STC8242-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8242-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01849-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal1 el 21 de enero de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Crisanto Herrera Rey contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n de tutela radicado 2020-00010. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la agencia judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis relat\u00f3 que, el 3 de agosto de 2020 elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicitando aclaraci\u00f3n de la sentencia de tutela de segundo grado con radicado n\u00ba 2020-00010. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, si bien recibi\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n del fallo de tutela, esta no fue de fondo adem\u00e1s de ser adversa a sus intereses. Y, sobre los memoriales allegados a la procuradur\u00eda, cuestion\u00f3 que \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 15 d\u00edas h\u00e1biles y a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte del \u00f3rgano de control censurado a los derechos de petici\u00f3n elevados [\u2026] lo cual es una clara configuraci\u00f3n de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, se le ordene \u00aba la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n que, entregue respuestas de fondo, concreta, congruente y precisa a los dos derechos de petici\u00f3n de fechas 12 de agosto y 22 de septiembre de 2020 (\u2026) se le ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, magistrado Jhon Jairo Ruiz \u00c1lzate que, emita un concepto jur\u00eddico de aclaraci\u00f3n de la resoluci\u00f3n judicial del 26 de marzo de 2020 dentro del expediente de tutela 2020-00010 de segunda instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado tutelado, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, ciertamente, conoci\u00f3 de la impugnaci\u00f3n de la tutela 2020-00010 que promovi\u00f3 el actor contra la Superintendencia de Salud y otros, cuyo fallo emiti\u00f3 el 26 de marzo de 2020. Indic\u00f3 que, el 3 de agosto de 2020 Herrera Rey solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n de esa providencia, frente a la cual, mediante auto del 5 del mismo mes y a\u00f1o, resolvi\u00f3 denegarla porque, por un lado, lo que pretend\u00eda \u00abera obtener un nuevo pronunciamiento acerca de los razonamientos y consideraciones del fallo\u00bb, pero sobre todo, por su evidente extemporaneidad; decisi\u00f3n comunicada al correo electr\u00f3nico brindado por el interesado. <\/p>\n
2. La oficina jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 se deniegue la salvaguarda por cuanto las peticiones a las que alude el gestor fueron contestadas y notificadas al e-mail que aqu\u00e9l aport\u00f3. De la petici\u00f3n del 11 agosto de 2020, explic\u00f3 que el 18 de ese mes la remiti\u00f3 por competencia a la Oficina de Veedur\u00eda de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para la Conciliaci\u00f3n Administrativa, actuaci\u00f3n comunicada el 31 de agosto. Aclar\u00f3 que similar destino tuvo la petici\u00f3n del 23 de septiembre, la cual, fue remitida a la oficina competente el 23 de noviembre al igual que a la Procuradur\u00eda Delegada para el Ministerio P\u00fablico en Asuntos Penales. Finalmente, agreg\u00f3 que, las solicitudes del actor provocaron el inicio de la investigaci\u00f3n disciplinaria IUSE-2020-403884, la cual se encuentra cursando, asunto donde el querellante puede ampliar su queja. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo por carencia de objeto al considerar que \u00ablos hechos que motivaron la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela fueron superados\u00bb de acuerdo con lo informado por las autoridades accionadas al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el querellante refutando la decisi\u00f3n de la a quo; al respecto aleg\u00f3 que, en primer lugar, la respuesta que brind\u00f3 el magistrado del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00abno resuelve de fondo y de manera clara lo solicitado frente al derecho que le asiste [y] es una respuesta incoherente e impertinente y no armoniza con la realidad f\u00e1ctica del caso\u00bb; y, sobre las peticiones radicadas ante la procuradur\u00eda, en el mismo sentido, cuestiona que no fueron resueltas de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde dilucidar si las autoridades convocadas vulneraron la garant\u00eda fundamental invocada, por no responder a las peticiones elevadas por el quejoso, (i) el 3 de agosto de 2020 al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, solicitando aclaraci\u00f3n del fallo de tutela proferido por esa corporaci\u00f3n (el 23 de marzo de 2020); y (ii) las del 11 de agosto y 23 de septiembre de ese a\u00f1o a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la primera denunciando presuntos actos irregulares de varios funcionarios de la Rama Judicial; y la segunda, requiriendo vigilancia judicial a la acci\u00f3n de tutela 2020-00010. