STC8302-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8302-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 2 de junio de 2022 dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jorge Enrique Alfaro V\u00e1squez en representaci\u00f3n de Aracely Yesccenia G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y Doris Dayana de la Hoz Sandoval contra el juzgado 5\u00ba de Familia del Circuito de Barranquilla extensiva a los dem\u00e1s intervinientes del proceso de Sucesi\u00f3n n\u00b02022-00017. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 que se deje sin valor y efecto lo actuado a partir de la notificaci\u00f3n del auto que inadmiti\u00f3 la demanda de sucesi\u00f3n (27 abr. 2022) para que, en su lugar, se ordene al juzgado convocado notificar ese prove\u00eddo en las direcciones electr\u00f3nicas informadas por \u00e9l y sus poderdantes. <\/p>\n
En sustento, adujo que es apoderado judicial de Aracely Yesccenia G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y Doris Dayana de la Hoz Sandoval en el proceso de sucesi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis. Relat\u00f3 que su demanda fue inadmitida (27 abr. 2022) pero esa determinaci\u00f3n no fue remitida a las direcciones electr\u00f3nicas informadas por \u00e9l. De tal evento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales y los de sus prohijadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 5\u00ba de Familia de Barranquilla, hizo un recuento de las actuaciones surtidas y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 la salvaguarda por incumplir el presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, porque no se aport\u00f3 poder especial para actuar. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El defensor se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, y recalc\u00f3 que \u00abprim\u00f3 en el fallo lo formal sobre lo sustancial\u00bb sin atender la vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego ser\u00e1 confirmado toda vez que el accionante no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa por activa dentro del presente asunto. A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio) <\/p>\n
(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC2657-2021 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela y sus anexos se observa que el togado manifest\u00f3 obrar en este asunto en calidad de apoderado de Aracely Yesccenia G\u00f3mez Guti\u00e9rrez y Doris Dayana de la Hoz Sandoval; sin embargo, el accionante no ostenta la representaci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales que invoca, toda vez que aunque \u00e9l aduce actuar como apoderado en el proceso de sucesi\u00f3n cuestionado por esta senda, lo cierto es que no se vislumbra que hubiera sido facultado por las demandantes para promover el presente amparo constitucional. <\/p>\n
En efecto, los derechos que presuntamente pueden resultar lesionados con ocasi\u00f3n del pleito que se somete a revisi\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes y no a sus mandatarios judiciales, quien de ninguna manera act\u00faan ante la jurisdicci\u00f3n en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulaci\u00f3n que les asiste. En ese orden, si lo que pretend\u00eda el abogado era actuar en este tr\u00e1mite como representante de quienes fungen como sus prohijadas en el proceso cuestionado, bien pudo hacerlo, pero con el lleno de los requisitos que para este evento dispuso el legislador, es decir, aportando el poder especial para esta salvaguarda. <\/p>\n
Ahora, el eventual suceso de figurar como apoderado especial dentro del juicio de sucesi\u00f3n, no faculta al abogado para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n, pues como bien se ha expresado en otras ocasiones \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01) <\/p>\n
Finalmente, del escrito de tutela no se contempla o infiere circunstancia particular que tenga la virtud de impedir a las afectadas acudan de manera directa a este mecanismo supra legal, suceso que eventualmente har\u00eda posible la participaci\u00f3n del censor bajo el manto de la agencia oficiosa, figura sobre la cual se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) En lo atinente a la \u2018agencia oficiosa\u2019, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala. (STC2657-2021). Resaltado de ahora. <\/p>\n
Por las consideraciones expuestas no queda alternativa distinta a ratificar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginar\u00edo a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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