STC8299-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8299-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2022-00229-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Juan Eugenio Mej\u00eda Pel\u00e1ez frente a la sentencia de 31 de mayo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la tutela que aquel instaur\u00f3 a la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo que se ordene a la Procuradora convocada \u00abrevoque la decisi\u00f3n\u00bb adiada 18 de abril pasado, para que en su lugar \u00abresuelva en DERECHO y DE FONDO la pretensi\u00f3n de acceder a la REVOCATORIA DIRECTA\u00bb del fallo disciplinario proferido por la Oficina de Control Interno Disciplinario de Itag\u00fc\u00ed. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, indic\u00f3 que comoquiera que no fue notificado del proceso disciplinario que se sigui\u00f3 en su contra y la oficina de Control Interno de la mentada localidad le impuso sanci\u00f3n, requiri\u00f3 la revocatoria directa de tal decisi\u00f3n; sin embargo, el otrora Procurador General de la Naci\u00f3n, \u00abcon disquisiciones jur\u00eddicas que no se estaban ventilando\u00bb neg\u00f3 tal solicitud y aunque pidi\u00f3 la \u00abreconsideraci\u00f3n\u00bb de la citada determinaci\u00f3n, la Procuradora actual resolvi\u00f3 que deber\u00eda estarse a lo resuelto; providencia que dice, no abord\u00f3 la falta de vinculaci\u00f3n al mentado juicio alegado, sino temas sustantivos y de car\u00e1cter probatorio. <\/p>\n
2. La Procuradora General de la Naci\u00f3n puntualiz\u00f3 que la salvaguarda estaba llamada al fracaso por quebrantar las exigencias de procedibilidad; la Alcald\u00eda de Itag\u00fc\u00ed aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo por incumplir con el requisito de la inmediatez, pues trascurrieron m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la revocatoria directa del fallo sancionatorio; agregando que la respuesta emitida recientemente \u00abfue de fondo, clara y congruente\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, apoyado en que se desconoce, no solo, que \u00abel derecho de petici\u00f3n\u00bb hace parte integral del asunto, sino que, el ente disciplinario tard\u00f3 en emitir la respuesta a la mentada solicitud. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a los argumentos expuestos por el impugnante, anuncia la Sala que no hay lugar a revocar la decisi\u00f3n opugnada, toda vez que el amparo reclamado incumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
En el presente asunto se encuentra que la protecci\u00f3n reclamada es intempestiva, toda vez que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 negativamente la solicitud de revocatoria directa del fallo disciplinario data del 16 de enero de 2020 y la acci\u00f3n de tutela fue repartida al Tribunal que conoci\u00f3 la primera instancia el 9 de mayo de 2022. En consecuencia, puede afirmarse que el amparo no se promovi\u00f3 dentro de los 6 meses siguientes al supuesto hecho vulnerador, lapso que esta Corporaci\u00f3n ha estimado como razonable para acudir a la senda constitucional, sin que sea aceptable la justificaci\u00f3n de la existencia de la petici\u00f3n posterior, comoquiera que la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la citada acci\u00f3n carece de recursos y cobr\u00f3 ejecutoria en la calenda se\u00f1alada, luego se supone que desde aquella fecha se presenta la presunta lesi\u00f3n de los derechos fundamentales, por lo que nada obsta para que el actor acudiera al amparo. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, es de resaltar que el requisito de subsidiariedad tampoco se satisfizo, pues resulta notorio que al dirigirse el embate contra el acto administrativo mediante el cual se neg\u00f3 la tan mentada acci\u00f3n, el actor tiene o tuvo siempre y cuando cumpla con los requisitos procesales y sustanciales la herramienta adecuada para discutir lo que aqu\u00ed se plante\u00f3, como lo es el medio de \u00abcontrol de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, dado el car\u00e1cter particular de la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Sala, cuando en un caso con visos de similitud dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades que no le competen, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que la disposici\u00f3n mediante la cual la Procuradur\u00eda decidi\u00f3 la solicitud de \u00abrevocatoria directa\u00bb, corresponde a un acto administrativo de car\u00e1cter particular, cuyo debate en torno al mismo debi\u00f3 o ha debido cumplirse ante los jueces competentes a trav\u00e9s de la v\u00eda al efecto prevista en el \u00abC\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb, esto es, el medio de control de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, consagrado en el art\u00edculo 138 del C.P.A. y de lo C.A. (Ley 1437 de 2011), que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01), senda en la que, con el miramiento del derecho al debido proceso y ante el funcionario natural, pudo o habr\u00e1 de plantear todos los argumentos que estime convenientes\u00bb. (STC11624-2017). <\/p>\n
De otra parte, en lo que refiere a la \u00abpetici\u00f3n y replica\u00bb elevada a la Procuradora General de la Naci\u00f3n el 18 de mayo de 2021, insistiendo en la acci\u00f3n de revocatoria directa de cara a la decisi\u00f3n sancionatoria, se advierte que la citada autoridad contest\u00f3 lo reclamado por el aqu\u00ed interesado y dicho pronunciamiento se efectu\u00f3 con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, por lo que no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional, teniendo en cuenta que la respuesta s\u00ed atendi\u00f3 de fondo lo solicitado, al poner en conocimiento del petente que deber\u00eda estarse a lo resuelto en la decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Ahora, si bien la respuesta pudo no haber satisfecho la totalidad de los intereses del gestor, dicha circunstancia no implica per se el desconocimiento de su derecho fundamental de petici\u00f3n, pues tal y como lo ha precisado la Sala, \u00e9ste <\/p>\n
\u00abconsagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC4941-2019). <\/p>\n
Finalmente en relaci\u00f3n con el reproche esgrimido por el inconforme en el escrito de impugnaci\u00f3n, atinente a la extemporaneidad del pronunciamiento del ente disciplinario a su petici\u00f3n, cabe precisar que no puede ser acogido en esta sede, pues es un hecho nuevo respecto del cual la accionada y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. Sobre el particular de vieja data se ha dicho que, si bien <\/p>\n
\u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC5051-2022). <\/p>\n
Conforme lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume la providencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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