STC8252-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8252-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por J\u00e9ssyca Mar\u00eda Pab\u00f3n Fl\u00f3rez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda 2\u00aa Seccional de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito de Pamplona y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2013-00268. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, fue vinculada como persona ausente a la investigaci\u00f3n penal por la muerte violenta del ciudadano Cesar Orlando Castellanos Fl\u00f3rez, acaecida el 25 de mayo de 2013 en la ciudad de Pamplona. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la Fiscal\u00eda 2\u00aa Seccional, tras la vinculaci\u00f3n en la calidad anotada, le imput\u00f3 el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, por lo que la judicatura le impuso medida de aseguramiento intramural y orden\u00f3 su captura. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en primera instancia fue absuelta del cargo imputado \u2013 sentencia de 6 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Pamplona \u2013; sin embargo, dicha decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior de esa ciudad mediante fallo del 26 de octubre de 2021, conden\u00e1ndola por el punible endilgado a la pena de 400 meses de prisi\u00f3n; contra este \u00faltimo veredicto el defensor p\u00fablico que le fue asignado no interpuso impugnaci\u00f3n especial ni recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, de todo lo anterior solo vino a enterarse el 3 de diciembre de 2021 cuando fue capturada por las autoridades policiales en el municipio de Soacha y trasladada a la c\u00e1rcel \u00abEl buen pastor\u00bb de Bogot\u00e1, donde actualmente permanece recluida. <\/p>\n
Reproch\u00f3 esencialmente la determinaci\u00f3n de declaratoria de persona ausente; en lo atinente, cuestion\u00f3 que no se ejecut\u00f3 por parte de la fiscal\u00eda encargada de la investigaci\u00f3n una b\u00fasqueda suficiente para lograr su ubicaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que no fue correctamente examinada por el juez de control de garant\u00edas que la declar\u00f3, ni corroborada por el de conocimiento a lo largo del juicio. <\/p>\n
Adicionalmente, sostuvo que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica, puesto que, los abogados adscritos a la Defensor\u00eda P\u00fablica que la representaron, fueron ineficientes de cara evitar la declaratoria de persona ausente, ya que frente a esa determinaci\u00f3n \u00abcumplieron un papel meramente formal\u00bb, actitud pasiva que termin\u00f3 siendo relevante en el resultado del juicio, adem\u00e1s que omitieron interponer recursos frente a la sentencia condenatoria. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se declare \u00abla nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de solicitud de declaratoria de persona ausente de 10 de mayo de 2016 a fin de reestablecer [sus] derechos y garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 2\u00aa Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pamplona, indic\u00f3 que tuvo a su cargo la investigaci\u00f3n penal en contra de la ac\u00e1 accionante a quien imput\u00f3 y luego acus\u00f3 previa su vinculaci\u00f3n como persona ausente. Aclar\u00f3 que, el proceso a partir de la preparatoria fue reasignado a la Fiscal\u00eda 1\u00aa Seccional que continu\u00f3 el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial manifest\u00f3 que se remite a los argumentos expuestos en la sentencia del 26 de octubre de 2021 con la que revoc\u00f3 la absoluci\u00f3n de la procesada para en su lugar condenarla por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Dieciocho de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que conoce la vigilancia de la pena que le fue impuesta a la actora y remiti\u00f3 el proceso penal digitalizado n\u00ba 2013-00268. <\/p>\n
