STC8236-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8236-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00913-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Judith Ortiz de Ar\u00e9valo contra la Superintendencia de Sociedades, Osvar Asociados Ltda., Fiduciaria Central SA, Ormeco SA en liquidaci\u00f3n y Hugo Enrique Bustos S\u00e1nchez, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, m\u00ednimo vital, dignidad humana, contradicci\u00f3n y \u00abno discriminaci\u00f3n\u00bb, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene a la Superintendencia convocada \u00abtener en cuenta el aval\u00fao presentado, a trav\u00e9s de perito\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de un proceso de liquidaci\u00f3n del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fideicomiso Ormeco Pereira Ormeco, el 29 de septiembre de 2021 la Superintendencia de Sociedades llev\u00f3 a cabo la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y aprobaci\u00f3n de inventario de bienes, en la que desestim\u00f3 la objeci\u00f3n presentada por la ahora gestora, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 pero que se mantuvo en la continuaci\u00f3n de la audiencia de 7 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que la finca La Trinidad era parte de su patrimonio familiar; que su esposo adquiri\u00f3 el primer lote en 1971 y el segundo en 1973; que en 1987 dichos predios quedaron en su cabeza, los que englob\u00f3 en uno solo; y que en 2014 celebr\u00f3 un memorando de entendimiento para la creaci\u00f3n de la alianza estrat\u00e9gica para el desarrollo del terreno con sociedades Osvar Asociados Ltda, Ormeco SA y Hugo Enrique Bustos S\u00e1nchez. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que como fideicomitente aportante suscribi\u00f3 con Fiduciaria Central y la constructora Ormeco SA en liquidaci\u00f3n (desarrollador) un contrato de fiducia mercantil en administraci\u00f3n y pagos, constituyendo el patrimonio aut\u00f3nomo Fideicomiso Ormeco Pereira, al que le transfiri\u00f3 el dominio de sus lotes; y que en el contrato se acord\u00f3 que vincular\u00edan laboralmente a sus hijos, lo que no se cumpli\u00f3, adem\u00e1s que de forma anticipada se cedieron \u00e1reas al Municipio. <\/p>\n
2.4. Adujo que en el acuerdo qued\u00f3 establecido que recibir\u00eda un beneficio econ\u00f3mico, pagaderos seg\u00fan las etapas establecidas, dinero que no hab\u00eda recibido hasta la fecha; y que se pact\u00f3 que mientras ello ocurr\u00eda recibir\u00eda c\u00e1nones de arrendamiento, los que fueron cancelados hasta junio de 2018. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que se inici\u00f3 la liquidaci\u00f3n de Fideicomiso Ormeco; que la liquidadora remiti\u00f3 los bienes de la concursada, asign\u00e1ndole al remanente del terreno un valor de $1.296.765.000, sin tener en cuenta que el mismo contaba con las concesiones y permisos a su favor y que solo se deb\u00edan pagar expensas de licencia de urbanismo. <\/p>\n
2.6. Asever\u00f3 present\u00f3 un aval\u00fao para objetar el valor presentado por la liquidadora, en tanto que el costo del metro cuadrado era superior, siendo el precio de $7.116.824.750 y no de $1.296.765.000; y que no se revis\u00f3 con detenimiento el aval\u00fao que alleg\u00f3. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que la accionada no aplic\u00f3 la Constituci\u00f3n, ni tuvo en cuenta las disposiciones sustantivas y adjetivas propias del juicio; que no se acept\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba adicional; que quedaba en debilidad manifiesta y depresi\u00f3n por la renta que dejaba de percibir del 70% de sus necesidades b\u00e1sicas; que tuvo que pedir prestamos; y que en el proceso criticado no le iba a quedar nada. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se present\u00f3 una indebida motivaci\u00f3n, valoraci\u00f3n y defecto procedimental absoluto; que formul\u00f3 la tutela despu\u00e9s de seis meses porque estuvo a la espera de que se le expidiera copia integra del proceso liquidatario; y que los dem\u00e1s accionados incumplieron las obligaciones adquiridas y en detrimento de su patrimonio, obtuvieron una ventaja, enriqueci\u00e9ndose sin justa causa. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Fiduciaria Central SA indic\u00f3 que en el contrato de fiducia mercantil suscrito no se consign\u00f3 que el fideicomitente desarrollador vincular\u00eda laboralmente a los dos hijos de la accionante ni tampoco el pago de canones de arrendamiento; que solicit\u00f3 el inici\u00f3 de la liquidaci\u00f3n judicial, por lo que la administraci\u00f3n y vocer\u00eda del mismo se traslad\u00f3 a la liquidadora; que no era vocera ni administradora del patrimonio aut\u00f3nomo Omerco Pereira desde el 31 de agosto de 2020; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional, pues carec\u00eda de legitimaci\u00f3n pasiva frente a los hechos y pretensiones aducidos por la petente. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la demanda inicial y refiri\u00f3 que no rechaz\u00f3 el aval\u00fao presentado por la gestora, sino que lo valor\u00f3 adecuadamente, encontrando que se trataba de un bien que no era de propiedad de la concursada y jur\u00eddicamente no exist\u00eda por tener folio de matr\u00edcula inmobiliaria cerrado; que desestim\u00f3 la objeci\u00f3n impetrada y el 7 de octubre de 2021 resolvi\u00f3 el recurso presentado; que su actuar se enmarco dentro de las normas aplicables al proceso; que la tutela no era una instancia adicional; que se opon\u00eda a las pretensiones de la actora; y que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n criticada databa del 7 de octubre de 2021; que pese a que alegaba que su inactividad se deb\u00eda a que no se hab\u00eda expedido la totalidad de copias del expediente, no obraba prueba de que hubiere solicitado documentaci\u00f3n alguna; y que en lo atinente al reproche de los dem\u00e1s accionados no se daban las circunstancias del art\u00edculo 42 del Decreto 2591 del 1991 para que procediera el resguardo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se revisaron los anexos de la tutela, pues s\u00ed alleg\u00f3 las peticiones elevadas deprecando la documentaci\u00f3n referida; que la discriminaban por la falta de inter\u00e9s en su caso; y que nadie se pod\u00eda enriquecer sin causa y a costa de su estado de pobreza. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la determinaci\u00f3n de 7 de octubre de 2021 con la que se desestim\u00f3 la objeci\u00f3n presentada por la gestora; y la interposici\u00f3n de la tutela el 5 de mayo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos de la gestora con los que pretende superar el requisito de la inmediatez, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la aludida decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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