STC8282-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8282-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00721-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de abril de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida, mediante apoderado, por Pedro Manuel Ortega Silvera contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia, al Juzgado 2\u00ba Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de radicado 63001310500220120027200. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Corporaci\u00f3n Deportes Quind\u00edo (hoy Deportes Quind\u00edo S.A.) y la Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo que fue terminado injustamente, dado que se encontraba en incapacidad para laborar, y que las condenara al pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injusto, as\u00ed como de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, entre otros. <\/p>\n
2.2. El Juzgado 2\u00b0 Laboral del Circuito de Armenia acept\u00f3 la transacci\u00f3n que \u00e9l hab\u00eda celebrado con la Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior sobre las pretensiones de la demanda dirigidas en su contra y declar\u00f3 terminado el proceso \u00fanicamente respecto de aquella. De otro lado, declar\u00f3 la existencia del contrato laboral con la otra de las accionadas y que el mismo hab\u00eda sido terminado sin la autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo, requisito indispensable en virtud de la discapacidad del empleado, por lo que la conden\u00f3 al pago de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 y la absolvi\u00f3 respecto de las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
2.3. El 14 de agosto de 2014, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Armenia modific\u00f3 la sentencia del a quo, para adicionar la condena a la indemnizaci\u00f3n por despido injusto del art\u00edculo 64 del CST. <\/p>\n
2.4. El 4 de agosto de 20211, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por la Corporaci\u00f3n Deportes Quind\u00edo y cas\u00f3 la sentencia atacada; en consecuencia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, por la transacci\u00f3n suscrita entre las partes, y la absolvi\u00f3 de la indemnizaci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
2.5. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por no realizar una adecuada valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados al proceso, en especial, del convenio deportivo, con lo cual le otorg\u00f3 \u00abun alcance indebido al art\u00edculo 35 de la Ley 181 de 1995, puesto que dicha norma determina que los convenios no tienen incidencia en los contratos de trabajo celebrados entre los deportistas y las organizaciones deportivas\u00bb y, en esa medida, no era posible concluir que \u00abla Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior era solidariamente responsable de las obligaciones laborales contra\u00eddas por la Corporaci\u00f3n Quind\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que celebr\u00f3 dos contratos de trabajo, uno con cada Corporaci\u00f3n accionada, y que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al suponer \u00abuna estipulaci\u00f3n que no estaba contemplada dentro del convenio deportivo\u00bb, exoner\u00f3 \u00abde las obligaciones laborales que tiene Quind\u00edo S.A. [\u2026], por concepto de despido injustificado, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia CSJ SL4358-2021 del 4 de agosto de 2021 y que se ordene proferir una nueva decisi\u00f3n, en la cual se realice una debida valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que la determinaci\u00f3n fue dictada por el m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral con estricto apego a la ley, de forma tal que, \u00abaunque contraria a los intereses del petente, no puede ser objeto de confrontaci\u00f3n en sede de tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Deportes Quind\u00edo S.A. manifest\u00f3 que el actor pretende rebatir, \u00aba trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, los argumentos que present\u00f3 DEPORTES QUIND\u00cdO S.A. en la demanda de casaci\u00f3n, (\u2026) alegatos que se abstuvo de formular cuando la Corte le dio traslado (\u2026), guardando silencio, [con lo] cual busca suplir con toda su exposici\u00f3n ante las instancias constitucionales\u00bb, raz\u00f3n por la que requiri\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior se refiri\u00f3 a la transacci\u00f3n celebrada con el accionante y reiter\u00f3 lo dicho en la contestaci\u00f3n presentada en el proceso atacado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que la determinaci\u00f3n cuestionada no era \u00abcaprichosa o arbitraria, sino que, por el contrario, fue adoptada de manera razonable y est\u00e1 justificada en las pruebas obrantes\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que no fueron analizados \u00abni los argumentos del accionante, ni los medios de prueba identificados en el escrito de tutela, para efectos de determinar si ocurri\u00f3 o no un defecto f\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 4 de agosto de 2021, que cas\u00f3 el fallo dictado el 14 de agosto de 2014, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Ahora bien, de las actuaciones procesales allegadas, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la Corporaci\u00f3n Deportes Quind\u00edo, hoy Deportes Quind\u00edo S.A., expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) que el contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo celebrado con la demandada inici\u00f3 el 21 de enero y finaliz\u00f3 el 21 de diciembre de 2009 y que el aviso de terminaci\u00f3n se dio el 20 de noviembre de 2009; ii) que el demandante sufri\u00f3 dos accidentes de trabajo los d\u00edas 17 octubre y 25 de noviembre de 2009, los cuales fueron reportados a la ARL; iii) que fue valorado por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Risaralda con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 14,05%, de origen profesional, con fecha de estructuraci\u00f3n del 17 de octubre 2009. <\/p>\n