4. El Juzgado Penal del Circuito de Pamplona dijo acogerse a las resultas de la acci\u00f3n de tutela, en atenci\u00f3n a que en el tr\u00e1mite se cumplieron las ritualidades procesales consagradas en la Ley 906 de 2004. A\u00f1adi\u00f3 que, en desarrollo de la diligencia acusaci\u00f3n, se resolvi\u00f3 lo atinente a las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, entre otros aspectos, \u00ablo que permiti\u00f3 que se desarrollaran las dem\u00e1s fases de la etapa de juicio, el cual, en esa instancia, culmin\u00f3 con sentencia absolutoria, sin que se discutiera vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales de las partes\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda tras observar razonable la decisi\u00f3n mediante la cual la procesada fue declarada persona ausente, pues dicho asunto \u00abse surti\u00f3 de conformidad con las exigencias normativas del art\u00edculo 127 del C\u00f3digo Penal y con el respeto pleno de sus derechos fundamentales en raz\u00f3n a que las autoridades judiciales intentaron ubicarla y lograr su comparecencia al proceso sin resultados positivos\u00bb. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica, evaluada la actuaci\u00f3n de los abogados de la defensor\u00eda p\u00fablica en el tr\u00e1mite, advirti\u00f3 que tuvieron una adecuada participaci\u00f3n en el juicio, presentando alegatos de conclusi\u00f3n y \u00abpostulando solicitud de sentencia absolutoria [\u2026] la que fue acogida en primera instancia (\u2026) el abogado [\u2026] no realiz\u00f3 una defensa pasiva, ni para cumplir un mero formalismo, pues con las limitaciones que se derivaban de la ausencia de la implicada, propendi\u00f3 por la absoluci\u00f3n de su defendida [\u2026] de manera que el resultado adverso a los intereses de la procesada [en segunda instancia] no puede equipararse como lo pretende la accionante, a una ausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado de la querellante, replicando las alegaciones del escrito inicial en torno a la decisi\u00f3n que la declar\u00f3 persona ausente, insistiendo en las presuntas falencias investigativas y falta de diligencia por parte de la fiscal\u00eda para dar con su ubicaci\u00f3n, actuaci\u00f3n que aval\u00f3 la judicatura. Reiter\u00f3 su reproche respecto a la falta de defensa t\u00e9cnica pues considera que no puede tenerse como estrategia defensiva omitir la interposici\u00f3n de un recurso frente una condena de 33 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
En primer lugar, si bien en este evento ser\u00eda posible desestimar la salvaguarda dado el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria, teniendo en cuenta que frente a la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia proced\u00eda la impugnaci\u00f3n especial o en su defecto, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, posibilidades jur\u00eddicas que no fueron agotadas por la defensa p\u00fablica de la procesada, como lo previno la Sala a quo se prescindir\u00e1 de dicho an\u00e1lisis en consideraci\u00f3n a que la divergencia cardinal que plasm\u00f3 la actora en la demanda se circunscribi\u00f3 al hecho de haber sido vinculada a la actuaci\u00f3n penal como persona ausente, por lo que solo vino a enterarse de la misma una vez finalizada; as\u00ed mismo, porque otra de sus censuras la dirigi\u00f3 contra el proceder del defensor p\u00fablico que tuvo asignado, precisamente por no hacer uso de los medios de refutaci\u00f3n que cab\u00edan respecto del fallo sancionatorio. <\/p>\n
3. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. De la declaraci\u00f3n de persona ausente. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundaron dicha declaratoria, y refrendando el an\u00e1lisis efectuado por la Hom\u00f3loga Penal, no se advierte procedente el amparo, puesto que la determinaci\u00f3n que dispuso esa vinculaci\u00f3n procesal, no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, como la implicada no pudo ser localizada con posterioridad a los hechos objeto de persecuci\u00f3n penal con el prop\u00f3sito de formularle imputaci\u00f3n, las referencias probatorias escrutadas en los registros de las audiencias llevadas a cabo ante el juez de control de garant\u00edas y las actuaciones que se revelan del plenario, conforme lo auscult\u00f3 la a quo, evidenciaron que la fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de su Cuerpo T\u00e9cnico de Investigaci\u00f3n, despleg\u00f3 esfuerzos razonables para obtener informaci\u00f3n sobre Pab\u00f3n Fl\u00f3rez y lograr su comparecencia, entre ellas se destacaron las siguientes: <\/p>\n
