STC8248-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8248-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02270-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 18 de noviembre de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime de Jes\u00fas Echeverry R\u00edos contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el ordinario laboral 2015-00643. <\/p>\n
1. El solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abderechos adquiridos, seguridad social, vejez en condiciones de dignidad y tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Jaime de Jes\u00fas Echeverry present\u00f3 demanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, en procura de que le fuera reconocida la pensi\u00f3n de vejez \u00abcontenida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, a partir del 1\u00ba de abril de 2011\u00bb, puesto que \u00abnaci\u00f3 el 1\u00ba de abril de 1956 y (\u2026) labor\u00f3 al servicio del Banco Cafetero S.A. (\u2026) 22 a\u00f1os, 6 meses y 4 d\u00edas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en el que se absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abno pod\u00edan ser tomados en cuenta los tiempos trabajados por el actor (\u2026) desde el 5 de junio de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999, motivo por el que acredit\u00f3 en el sector oficial un total de 17 a\u00f1os, 3 meses y 20 d\u00edas, inferior a los 20 a\u00f1os que exige la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del convocante \u00abatenta en forma directa contra la Constituci\u00f3n en la medida que supedita la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 4 del Decreto (\u2026) 2527 de 2000, para aplicar la interpretaci\u00f3n que menos favorece al trabajador y destinatario de la seguridad social, neg\u00e1ndosele el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, desconociendo inclusive la posici\u00f3n favorable de ese alto tribunal sobre el tema que se deabte\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL1615-2021 del 22 de febrero de 2021, y, en consecuencia, \u00abse ordene (\u2026) emitir providencia de reemplazo teniendo en cuenta (\u2026) [los] precedentes jurisprudenciales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira remiti\u00f3 el expediente digital del proceso. <\/p>\n
2. Colpensiones solicit\u00f3 que se \u00abdeclare improcedente la presente acci\u00f3n (\u2026) por cuanto no se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026) as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que [la] legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite \u00abde la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que la decisi\u00f3n censurada \u00abcontiene motivos razonables, porque, para arribar a la conclusi\u00f3n cuestionada por Jaime de Jes\u00fas Echeverry R\u00edos, a trav\u00e9s de apoderado especial, fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00ab[e]l criterio de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado del reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que \u00abel defecto sustantivo que se enrostra a la providencia dictada por la Sala accionada deviene del desconocimiento (\u2026) de la norma aplicable al caso concreto, lo cual constituye en un desmantelamiento de las garant\u00edas que debe ofrecerle el ordenamiento jur\u00eddico al actor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL1615-2021, rad. 81357), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume la sentencia desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que \u00abno pod\u00edan ser tomados en cuenta los tiempos trabajados por el actor (\u2026) desde el 5 de junio de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999, motivo por el que acredit\u00f3 en el sector oficial un total de 17 a\u00f1os, 3 meses y 20 d\u00edas, inferior a los 20 a\u00f1os que exige la Ley 33 de 1985\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los dos cargos, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los \u00abart\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 36 de la Ley 100 de 1993; que condujo a la violaci\u00f3n del 4 del Decreto 2727 de 2000 y del art\u00edculo 1 de la Ley 33 de 1985 en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 27 y 29 de la Ley 6 de 1945, 12 del Decreto 1600 de 1945, 1 y 72 del Decreto 1848 de 1969\u00bb y aplicaci\u00f3n indebida del \u00abart\u00edculo 4 del Decreto 2527 de 2000; art\u00edculos 27 y 29 de la Ley 6 de 1945; 12 del Decreto 1600 de 1945; art\u00edculos 1 y 72 del Decreto 1848 de 1969 medio que conduce a la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 48 y 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 1 de la Ley 33 de 1985\u00bb, la Corporaci\u00f3n enjuiciada expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]os