STC8284-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8284-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que neg\u00f3 el amparo reclamado por HAF ARQUITECTOS S.A.S., en liquidaci\u00f3n, contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La referida sociedad instaur\u00f3 demanda declarativa de nulidad absoluta de contrato contra Diego Isidro Mercado Pacheco y \u00c1ngela Mar\u00eda Reyes Mu\u00f1oz, que correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, el cual, mediante providencia del 18 de agosto de 2021, la admiti\u00f3 y dispuso la notificaci\u00f3n a los accionados, de conformidad con lo previsto en \u00ablos art\u00edculos 8 del decreto 806 del 2020, y [\u2026], subsidiariamente por el art\u00edculo 291 y 292 del CGP [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.2. La tutelante narr\u00f3 que la demanda fue notificada al extremo pasivo el 10 de octubre de 2021, mediante correo electr\u00f3nico, \u00aben consonancia con lo establecido en el decreto 806 de 2020\u00bb; vencido el t\u00e9rmino de traslado, el 10 de diciembre del mismo a\u00f1o, solicit\u00f3 impulso procesal y el 12 de enero de posterior pidi\u00f3 la vinculaci\u00f3n de un tercero al proceso. <\/p>\n
2.3. El Juzgado querellado, con auto del 2 de febrero de 2022, orden\u00f3 a la demandante realizar debidamente la notificaci\u00f3n personal de los accionados y, a su vez, aportar la prueba demostrativa de la confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos, concediendo un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, so pena de decretar el desistimiento t\u00e1cito y neg\u00f3 la solicitud de vinculaci\u00f3n elevada, decisi\u00f3n que fue confirmada el 5 de abril siguiente. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la promotora censura que el Juzgado \u00abest\u00e1 poniendo una carga sin raz\u00f3n en esta arista procesal, a tal punto que a la ya excesiva demora que tiene este proceso judicial [\u2026] el querer incesante [\u2026] que se tenga que probar como lo ordena este despacho que la parte demandada, no solo reciba el correo electr\u00f3nico, que conste que lo recibi\u00f3, sino que tambi\u00e9n lo descargo y abri\u00f3 para conocer del mismo\u00bb. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene al Despacho accionado que \u00abdeclare a los demandados dentro del proceso judicial objeto de tutela por notificados desde la fecha en la que se describe en los hechos de la tutela\u00bb y \u00abque imprima celeridad en el proceso judicial objeto de tutela por la excesiva demora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado acusado remiti\u00f3 las actuaciones surtidas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por improcedente, al considerar que \u00aben el escrito introductorio el accionante manifest\u00f3 actuar en este tr\u00e1mite constitucional en \u2018condici\u00f3n de apoderado\u2019 de HAF ARQUITECTOS S.A.S. EN LIQUIDACI\u00d3N; empero, lo cierto es que no aport\u00f3 el poder especial que acreditara tal condici\u00f3n, sino un poder concedido por la mencionada sociedad para promover un proceso declarativo de nulidad absoluta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la sociedad accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reclam\u00f3 que \u00abel poder correcto e id\u00f3neo para la presentaci\u00f3n de la tutela fue radicado a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica correspondiente y dirigido a este caso particular [\u2026] [E]ste poder para esta acci\u00f3n de tutela, ha sido el \u00fanico que se he enviado a este tribunal [\u2026] en la plataforma TYBA EXISTE LA RADICACI\u00d3N DEL PODER DIRIGIDO A [\u2026] ESTA TUTELA\u00bb; pidi\u00f3, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y acceder a las pretensiones invocadas. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si el juzgado accionado vulner\u00f3 las prerrogativas constitucionales de la accionante, con ocasi\u00f3n de la providencia de 5 de abril de 2022 que no repuso el prove\u00eddo del 2 de febrero anterior, por medio del cual orden\u00f3 que, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, se realice la notificaci\u00f3n de los demandados en debida forma; as\u00ed como, por la presunta mora en la resoluci\u00f3n del proceso censurado. <\/p>\n
Como quiera que, revisada la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia y los documentos aportados por la tutelante, se evidencia que en el expediente reposa el poder especial para promover la presente acci\u00f3n de tutela y el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal correspondiente, es procedente analizar el fondo del asunto. <\/p>\n
