STC8281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8281-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00632-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de abril de 20221 dictado por la Sala hom\u00f3loga en lo Penal, en la tutela promovida por Carlos Isaac Zuluaga Jim\u00e9nez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 54 Penal del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en proceso penal n\u00b011001600001520210176100. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, porque fue aprobado de forma irregular el preacuerdo presentado por la fiscal\u00eda, el 18 de agosto de 2021, y materializado en la sentencia condenatoria de fecha 15 de septiembre del mismo a\u00f1o por el Juzgado 54 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que el 15 de septiembre de 2021 fue condenado a 54 meses de prisi\u00f3n sin beneficio de prisi\u00f3n domiciliaria, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 la defensa y fue confirmada por el Tribunal (10 dic. 2021). Su reproche radic\u00f3 en que el juzgador en la audiencia del 18 de agosto de 2021 omiti\u00f3 validar su manifestaci\u00f3n del preacuerdo presentado, lo que vulner\u00f3 su derecho a una \u00abdefensa t\u00e9cnica y jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Los funcionarios de instancia y el Ministerio P\u00fablico resistieron los anhelos. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el amparo, al considerar que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad porque el actor \u00abno promovi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb y, adem\u00e1s, cont\u00f3 con la asistencia jur\u00eddica de una profesional del derecho, lo que garantiz\u00f3 su defensa t\u00e9cnica, al interponer recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, para la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
4. El libelista recurri\u00f3 fincado en argumentos similares a los inicialmente expuestos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Revisado el plenario, pronto se advierte que el ruego no puede abrirse paso y, por tanto, debe prohijarse el veredicto confutado al observarse la falta de subsidiariedad que impide el estudio de fondo de lo planteado. <\/p>\n
Ello, porque si el promotor entiende que la determinaci\u00f3n reprochada vulner\u00f3 su derecho a la defensa t\u00e9cnica y jur\u00eddica, estaba habilitado para interponer el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb contra el veredicto del Tribunal, herramienta id\u00f3nea dispuesta por el legislador para plantear sus discrepancias en ese proceso y de la que no hizo uso, sin que sean de recibo las excusas planteadas en la impugnaci\u00f3n, en el sentido que la profesional del derecho contratada no lo hizo por la complejidad para sustentarlo, y \u00e9l no tuvo conocimiento de las actuaciones procesales permitidas por la ley, porque solo tiene hasta quinto de primaria. <\/p>\n
Por consiguiente, resulta claro que el libelista no hizo uso del aludido medio de impugnaci\u00f3n contra el veredicto de segundo grado que estima transgredi\u00f3 sus garant\u00edas constitucionales, pese a que era el mecanismo id\u00f3neo y eficaz para obtener un pronunciamiento del juzgador en relaci\u00f3n con las censuras de las cuales ahora extra\u00f1a una soluci\u00f3n; incuria que resulta imposible subsanar por esta v\u00eda especial, dada su naturaleza residual y subsidiaria. <\/p>\n
En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional, <\/p>\n
\u00ab[ (\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC3579-2020, memorada en STC8092-2021). <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con los motivos que expuso para justificar la inactividad en la presentaci\u00f3n del recurso, debe anotarse que la presunta gesti\u00f3n desatinada de la togada no legitima a las partes para controvertir las decisiones judiciales adversas ni sirve de excusa de los eventuales descuidos ya que era deber de la defensa estar atenta al desarrollo del proceso, lo que no hizo, dejando al azar las resultas del mismo, por lo que no puede pretender el accionante la anulaci\u00f3n de las etapas suscitadas cuando no se vislumbra la lesi\u00f3n invocada, pues en cada una de las diligencias estuvo representado por una profesional en derecho, quien abog\u00f3 por la protecci\u00f3n de sus prerrogativas y garant\u00edas procesales que le eran propias, as\u00ed como la presencia del Ministerio P\u00fablico. Al margen, el actor pudo solicitar la asistencia de la defensor\u00eda p\u00fablica para que su caso fuera llevado a casaci\u00f3n, pero de las pruebas adosadas se advierte que no lo hizo. <\/p>\n
En este aspecto, la Corte dijo: <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017, CSJ STC265-2020, CSJ STC STC3173-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deber\u00e1 convalidarse la resoluci\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 12 de mayo de 2022, no obstante, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 31 de mayo. <\/p>\n
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