STC8306-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8306-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-02111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelven la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado frente a la sentencia de 27 de octubre de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra la Sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Cartagena, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el proceso n\u00b0 130016001128-2017-05625-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La convocante solicit\u00f3 se ordene al Tribunal \u00abi) proferir el reconocimiento de la calidad de v\u00edctima (\u2026) ii) se le garantice el ejercicio de las facultades especiales (\u2026) [y] iii) la revocatoria de la medida de protecci\u00f3n interpuesta en contra del Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena y que el incidente se delante de manera expedita y efectiva\u00bb. <\/p>\n
De los medios de convicci\u00f3n aportados y el escrito inaugural se extrae que en la causa antes referida que se adelanta contra Reynaldo Camargo, Mar\u00eda de las Nieves, Wilfran, Eusebio y Emis Quiroz Ruiz, por los delitos de urbanizaci\u00f3n ilegal, uso de documento falso, obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, fraude procesal y estafa, por la construcci\u00f3n masiva e ilegal de 13 edificios, entre ellos el Blas de Lezo I, el juez de conocimiento reconoci\u00f3 como v\u00edctimas a los bancos Davivienda, BBVA y Bogot\u00e1 lo mismo que a la Superintendencia de Notariado y Registro. <\/p>\n
En la audiencia preparatoria, el Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena y la convocante instaron el reconocimiento como v\u00edctimas, a lo cual accedi\u00f3 el juzgado (4 ag. 2021), apel\u00f3 la bancada defensiva y el Tribunal revoc\u00f3 parcialmente en lo que a la accionante incumbe, esto es, se le neg\u00f3 la petici\u00f3n (24 sep. 2021). <\/p>\n
3.-La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia declar\u00f3 improcedente el amparo por subsidiariedad debido a \u00abla falta de explicaci\u00f3n de los motivos que habilitaban a la [promotora para] intervenir como v\u00edctima del delito fue lo que impidi\u00f3 al Tribunal reconocer a la entidad hoy accionante tal calidad (\u2026)\u00bb, sin embargo, \u00abtiene la posibilidad de acudir nuevamente ante el juez cognoscente y elevar tal postulaci\u00f3n de nuevo, bajo motivos que verdaderamente funden su postulaci\u00f3n\u00bb; y agreg\u00f3, \u00abno es el juez de tutela el habilitado para determinar en un proceso en curso, si desde la \u00f3ptica de lo previsto en el canon 610 del C\u00f3digo General del Proceso puede la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUR\u00cdDICA DEL ESTADO intervenir en el proceso penal bajo una condici\u00f3n distinta a la de v\u00edctima, pues una postulaci\u00f3n de esa naturaleza debe hacerse ante el juez cognoscente y por las v\u00edas ordinarias correspondientes (\u2026). <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 la activante e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde el p\u00f3rtico se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, pero porque la providencia atacada resulta ser razonable, ya que las especiales circunstancias en que se profiri\u00f3 permiten establecer que en verdad no se vislumbra la pretendida vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Es as\u00ed como el juez plural al estudiar los reparos enfilados en la posible afectaci\u00f3n del principio de igualdad de armas por el reconocimiento de un n\u00famero plural de v\u00edctimas record\u00f3 que ese tema ha sido objeto de an\u00e1lisis por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional y en ese sentido rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la guardiana de la integridad de la Constituci\u00f3n (C-476 de 2016) [se\u00f1al\u00f3] que \u201cen el juicio oral, las facultades directas de \u00edndole probatoria y el derecho a la representaci\u00f3n jur\u00eddica de las v\u00edctimas est\u00e1n limitados. Las prerrogativas a ser o\u00eddas lo est\u00e1n en todos aquellos casos en que, de ser concedidas, produzcan una erosi\u00f3n al equilibrio entre las partes y al principio de igualdad de armas\u201d. <\/p>\n
Por otro lado, el art\u00edculo 340 de la Ley 906 de 2004 consagra que \u201cde existir un n\u00famero plural de v\u00edctimas, el juez podr\u00e1 determinar igual n\u00famero de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral.\u201d <\/p>\n
Conforme a lo anterior, el reconocimiento de un n\u00famero plural de v\u00edctimas no es un argumento llamado a prosperar, puesto que el legislador y la Corte Constitucional han contemplado herramientas para garantizar la participaci\u00f3n del interviniente especial, sin afectar el principio de igualdad de armas, ni el derecho de defensa del acusado. <\/p>\n
Luego se ocup\u00f3 de la acreditaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de las conductas punibles endilgadas a los justiciables que justificara el multicitado reconocimiento, y luego de establecer el marco normativo (art. 132 Ley 906 de 2004), de acudir a la doctrina, a los precedentes constitucionales y de la homologa en lo penal rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) como soporte de su solicitud para el reconocimiento de la calidad de v\u00edctima, el apoderado de la A.N.D.J.E invoc\u00f3 un conjunto de dispositivos normativos relacionados con las atribuciones de esta entidad. <\/p>\n
Por lo tanto, en aras de resolver el problema jur\u00eddico suscitado, proceder\u00e1 la Sala a revisar las disposiciones normativas pertinentes, en orden a determinar si con la sola enunciaci\u00f3n de estas, es justificable el reconocimiento de v\u00edctimas de la A.N.D.J.E. <\/p>\n
