STC8288-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8288-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 25000-22-13-000-2022-00164-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 12 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Mar\u00eda Antonia contra el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 y la Comisar\u00eda Segunda de Familia de Tocancip\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Martha Luc\u00eda, Juan Antonio y a los intervinientes en el incidente de desacato cuestionado1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, por medio de apoderado, reclam\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa, contradictorio, dignidad humana, igualdad, vivienda digna y principio de progresividad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El se\u00f1or Juan Antonio acudi\u00f3 ante la Comisar\u00eda Segunda de Familia del municipio de Tocancip\u00e1, con el fin de que se tramitara un incidente de desacato, teniendo en cuenta el incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n adoptada el 3 de enero de 2022, en la que se orden\u00f3 abstenerse de realizar comportamientos agresivos -maltrato verbal, f\u00edsico y psicol\u00f3gico-, asistir a tratamiento terap\u00e9utico a trav\u00e9s de la EPS, con el prop\u00f3sito de tener herramientas para manejar la comunicaci\u00f3n, las emociones, emplear m\u00e9todos de mediaci\u00f3n de conflictos y no involucrar en sus problemas a su hijo menor de edad Jaime Dar\u00edo. <\/p>\n
2.2. El 7 de febrero de 2022, la referida Comisar\u00eda dio apertura al desacato. <\/p>\n
2.3. El 18 de febrero siguiente, la Comisar\u00eda resolvi\u00f3 que ambas partes incumplieron lo estipulado en la medida de protecci\u00f3n mutua 084 de 2021 y les impuso una multa de \u00abdos salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb; asimismo, dict\u00f3 una medida de protecci\u00f3n complementaria en favor del menor de edad, orden\u00e1ndole a ella desalojar la vivienda, pues refiri\u00f3 que su presencia amenazaba la vida e integridad f\u00edsica de su hijo, al tiempo que dispuso que el se\u00f1or Juan Antonio deb\u00eda cancelar las cuotas del cr\u00e9dito hipotecario, hasta que una autoridad judicial resolviera lo relacionado con la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, toda vez que la se\u00f1ora Mar\u00eda Antonia no vivir\u00eda en el inmueble. <\/p>\n
2.4. El 4 de marzo de 2022, el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1, al surtir el grado de consulta, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n proferida por la Comisar\u00eda. <\/p>\n
2.5. La actora advirti\u00f3 que el an\u00e1lisis efectuado por las accionadas es \u00abtotalmente infundado, al sostener que [\u2026] representa un peligro para la VIDA, LA INTEGRIDAD F\u00cdSICA del MENOR\u00bb, pues considera que no hay prueba que acredite dicha circunstancia, aunado a que la medida complementaria del desalojo transgrede sus garant\u00edas fundamentales, toda vez que es madre de otro infante y se le obliga a salir del apartamento que ella compr\u00f3 y del cual responde por las cuotas del pago del cr\u00e9dito hipotecario. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas que, \u00abDENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACI\u00d3N DEL FALLO TUTELA REVOQUEN EL PUNTO N\u00daMERO CUATRO DE LA PARTE RESOLUTIVA DEL INCIDENTE DE DESACATO DE MEDIDA DE PROTECCI\u00d3N No. 084 de 2021, de fecha 17 de febrero de 2022\u00bb y sea restituida a su apartamento. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 manifest\u00f3 que cumpli\u00f3 con todas las etapas procesales que rigen el tr\u00e1mite, respetando el derecho al debido proceso de la actora, \u00absin que pueda la accionante acudir al mecanismo constitucional como otra instancia buscando la modificaci\u00f3n de decisiones judiciales o administrativas que se encuentran ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada del se\u00f1or Juan Antonio pidi\u00f3 negar, por improcedente, la tutela, dado que la actora contaba con otros medios de defensa judicial efectivos y porque, adem\u00e1s, no demostr\u00f3, ni sumariamente, la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
