STC8251-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8251-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 31 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Belisario Ospina Zapata contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Turbo, las partes reconocidas en el proceso penal 2009-80110 y las autoridades que conocieron de la solicitud de h\u00e1beas corpus 2022-00296. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales al \u00abdebido proceso\u2026 igualdad\u2026 defensa\u2026 [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda, sus anexos y dem\u00e1s medios de prueba allegados a la actuaci\u00f3n se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. A trav\u00e9s de sentencia proferida el 4 de julio de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Turbo conden\u00f3 a Belisario Ospina Zapata a 410 meses de prisi\u00f3n como autor responsable del delito de homicidio agravado, neg\u00e1ndole los subrogados de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. Tal determinaci\u00f3n fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia el 21 de noviembre de 2018. <\/p>\n
2.3. En firme la condena, dado que en su contra no se interpuso recurso de casaci\u00f3n, la actuaci\u00f3n fue remitida a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, correspondiendo al despacho Primero de dicha especialidad. <\/p>\n
2.4. Ospina Zapata fue dejado a disposici\u00f3n del referido juzgado ejecutor el 17 de septiembre de 2021, producto de la extradici\u00f3n activa realizada desde la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, legaliz\u00e1ndose su aprehensi\u00f3n mediante boleta de encarcelaci\u00f3n de la misma data, dirigida al director del COMEB La Picota, establecimiento donde actualmente se encuentra recluido. <\/p>\n
2.5. En raz\u00f3n del factor territorial de competencia para la vigilancia de la condena, la actuaci\u00f3n fue remitida a esta ciudad siendo asignada al Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad. <\/p>\n
2.6. A trav\u00e9s de apoderado judicial el condenado pidi\u00f3 a la c\u00e9lula judicial ejecutora la \u00ablibertad inmediata por captura ilegal\u00bb, la que fue denegada mediante auto de 15 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.7. Contra la anterior providencia interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 14 de marzo. <\/p>\n
2.8. A su turno, \u00abuna vez negada la libertad\u00bb, promovi\u00f3 solicitud de h\u00e1beas corpus \u00abpor las mismas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas\u00bb esbozadas en este amparo, siendo desestimado, tanto en primer grado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, como en segunda instancia por una Magistrada de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Para el promotor, las autoridades que resolvieron acerca de la legalidad de su aprehensi\u00f3n lesionaron sus garant\u00edas superiores pues pasaron por alto que, al momento de realizarse dicho proceso, \u00abno le dieron a conocer sus derechos \u201cde manera inmediata\u201d como lo ordena la norma, [sino que] ello sucedi\u00f3\u2026 cinco (5) horas y cincuenta (50) minutos despu\u00e9s de haber sido recibido y capturado\u00bb, al tiempo que la orden que sirvi\u00f3 de sustento a la captura se hallaba \u00abvencida\u00bb y no fue debidamente \u00abprorrogada\u00bb al tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del art\u00edculo 298 del Estatuto Procedimental Penal. <\/p>\n
En efecto, advierte el actor que \u00ablas pr\u00f3rrogas de la orden de captura\u2026 est\u00e1n destinadas tanto para los investigados como para los condenados; ya que, en ninguna parte de la Ley 906 de 2004 se ordena que las pr\u00f3rrogas de la orden de captura, sean \u00fanicamente para los investigados y no para los condenados [SIC]\u00bb y que, \u00abel concepto de que las pr\u00f3rrogas de la orden de captura no se requieren para los condenados, es un invento de algunos jueces con un criterio violador de la Constituci\u00f3n y la ley, apresurados y afanados por desconocer los derechos fundamentales de los presos [SIC]\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, aduce que \u00ablos accionados no le han notificado\u2026 la decisi\u00f3n de un juez de Medell\u00edn con la que supuestamente legalizaron su captura, habiendo transcurrido m\u00e1s de 36 horas sin haberle notificado la supuesta decisi\u00f3n del juez de Medell\u00edn\u2026 [con lo que] le coartaron la posibilidad de acudir ante el juez natural para impugnar esa supuesta legalizaci\u00f3n de captura [sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, pide \u00abordenar a los accionados para que\u2026 procedan a anular las decisiones de primera y segunda instancia [sic]\u00bb y que, como consecuencia de ello, \u00abla titular del Juzgado 14 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1\u2026 proceda a volver a evaluar el caso y resolver la petici\u00f3n de libertad por captura ilegal [sic]\u00bb seg\u00fan su particular entendimiento