STC8286-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8286-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00807-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la tutela promovida por Servicios Postales Nacionales S.A.S. contra de la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso verbal sumario de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 2021-35463. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Darlyng Elena Cuero Alegr\u00eda instaur\u00f3 una demanda de protecci\u00f3n al consumidor en contra de Servicios Postales Nacionales S.A.S., de la cual conoci\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la cual tuvo por objeto que se le indemnizara por los perjuicios causados (en cuant\u00eda de $2.500.000), por la p\u00e9rdida de un \u00abreloj marca Invicta\u00bb, acaecida durante el transporte de dicho elemento. <\/p>\n
2.2. En el tr\u00e1mite se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, posteriormente, puso de presente que, dadas las pesquisas adelantadas por la aseguradora SBS Seguros Colombia S.A., pudo corroborarse que la \u00abfactura\u00bb de compra de ese artefacto fue \u00abadulterada\u00bb o \u00abfalsificada\u00bb, pues correspond\u00eda a otro tipo de art\u00edculo, raz\u00f3n por la cual, en su criterio, las s\u00faplicas deb\u00edan desestimarse. <\/p>\n
2.3. El 23 de febrero de 2022 se profiri\u00f3 fallo estimatorio de las reclamaciones rogadas. <\/p>\n
3. En sentir de la promotora, la determinaci\u00f3n de fondo adoptada lesiona, de manera injustificada, sus intereses, por cuanto se le conden\u00f3 con base en una factura espuria. Con sustento en lo narrado exige, en concreto, que se deje sin efectos la sentencia proferida y, en su lugar, se provea nuevamente. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Superintendencia accionada solicit\u00f3 desestimar el ruego, pues se tuvieron en cuenta \u00ablas causas mencionadas por el accionante\u00bb, mas no \u00abfueron las \u00fanicas motivaciones (\u2026) para fallar\u00bb, por cuanto \u00abhubo varios factores influyentes, entre ellos, el hecho de que la parte demandada no present\u00f3 una objeci\u00f3n al juramento estimatorio en debida forma, por lo que el Despacho tuvo como prueba la cuant\u00eda mencionada en la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb; adem\u00e1s, \u00abla demandada se limit\u00f3 a indicar en la contestaci\u00f3n a la demanda que estaba adelantando un tr\u00e1mite para hacer efectiva una p\u00f3liza de seguro, la cual es una relaci\u00f3n contractual ajena al tr\u00e1mite de efectividad de la garant\u00eda solicitado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, frente a los datos ofrecidos por la aseguradora SBS Seguros Colombia S.A., relacionados con la supuesta adulteraci\u00f3n o falsificaci\u00f3n de la factura, indic\u00f3 que \u00abel fallo emitido obedece directamente a las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso y una vez verificado el expediente, no se evidencia que la accionante haya allegado esa informaci\u00f3n y tampoco solicit\u00f3 su decreto de oficio\u00bb; igualmente, \u00ab\u2018[t]ampoco se evidencia un recurso interpuesto en contra de la providencia que decret\u00f3 las pruebas a tener en cuenta en el proceso\u2019\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal de primer nivel desestim\u00f3 el amparo implorado, por cuanto la tutela no re\u00fane el presupuesto de la \u00abrelevancia constitucional\u00bb, dado que la accionante discute asuntos meramente legales, como \u00ablos efectos del juramento estimatorio\u00bb, y pretende convertir la tutela en una \u00abtercera instancia\u00bb, pues lo propuesto es la \u00abcorrecci\u00f3n del criterio jur\u00eddico del fallador sobre cuestiones que (\u2026) fueron abordadas y resueltas al emitirse la sentencia respectiva\u00bb, a lo cual se sum\u00f3 que no se demostr\u00f3 el defecto f\u00e1ctico endilgado. Descart\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, en tanto no se acreditaron los requisitos pertinentes. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la sociedad tutelante, quien insisti\u00f3 en los motivos esgrimidos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En la diligencia de 23 de febrero del presente a\u00f1o se puso de presente, por parte de la apoderada de la interpelada, que la aseguradora, efectuadas las averiguaciones respectivas, concluy\u00f3 que la factura de compra del reloj fue adulterada o falsificada, por cuanto dicho documento correspond\u00eda a la venta de otro tipo de art\u00edculo, no de ese artefacto. <\/p>\n
En ese orden, el despacho criticado decret\u00f3 dos pruebas de oficio, el correo electr\u00f3nico de 13 de abril de 2021, con la factura del reloj, y la objeci\u00f3n del 28 de abril del mismo a\u00f1o efectuada por la aseguradora a la reclamaci\u00f3n. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, ese mismo d\u00eda se dict\u00f3 el fallo correspondiente, estimatorio de las pretensiones de la se\u00f1ora Cuero Alegr\u00eda, declar\u00e1ndose -en consecuencia- a la aqu\u00ed petente responsable de los perjuicios causados por la p\u00e9rdida del reloj. <\/p>\n
El fallador atacado, tras referirse al contenido de las normas que estim\u00f3 aplicables [art\u00edculos 2, 4 y 11 del Estatuto del Consumidor, 34 de la Ley 369 de 2009 y el Manual de la Uni\u00f3n Postal Universal], sostuvo que <\/p>\n