(i) Conocido el hecho punible, el 30 de mayo de 2013 fue llevado a cabo un allanamiento y registro a la residencia de la indiciada; del informe del investigador de campo de esa diligencia \u2013 29 de noviembre de 2013 \u2013 se indic\u00f3 que se dej\u00f3 la citaci\u00f3n con el progenitor de la implicada, el se\u00f1or Cesar Miguel Pab\u00f3n, quien manifest\u00f3 desconocer su paradero; (ii) tambi\u00e9n el 29 de noviembre de 2013, se realiz\u00f3 un desplazamiento hasta el sector de \u00abPicapiedra\u00bb en el kil\u00f3metro 4\u00ba v\u00eda Pamplona-Bucaramanga, donde labor\u00f3 Pab\u00f3n Fl\u00f3rez, se entrevist\u00f3 a la propietaria del establecimiento \u00abMar\u00eda C\u00bb que en igual sentido dijo no haberla visto \u00abhace m\u00e1s de 2 a\u00f1os\u00bb; (iii) el 15 de enero de 2014 se emitieron \u00f3rdenes a la Polic\u00eda Judicial para entrevistar a las personas que resid\u00edan con la indiciada y realizar actividades de b\u00fasqueda para lograr su ubicaci\u00f3n; en el informe respectivo \u2013 del 1\u00ba de marzo de 2014 \u2013 se consign\u00f3 que se dej\u00f3 hasta en 3 ocasiones citaciones a J\u00e9ssyca Mar\u00eda Pab\u00f3n Fl\u00f3rez y a su padre Cesar Miguel Pab\u00f3n Ortega, en la \u00abcarrera 2 n\u00ba16-03, barrio Molinos de Zulia en Pamplona\u00bb, infruct\u00edferas, as\u00ed como tampoco se pudo entrevistar a otras personas residentes en dicho inmueble porque \u00absiempre se encontr\u00f3 cerrado y no sali\u00f3 persona alguna a atender\u00bb; (iv) se acudi\u00f3 a los bares del barrio de \u00abEl Camell\u00f3n\u00bb de esa ciudad que al parecer frecuentaba la implicada, en donde fueron entrevistadas varias personas que adujeron no conocerla; (v) ante la imposibilidad de ubicarla la fiscal\u00eda solicit\u00f3 a la judicatura librar orden de captura, a lo cual la autoridad judicial accedi\u00f3, emiti\u00e9ndose la misma el 21 de julio de 2014; (vi) del informe \u2013 21 de agosto de 2014 \u2013 correspondiente a las actuaciones adelantadas con el fin de materializar la aprehensi\u00f3n, se realizaron constataciones en la misma direcci\u00f3n, y se obtuvo informaci\u00f3n acerca de que el padre ten\u00eda un local comercial en la terminal de transporte, el mismo que tambi\u00e9n fue verificado con resultados negativos; (vii) el 10 de agosto de 2015 el juez de control de garant\u00edas libr\u00f3 una nueva orden de captura por petici\u00f3n del ente persecutor; (viii) ante la imposibilidad de establecer el paradero de Pab\u00f3n Fl\u00f3rez, se solicit\u00f3 al juez de garant\u00edas la declaratoria de persona ausente con fundamento en todo lo realizado por el CTI en el marco del programa metodol\u00f3gico; (ix) el 11 de mayo de 2016 el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Pamplona, fij\u00f3 edicto emplazatorio en la secretar\u00eda del despacho hasta el 17 de mayo del mismo a\u00f1o. El edicto a su vez se public\u00f3 el 13 de mayo siguiente en la emisora del Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No. 13 \u00abCustodio Garc\u00eda Rovira\u00bb y el 27 de ese mes, en la emisora \u00abLa Voz de la Gran Colombia\u00bb y el 28 en el diario local \u00abLa Opini\u00f3n (p\u00e1gina 4C)\u00bb. <\/p>\n
A partir del examen de lo rese\u00f1ado, en audiencia del 29 de junio de 2016, el despacho accionado puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en audiencia llevada a cabo el 10 de mayo del presente a\u00f1o se orden\u00f3 el emplazamiento de la ciudadana toda vez que no fue posible ubicarla y contra ella pesaba orden de captura, aunque no ha sido posible [la misma]. <\/p>\n
El edicto emplazatorio se fij\u00f3 en la secretar\u00eda de este juzgado por el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas a partir del 11 de mayo hasta el 17 de mayo de 2016 a las 6 pm. Copia del mismo se radi\u00f3 en la emisora del batall\u00f3n de Infanter\u00eda n\u00ba 3 [\u2026] el 13 de mayo del presente a\u00f1o, a las 11 a.m., tambi\u00e9n se public\u00f3 en la emisora la voz de la gran Colombia, el d\u00eda 27 mayo a las 12 m, y en el diario la opini\u00f3n, tal como se evidencia en la p\u00e1gina 4C del s\u00e1bado 28 de mayo de 2016. <\/p>\n
Por lo tanto, se ha cumplido con las previsiones del inciso primero del art\u00edculo 127 para declarar persona ausente, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del mismo art\u00edculo, se declara persona ausente a la ciudadana J\u00e9ssyca Mar\u00eda Pab\u00f3n Fl\u00f3rez, que antes de perderse su rastro, viv\u00eda en (\u2026) pero actualmente se desconoce la direcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, no advierte esta Sala configurado el desafuero jur\u00eddico a que se refiere el auxilio puesto que, de acuerdo a los elementos de conocimiento verificados, se ratific\u00f3 el cumplimiento de las labores de investigaci\u00f3n, b\u00fasqueda y citaciones suficientes a fin de hallar a la implicada, sin resultados positivos. <\/p>\n
