STC8240-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8240-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00345-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 3 de marzo1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Anderson Amaris Su\u00e1rez contra el Tribunal Superior de Arauca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma poblaci\u00f3n y las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00b0 2020-00003. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente instrumento con el fin de obtener la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor y los medios de convicci\u00f3n recaudados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. En audiencias concentradas celebradas el 16 de noviembre de 2019 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas (para adolescentes y Ley 906 de 2004), la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n imput\u00f3 a Anderson Amaris Su\u00e1rez cargos como autor de terrorismo y rebeli\u00f3n, siendo afectado con medida de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, la que se cumple actualmente en el ERON-Picota. <\/p>\n
2.2. El 10 de marzo de 2020, la fiscal\u00eda present\u00f3 escrito de acusaci\u00f3n contra el aludido ciudadano por los delitos arriba indicados, pero variando el grado de participaci\u00f3n en la conducta de terrorismo, degrad\u00e1ndola a c\u00f3mplice. <\/p>\n
2.3. Luego, las partes celebraron un preacuerdo que, al ser sometido al escrutinio del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, fue aprobado dict\u00e1ndose la respectiva sentencia condenatoria. <\/p>\n
2.5. Mediante providencia de 21 de octubre de 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca declar\u00f3 la nulidad del fallo por desconocimiento del principio de legalidad; determinaci\u00f3n que alcanz\u00f3 firmeza dado que, habiendo sido notificada, no fue recurrida en reposici\u00f3n por la parte interesada. <\/p>\n
3. Para el promotor la colegiatura acusada \u00abactu[\u00f3] completamente al margen del procedimiento legal establecido\u00bb pues desconoci\u00f3 que el ordenamiento procesal penal consagra la posibilidad de terminar anticipadamente las causas penales y que \u00absi bien es cierto el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006 no prev\u00e9 la concesi\u00f3n de beneficios o subrogados penales para quienes sean judicializados por algunos delitos\u2026 en el caso bajo examen el fallador de primer grado en la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n\u2026 no se concedi\u00f3\u2026 beneficio alguno\u00bb. <\/p>\n
En complemento de lo anterior, agrega que \u00abno es de recibo\u00bb que la representaci\u00f3n de v\u00edctimas \u00abse haya opuesto a la sentencia que recog\u00eda lo acordado\u00bb a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en la audiencia en que se verific\u00f3 por el juez cognoscente, pero en vez de ello \u00abde viva voz lo aval\u00f3, manifestando su aceptaci\u00f3n\u00bb; con lo que, dice, \u00abel tribunal\u2026 desconoci\u00f3 que cada etapa procesal tiene un fin y en el caso bajo examen [la v\u00edctima] no se encontraba legitimad[a] ni ostentaba inter\u00e9s\u2026 para oponerse a la sentencia, cuando hab\u00eda aceptado totalmente el preacuerdo que finalmente se materializ\u00f3 [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior solicita, de forma principal, \u00abse declare la nulidad de la decisi\u00f3n\u2026 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca\u2026 para en su lugar, dejar inc\u00f3lume el fallo de primer grado [sic]\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente pide \u00abpronuci[amiento]\u2026 respecto a la libertad del procesado\u00bb por vencimiento de t\u00e9rminos, habida consideraci\u00f3n que \u00abya transcurri\u00f3 el tiempo dispuesto por el legislador, sin que haya dado inicio al juicio oral [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Por conducto de apoderada judicial, C\u00e9nit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto \u00abno existe ninguna v\u00eda de hecho en la que haya incurrido el Tribunal\u2026 al contrario, su decisi\u00f3n se ajust\u00f3 al principio constitucional de legalidad que obliga a todos los jueces\u00bb, al tiempo que se \u00abcorrigi\u00f3 una ilegalidad que era necesaria para poder continuar con el proceso saneado [sic]\u00bb <\/p>\n
