STC8243-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC8243-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00938-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hip\u00f3lito Gaviria Pantoja contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-00386. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abvida digna \u201cm\u00ednimo vital\u201d, (\u2026) tutela efectiva, y seguridad social de las personas con discapacidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Hip\u00f3lito Gaviria Pantoja instaur\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones, en procura de obtener la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez, \u00abcon fundamento en el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez que le resultaba m\u00e1s favorable\u00bb, puesto que \u00abten\u00eda una fecha de estructuraci\u00f3n anterior\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de causa para demandar. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, el actor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que la acusaci\u00f3n \u00abes formalmente deficiente (\u2026) [y] no halla afectaci\u00f3n al principio de congruencia\u00bb, y sobre el segundo cargo estim\u00f3 que \u00abemerge contundente un alejamiento argumentativo del ataque frente a las verdaderas premisas f\u00e1cticas del fallo impugnado, suficiente para la preservaci\u00f3n de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que lo acompa\u00f1a\u00bb <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del censor, incurrieron en defecto sustantivo y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al negarse la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos la SL5478-2021 del 29 de noviembre de 2021 y en su lugar se profiera \u00abuna sentencia de reemplazo que aplique el principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n confutada, se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que esta \u00abse profiri\u00f3 con estricto apego a la Constituci\u00f3n, a la ley laboral y al precedente jurisprudencial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1781 del 20 de mayo de 2016, mediante la cual se modificaron los art\u00edculos 15 y 16 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia y se crearon las cuatro Sala de Descongesti\u00f3n laboral, en concordancia con el Acuerdo 48 del 16 de noviembre de 2016, por el cual se adopt\u00f3 el Reglamento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y, en el t\u00edtulo II art\u00edculo 21 ss, se determin\u00f3 su funcionamiento\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, refiri\u00f3 que \u00aba la parte (\u2026) no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno, por cuanto (\u2026) al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, lo hizo teniendo en cuenta el principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 66 A del C.P.T.S.S., atendiendo la normatividad vigente para resolver el caso en concreto e igualmente, aplicando los criterios jurisprudenciales relacionados con el tema objeto de la litis\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abla providencia atacada por la v\u00eda de amparo, respondi\u00f3 a las consideraciones del caso concreto y no puede pretender HIP\u00d3LITO GAVIRIA PANTOJA convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela, la cual fue analizada por las autoridades demandadas en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00ab[f]ormalmente la accionada COLPENSIONES en acto administrativo, aplic[\u00f3] el principio de favorabilidad al reconocer un derecho pensional con fundamento en el dictamen de Colpensiones (\u2026) del 27 de marzo del 2016, que increment[\u00f3] el porcentaje de p{\u00e9]rdida de la capacidad laboral, pero en realidad no aplico tal principio, y contrario a ello, neg\u00f3 este principio, ya que el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con el dictamen (\u2026) del 11 de septiembre del 2014 de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, le generaba unos retroactivos que no se generaron con el dictamen de Colpensiones. (\u2026) Los jueces de instancia se negaron a aplicar el principio de favorabilidad, y la honorable corte se neg\u00f3 a aplicar tambi\u00e9n dicho principio por cuestiones t\u00e9cnicas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2 incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL5478-2021, rad. 86390), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto coligi\u00f3 que la acusaci\u00f3n \u00abes formalmente deficiente (\u2026) [y] no halla afectaci\u00f3n al principio de congruencia\u00bb y sobre el segundo embate consider\u00f3 que \u00abemerge contundente un alejamiento argumentativo del ataque frente a las verdaderas premisas f\u00e1cticas del fallo impugnado, suficiente para la preservaci\u00f3n de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que lo acompa\u00f1a\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el primer cargo, encaminado por la v\u00eda directa, en la modalidad de \u00abinfracci\u00f3n directa de la Ley, en relaci\u00f3n con la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso. Art\u00edculos 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, modificados por los art\u00edculos 16 y 19 de la Ley 1562 de 2012. Art\u00edculo 3 del Decreto 917 de 1999. Art\u00edculo 3 del Decreto 1507 de 2014. Art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb, el estrado enjuiciado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[E]s formalmente deficiente pues, en efecto, esta Sala ha sido insistente en se\u00f1alar que los errores originados de la aplicaci\u00f3n de una norma adjetiva como se trata de los art\u00edculos 281 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, a los que hace referencia principal el recurrente, deben proponerse a trav\u00e9s de la trasgresi\u00f3n medio, acompa\u00f1ados de una sustentaci\u00f3n que evidencie c\u00f3mo la violaci\u00f3n de las normas adjetivas, desat\u00f3 la de la norma sustantiva que incorpora el derecho pretendido. (\u2026) Sin embargo, el recurrente (\u2026) dej\u00f3 de plantear esta modalidad de vulneraci\u00f3n a efectos de evidenciar el error procesal que denuncia\u00bb. <\/p>\n
