STC8253-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8253-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00140-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta el 31 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Ernesto L\u00f3pez Pi\u00f1eros contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, aunque el 6 de septiembre de 2021 le fue repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta la acci\u00f3n declarativa de amparo posesorio que promovi\u00f3 contra la Alcald\u00eda Municipal de esa localidad (n\u00b0 2021-00224), \u00abno se me ha notificado el primer auto de ese despacho\u00bb, sin que haya podido consultar el estado del asunto en la p\u00e1gina de la rama judicial. <\/p>\n
2. En consecuencia, pide que \u00abse ordene al funcionario accionado que en un t\u00e9rmino de 48 horas, se me informe el estado del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La titular del despacho convocado solicit\u00f3 desestimar el amparo por \u00abcarece[r] de sustento\u00bb, toda vez que \u00abMediante auto del 16 de febrero de 2022, se rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia, como quiera que de conformidad con el art\u00edculo 18 del C.G.P, el conocimiento de este tipo de procesos le corresponde a los Juzgados Civiles Municipales. Por consiguiente, se orden\u00f3 remitir el expediente a la Oficina Judicial, a fin de que fuera repartido entre los Jueces Civiles Municipales de esta ciudad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 adem\u00e1s, que \u00ablas decisiones proferidas por la suscrita fueron ajustadas a derecho, por lo que no hay evidencia que pruebe que el accionar de esta judicatura ha conculcado los derechos (\u2026) invocados por el actor\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, tras advertir que \u00ablas afirmaciones efectuada[s] por el actor carecen de veracidad, en tanto, antes de ser presentado el amparo el Juzgado accionado profiri\u00f3 auto rechazando la demanda por falta de competencia, y dispuso su remisi\u00f3n a la Oficina Judicial, a fin de que fuese repartida entre los distintos Juzgados Civiles de categor\u00eda Municipal, como asunto de su competencia, aunado a ello, es de p\u00fablico conocimiento que todos los despachos judiciales disponen de un micro sitio en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial para acceder a los traslados, estados, edictos y dem\u00e1s actuaciones a que haya lugar\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, indicando que \u00abel juzgado accionado NO ENVIO EL AUTO que deb\u00eda ser notificado personalmente y para poder presentar alg\u00fan recurso si era necesario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, pronto se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, pues, contrario a lo que sostuvo el convocante, la operadora judicial accionada mediante auto del 16 de febrero de 2022 se pronunci\u00f3 al \u00abRECHAZAR\u00bb por falta de competencia, \u00abla demanda verbal posesoria presentada por CARLOS ERNESTO LOPEZ PI\u00d1EROS [tutelante] contra la ALCALD\u00cdA DISTRITAL DE SANTA MARTA\u00bb, remitiendo las diligencias a la Oficina Judicial mediante oficio No.00201 del d\u00eda 28 siguiente para que sea repartida entre los Jueces Municipales de esa localidad, para lo cual se envi\u00f3 el link contentivo del proceso v\u00eda correo electr\u00f3nico a la respectiva dependencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la citada decisi\u00f3n se notific\u00f3 por estados el d\u00eda 21 de febrero de 2022, tal y como consta en la plataforma TYBA y en el micrositio del Juzgado en la p\u00e1gina de la rama judicial, por lo que aunque el gestor sostiene que deb\u00eda copia de la determinaci\u00f3n, no existe obligaci\u00f3n en tal sentido a cargo de la autoridad judicial criticada, quien como correspond\u00eda, notific\u00f3 lo decidido a trav\u00e9s de los canales establecidos en el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020, raz\u00f3n por la cual, dicha situaci\u00f3n de manera alguna constituye causal de procedencia del amparo. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha precisado que para formalizar la notificaci\u00f3n por estado de las disposiciones judiciales, \u00abno se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u2018correos electr\u00f3nicos\u2019, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u2019. \u2018Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u2018notificaci\u00f3n\u2019, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477, reiterada en STC9383-2020, 30 oct. 2020, rad. 02669). <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y, menos quebrantado, sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional replicada ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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