ed como tampoco respondieron [\u2026] por lo expuesto, ruega [\u2026] dar por cumplido este requisito ya que cualquier demora que pudo haberse dado, est\u00e1 originada en factores externos a [su] voluntad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse revoque la sentencia de primera y segunda instancia, emitidas por el Juzgado Penal del Circuito de Caldas y el Tribunal Superior de Medell\u00edn y la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Penal \u2013 por medio de la cual inadmiti\u00f3 demanda de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Segunda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, recalc\u00f3 el principio de la excepcionalidad de la acci\u00f3n de tutela, la cual no viable utilizar como si fuera una instancia adicional o para \u00ab(\u2026) reabrir etapas finquitadas o debates probatorios concluidos (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, destac\u00f3 que la demanda incumple el requisito de la inmediatez por cuanto, desde el auto inadmisorio del recurso de casaci\u00f3n por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y la interposici\u00f3n del escrito de tutela, pasaron \u00abaproximadamente dos (2) a\u00f1os y un mes despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del auto refutado\u00bb. Y, en cuanto al tema de la falta de la defensa t\u00e9cnica, en el mismo sentido que lo apreci\u00f3 la Sala Especializada Penal al momento de abordar el estudio del cargo relacionado con dicho tema, planteado en el recurso extraordinario, apunt\u00f3 que no qued\u00f3 acreditada, \u00aba pesar de los sucesivos relevos en la representaci\u00f3n judicial del procesado, [no] se advierte que el enjuiciado haya estado desprotegido o abandonado, ni que se le haya defendido con marcado inhabilidad profesional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales accionadas vulneraron la prerrogativa fundamental denunciada al condenar al aqu\u00ed actor por los delitos de \u00abacceso carnal violento y actos sexuales violentes, ambos agravados\u00bb (sentencias de 20 de junio de 2018 y 28 de febrero de 2019, de primera y segunda instancia respectivamente, y auto del 29 de julio de 2020 que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n) incurriendo, supuestamente, en v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria y porque, pasaron por alto la falta de defensa t\u00e9cnica que result\u00f3 determinante en el juicio. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que a continuaci\u00f3n pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Del an\u00e1lisis de lo expuesto, se concluye que los cuestionamientos a las actuaciones de las autoridades judiciales penales, no atienden el postulado que viene de comentarse, ya que los hechos alegados por el tutelante como transgresores de sus garant\u00edas superan desde su ocurrencia el t\u00e9rmino se\u00f1alado por la jurisprudencia como prudente para la interposici\u00f3n del auxilio. <\/p>\n
As\u00ed, obs\u00e9rvese, el quejoso dirigi\u00f3 sus reclamos, en primer t\u00e9rmino, contra el fallo proferido el 20 de junio de 2018 por el Juzgado Penal del Circuito de Caldas; as\u00ed mismo, contra el del Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Penal dictado el 28 de febrero de 2019; y finalmente, frente al auto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal del 29 de julio de 2020 inadmisorio de la demanda extraordinaria de casaci\u00f3n formulado por su defensa. <\/p>\n
Es decir, aun partiendo de la decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, esto es, la emitida por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n, hasta el momento en que se ejerci\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional \u2013 15 de junio de 2022 \u2013 transcurri\u00f3 con amplitud el plazo razonable establecido para su agotamiento; de manera que, es cierto que los afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo de asentimiento frente a la providencia criticada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o sentencias judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, el peticionario, por intermedio de su apoderada, traslada la responsabilidad de la tardanza a los abogados que inicialmente contrat\u00f3 para la elaboraci\u00f3n de la demanda, arguyendo, entre otras situaciones, las restricciones presentadas con ocasi\u00f3n de la pandemia. <\/p>\n
En lo atinente, es cierto que dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la \u00abdebilidad manifiesta por condiciones como la incapacidad f\u00edsica o mental, la minor\u00eda de edad\u00bb, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, como no fueron expresamente alegadas y la Corte tampoco evidenci\u00f3 concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia precitada como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se impondr\u00e1 para la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de las providencias recriminadas, examen que, en este caso, queda condicionado a la superaci\u00f3n del requisito temporal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 declarado improcedente porque el convocante se demor\u00f3 en ejercer este mecanismo y no demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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