de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto del magistrado ponente del auto de segundo grado cuestionado, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda pues lo pretendido por el actor es \u00abreabrir el debate\u2026 para obtener la libertad\u2026\u00bb olvidando que \u00abla acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo para discutir temas propios del proceso ordinario que se encuentra en curso, aunado a que su petici\u00f3n ya fue objeto de decisi\u00f3n por parte del juzgado [y] de esta corporaci\u00f3n\u2026 de ah\u00ed que lo que discute\u2026 es una inconformidad con la decisi\u00f3n de primera y segunda instancia, que no puede ser zanjada por este medio constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Primera Penal del Circuito de Turbo adujo \u00abno estar de acuerdo\u2026 con las pretensiones\u00bb habida consideraci\u00f3n que la reclusi\u00f3n de Ospina Zapata tiene sustento en una orden de captura dirigida al \u00abcumplimiento de la pena de prisi\u00f3n, misma que debe mantenerse vigente hasta tanto sea extinguida mediante providencia con iguales caracter\u00edsticas a la que la cre\u00f3\u00bb siendo ese \u00abel correcto entendimiento [del]\u2026 art\u00edculo 298 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
3. Los jueces Segundo Penal del Circuito y Segundo Promiscuo Municipal de Turbo, manifestaron ser ajenos a las s\u00faplicas del gestor por cuanto las mismas recaen sobre las decisiones proferidas por el juez ejecutor de la condena y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, adem\u00e1s que su actividad en el proceso penal se limit\u00f3 a ejercer la funci\u00f3n de control de garant\u00edas en las etapas preliminares, de all\u00ed que no tengan injerencia en el tema ac\u00e1 debatido. <\/p>\n
4. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el Fiscal Ciento Catorce Seccional de aquella poblaci\u00f3n, quien resalt\u00f3 que \u00abla discusi\u00f3n\u2026 no involucra a ninguna de las fiscal\u00edas que est\u00e1n asignadas a esta Unidad Seccional, por lo que de manera respetuosa solicito la desvinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. El Procurador 234 Judicial Penal I, destacado ante el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del resguardo pues en las decisiones cuestionadas \u00abno se avizora lesi\u00f3n a derechos fundamentales\u00bb, adem\u00e1s que el actor \u00abno da cumplimiento a los requisitos que ha establecido la Corte Constitucional para hacer procedente la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
6. Un abogado que dijo ser \u00abapoderado de las v\u00edctimas reconocidas en el proceso\u00bb1 solicit\u00f3 no acceder al amparo reclamado comoquiera que \u00ablos jueces demandados, citaron y aplicaron la ley, doctrina y jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, sin adoptar decisiones que hubieran desbordado el marco de acci\u00f3n que la Constituci\u00f3n y la Ley reconocen para juzgar, interpretando y aplicando las normas jur\u00eddicas, apoyados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial [sic]\u00bb. <\/p>\n
7. La directora de Asuntos Jur\u00eddicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa cartera habida consideraci\u00f3n que, si bien intervino en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del ac\u00e1 quejoso, de \u00ablos hechos expuestos\u2026 no obra suceso alguno que permita inferir una acci\u00f3n u omisi\u00f3n generadora de amenaza o puesta en peligro de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
8. Por \u00faltimo, tanto el magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, como la presidenta de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, remitieron copias de las decisiones proferidas al interior del h\u00e1beas corpus promovido en favor del aqu\u00ed accionante, distinguido con radicaci\u00f3n 2022-00296. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo tras considerar que \u00abno se verifica la configuraci\u00f3n de un defecto que d\u00e9 lugar a dejar sin efecto la decisi\u00f3n del tribunal que en segunda instancia puso fin al tr\u00e1mite de la solicitud de libertad del accionante\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, advirti\u00f3 que la providencia censurada \u00abse fundamenta en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acreditada, la normativa aplicable y en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad\u00bb, mismos que no pueden ser objeto de reexamen a trav\u00e9s de esta excepcional senda, pues la herramienta constitucional no es una instancia adicional a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Record\u00f3, por \u00faltimo, que \u00abel principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional\u2026 impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas… solo porque el demandante no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa\u00bb de la normativa llamada a gobernar el asunto, pues \u00abla aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a