Seguidamente, al analizar el Convenio deportivo junto con los contratos de trabajo suscritos entre las partes, estableci\u00f3 que el cargo de casaci\u00f3n estaba fundado, pues evidenci\u00f3 que frente al acuerdo celebrado con la Corporaci\u00f3n Junior el Tribunal no observ\u00f3 que este \u00abdemostraba una relaci\u00f3n laboral deportiva primigenia, a t\u00e9rmino fijo, por doce meses, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2009, para el desempe\u00f1o como jugador profesional. Igualmente, que, en ese contrato, las partes acordaron la exclusividad de la prestaci\u00f3n de los servicios del trabajador como jugador profesional de f\u00fatbol y en todas las labores anexas y complementarias que se le indicaran por sus representantes o superiores. Adicionalmente, se convino que este contrato es aut\u00f3nomo e independiente en relaci\u00f3n con cualquier otro v\u00ednculo jur\u00eddico existente entre los contratantes\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en cuanto al contrato suscrito con la Corporaci\u00f3n Quind\u00edo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfue una relaci\u00f3n a t\u00e9rmino fijo, por 11 meses, desde el 21 de enero al 21 de diciembre de 2009, lo que no es objeto de controversia en casaci\u00f3n, acredit\u00f3 que este periodo est\u00e1 comprendido dentro de la vigencia del contrato primitivo celebrado con el Junior. As\u00ed, el Tribunal pas\u00f3 por alto que, de no haberse concedido la licencia por el Junior, el actor no hab\u00eda podido prestar los servicios al Quind\u00edo, pues con aquel hab\u00eda contratado la prestaci\u00f3n de sus servicios deportivos de manera exclusiva\u00bb; asimismo, encontr\u00f3 que se hab\u00eda estipulado que dicho contrato \u00abfue celebrado de conformidad con los requisitos m\u00ednimos de la ley colombiana, la circular de la FIFA No. 1171 de 2008 y lo dispuesto por la FIFA para estos efectos. Se acord\u00f3 tambi\u00e9n la exclusividad de la prestaci\u00f3n de los servicios del actor como jugador para el Quind\u00edo, [\u2026], y que no se pod\u00eda ceder el contrato de trabajo, en tanto que, en el convenio deportivo, se pact\u00f3 que Deportes Quind\u00edo no pod\u00eda transferir los derechos del jugador a ning\u00fan otro club, salvo que, para hacerlo, estuviera de acuerdo el Junior\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, al revisar el Estatuto del jugador de la Federaci\u00f3n Colombiana de F\u00fatbol y la respuesta emitida por Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, afirm\u00f3 que dichos documentos acreditaban que Coldeportes \u00abinform\u00f3 al Tribunal que el club profesional con el cual el jugador profesional tenga firmado un contrato de trabajo ser\u00e1 el propietario de los derechos deportivos y, si no hay contrato, ser\u00e1 el mismo jugador el titular de sus derechos deportivos, de conformidad con los arts. 32 y 34 de la Ley 181 de 1995 y la sentencia C-320 de 1997. Como tambi\u00e9n que el ejercicio de los derechos deportivos debe contar con el consentimiento del jugador y no se puede desmejorar su situaci\u00f3n laboral, conforme a la misma sentencia\u00bb. <\/p>\n
Y, tras valorar la transacci\u00f3n suscrita por el accionante, el convenio deportivo y los contratos de trabajo, estableci\u00f3 que, en efecto, el Tribunal no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis adecuado de los mismos, toda vez que no observ\u00f3 que la aqu\u00ed recurrente aleg\u00f3 que \u00absus obligaciones dejaron de existir con esa transacci\u00f3n, con fundamento en el convenio deportivo y bajo el supuesto de que la protecci\u00f3n a la estabilidad laboral reforzada era una sola prestaci\u00f3n en la contrataci\u00f3n del actor por las dos corporaciones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que al configurarse el error por parte del Tribunal en la valoraci\u00f3n del material probatorio allegado al proceso y que dicho an\u00e1lisis determin\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n, era procedente casar el fallo atacado; en consecuencia, dict\u00f3 la sentencia de instancia, en la que revoc\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n emitida en primera instancia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de extinci\u00f3n por transacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a garantizar la estabilidad laboral reforzada en cabeza de la demandada -Deportes Quind\u00edo- y la absolvi\u00f3 de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
3.2. En sustento, analiz\u00f3 los convenios sobre la transferencia de derechos deportivos a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo en cuanto al f\u00fatbol colombiano y precis\u00f3 que estos \u00abson acuerdos que se hacen entre las corporaciones deportivas y el jugador con el objeto de transferir o ceder temporalmente los derechos deportivos de este\u00bb, resaltando que los mismos: <\/p>\n