Sobre ello y de conformidad con las providencias SL, 15 may. 1995, rad. 7411; SL, 5 feb. 2003, rad. 19377; SL, 31 oct. 2006, rad. 28873 y SL22169-2017, todas reiteradas en la SL1379-2019, arguy\u00f3 que \u00ab[l]os textos de naturaleza procesal solamente se pueden acusar por violaci\u00f3n medio y en relaci\u00f3n con los de car\u00e1cter sustancial, ya que la infracci\u00f3n de la ley en realidad se produce inicialmente sobre aquellos que son el veh\u00edculo para alcanzar los preceptos sustanciales\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abaunque el recurrente la orient\u00f3 a denunciar la infracci\u00f3n directa de la disposici\u00f3n que legisla el principio de congruencia y para ello escogi\u00f3 la v\u00eda de puro derecho, incorpor\u00f3 a su argumentaci\u00f3n demostrativa cuestionamientos f\u00e1cticos ajenos a la senda elegida\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, explic\u00f3 que \u00abpese a que la censura reprocha la incongruencia que enrostra al segundo prove\u00eddo, se limita a indicar que este contraviene lo pedido en la demanda y lo contestado por la convocada, sin realizar un verdadero ejercicio dial\u00e9ctico y persuasivo que evidencie el yerro jur\u00eddico que denota\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[A]unque lo dicho es suficiente para sostener la decisi\u00f3n refutada, en aras de la claridad, la Corporaci\u00f3n hace notar al acusador que no halla afectaci\u00f3n al principio de congruencia, como el que denuncia. (\u2026) el Tribunal no pudo infringir la garant\u00eda adjetiva en reflexi\u00f3n, al negar la reliquidaci\u00f3n pretendida, como se duele el atacante, porque el sentenciador no desbord\u00f3 ni desconoci\u00f3 los hechos presentados en la demanda ni en su contestaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco los pedimentos de la primera pieza, pues siempre discurri\u00f3 en su fallo, como le correspond\u00eda, sobre la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica sobre la que se plante\u00f3 el conflicto jur\u00eddico y sobre los elementos estructurantes del derecho a la misma, como su causaci\u00f3n, monto y cuantificaci\u00f3n, a partir de los medios de convencimiento allegados al plenario, solo que lo hizo desde una valoraci\u00f3n diferente a la prohijada en la demanda, respecto de la experticia de calificaci\u00f3n porcentual y calenda de estructuraci\u00f3n lo cual, se insiste, no apareja incongruencia en su decisi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Todo ello, para desestimar el cargo. <\/p>\n
Ahora bien, al estudiar el segundo embate, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de falta de aplicaci\u00f3n \u00abde los [art\u00edculos] 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, modificados por los art\u00edculos 16 y 19 de la Ley 1562 de 2012. Art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 917 de 1999. Art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1507 de 2014. Art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social\u00bb, la autoridad convocada manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abComienza la Sala por hacer ver que la recurrente censura al Tribunal de haber incurrido en \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de la normativa a que alude, a pesar que, al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 87 y del literal a) del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 90 del CPTSS, este no es uno de los conceptos de violaci\u00f3n de la ley sustantiva, permitido en la casaci\u00f3n laboral, para ser aducidos por la causal primera del recurso\u00bb <\/p>\n
Prosigui\u00f3 se\u00f1alando que \u00abaunque lo anotado resulta superable, bajo el entendido que la acusaci\u00f3n de estas normas se dirigi\u00f3 a trav\u00e9s de la modalidad \u00abinfracci\u00f3n directa\u00bb, como se ha explicado en las sentencias CSJ SL994-2017; CSJ SL20406-2017 y CSJ SL5540-2019, el censor cae en igual imprecisi\u00f3n t\u00e9cnica a la advertida respecto del cargo primero, en cuanto a que imputa al segundo Juez trasgredir preceptos adjetivos, sin acudir a la violaci\u00f3n medio y sin acreditar como la trasgresi\u00f3n de esa preceptiva no sustancial incidi\u00f3 o sirvi\u00f3 de puente para la violaci\u00f3n de la norma sustancial\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3 que el cargo dej\u00f3 libre de ataque los principales fundamentos de la determinaci\u00f3n confutada, tales como: <\/p>\n
\u00ab[Que] el Dictamen n.\u00ba 17237 de 11 de septiembre de 2014 se practic\u00f3 por solicitud del mismo afiliado y para la reclamaci\u00f3n de una p\u00f3liza y no para la pensi\u00f3n de invalidez; as\u00ed como que no se le notific\u00f3 el mismo a la demandada para la interposici\u00f3n de los recursos de ley y que no obraba prueba v\u00e1lida y t\u00e9cnica, que permitiera al juzgador desvirtuar la fecha de estructuraci\u00f3n establecida en el n\u00famero 2016143737GG, de fecha 27 de marzo de 2016, tenida en cuenta por la convocada. <\/p>\n
Igual circunstancia acaeci\u00f3 con la reliquidaci\u00f3n peticionada con base en la inclusi\u00f3n de las semanas cotizadas, pues el censor nada dijo en torno al argumento presentado por el Tribunal, atinente que Colpensiones s\u00ed tuvo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, conforme se extra\u00eda de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 VPB 20831 de 6 de mayo de 2016\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, estim\u00f3 que \u00abno puede pasarse por alto que la reliquidaci\u00f3n invocada por el impugnante, en relaci\u00f3n con el monto de los salarios, los rubros en mora y su incidencia en la cuantificaci\u00f3n del ingreso base de liquidaci\u00f3n, constituyen t\u00f3picos que no se controvirtieron en la alzada y frente a los cuales tampoco se agot\u00f3, como era su deber, el remedio procesal de adici\u00f3n o complementaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual son pedimentos imposibles de ser definidos por esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que \u00abun ejercicio de ponderaci\u00f3n justificado en el marco de la sana cr\u00edtica, realizado dentro de las facultades que el legislador le[s] otorg\u00f3 a los jueces, no devela por si solo la existencia de un yerro f\u00e1ctico y menos a\u00fan con el car\u00e1cter de protuberante o manifiesto, como se exige para que encuentre prosperidad en el marco de la casaci\u00f3n del trabajo\u00bb y de esta manera declar\u00f3 impr\u00f3spero el reproche. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una discrepancia de criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se disintiera de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 16 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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