STC8276-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8276-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00403-01. <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 13 de mayo de 2022, con la cual se neg\u00f3 el amparo invocado por Ana Yohana Peralta, contra el Juzgado Diecinueve de Familia y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal de Ciudad Bol\u00edvar, ambos de esta capital. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso de radicado 2020-00494-01. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad de Bogot\u00e1 el 4 de octubre de 2018, la Comisaria de familia accionada -con auto del 8 de noviembre de 2018- dio apertura de investigaci\u00f3n a favor de Yeny Jimena y Lina Mayerly M\u00e9ndez Peralta2, hijas de la gestora. A su vez, dispuso como medida provisional de restablecimiento de derechos a favor de las adolescentes, la ubicaci\u00f3n en medio familiar y la conformaci\u00f3n de hogar gestor, de acuerdo con la situaci\u00f3n de discapacidad de las menores. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 14 de mayo de 2019, la autoridad administrativa prorrog\u00f3 el proceso de restablecimiento por el t\u00e9rmino de seis meses. <\/p>\n
2.3. El 5 de noviembre de 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar orden\u00f3 remitir el expediente a los estrados judiciales (reparto), por perdida de competencia. <\/p>\n
2.4. Surgido el conflicto de competencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado -con providencia del 27 de octubre de 2021- declar\u00f3 competente al Juzgado accionado para seguir conociendo del PARD. <\/p>\n
2.5. En raz\u00f3n a ello, la autoridad censurada -con providencia del 22 de marzo de 2022-3, previo el tr\u00e1mite legal, decret\u00f3 el cierre definitivo del proceso administrativo de las adolescentes, ubic\u00e1ndolas en medio familiar con su progenitora. Decisi\u00f3n que en el sentir de la accionante las dej\u00f3 sin el pago del bono de hogar. Dicha providencia fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue rechazado con prove\u00eddo del 8 de abril de 20224. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se deje sin efectos la providencia del 22 de marzo de 2022. Por lo tanto, que se ordene la reapertura del hogar gestor y se le conceda la alzada impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, luego de relatar sus actuaciones, inform\u00f3 que la decisi\u00f3n del 22 de marzo de 2022, en la que dispuso el cierre definitivo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor las adolescentes y la permanencia de las mismas en medio familiar con su madre, la adopt\u00f3 \u00aben consideraci\u00f3n a que se acredit\u00f3 que los derechos fundamentales a la salud, educaci\u00f3n y a la protecci\u00f3n de las mencionadas adolescentes se encuentran garantizados, de conformidad con los informes emitidos por los profesionales del Centro Zonal \u2013 Ciudad Bol\u00edvar, luego, porque bien pudo corroborarse que actualmente no se evidencian factores de riesgo que conlleven a continuar con el tr\u00e1mite de seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por la autoridad administrativa en favor de L.M.M.P. Y Y.J.M.P\u00bb. Por lo tanto, solicit\u00f3 que \u00abse niegue la presente acci\u00f3n constitucional, como quiera que las determinaciones adoptadas por este Despacho se ajustan a derecho y a las normas que regulan la materia\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del I.C.B.F, regional Bogot\u00e1 Centro Zonal Ciudad Bol\u00edvar, remiti\u00f3 las actuaciones realizadas e inform\u00f3 que en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado accionado en fallo del 22 de marzo de 2022, procedi\u00f3 al cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, con medida hogar gestor a favor de las adolescentes, mediante resoluci\u00f3n del 27 de abril del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3. Natalia Espa\u00f1a Paz, Defensora de Familia \u2013 Coordinaci\u00f3n de Protecci\u00f3n del I.C.B.F. regional Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que \u00abla Secretaria Distrital de Integraci\u00f3n Social, realiz\u00f3 la oferta de sus servicios a la progenitora de las ni\u00f1as, quien la rechaz\u00f3, sin entender, que la medida de restablecimiento de derechos impuesta a sus hijas, reviste de una transitoriedad, por lo cual, querer hacerla p\u00e9trea, ir\u00eda en contrav\u00eda de los dem\u00e1s ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en condici\u00f3n de discapacidad que requieren la constituci\u00f3n de un \u201cHogar Gestor\u201d, por tener sus derechos amenazados o vulnerados\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia designada ante el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, destac\u00f3 que \u00abla finalizaci\u00f3n del programa hogar gestor no implica la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de las adolescentes, dado que se constat\u00f3 la cobertura, en servicios educativos y salud, aunado al hecho que reciben un aporte econ\u00f3mico por parte de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social para alimentos\u00bb. Motivo por el cual solicit\u00f3 que se niegue el amparo. <\/p>\n