SENTENCIA DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el ruego por desatender el postulado de la subsidiariedad (i) por haber sido incoado prematuramente y (ii) en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Frente a la primera hip\u00f3tesis advirti\u00f3 que \u00abmientras la actuaci\u00f3n penal est\u00e9 en tr\u00e1mite\u00bb es en dicho escenario en donde el actor \u00abpuede ejercer la defensa de sus derechos, pudiendo argumentar su inconformidad en las oportunidades que ofrece la etapa de juicio, e incluso a trav\u00e9s de los recursos ordinarios o el extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, dado que \u00abacudir a la acci\u00f3n de tutela para intervenir dentro de un proceso en curso\u2026 desconoce el principio de independencia de los funcionarios judiciales\u2026 y desnaturaliza este mecanismo constitucional\u00bb que no tiene por objeto sustituir los mecanismos que tienen las partes al interior de la respectiva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En torno a la segunda modalidad resalt\u00f3 que, contra la providencia invalidatoria sobre la que recae el amparo, el gestor no interpuso el recurso de reposici\u00f3n habilitado pese a que la colegiatura convocada advirti\u00f3 su procedencia, denot\u00e1ndose la inviabilidad del resguardo \u00abconforme a lo establecido en el art\u00edculo 6.1 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n advirtiendo que \u00abs\u00ed se cumple con el requisito de subsidiariedad\u00bb dado que \u00abno dispone de otro medio de defensa judicial, pues elegir el desarrollo del proceso penal ordinario, significar\u00eda no otorg\u00e1rsele la posibilidad de terminar la causa penal por la v\u00eda del preacuerdo y aunque se podr\u00eda argumentar que a\u00fan cuenta con la posibilidad de estudiar unos nuevos t\u00e9rminos del preacuerdo, ello significar\u00eda un perjuicio en el quantum punitivo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia\u2026 soslay\u00f3 lo esgrimido\u2026 en su escrito\u2026 sin examinar el fondo del asunto\u00bb y concluy\u00f3 que \u00abde tener como acertada la decisi\u00f3n del a quo\u2026 significar\u00eda\u2026 que se estar\u00eda dando creaci\u00f3n a una tarifa legal en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cmientras est\u00e9 en curso la actuaci\u00f3n penal, es decir, que no se haya adoptado una decisi\u00f3n que ponga fin al proceso, no es procedente instaurar una acci\u00f3n constitucional, as\u00ed se haya vulnerado alg\u00fan derecho del actor\u201d [SIC]\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Arauca vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de Anderson Amaris Su\u00e1rez, dentro del juicio penal que se sigue en su contra, al decretar la nulidad de la sentencia anticipada que aval\u00f3 el preacuerdo suscrito entre aqu\u00e9l y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, supuestamente porque su actuaci\u00f3n se encuentra viciada de \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. Sobre el tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que el accionante tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, Amaris Su\u00e1rez no interpuso el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n que considera lesiva de sus intereses, pese a haber sido advertido sobre su procedencia por la misma autoridad querellada en el ordinal segundo de la referida providencia, mostr\u00e1ndose as\u00ed de acuerdo con lo resuelto. <\/p>\n
Sobre la idoneidad y eficacia de dicha impugnaci\u00f3n horizontal, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026) (CSJ STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada en STC 8909-2017, 21 jun.). <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n de la Sala a quo de desestimar el amparo result\u00f3 acertada, porque la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, salvo que se presente alguna de las \u00abcausales gen\u00e9ricas de procedibilidad\u00bb a las que ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten vulnerados cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00fae y decida de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los que la decisi\u00f3n es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, siempre que no se disponga de otro medio de defensa, y no la de revivir oportunidades o momentos procesales precluidos ni restablecer t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de las decisiones que se perdieron por la inactividad de la parte interesada pues, de lo contrario, este instrumento supralegal contrariar\u00eda principios y valores superiores como la seguridad jur\u00eddica <\/p>\n
Sobre el tema la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, por la incuria revelada, pues la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el 10 de junio. <\/p>\n
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