2. En el auto de 2 de febrero de 2022, el Despacho accionado consider\u00f3 que la notificaci\u00f3n del extremo pasivo no se encontraba acreditada, por cuanto no aport\u00f3 la constancia del env\u00edo de todos los documentos pertinentes, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo General del Proceso, ni del acuse de recibido u otra prueba que determinara que el usuario tuvo acceso a la correspondencia, tal como lo demanda el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 del 2020 y seg\u00fan lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-420-2020. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue confirmada el 5 de abril siguiente, en la que el Juzgado precis\u00f3 que, en el correo de notificaci\u00f3n aportado, si bien se enviaron la demanda y sus anexos, no \u00abse puede decir lo mismo, frente a la notificaci\u00f3n personal de los mismos del auto que admiti\u00f3 la demanda\u00bb, resaltando \u00abla importancia que tiene la notificaci\u00f3n en los procesos judiciales\u00bb, con sustento en la sentencia C-670 de 2004. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que el t\u00e9rmino para entender surtida la notificaci\u00f3n \u00abempezar\u00e1 a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Sentencia C- 420 del 2020\u00bb y que \u00abla parte demandante, HAF ARQUITECTOS SAS., a trav\u00e9s de su apoderado, no ha demostrado que ha perfeccionado la notificaci\u00f3n personal de la parte demandada (\u2026) toda vez que solo aport\u00f3 la trazabilidad de la remisi\u00f3n a correo de los demandado, pero, no prueba que el destinatario haya el acusado el recibido de susodicho correo o, si lo prefiere, haya probado por otro medio que la parte demandada (\u2026) haya tenido acceso a la informaci\u00f3n enviada su correo (\u2026) premisa sujeta a condicionamiento del numeral aludido, estudiado bajo la funci\u00f3n interpretadora que, la constituci\u00f3n le otorg\u00f3 a la H. C. CONSTITUCIONAL, el cual, fund\u00f3 su raz\u00f3n en que, no basta con la sola remisi\u00f3n del correo contentivo de la comunicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, puso de presente que lo requerido no era de imposible cumplimiento, como lo alegaba la accionante, pues \u00abla misma norma sugiere a las partes que, pueden apoyarse de los servicios de mensajer\u00eda de servicio postal, tal como lo dispone el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 8 del decreto 806 del 2020, lo anterior, sin limitar el amplio margen probatorio del que pesa y cuenta el accionante. Pero m\u00e1s all\u00e1 de lo anterior, lo transversal aqu\u00ed es que la exigencia que aqu\u00ed se est\u00e1 imponiendo es la condici\u00f3n establecida por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad de la norma\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que los argumentos expuestos sean o no compartidos, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto, con sustento en la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, el Despacho accionado abord\u00f3 el an\u00e1lisis de las medidas establecidas en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, tendientes a garantizar el debido proceso, en particular que i) los sujetos a notificar reciban la providencia de admisi\u00f3n respectiva, la demanda y sus anexos (en consonancia con lo previsto en el art\u00edculo 91 del C\u00f3digo General del Proceso, y ii) que se pueda verificar el recibo del mensaje de datos, para lo cual se podr\u00e1n utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos, seg\u00fan lo contempla el inciso cuarto del precitado art\u00edculo 8\u00ba, al se\u00f1alar que \u00abPara los fines de esta norma se podr\u00e1n implementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u00bb, o acreditar, por medios id\u00f3neos, que los accionados han accedido a la informaci\u00f3n remitida. <\/p>\n
3.1. Al respecto, no puede perderse de vista que el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 20201 fue declarado exequible por la Corte Constitucional, pero \u00abde manera condicionada\u00bb, esto es, \u00aben el entendido de que el t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto empezar\u00e1 a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje\u00bb, por lo que la exigencia cuestionada no puede catalogarse de ilegal ni vulneradora de derechos fundamentales. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se evidencia una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. De otra parte, de cara a la presunta mora en que habr\u00eda incurrido la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite del proceso censurado, debe indicarse que no todo retraso en la soluci\u00f3n de una causa judicial es vulnerador de prerrogativas fundamentales, pues la jurisprudencia ha establecido que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, es decir, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). <\/p>\n
En el presente asunto, si bien la demanda se admiti\u00f3 el 18 de agosto de 2021, acorde con las providencias analizadas, no se ha surtido la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a los accionados, seg\u00fan lo contemplado en el ordenamiento jur\u00eddico, actuaci\u00f3n que est\u00e1 a cargo de la parte actora a la cual se le requiri\u00f3 y otorg\u00f3 un t\u00e9rmino para el efecto, de manera que no se vislumbra que la autoridad judicial haya tenido un comportamiento \u00abdesidioso, ap\u00e1tico o negligente\u00bb, por lo que la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo impugnado, toda vez que resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR IMPROCEDENTE, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, para, en su lugar, negar el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado que declar\u00f3 improcedente el amparo, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, en su lugar, se NIEGA la protecci\u00f3n constitucional impetrada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abLa notificaci\u00f3n personal se entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n\u00bb. Art\u00edculo actualmente contenido en la Ley 2213 de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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