5. Javier Alberto Silva, Defensor de Familia adscrito a los Juzgados, asever\u00f3 que la solicitud de amparo es improcedente pues \u00abSolo cuando se han agotado todos y cada uno de los medios o recursos impuestos proceder\u00eda la interposici\u00f3n del mecanismo de tutela solo como medio subsidiario a fin de precaver la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos de los administrados; de lo contrario este deber\u00eda rechazarse por improcedente, record\u00e1ndole al actor que debe acudir obligatoriamente a los medios impuestos por la legislaci\u00f3n superior para defender el inter\u00e9s presuntamente vulnerado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado. Para ello, despu\u00e9s de transcribir algunos apartes del prove\u00eddo de segunda instancia, consider\u00f3 que \u00abel Juez demandado, en la decisi\u00f3n de 22 de marzo de 2022, verific\u00f3 que se dieran las circunstancias para la separaci\u00f3n de los j\u00f3venes del hogar gestor, sin que se generara para ellas una vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues cuentan con la prestaci\u00f3n del servicio de salud, la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social le otorga al n\u00facleo familiar un bono canjeable por alimentos, la Defensor\u00eda demandada ofici\u00f3 al SENA y al Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de que la actora fuera orientada para la activaci\u00f3n de servicios educativos y para la obtenci\u00f3n de un subsidio de vivienda; tambi\u00e9n dentro del tr\u00e1mite se han realizado las gestiones para que la accionante inicie un proyecto productivo, la cual se ha mostrado renuente a ello, porque \u201cno se encuentra interesada en llevar a cabo la ejecuci\u00f3n de un proyecto productivo, ya que no cuenta con el tiempo para desarrollarlo\u201d; por otro lado, es importante destacar que la actora figura como copropietaria del inmueble en donde habita el n\u00facleo familiar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo en los mismos argumentos planteados en el escrito inicial, aleg\u00f3 que el bono de hogar es vital para cubrir las necesidades de sus hijas. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la libelista, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 22 de marzo de 2022, con el cual se decret\u00f3 el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de sus hijas. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que el Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 -con providencia del 22 de marzo de 2022-, al decretar el cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de las adolescentes, luego de invocar los art\u00edculos 18 y 52 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 1 de la Ley 1878 de 2018, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a adoptar su decisi\u00f3n. Para ello, Una vez revisadas las pruebas recaudadas de cara a las normas aplicables, encontr\u00f3 que \u00ab\u2026mediante Resoluci\u00f3n No. 051 de 8 de noviembre de 2018, se dispuso la constituci\u00f3n de Hogar Gestor por discapacidad y apoyo econ\u00f3mico para las adolescentes L.M.M.P. y Y.J.M.P., en el cual se ha otorgado mensualmente una cuota monetaria para la manutenci\u00f3n de las j\u00f3venes y se ha informado a la progenitora A.Y.P., para su posible inclusi\u00f3n en un proyecto productivo que permita continuar solventando las necesidades propias de sus hijas, quienes como ya se ha indicado, se encuentran en situaci\u00f3n de discapacidad y requieren de ayuda especializada para la garant\u00eda de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, destac\u00f3 que el objetivo principal del hogar gestor para el restablecimiento de derechos consiste en \u00abbrindar herramientas de fortalecimiento a la familia como entorno protector y gestor del desarrollo integral de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, y de esta manera empoderar y fortalecer a las familias a trav\u00e9s de la identificaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n a sus redes de apoyo, promoviendo as\u00ed la inclusi\u00f3n de \u00e9stos en los servicios institucionales, sociales y comunitarios de la localidad, comuna o municipio\u00bb <\/p>\n
Para el presente asunto, advirti\u00f3 que \u00ab\u2026a la fecha se encuentran garantizados los derechos fundamentales de L.M.M.P. y Y.J.M.P., las cuales est\u00e1n bajo el cuidado y protecci\u00f3n de su progenitora A.Y.P., quien ejerce en debida forma su rol de garante y protector como madre. Adem\u00e1s, se acredit\u00f3 que las adolescentes tienen garantizados sus derechos a una vivienda digna, a la educaci\u00f3n al estar vinculada Y.J.M.P. al programa de aulas especializadas en el colegio Le\u00f3n de Greiff en el horario de la ma\u00f1ana, y L.M.M.P., por su discapacidad no cuenta con vinculaci\u00f3n escolar, sin embargo recibe asistencia por parte de la EPS con terapias domiciliarias autorizadas, y, a la salud al estar recibiendo por parte de MEDIM\u00c1S EPS el tratamiento y medicamentos correspondientes, teniendo en cuenta su condici\u00f3n de discapacidad\u00ab. Aunado a lo anterior, resalt\u00f3 que \u00abmensualmente la progenitora percibe un bono otorgado por la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social, por valor de $180.000,oo los cuales son canjeables por alimentos; por lo que, actualmente no se evidencian factores de riesgo que conlleven a continuar con el presente tr\u00e1mite de seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas por la autoridad administrativa\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, frente a la manifestaci\u00f3n realizada por la quejosa relacionada con la necesidad de la vinculaci\u00f3n al programa hogar gestor con fundamento en solventar las necesidades diarias de sus hijas por no contar con una red de apoyo familiar que le permita acceder a un trabajo, siendo ella quien ejerce el cuidado de las mismas, precis\u00f3 que \u00abpor parte del ICBF se han efectuado las gestiones correspondientes a efectos de lograr la vinculaci\u00f3n de la progenitora a un proyecto productivo frente a lo cual se ha mostrado renuente indicando que, \u201cno se encuentra interesada en llevar a cabo la ejecuci\u00f3n de un proyecto productivo, ya que no cuenta con el tiempo para desarrollarlo\u201d.