3. La Comisar\u00eda Segunda de Familia del municipio de Tocancip\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que actu\u00f3 diligentemente en la medida de protecci\u00f3n y el tr\u00e1mite de incidente de desacato, dado que \u00abse atendieron los postulados del debido proceso y los rigorismos procesales contenidos en la ley\u00bb, e indic\u00f3 que la medida de protecci\u00f3n complementaria en favor del menor de edad se orden\u00f3 \u00abatendiendo a su inter\u00e9s superior, ya que se evalu\u00f3 integralmente cada una de las pruebas que reposan en los expedientes\u00bb. Agreg\u00f3 que la actora no alleg\u00f3 prueba alguna al incidente y rechaz\u00f3 la oferta del servicio de \u00abcasa de acogida\u00bb; adem\u00e1s, precis\u00f3 que, como en sus funciones no est\u00e1 la de definir derechos patrimoniales, no determin\u00f3 si la accionante adquiri\u00f3 la vivienda en la que resid\u00eda la pareja. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar que no se evidenciaba que \u00abel desalojo que dispuso la comisar\u00eda, avalada en consulta por el juzgado accionado, resulte ser producto de un desvar\u00edo que autorice la intervenci\u00f3n de esta especial justicia constitucional en el caso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la tutela y destac\u00f3 que \u00abno es justo que salga la madre y adem\u00e1s que salga con su otro hijo menor [\u2026] como si fuera una delincuente de alta peligrosidad, y de su apartamento que hab\u00eda comprado, independiente si, sea o no, de la Uni\u00f3n marital de hecho que ser\u00eda otra cosa diferente\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la quejosa cuestiona las determinaciones emitidas por las accionadas, en particular la referida al punto 4 de la parte resolutiva del incidente que le orden\u00f3 a ella, como medida de protecci\u00f3n complementaria en favor de su hijo menor de edad, desalojar la vivienda, por considerar que su presencia amenazaba la vida, la salud e integridad de aqu\u00e9l, lo cual, en su opini\u00f3n, es totalmente infundado, por no existir prueba alguna que lo demuestre. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, considera la Sala que las determinaciones rebatidas se encuentran sustentadas, independientemente de que la postura sea o no compartida. <\/p>\n
2.1. En efecto, se observa que el Juzgado Primero de Familia de Zipaquir\u00e1 -con providencia del 4 de marzo de 2022-, al resolver el grado de consulta del incidente de desacato, expres\u00f3 las razones que lo llevaron a ratificar la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda Segunda del municipio de Tocancip\u00e1. Para ello, luego de establecer la procedencia del tr\u00e1mite incidental, analiz\u00f3 las declaraciones rendidas por Juan Antonio, Mar\u00eda Antonia, Martha Luc\u00eda y la del ni\u00f1o Jaime Dar\u00edo, as\u00ed como el informe psicosocial, la audiencia de conciliaci\u00f3n, el instrumento para la valoraci\u00f3n del riesgo para la vida y la integridad personal por violencia de g\u00e9nero y las constancias de no aceptaci\u00f3n de la casa de acogida de esta \u00faltima, de lo cual resalt\u00f3 que, \u00abefectivamente contin\u00faan los hechos de violencia verbal y psicol\u00f3gica en cada uno de los intervinientes, situaci\u00f3n que ha afectado al menor de edad, pese a que el mismo en (sic) una persona de especial protecci\u00f3n [\u2026] lo anterior teniendo en cuenta que el menor relat\u00f3 maltrato por parte de su progenitora\u00bb. <\/p>\n
2.2. Igualmente, del informe elaborado por el equipo interdisciplinario, logr\u00f3 evidenciar que \u00abla pareja carece de herramientas personales y comunicativas para llegar a acuerdos en la toma de decisiones y en pro del bienestar integral de su hijo en com\u00fan\u00bb, circunstancias que tambi\u00e9n hac\u00edan visible la \u00abfalta de tolerancia de la expareja para efectos de resolver la causa del conflicto, como lo es que alguno de los dos abandone el inmueble y procedan a realizar el proceso judicial correspondiente para la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de los bienes adquiridos por estos\u00bb2, lo que redundar\u00eda en un entorno de mayor tranquilidad para el hijo en com\u00fan. <\/p>\n
3. Analizada en contexto la providencia censurada y las evidencias allegadas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones adelantadas, las pruebas oportunamente recaudadas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
En concreto, se constat\u00f3, de la entrevista hecha al menor de edad, que su mam\u00e1 le \u00abdice groser\u00edas\u00bb, que le \u00abhab\u00eda pegado en el brazo y en el hombro\u00bb, que tambi\u00e9n trata mal a su pap\u00e1 y a su abuela y que un d\u00eda lo \u00abcogi\u00f3 a la fuerza y me hizo un rasgu\u00f1o en la espalda\u00bb, circunstancias que se confrontaron con los audios de las actuaciones respectivas, lo que, en efecto, llev\u00f3 a concluir la existencia de \u00abconflictos entre la pareja, en donde claramente el menor hijo [\u2026] se encuentra presente\u00bb, conductas que lo afectan emocionalmente, m\u00e1xime teniendo en cuenta que los audios evidencian el \u00abllanto recurrente y gritos del ni\u00f1o\u00bb, por lo que era necesario adoptar una medida que garantizara su bienestar y desarrollo en un ambiente familiar sano y tranquilo con su padre, con quien se evidenci\u00f3 un buen relacionamiento y a quien se le otorg\u00f3 el cuidado y custodia provisional de su hijo, seg\u00fan acta del 24 de enero de 2022. <\/p>\n