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si la solicitud cuya respuesta se reclama, concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contenida en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, considerando que el requerimiento elevado al tribunal accionado tiene un v\u00ednculo intr\u00ednseco con un tr\u00e1mite judicial, esto es, con la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2020-00010 (aclaraci\u00f3n del fallo), por lo que, conforme se expuso en los precedentes jurisprudenciales destacados, no resulta viable el mecanismo constitucional deprecado para tal efecto. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda, toda vez que el aqu\u00ed actor no se encontraba habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que el tribunal tutelado respondiera sobre asuntos judiciales, en los t\u00e9rminos previstos en la normativa que reglamenta la prerrogativa supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013. Dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia de los jueces ordinarios (o en los procesos disciplinarios que le conciernen a la entidad de control accionada) deben ser resueltos a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, raz\u00f3n por la cual, la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada, no abre camino al amparo solicitado. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, al margen de lo anterior, en todo caso tampoco podr\u00eda atribuirse violaci\u00f3n de ninguna otra prerrogativa, dado que, de acuerdo a lo informado en estas diligencias por el magistrado ponente de la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2020 en el radicado 2020-00010, la solicitud de aclaraci\u00f3n de dicho fallo \u2013 impetrada el 3 de agosto de 2020 \u2013, pretendida por Herrera Rey, fue resuelta mediante auto del 5 de agosto de 2020, fecha en la cual se pronunci\u00f3 desestim\u00e1ndola por extempor\u00e1nea, es decir, antes de la presentaci\u00f3n de este amparo (11 de noviembre de 2020); id\u00e9ntica apreciaci\u00f3n se colige de la petici\u00f3n incoada el 11 de agosto ante la Procuradur\u00eda que, seg\u00fan lo indic\u00f3, fue absuelta el 18 de ese mes al remitirla por competencia a la oficina de veedur\u00eda para la conciliaci\u00f3n administrativa, (por virtud de dicha petici\u00f3n, se dio apertura a la investigaci\u00f3n disciplinaria IUSE-2020-403884). <\/p>\n
De lo relacionado, se desprende que la reclamaci\u00f3n del tutelante resulta claramente infundada en los mencionados casos, ya que, tanto la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, demostraron que atendieron en oportunidad los pedimentos impetrados. <\/p>\n
En eventos como este, cuando del examen preliminar de la demanda constitucional se revela ausencia de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales invocadas, se impone directamente su desestimaci\u00f3n, pues resulta imprescindible, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Sumado a lo anterior, se tiene que, en relaci\u00f3n con la petici\u00f3n radicada el 23 de septiembre de 2020, en la cual el gestor requiri\u00f3 a la procuradur\u00eda el inicio de vigilancia judicial al cumplimiento del fallo de tutela que profiri\u00f3 el tribunal aqu\u00ed accionado, dicha entidad al intervenir en esta demanda resalt\u00f3 que, el 23 de noviembre, dio contestaci\u00f3n y comunic\u00f3 al peticionario la remisi\u00f3n de la misma a la oficina de la veedur\u00eda y a la delegada para el Ministerio P\u00fablico en Asuntos Penales. <\/p>\n
De manera que, como raz\u00f3n adicional del fracaso del resguardo, y al margen de la impertinencia del requerimiento, de conformidad con el pronunciamiento de la accionada, obra la configuraci\u00f3n de la carencia actual de objeto al evidenciarse superada, en el curso de la primera instancia de tutela, la circunstancia alegada como presuntamente transgresora del derecho invocado. <\/p>\n
Sobre la figura destacada, esta Sala ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con situaciones que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las caracter\u00edsticas de origen, ya que (\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC1836-2017, 15 feb. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirma la denegaci\u00f3n del auxilio porque resulta improcedente el derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial y, en todo caso, las peticiones formuladas fueron resueltas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 13 de junio de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del ponente el 15 de junio de 2022. <\/p>\n
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