STC8278-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8278-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68679-22-14-000-2022-00012-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que neg\u00f3 el amparo promovido por Orlando Melgarejo Herrera, Oscar Leonardo Chaparro Triana y Alba Janeth Mu\u00f1oz Rodr\u00edguez en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores demandaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada en el proceso 2019-00026 y el tr\u00e1mite ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n de radicado 2021-00126. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y del escrito de tutela se establece que, en el proceso de responsabilidad social 2019-00026 promovido por la Cooperativa Multiactiva del Fonce Ltda. -Cohilados del Fonce Ltda-. en contra de los aqu\u00ed accionantes y otros, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil profiri\u00f3 sentencia el 11 de diciembre de 2020, en la que los demandados, como miembros del Consejo Directivo de la Cooperativa demandante, fueron declarados responsables de unos perjuicios por la compra de un predio, fallo que se confirm\u00f3 el 16 de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal de la misma ciudad. <\/p>\n
El 1 de octubre de 2021, la parte demandante solicit\u00f3 libar mandamiento de pago y, el 28 de octubre siguiente, el Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil se declar\u00f3 impedido para continuar conociendo el proceso 2019-00026, por cuanto, en un proceso ejecutivo que se adelanta en contra suya y de su c\u00f3nyuge, la ejecutante es representada por el abogado Germ\u00e1n Augusto Zambrano Ariza, quien igualmente es mandatario de Oscar Leonardo Chaparro. En consecuencia, dispuso remitir las diligencias al Juzgado Primero Hom\u00f3logo. <\/p>\n
Allegado el expediente, se le asign\u00f3 como nuevo radicado el n\u00famero 2021-00126-00 y, por auto del 26 de noviembre de 2021, ese Despacho acept\u00f3 el impedimento, libr\u00f3 mandamiento de pago y decret\u00f3 medidas cautelares y, el 27 de enero de 2022, dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Ante el memorial presentado por el accionante Orlando Melgarejo Herrera, el Juzgado Primero Civil del Circuito, en providencia del 5 de abril de 2022, deneg\u00f3: i) la solicitud de nulidad deprecada \u00aba partir del auto que acept\u00f3 el impedimento y libr\u00f3 el mandamiento ejecutivo por haberse estructurado la causal de indebida notificaci\u00f3n y porque era el titular del Juzgado Segundo Civil del circuito, quien debi\u00f3 conocer del proceso ejecutivo\u00bb, ii) la petici\u00f3n de levantamiento de las medidas cautelares decretadas contra el mismo demandado y iii) la expedici\u00f3n y\/o entrega de la p\u00f3liza judicial. <\/p>\n
3. Aleg\u00f3 que, para la \u00e9poca en que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia en el proceso 2019-00026 y los autos del 12 de noviembre, del 3 y del 9 de diciembre de 2020 -a trav\u00e9s de los cuales desestim\u00f3 como prueba un concepto de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Santander – CAS-, el juez ya deb\u00eda estar separado del conocimiento del juicio, en virtud del pleito ejecutivo pendiente entre este y el apoderado Zambrano Ariza (68679-31-03-001-2020-00061-00), del cual se hab\u00eda declarado igualmente impedido para conocer el 22 de septiembre de 20201, dado que se dirig\u00eda en su contra y en el que se libr\u00f3 mandamiento el 23 de octubre siguiente, fecha esta \u00faltima desde la que debi\u00f3 manifestar su impedimento para tramitar el juicio 2019-00026. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la sentencia del 11 de septiembre de 2020 y las providencias rese\u00f1adas estaban viciadas, dada la carencia de juez imparcial. <\/p>\n
4. Conforme a lo anterior, inst\u00f3 que se ordene al titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil declararse impedido, para conocer del proceso 2019-00026 desde el 23 de octubre de 2020 y dejar sin efecto las actuaciones del 12 de noviembre, del 3, del 9 y del 11 de diciembre de 2020; adem\u00e1s, que se asigne un juez imparcial. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil inform\u00f3 que el proceso de marras fue objeto de previa tutela, tramitada bajo el radicado 11001-02-03-000-2022-00075-00, declarada improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil manifest\u00f3 que las actuaciones se adelantaron en los t\u00e9rminos de ley y agreg\u00f3 que la presente acci\u00f3n tiene por objeto \u00abhacer decaer la sentencia judicial proferida en primera instancia y confirmada por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, por lo que el mismo est\u00e1 impregnada de legalidad y, las decisiones y ordenes hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada material\u00bb, fallo que, junto con el auto del 28 de octubre de 2021, fueron proferidos hace m\u00e1s de seis meses, esto es, no se cumple con el requisito de inmediatez y tampoco con el de subsidiariedad, por cuanto no fue recusado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el impedimento, por la existencia del proceso ejecutivo en su contra, se configur\u00f3 cuando fue notificado personalmente del mandamiento de pago el 30 de abril de 2021, esto es, con posterioridad a la fecha de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de Coohilados del Fonce Ltda. solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo, por cuanto no cumple con los requisitos de inmediatez y de agotamiento de los recursos judiciales ordinarios, entre otros. <\/p>\n
4. Jam Arley G\u00f3mez Cristancho y quien adujo ser defensor p\u00fablico advirtieron sobre la existencia del auto del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el accionado se declar\u00f3 impedido. <\/p>\n
