STC8279-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00150-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Carmen Sof\u00eda, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad Carlos Manuel1, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero Promiscuo Municipal del Guamo. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Gobernaci\u00f3n y la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Valle del Cauca, al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a la se\u00f1ora Ruth Helena y a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-00306. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que, el 14 de diciembre de 2018, solicit\u00f3 al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio \u2013 Fomag y a la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n Departamental del Valle del Cauca la pensi\u00f3n sustitutiva de sobrevivientes para su hijo, con motivo del fallecimiento de su padre biol\u00f3gico y, el 25 de junio de 2019, la Gobernaci\u00f3n le inform\u00f3 que deb\u00eda acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, dado que estaba en firme la resoluci\u00f3n que le otorgaba la sustituci\u00f3n pensional a la se\u00f1ora Ruth Helena. <\/p>\n
En vista de lo anterior, instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra la entidad territorial y la se\u00f1ora Ruth Helena, que fue negada en primera instancia el 1\u00ba de diciembre de 2021 por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Guamo, decisi\u00f3n que fue confirmada el 7 de febrero de 2022 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las providencias adoptadas en sede constitucional, por incurrir en defectos f\u00e1cticos y procedimentales, en particular, en lo relativo a la necesidad de probar que su hijo tiene derecho a la pensi\u00f3n reclamada y que est\u00e1 ante un perjuicio irremediable y por la competencia territorial para conocer del asunto. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordenara a las autoridades judiciales accionadas que \u00ab[\u2026], en un t\u00e9rmino de 48 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo de tutela\u00bb, se revocaran las decisiones emitidas el 1\u00b0 de diciembre de 2021 y el 7 de febrero de 2022 en la tutela de radicado 2021\u201300306\u201300 y se \u00absirvan dar cumplimiento en derecho realizando las anotaciones de rigor, para as\u00ed seguir con el normal tramite del proceso\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal del Guamo enfatiz\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada no fue contraria a derecho ni producto de un actuar fraudulento, por lo que, a la luz de lo contemplado en la SU-627 de 2015, la tutela no era viable. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito del Guamo pidi\u00f3 negar el amparo, por improcedente, pues se pretende cuestionar una decisi\u00f3n emitida en un proceso de igual naturaleza, en el que no se vulneraron los derechos fundamentales reclamados. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca manifest\u00f3 que, en el presente caso, es \u00abevidente que estamos frente a una acci\u00f3n de tutela contra una sentencia de tutela, cuyas pretensiones ya fueron debatidas y decididas por el juez constitucional\u00bb; adem\u00e1s, que no se cumpl\u00edan los requisitos exigidos en la sentencia C-590\/2005. <\/p>\n
4. Fiduprevisora, como vocera del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio \u2013Fomag, indic\u00f3 que el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela \u00abpor v\u00eda de hecho exige para el accionante la fundamentaci\u00f3n de causales gen\u00e9ricas y espec\u00edficas de procedibilidad, las cuales no est\u00e1n llamadas a ser deducidas por el juez de tutela y por eso, deben ser expuestas de manera n\u00edtida por el accionante\u00bb, motivo por el cual solicit\u00f3 declarar su improcedencia. Tambi\u00e9n reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente para controvertir providencias de igual naturaleza, pues la actora cuenta, para el efecto, con la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional; adem\u00e1s, que la decisi\u00f3n cuestionada no fue producto de un acto fraudulento. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n impetrada, enfatizando que est\u00e1n en discusi\u00f3n los derechos fundamentales de un menor de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la promotora, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, pretende el amparo de las garant\u00edas fundamentales reclamadas, que considera vulneradas con los fallos proferidos en la acci\u00f3n constitucional 2021-00306. <\/p>\n
2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia de la tutela para refutar sentencias o actuaciones de la misma \u00edndole, puesto que, para ello, existen otros mecanismos, como la impugnaci\u00f3n, la eventual revisi\u00f3n y la solicitud de insistencia ante la Corte Constitucional, dado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto\u00bb (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
2.1. En este caso, la tutela debatida fue radicada en la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, el 9 de mayo de 2022 y est\u00e1 pendiente del tr\u00e1mite pertinente2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la interesada, \u00absi lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello\u00bb (CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, reiterada en CSJ STC6763-2020, 3 sept., rad. 2020-00058-01), de manera que la parte a\u00fan cuenta con otros mecanismos de defensa para rebatir las decisiones cuestionadas. En efecto, ha dicho la Sala que \u00ab\u2026lo que corresponde [es] perseguir la revisi\u00f3n de la sentencia dictada, siendo que [de no ser] seleccionada para tal efecto, en todo caso, ah\u00ed est[\u00e1] la posibilidad de insistencia que regula el art. 33 del Decreto 2591 de 1991 [m\u00e1xime] que, conforme as\u00ed est\u00e1 determinado en la citada norma, \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte [Constitucional], o el Defensor del Pueblo\u2019 pueden deprecar la anotada \u2018revisi\u00f3n\u2019, posibilidad a la que bien puede recurrir el querellante, as\u00ed como a la mentada \u2018insistencia\u2019\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2013, rad. 00191-01, reiterada, entre otras, en la sentencia STC6763-2020, 3 sep. 2020). <\/p>\n
2.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que s\u00f3lo en particulares situaciones es procedente la tutela dirigida contra una decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n, siempre que, habi\u00e9ndose agotado los dem\u00e1s mecanismos de revisi\u00f3n, se advierta que las sentencias fueron producto de un hecho de fraude; al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026) <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que, adem\u00e1s de existir otro medio de defensa, de las manifestaciones y de las pruebas aportadas no se evidencia que las decisiones atacadas se produjeron como consecuencia de una actuaci\u00f3n corrupta que conduzca por esa v\u00eda a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, todo lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
2.3. Lo anterior, sumado a que no es el juez de tutela el llamado a definir un aspecto pensional como el pretendido en nombre del hijo de la tutelante, pues, para el efecto, deben surtirse los procedimientos judiciales pertinentes, dado que la tutela no es un instrumento contemplado para sustituir al juez natural ni para reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 T8725802. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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