A lo precedente, se a\u00f1ade que la ac\u00e1 tutelante fue emplazada mediante edicto que se fij\u00f3 por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas en un lugar visible de la secretar\u00eda del despacho accionado, sumado a que tambi\u00e9n fue publicado en un medio radial y de prensa de cobertura local, al paso que le fue nombrado un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica (art\u00edculos 127 y 128 de la Ley 906 de 2004). <\/p>\n
Es decir, igual que lo apreci\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, existi\u00f3 una labor diligente tendiente a ubicar a Pab\u00f3n Fl\u00f3rez por parte de las autoridades que participaron en el proceso penal; adem\u00e1s, como se indic\u00f3, le fue garantizada la defensa t\u00e9cnica, que pese a no contar con su versi\u00f3n de los hechos, ejecut\u00f3 una gesti\u00f3n acorde con lo contenido en la investigaci\u00f3n, y dentro del l\u00edmite de sus posibilidades present\u00f3 alegatos finales en la audiencia del juicio oral y solicit\u00f3 la emisi\u00f3n de sentencia absolutoria a favor de su representada, objetivo que por dem\u00e1s alcanz\u00f3 en primera instancia. <\/p>\n
Ahora bien, en todo caso, es menester indicar que los fundamentos de la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. Al respecto esta Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias (\u2026)\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada STC2067, 27 de feb. 2015 rad. 2014-02055-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4.2. De la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, la queja por la presunta carencia de defensa t\u00e9cnica no qued\u00f3 acreditada, ya que la aqu\u00ed actora siempre estuvo asistida por un profesional del derecho adscrito a la defensor\u00eda p\u00fablica quien concurri\u00f3 al juicio, se notific\u00f3 de los actos procesales trascendentales y logr\u00f3 que triunfara su teor\u00eda del caso en primer grado, distinto es que no hubiese obtenido un resultado favorable en la segunda instancia; empero, aun as\u00ed, es necesario resaltar que cuando se cuestiona v\u00eda tutela la gesti\u00f3n profesional de un defensor en una causa penal, la Sala de Casaci\u00f3n de esa especialidad ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abLa violaci\u00f3n al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n generada por la inactividad categ\u00f3rica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicci\u00f3n de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva var\u00eda seg\u00fan el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen f\u00f3rmulas uniformes o estereotipos de acci\u00f3n. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violaci\u00f3n al estudiado derecho\u00bb (SP154-2017, exp. 48128). <\/p>\n
En ese sentido la Corte ha sido insistente en sostener que las simples desavenencias con la estrategia de defensa de los togados que actuaron en el proceso resultan insuficientes para estructurar la afectaci\u00f3n del referido derecho fundamental, al igual que la gen\u00e9rica alusi\u00f3n a que no se solicitaron pruebas o que no se recurri\u00f3 una espec\u00edfica decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, las anteriores razones se estiman aptas para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Las consideraciones expuestas por las autoridades judiciales accionadas a partir de las cuales se estableci\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la accionante al proceso penal en calidad de persona ausente, resultan ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, sin que devenga propio, como ya se apunt\u00f3, que por esta senda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
5.2. No demostr\u00f3 la actora las razones por las cuales estim\u00f3 vulnerado su derecho a la defensa t\u00e9cnica, de manera que se observe incuestionable la afectaci\u00f3n de dicha prerrogativa a partir de la actuaci\u00f3n desplegada por el abogado defensor que la asisti\u00f3 en el juicio penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8252-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8252-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00411-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}