5. Arley Fernando Pinto Moreno solicit\u00f3 despachar favorablemente las pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, tras advertir que el juez constitucional no puede reemplazar la labor de instancias judiciales, ni revisar decisiones de las que el accionante se separa por ser adversas, dado que son competencia del juez natural y no pueden calificarse como arbitrarias; adem\u00e1s, no puede reabrir el debate culminado con la sentencia de segunda instancia, que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada y en la que los accionantes no recusaron oportunamente al titular, ni hicieron uso de los medios de defensa, incuria que hace improcedente el amparo. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
1. La impulsaron los promotores, quienes, adem\u00e1s de reiterar lo argumentado en el escrito de tutela, solicitaron que se ordene al a quo constitucional tramitar el \u00abconflicto de impedimentos\u00bb en debida forma, pues se remiti\u00f3 a los conjueces, quienes tambi\u00e9n se negaron a avocar el conocimiento, por lo que esta Sala de la Corte debe decidir el conflicto. <\/p>\n
Frente al exigido requisito de subsidiariedad expresaron que s\u00f3lo el titular del Juzgado accionado y el abogado Germ\u00e1n Augusto Zambrano Ariza conoc\u00edan los hechos que generaban la causal de impedimento en el proceso objeto de reproche, por lo que no se le puede obligar a lo imposible en cuanto a la recusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Igualmente present\u00f3 impugnaci\u00f3n el vinculado Arley Fernando Pinto Moreno, quien solicit\u00f3 que se decreten las peticiones que coadyuv\u00f3 en su escrito de contestaci\u00f3n y se observe el debido proceso frente al conflicto de competencia generado entre los magistrados del Tribunal y los conjueces. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden el amparo de sus derechos fundamentales, que consideran vulnerados por la omisi\u00f3n del titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil en manifestar su impedimento para conocer del proceso 2019-00026 desde el 23 de octubre de 2020, lo que, en su sentir, invalida sus actuaciones posteriores, incluida la que descart\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba. <\/p>\n
2. Como se observa, los reparos de los accionantes se concretan en la mencionada omisi\u00f3n del juez convocado de declarase impedido desde cuando se libr\u00f3 mandamiento de pago en contra suya y de su c\u00f3nyuge en el proceso 2020-00061, dado que el abogado Germ\u00e1n Augusto Zambrano Ariza fung\u00eda como apoderado de la all\u00ed ejecutante y al mismo tiempo como representante judicial del demandado Oscar Leonardo Chaparro Triana (aqu\u00ed accionante) en el proceso 2019-00026. <\/p>\n
Pues bien, encuentra la Sala que, de conformidad con lo manifestado por los actores y lo informado por el Despacho acusado, el apoderado del tutelante no recus\u00f3 al titular del Despacho, con la finalidad pretendida a trav\u00e9s de este resguardo constitucional, lo cual torna inviable la tutela, pues no se us\u00f3 el instrumento ordinario contemplado para el efecto. <\/p>\n
2.1. De otro lado, se observa que el accionante Orlando Melgarejo Herrera present\u00f3 una solicitud de nulidad ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, en la que destac\u00f3, entre otros, que \u00abno se encuentra claridad en cuanto, por qu\u00e9 el se\u00f1or Juez Segundo Civil del Circuito de San Gil, se declara impedido para conocer del proceso ejecutivo, cuando los abogados de la parte demandada, han venido actuando desde el inicio del proceso de Responsabilidad Social, Radicado 68679201900026003103002 en contra de mi poderdante, al punto de llegar a emitir fallo de primera instancia, incurriendo flagrantemente en una nulidad de todo lo actuado, por la simple raz\u00f3n de que, conoci\u00f3 del proceso que, origino el proceso ejecutivo, cuando debi\u00f3 declararse impedido, en el momento exacto, que se configuro el impedimento\u00bb, nulidad que fue denegada el 5 de abril de 2022, sin que esta decisi\u00f3n fuera recurrida por los gestores. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De manera que aparece ineludible que estos no agotaron las instancias ordinarias que ten\u00edan a su alcance, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual2. <\/p>\n
2.3. Lo anterior, sin perjuicio de destacar que, si los promotores consideran que el juzgador de la instancia respectiva incurri\u00f3 en \u00abconductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y [cuentan] con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, [est\u00e1n facultados] para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, reiterada en STC6149-2022, rad. 00078-01). <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, en relaci\u00f3n con el cuestionamiento sobre el tr\u00e1mite impartido al impedimento presentado por los magistrados para conocer de la presente acci\u00f3n de tutela, invocando la causal 6 del art\u00edculo 56 del CPP, se advierte que se surti\u00f3 el procedimiento contemplado en el art\u00edculo 140 del CGP, esto es, se manifest\u00f3 el impedimento que fue decidido por los conjueces designados, quienes no aceptaron la declaraci\u00f3n al advertir que lo controvertido no eran las sentencias proferidas en ese tr\u00e1mite, sino el impedimento del juez accionado, por lo que no se observa la irregularidad reprochada. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 120 anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 En cuanto a la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: \u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3846-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
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