\u00bb <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abcomo quiera que la Ley dispone una duraci\u00f3n determinada para la modalidad de Hogar Gestor, la cual no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo, y teniendo en cuenta la poca o nula disposici\u00f3n de la se\u00f1ora A.Y.P., en vincularse en alg\u00fan proyecto productivo, no obstante, acredit\u00e1ndose que en este asunto ya se han movilizado varias de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dado que una de las adolescentes se encuentra vinculada a una instituci\u00f3n educativa perfilada para su condici\u00f3n de discapacidad; adem\u00e1s que la progenitora actualmente recibe un bono alimenticio por parte de la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social, luego, que la autoridad administrativa remiti\u00f3 comunicaci\u00f3n al SENA y al Fondo Nacional del Ahorro, a fin de buscar la orientaci\u00f3n y acompa\u00f1amiento de la progenitora en la posible activaci\u00f3n de servicios educativos y de subsidio de vivienda, que, en consecuencia, el Despacho ordenar\u00e1 el cierre del proceso de restablecimiento de derechos respecto a L.M.M.P. y Y.J.M.P\u00bb. <\/p>\n
2.3. No obstante, lo anterior, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las adolescentes resolvi\u00f3 ordenar \u00abal ICBF Centro Zonal de Ciudad Bol\u00edvar en atenci\u00f3n a los dispuesto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 3 de la ley 1878 de 2018, que modific\u00f3 el art\u00edculo 99 de la ley 1098 de 2006, que se\u00f1ala: \u201c(\u2026). PAR\u00c1GRAFO 2. En los casos de inobservancia de derechos, la autoridad administrativa competente deber\u00e1 movilizar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, dictando las \u00f3rdenes espec\u00edficas para garantizar los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes de manera que se cumplan en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas. (\u2026)\u201d, realizar las gestiones necesarias para que se movilice la totalidad de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a fin de que se efectu\u00e9 la valoraci\u00f3n respectiva y se vincule a las adolescentes L.M.M.P. y Y.J.M.P. en todos los programas que existan para personas con discapacidad de acuerdo a su condici\u00f3n de salud y la situaci\u00f3n particular tanto de las j\u00f3venes como de su hogar, en aras de continuar garantizando un proyecto de vida estable, as\u00ed como sus derechos fundamentales de alimentaci\u00f3n, vivienda, educaci\u00f3n y recreaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Frente a la gesti\u00f3n efectuada por el Despacho tocante con la ubicaci\u00f3n del progenitor de las adolescentes, aclar\u00f3 que \u00abuna vez efectuada la consulta en el sistema ADRES, el mismo se encuentra activo en el Sistema de Seguridad Social en Salud en el r\u00e9gimen subsidiado y afiliado en MEDIMAS EPS S.A.S., por lo que, dado el tr\u00e1mite especial y expedito que se adelanta en este asunto y como quiera que dentro del t\u00e9rmino de seguimiento no fue posible efectuar la vinculaci\u00f3n del progenitor a este proceso, en garant\u00eda del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se conminara a la se\u00f1ora A.Y.P., para que, de requerirlo, inicie las acciones administrativas o judiciales correspondientes, a efectos de obtener el cumplimiento de las obligaciones alimentarias paterno-filiales, para lo cual podr\u00e1 solicitar la respectiva asesor\u00eda y apoyo en la autoridad administrativa del lugar de domicilio o de la Defensor\u00eda del Pueblo respectiva\u00bb. Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben el evento de presentarse nuevos hechos que pongan en situaci\u00f3n de riesgo o vulneraci\u00f3n de derechos a L.M.M.P. y Y.J.M.P., dicha situaci\u00f3n deber\u00e1 ser puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes, con el fin de dar apertura a un nuevo proceso administrativo de restablecimiento de derechos y adoptar las determinaciones que en derecho correspondan sobre el particular\u00bb <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.5 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido y de una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionadas -en el desarrollo de sus facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada por improcedencia de la acci\u00f3n. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-9. Anexo 03EscritodeTutela.pdf <\/p>\n
2\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Folio 16-31. Anexo 03EscritodeTutela.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 12-14. Anexo 03EscritodeTutela.pdf <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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