\u00abb) [\u2026] no hacen parte del contrato de trabajo, pero, a falta de regulaci\u00f3n en el estatuto del trabajo, sirven para definir la responsabilidad de los empleadores deportivos de cara a las obligaciones laborales; y tales convenios no pueden coartar la libertad de trabajo de los jugadores, ni los derechos laborales (en concordancia con \u00falt. inc. Art. 53 C) c) Los derechos deportivos (objeto de la transferencia en pr\u00e9stamo que se acuerda en esta clase de convenios) no pueden existir en cabeza de una corporaci\u00f3n deportiva sin un contrato de trabajo con el jugador. <\/p>\n
d) El deportista presta los servicios deportivos a quien tenga la titularidad de los derechos deportivos o el ejercicio temporal de esos derechos. e) En la transferencia o cesi\u00f3n de los derechos deportivos a t\u00edtulo de pr\u00e9stamo, habr\u00e1 tambi\u00e9n cesi\u00f3n temporal de la totalidad de la prestaci\u00f3n del servicio del jugador. Para llevar a cabo esto, se suspende la prestaci\u00f3n del servicio para la corporaci\u00f3n cedente junto con el correlativo pago de los derechos laborales, y el trabajador pasa a prestar temporalmente los servicios deportivos a la corporaci\u00f3n cesionaria, quien asume los derechos y obligaciones laborales frente al deportista. f) Cuando termina la transferencia o cesi\u00f3n temporal de los derechos deportivos, el contrato de trabajo del jugador con el club cesionario termina por el vencimiento de su plazo y el jugador inmediatamente debe regresar al club cedente y propietario de sus derechos deportivos. g) El ejercicio de los derechos deportivos consiste en la facultad de su titular de registrar, inscribir o autorizar la actuaci\u00f3n del jugador respectivo, conforme a las normas de la federaci\u00f3n correspondiente\u00bb. <\/p>\n
Con base en las circunstancias mencionadas, concluy\u00f3 que \u00abla corporaci\u00f3n y empleadora cesionaria, en este caso, Deportes Quind\u00edo, tiene la legitimaci\u00f3n por la parte pasiva para ser llamada a responder por las pretensiones indemnizatorias del actor por estabilidad laboral reforzada, por la p\u00e9rdida de la capacidad laboral estructurada en vigencia del contrato de trabajo para con ella. En tanto que la corporaci\u00f3n cedente tambi\u00e9n tiene esa legitimaci\u00f3n en virtud de la responsabilidad solidaria propia de las transferencias de derechos deportivos, en modo de pr\u00e9stamo\u00bb, enfatizando que no era viable acceder a lo pretendido por el se\u00f1or Ortega Silvera, toda vez que la transacci\u00f3n que este hab\u00eda celebrado con la Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior extingui\u00f3 esa obligaci\u00f3n laboral pretendida a cargo de la demandada Deportes Quind\u00edo S.A. <\/p>\n
Al respecto, adujo que \u00abfrente a la transferencia de los derechos deportivos a modo de pr\u00e9stamo se presenta una relaci\u00f3n laboral triangular que comprende dos relaciones laborales con unidad de prestaci\u00f3n de servicios deportivos, lo que a su vez genera unidad de derechos laborales, los cuales constituyen obligaciones solidarias entre los clubes cedente y cesionario, la consecuencia jur\u00eddica de cara al presente caso es que el actor solo ten\u00eda una garant\u00eda a la estabilidad laboral reforzada por p\u00e9rdida de capacidad laboral que se estructur\u00f3 durante la ejecuci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral con la cesionaria\u00bb. <\/p>\n
4. De lo referido, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida a la luz de la normatividad aplicable y las probanzas allegadas, acorde con las cuales la Sala accionada concluy\u00f3 que deb\u00edan salir avante los argumentos de la recurrente, que no estaba obligada a solicitar la autorizaci\u00f3n administrativa para preavisar el contrato y que la transacci\u00f3n que celebr\u00f3 el actor con la Corporaci\u00f3n Popular Deportiva Junior puso fin a las pretensiones sobre estabilidad laboral reforzada, por lo que era pertinente absolverla de la indemnizaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Estudiada la decisi\u00f3n censurada, para la Sala las razones con las que la parte accionante recrimina la actuaci\u00f3n judicial tienen como sustento un disentimiento particular frente a los argumentos que la Hom\u00f3loga Laboral tuvo en cuenta para resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. En ese sentido, debe recordarse que las inconformidades de las partes frente a las decisiones adoptadas no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
4.1. As\u00ed, en punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC1161- 2021)2. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, se resalta que la tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio, pues, sobre la \u00abvaloraci\u00f3n probatoria\u00bb, la Sala ha establecido, entre m\u00faltiples decisiones, verbigracia, CSJ STC6666-2019, May. 28 de 2019, rad. 2019-00592-01, que <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u00bb. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Decisi\u00f3n notificada el 1 de octubre de 2021. <\/p>\n
2\u0002 En t\u00e9rminos similares, la Sala ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514- 01, reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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