\u00abDentro de la controversia durante los alegatos de conclusi\u00f3n se indic\u00f3 efectuarse un tr\u00e1mite de seguro con SBS Seguros Colombia S.A. Sea lo primero indicar desde este momento que el despacho distingue dos situaciones jur\u00eddicas diferentes, una la responsabilidad por garant\u00eda que se deriva de la relaci\u00f3n de consumo y otra es una responsabilidad de car\u00e1cter contractual dentro del marco de un contrato de seguro (\u2026) Que dentro del seguro se hayan presentado situaciones como las de la objeci\u00f3n que se evidencia en el documento (\u2026) no limitan ni quitan la obligaci\u00f3n de responder por la garant\u00eda en la prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega de un bien. Ahora bien, dentro del Manual de la UPU se ha indicado una responsabilidad para los operadores postales oficiales, como en este caso lo es la sociedad demandada. Al respecto, el art\u00edculo 21 se ha indicado que los operadores designados tienen las siguientes particularidades: numeral 1; salvo en los casos previstos en el art\u00edculo 22, los operadores designados responder\u00e1n por la p\u00e9rdida, la expoliaci\u00f3n o la aver\u00eda de los env\u00edos certificados, las encomiendas ordinarias y los env\u00edos con valor declarado; por la p\u00e9rdida de los env\u00edos con entrega registrada; por la devoluci\u00f3n de los env\u00edos certificados, los env\u00edos con valor declarado y las encomiendas ordinarias para los que no se indique el motivo de la devoluci\u00f3n (\u2026). Para este asunto, la gu\u00eda (\u2026) da cuenta de un env\u00edo con valor declarado, para lo cual se aplica lo relacionado con el numeral 5.2 del art\u00edculo 21 del Manual de la UPU (\u2026) [en consonancia] con el Reglamento de Encomiendas Postales [art. RC129 numeral 2], entiende el despacho que en caso de expoliaci\u00f3n parcial que fue la situaci\u00f3n manifestada por la parte demandada (\u2026) el expedidor tendr\u00e1 derecho a una indemnizaci\u00f3n que corresponder\u00e1 en principio al importe real de la expoliaci\u00f3n (\u2026). Dentro del tr\u00e1mite de la demanda y propiamente de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor (\u2026) se indic\u00f3 un juramento estimatorio indicando que el valor comercial del bien (\u2026) es de $2.500.000, y [esa suma no se objet\u00f3] (…) [por lo cual] entiende el despacho acreditado [ese] monto. Adicional a esto si bien durante los alegatos de conclusi\u00f3n se indic\u00f3 que la factura aportada para un tr\u00e1mite de seguro, que no es propiamente para lo que es correspondiente a la garant\u00eda legal de producto, es diferente, son dos tr\u00e1mites totalmente diferentes, para este asunto (\u2026) s\u00ed se entiende acreditado el quantum de $2.500.000 y adicional a ello (\u2026) la parte demandada manifest\u00f3 que s\u00ed efectivamente se encontraba una expoliaci\u00f3n parcial. En ese sentido es necesario aplicar (\u2026) [el] numeral 5.2 del art\u00edculo 21 del Manual de la UPU en consonancia con el art\u00edculo RC129 del Reglamento de Encomiendas Postales sobre la declaraci\u00f3n del valor. No habiendo reserva inclusive en este asunto el despacho indica que s\u00ed efectivamente hubo una vulneraci\u00f3n de los derechos de la consumidora (\u2026) y procede la indemnizaci\u00f3n correspondiente al numeral 9 del art\u00edculo 11 del Estatuto del Consumidor, en consonancia con el Manual de la UPU\u00bb. <\/p>\n
Frente a la defensa elevada por la empresa demandada, sostuvo el juzgador: <\/p>\n
\u00abLa excepci\u00f3n planteada no enerva (\u2026) las pretensiones (\u2026) pues fueron enfocadas en un tr\u00e1mite puntual (\u2026) en [buscar] la efectividad de un seguro, y (\u2026) son dos situaciones (\u2026) [o] relaciones jur\u00eddicas diferentes, una es la relaci\u00f3n (\u2026) entre el consumidor y el proveedor del servicio que es en el marco de la efectividad de la garant\u00eda, y otra es la relaci\u00f3n jur\u00eddica que est\u00e1 dentro de la f\u00f3rmula tripartita entre el tomador, el asegurado, el beneficio y la aseguradora\u00bb. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, concluy\u00f3 que s\u00ed \u00ab(\u2026) se evidencia[ba] la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor, pues (\u2026) se ha indicado que hay una expoliaci\u00f3n parcial, y para este efecto se proceder\u00e1 a ordenar a la parte demandada (\u2026) el pago [respectivo de los $2.500.000]\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que la autoridad convocada consider\u00f3, motivadamente, que la propuesta de la ahora actora y all\u00ed demandada de que la adulteraci\u00f3n o falsificaci\u00f3n de la factura se erig\u00eda en impedimento para atribuirle cualquier tipo de responsabilidad no sal\u00eda avante, conclusi\u00f3n que, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y de la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por la entidad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo expuesto, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
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STC8286-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8286-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00807-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64835","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64835\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}