la autonom\u00eda de los administradores de justicia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los planteamientos del libelo genitor exclusivamente en torno a la presunta ilegalidad de la captura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por Belisario Ospina Zapata, al confirmar la providencia por medio de la cual el Juzgado Catorce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad le neg\u00f3 la libertad solicitada con fundamento en una presunta ilegalidad de la aprehensi\u00f3n, por no tener en cuenta, supuestamente, que (i) no le fueron informados de forma inmediata sus derechos como capturado y (ii) la orden que sirvi\u00f3 de sustento a dicha restricci\u00f3n de la libertad se encontraba \u00abvencida\u00bb y no hab\u00eda sido \u00abprorrogada\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior habida consideraci\u00f3n que, si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, en esta oportunidad el examen se circunscribir\u00e1 al proferido el pasado 14 de marzo por la colegiatura en comento, por cuanto fue el que defini\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Por otro lado, no se efectuar\u00e1 an\u00e1lisis alguno en torno a las providencias dictadas al interior del h\u00e1beas corpus 2022-00296, dado que el quejoso no enarbola reparo alguno frente a tales determinaciones. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las discrepancias planteadas contra la determinaci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la negativa de la libertad, se observa que son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el quejoso es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la corporaci\u00f3n querellada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la sind\u00e9resis del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el promotor del amparo se\u00f1ala lo que, en su sentir, son \u00abyerros\u00bb de las autoridades judiciales convocadas al momento del ejercicio deductivo y de hermen\u00e9utica dentro del tr\u00e1mite procesal discutido, observa la Sala que en realidad lo que hace es insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo por los jueces competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen en s\u00ed sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del promotor es que se valoren los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n y se realice una interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, seg\u00fan su personal convicci\u00f3n e intelecci\u00f3n, para que se acceda a la solicitud liberatoria, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En la providencia que es objeto de escrutinio el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, luego de realizar un recuento de los principales antecedentes procesales abord\u00f3 el estudio de los planteamientos del quejoso, de cara a los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente. <\/p>\n
As\u00ed, frente a la presunta omisi\u00f3n en informar al involucrado los derechos como persona capturada y suscribir la respectiva acta, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) plante\u00f3 el defensor la libertad inmediata de su prohijado sosteniendo que en el tr\u00e1mite de captura se hab\u00eda omitido la suscripci\u00f3n del acta de derechos del capturado, informaci\u00f3n que fue desvirtuada con las actuaciones que adelant\u00f3 la juez ejecutora de la pena para obtener la informaci\u00f3n relevante del momento de captura de Belisario Ospina Zapata, constatando que fue capturado el 16 de septiembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ciudad de Panam\u00e1, siendo entregado por las autoridades paname\u00f1as a las colombianas, mediante comunicaci\u00f3n diplom\u00e1tica. <\/p>\n
(…) se encontr\u00f3 el acta de recibido de extraditable suscrita el 16 de septiembre de 2021 a las 16.35 horas donde se deja a disposici\u00f3n a Belisario Ospina Zapata para ser entregado a las autoridades colombianas, quienes proceden a adelantar los tr\u00e1mites de rigor para formalizar el viaje con destino a Colombia del capturado\u2026 Una vez en territorio colombiano se suscribe acta de la misma fecha a las 20.20 horas, momento en el cual el sentenciado Ospina Zapata firm\u00f3 el acta de derechos del capturado y constancia de buen trato. <\/p>\n
No existe duda que su captura se produce por la existencia de una orden de captura emitida en el proceso \u202600980110 para el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia (\u2026). <\/p>\n
Bajo ese recuento procesal\u2026 contrario a lo se\u00f1alado, en el procedimiento de captura se cumplieron las exigencias legales, conociendo en todo momento el sentenciado que su aprehensi\u00f3n ten\u00eda como fundamento el cumplimiento de una pena impuesta por el delito de homicidio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora, adiciona con el recurso nuevos argumentos para mostrarse inconforme con la decisi\u00f3n\u2026 al considerar que\u2026 no fue informado de manera inmediata de sus derechos porque el acta fue suscrita posterior a su captura; sin embargo, desconoce que Ospina Zapata fue capturado en territorio paname\u00f1o lo que obligaba a las autoridades de ese pa\u00eds a iniciar el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n simplificada, mismo que acept\u00f3 como da cuenta el acta de entrega (\u2026) <\/p>\n
