STC8264-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8264-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo promovido por Andrea Luc\u00eda Ochoa Vanstralhen, quien adujo actuar en representaci\u00f3n de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Clara Elena Orozco Espinoza, Jorge Luis Zuriquel Noel y las partes y terceros del proceso objeto de reproche. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, \u00abobrando en calidad de Apoderada General para Asuntos Laborales\u00bb de la mencionada sociedad, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental de petici\u00f3n. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y del escrito de tutela se establece que, en el proceso por alimentos de menores tramitado ante el Juzgado accionado y promovido por Clara Elena Orozco Espinoza en contra de Jorge Luis Zurique Noel, – trabajador activo de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.-, la accionante, como apoderada de esa sociedad, present\u00f3 dos peticiones por correo electr\u00f3nico el 29 de noviembre de 2021, para que fuera desarchivado el expediente y le informaran si los dineros, por concepto de una transacci\u00f3n realizada con el demandado, eran sujetos de la medida de embargo decretada en ese juicio o, si por el contrario, eran exentos. La accionante sostuvo que a la fecha no ha recibido respuesta a sus solicitudes. <\/p>\n
3. Conforme a lo anterior, inst\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado resolver de fondo las mencionadas peticiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena se\u00f1al\u00f3 que, \u00abreincorporado el expediente de Archivo\u00bb, profiri\u00f3 auto del 12 de enero de 2022, en el que decidi\u00f3 el requerimiento de la accionante y, en tal medida, la acci\u00f3n es improcedente y carente de objeto. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el auxilio, tras advertir que la accionante manifest\u00f3 actuar en calidad de apoderada de Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P., adjuntando poder general para asuntos laborales, el cual \u00abresulta insuficiente para presentar la acci\u00f3n constitucional, careciendo la actora de legitimaci\u00f3n para promover este mecanismo preferente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la promotora, quien aleg\u00f3 que, bajo la misma calidad, present\u00f3 ante el accionado todas las solicitudes que dieron lugar a la acci\u00f3n de tutela, \u00abpor tratarse de temas que afectan a un trabajador activo de la Compa\u00f1\u00eda\u00bb. Agreg\u00f3 que, de conformidad con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de esa sociedad y la escritura p\u00fablica 2972 del 16 de octubre de 2020, \u00abme fue conferido poder con facultades de REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD CARIBEMAR DE LA COSTA SAS E.S.P., EN ASUNTOS LABORALES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, entidad o corporaci\u00f3n p\u00fablica o privada, del orden pol\u00edtico, administrativo, judicial o policivo\u2026\u00bb, de manera que le asiste legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende el amparo de los derechos fundamentales de la sociedad que afirma representar, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la omisi\u00f3n del Juzgado Sexto de Familia de Cartagena en pronunciarse sobre las peticiones presentadas el 29 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que la promotora no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Juzgado accionado y no alleg\u00f3 poder especial que la faculte para impetrar la presente tutela. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional) (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, la gestora pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., sin embargo, de los documentos anexados se establece que detenta poder general para representar a esa sociedad \u00aben asuntos laborales\u00bb y, por tanto, como no alleg\u00f3 poder especial para actuar en los t\u00e9rminos indicados, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en STC1284-2022, de 9 de febrero, expediente 2022-00240. <\/p>\n
<\/p>\n
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