3.1. En l\u00ednea con lo dicho se hace preciso recordar que, conforme al art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 294 de 19963, las medidas de protecci\u00f3n pretenden poner \u00abfin a la violencia, maltrato o agresi\u00f3n o evite que \u00e9sta se realice cuando fuere inminente\u00bb; por ende, ante la solicitud del cese o terminaci\u00f3n de toda forma y\/o manifestaci\u00f3n de violencia que involucren menores de edad, el escrutinio de los hechos se intensifica en cumplimiento del inter\u00e9s superior de estos. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha remarcado que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] Frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar que se encuentran reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional y por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; disposiciones en donde se consagra que ellos son sujetos de especial protecci\u00f3n y que, por ende, sus prerrogativas son objeto de atenci\u00f3n y ayuda prioritaria por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u2018garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u2019\u2026. <\/p>\n
Es as\u00ed que la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que esa especial defensa de los derechos del menor, involucra: \u2018i) la prevalencia del inter\u00e9s del menor; ii) la garant\u00eda de la adopci\u00f3n de medidas de protecci\u00f3n que su condici\u00f3n requiere; y iii) la previsi\u00f3n de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad\u2019; por ello, refiere que, frente a los poderes p\u00fablicos, tal r\u00e9gimen constitucional del infante y del adolescente, al mismo tiempo que potencia, limita sus competencias. <\/p>\n
De manera que, para \u2018el legislador y la administraci\u00f3n, representa tanto obligaciones imperativas como facultades que impulsan los procesos de creaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas jur\u00eddicas y tambi\u00e9n los de formulaci\u00f3n, implementaci\u00f3n, an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas\u2019, lo que ocurre de manera similar para los jueces constitucionales, pues, \u2018tanto en las decisiones de constitucionalidad como en las de tutela en las que se encuentren involucrados los menores de edad, aparecen como criterios hermen\u00e9uticos fuertes, de modo que el juicio abstracto o concreto debe efectuarse en clave de lo aqu\u00ed visto: ser sujetos de especial protecci\u00f3n, el imperativo jur\u00eddico de buscar el inter\u00e9s superior del menor, el car\u00e1cter prima facie prevaleciente de sus derechos, el reconocimiento de las garant\u00edas de protecci\u00f3n para el desarrollo arm\u00f3nico, que generan obligaciones constitucionales verticales y tambi\u00e9n horizontales, la exigibilidad de los derechos y por consiguiente de las obligaciones, basadas en el car\u00e1cter subjetivo y colectivo de los derechos e intereses protegidos\u00bb (CSJ STC10125-2019, jul. 30 de 2019, rad. 2019-02275-00). <\/p>\n
3.2. En ese orden de ideas, se evidencia que las autoridades accionadas valoraron los informes y analizaron las pruebas obrantes en el expediente e impusieron la medida de protecci\u00f3n en atenci\u00f3n al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, una vez constataron las circunstancias a las que ha estado expuesto, en especial, por parte de su madre, de manera que, ante el conflicto en el cual \u00e9l se ha visto involucrado, se deb\u00eda adoptar una decisi\u00f3n que protegiera su derecho a crecer en un ambiente sano. <\/p>\n
En ese sentido, no se puede perder de vista que la orden impuesta est\u00e1 orientada a la preservaci\u00f3n y protecci\u00f3n del hijo de la tutelante y, por tanto, su imposici\u00f3n busca atender de forma prevalente e integral sus prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades accionadas -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 El informe elaborado por un psic\u00f3logo y una trabajadora social sugiere que la madre desaloje la residencia, toda vez que su comportamiento afecta el derecho del ni\u00f1o de 6 a\u00f1os a tener calidad de vida y a desarrollarse en un ambiente sano, toda vez que su progenitor ostenta la custodia provisional otorgada el 24 de enero de 2022. <\/p>\n
3\u0002 Por la cual se desarrolla el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Modificado por la Ley 1257 de 2008. <\/p>\n
<\/p>\n
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