No le asiste raz\u00f3n al defensor en su reclamo cuando pretende desacreditar el procedimiento de captura, pues lo visto es que una vez en territorio colombiano, Ospina Zapata suscribi\u00f3 el acta de derechos del capturado, mostr\u00e1ndose celeridad en el proceso de extradici\u00f3n simplificada y el tr\u00e1mite de las autoridades colombianas, de ah\u00ed que el reclamo\u2026 se torna improcedente, porque un estudio de la actuaci\u00f3n permite a la sala advertir\u2026 que el procedimiento de captura fue legal y que los nuevos argumentos que adicion\u00f3 en el recurso no encuentran respaldo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 al reparo relativo a la vigencia de la orden de captura, para lo cual record\u00f3 el contenido del art\u00edculo 298 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal e indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el par\u00e1grafo del art\u00edculo\u2026 se estableci\u00f3 que la vigencia de la orden de captura no opera para cuando la aprehensi\u00f3n tiene como motivo el cumplimiento de una sentencia, tal y como ocurre en el sub examine, de ah\u00ed que contrario a sus argumentos existe norma procesal que respalda la decisi\u00f3n de la juez de instancia (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la exequibilidad de la aludida disposici\u00f3n fue estudiada por el Tribunal Constitucional en la sentencia C-042 de 2018 a trav\u00e9s de la cual <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sostuvo que la norma regul\u00f3 de manera espec\u00edfica el control judicial de la captura\u2026 cuando existe sentencia condenatoria dejando a cargo la legalizaci\u00f3n del juez de conocimiento o en su defecto del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad; sin embargo, hizo un condicionamiento para que dicha labor se realice en el t\u00e9rmino de 36 horas y cuando exista ausencia del juez de conocimiento (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Empero, tal condicionamiento no afect\u00f3 la vigencia del par\u00e1grafo del canon referido \u00abpor lo que, al producirse la captura\u2026 para el cumplimiento de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada, no se requer\u00eda de prorrogar la misma\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, es claro que la determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada pues en ella la corporaci\u00f3n ad quem advirti\u00f3 las razones por las cuales la aprehensi\u00f3n de Ospina Zapata se hab\u00eda realizado dentro del marco normativo y no exist\u00eda vicio alguno que diera lugar a su liberaci\u00f3n inmediata. <\/p>\n
Adem\u00e1s tampoco puede calificarse como \u00abcaprichosa\u00bb o \u00abarbitraria\u00bb solo porque no prohij\u00f3 la particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica del actor o su apoderado judicial, en la medida que el criterio en que se fund\u00f3 la desestimaci\u00f3n del ruego liberatorio es razonable, de cara a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, pues el par\u00e1grafo del art\u00edculo 298 del Estatuto Procesal Penal establece que la regulaci\u00f3n acerca de la vigencia y pr\u00f3rroga de la orden de captura no cobija aquella expedida para el cumplimiento del fallo condenatorio. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por el promotor de la salvaguarda, toda vez que las consideraciones expuestas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el pronunciamiento objeto de la presente queja, resultan sensatas, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario, se impone confirmar la negativa del amparo porque el accionante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, buscando imponer su personal criterio sobre la forma como deben interpretarse las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, como si la tutela fuera una instancia adicional. <\/p>\n
Adicionalmente la providencia cuestionada no revela desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, en la medida que en ella se expusieron suficientemente los motivos por los cuales no era dable acceder a la petici\u00f3n liberatoria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sin embargo, no aport\u00f3 poder especial conferido por las personas que dice representar, que lo habilitara para actuar en este tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
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STC8251-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8251-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00978-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64817","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64817\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}