problemas jur\u00eddicos a resolver se circunscriben a determinar: (i) si es posible acreditar que el se\u00f1or Echeverry R\u00edos labor\u00f3 en el sector oficial, ostentando la calidad de trabajador oficial, entre el 5 de junio de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999, a partir de los diferentes cambios de naturaleza jur\u00eddica sufridos por el Banco Cafetero; y (ii) si dicho periodo puede ser tenido en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez consagrada en la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, realiz\u00f3 un recuento de los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00ab(i) que Jaime de Jes\u00fas Echeverry R\u00edos naci\u00f3 el 1\u00ba de abril de 1956; (ii) que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por acreditar m\u00e1s de 15 a\u00f1os de servicios al 1\u00ba de abril de 1994; (iii) que dicha prerrogativa le fue extendida hasta el 2014 por contar con 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005; (iv) que labor\u00f3 al servicio del Banco Cafetero entre el 20 de febrero de 1978 y el 23 de agosto de 2000; y (v) que la pensi\u00f3n de vejez le fue negada a trav\u00e9s de las Resoluciones n.\u00ba GNR 208428 del 16 de agosto de 2013, GNR 25359 del 24 de enero de 2014 y VPB 6939 del 30 de enero de 2015\u00bb. <\/p>\n
Sobre los temas objeto de estudio, indic\u00f3 que los mismos ya \u00abhan sido abordados con suficiencia por diferentes fallos proferidos por esta Corporaci\u00f3n, donde coinciden en determinar que, a partir del 28 de septiembre de 1999, el Banco reactiv\u00f3 su condici\u00f3n de empresa industrial y comercial del Estado, con base a la reinversi\u00f3n econ\u00f3mica efectuada por Fogaf\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abdicha entidad sufri\u00f3 diversos procesos de mutaci\u00f3n societaria, por lo que con anterioridad y hasta el 5 de julio de 1994, ten\u00eda la condici\u00f3n de empresa industrial y comercial del Estado, aunque despu\u00e9s adquiri\u00f3 la condici\u00f3n de sociedad de econom\u00eda mixta hasta el 28 de septiembre de 1999, fecha en la cual reasumi\u00f3 la participaci\u00f3n mayoritaria de capital estatal\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en las sentencias SL, 15 de febrero de 2007, radicaci\u00f3n 28999; SL, 19 de julio de 2007, radicaci\u00f3n 31110; SL, 3 de diciembre de 2007, radicaci\u00f3n 29256 y SL, 12 de diciembre de 2007, refiri\u00f3 que \u00ablos trabajadores vinculados al Banco reasumieron la condici\u00f3n de servidores oficiales, por lo que es procedente acumular los tiempos laborados para dicha entidad con anterioridad al 5 de julio de 1994, con aquellos causados con posterioridad al 28 de septiembre de 1999\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, cit\u00f3 en lo pertinente la SL5100-2020: <\/p>\n
\u00abEsta Sala tambi\u00e9n se ha ocupado de analizar los efectos de los cambios de naturaleza jur\u00eddica del Banco Cafetero, especialmente el relacionado con el r\u00e9gimen pensional aplicable a sus servidores, dejando en claro que \u00abno es posible contabilizar el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 27 de septiembre de 1999, como trabajador oficial, y solo es viable mantener el derecho pensional para quienes, en el a\u00f1o 1994 hubiesen completado el tiempo de servicios, o que lo hicieran despu\u00e9s de 1999\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que \u00abciertamente, no se equivoc\u00f3 el juez de segunda instancia al estimar que no pod\u00edan ser tomados en cuenta los tiempos trabajados por el en el Banco Cafetero desde el 5 de junio de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999, motivo por el que acredit\u00f3 en el sector oficial un total de 17 a\u00f1os, 3 meses y 20 d\u00edas, inferior a los 20 a\u00f1os que exige la Ley 33 de 1985 para obtener el derecho prestacional\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, el estrado enjuiciado, destac\u00f3 que \u00ablo anterior no significa que el accionante no pueda reclamar su pensi\u00f3n de vejez bajo la aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen diferente al de la Ley 33 de 1985 y en el que sea posible computar los tiempos laborados tanto en el sector p\u00fablico como privado (aquellos comprendidos en el presente caso entre el 5 de junio de 1994 hasta el 28 de septiembre de 1999), a saber, la Ley 71 de 1988, el Acuerdo 049 de 1990 o la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003\u00bb y de esta manera declar\u00f3 la falta de prosperidad de los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia del criterio de aquel frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 3 de junio de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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