En tal labor, se tiene que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1444 de 20117 cre\u00f3 la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado como \u201cuna Unidad Administrativa Especial, que, como entidad descentralizada del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho\u201d. <\/p>\n
De igual forma, la disposici\u00f3n aludida consagr\u00f3 como objetivo de la entidad \u201cla estructuraci\u00f3n, formulaci\u00f3n. aplicaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y difusi\u00f3n de las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del da\u00f1o antijur\u00eddico, as\u00ed como la defensa y protecci\u00f3n efectiva de los intereses litigiosos de la Naci\u00f3n, en las actuaciones judiciales de las entidades p\u00fablicas, en procura de la reducci\u00f3n de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa\u201d. <\/p>\n
Para ello, se le encomend\u00f3 como misi\u00f3n \u201cplanificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la Naci\u00f3n, a fin de prevenir el da\u00f1o antijur\u00eddico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, fue expedido el Decreto-Ley 4085 de 2011, a trav\u00e9s del cual se establecieron los \u201cobjetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado\u201d. <\/p>\n
Tras reiterar los objetivos establecidos en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1444 de 2011, el par\u00e1grafo del canon 2\u00ba del Decreto-Ley distingue como \u201cintereses litigiosos de la Naci\u00f3n\u201d los siguientes: <\/p>\n
\u201ca) Aquellos en los cuales est\u00e9 comprometida una entidad de la Administraci\u00f3n P\u00fablica del orden nacional por ser parte en un proceso. b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad p\u00fablica o un \u00f3rgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, as\u00ed como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n. c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor p\u00fablico del orden nacional. d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la Naci\u00f3n. e) Los dem\u00e1s que determine el Consejo Directivo de esta Agencia dentro de los lineamientos y prioridades se\u00f1alados por el Gobierno Nacional\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 3\u00ba entiende como defensa jur\u00eddica de la Naci\u00f3n \u201ccomo el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garant\u00eda de los derechos de la Naci\u00f3n y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protecci\u00f3n efectiva del patrimonio p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la aludida disposici\u00f3n establece que la defensa jur\u00eddica la Naci\u00f3n comprender\u00e1 todas las actividades relacionadas con: <\/p>\n
\u201c(i) la identificaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de conductas antijur\u00eddicas por parte de servidores y entidades p\u00fablicas y del da\u00f1o antijur\u00eddico generador de responsabilidad patrimonial para el Estado; (ii) la administraci\u00f3n, control y procesamiento de la informaci\u00f3n relativa a la Defensa Jur\u00eddica del Estado; (iii) la utilizaci\u00f3n de los mecanismos alternativos de resoluci\u00f3n de conflictos; (iv) la participaci\u00f3n en procesos judiciales o administrativos en los que la Naci\u00f3n o las entidades p\u00fablicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (v) la definici\u00f3n de est\u00e1ndares para la defensa judicial de las entidades p\u00fablicas; (vi) la evaluaci\u00f3n de los resultados de la defensa jur\u00eddica del Estado y del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, y (vii) la recuperaci\u00f3n de dineros p\u00fablicos por la v\u00eda de la acci\u00f3n de repetici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Seguidamente, el art\u00edculo 6\u00ba consagra las funciones de la A.N.D.J.E. y, \u201cen relaci\u00f3n con el ejercicio de la representaci\u00f3n\u201d, instituye que, entre otras, tiene la facultad de <\/p>\n
\u201cAsumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condici\u00f3n que prevea la ley, la defensa jur\u00eddica de las entidades y organismos de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales est\u00e9n involucrados los intereses de la Naci\u00f3n, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuant\u00eda de las pretensiones, el inter\u00e9s o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el n\u00famero de procesos similares; la reiteraci\u00f3n de los fundamentos t\u00e1cticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jur\u00eddicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jur\u00eddica del proceso por la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de un precedente de jurisprudencia.\u201d <\/p>\n
Por \u00faltimo, en la misma l\u00ednea discursiva, el art\u00edculo 610 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 610. INTERVENCI\u00d3N DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JUR\u00cdDICA DEL ESTADO. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicci\u00f3n, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, podr\u00e1 actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos: <\/p>\n
2. Como apoderada judicial de entidades p\u00fablicas, facultada, incluso, para demandar. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado act\u00fae como interviniente, tendr\u00e1 las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades p\u00fablicas vinculadas como parte en el respectivo proceso y en especial, las siguientes: <\/p>\n
a) Proponer excepciones previas y de m\u00e9rito, coadyuvar u oponerse a la demanda. <\/p>\n
b) Aportar y solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas e intervenir en su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
c) Interponer recursos ordinarios y extraordinarios. <\/p>\n
d) Recurrir las providencias que aprueben acuerdos conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier causa. <\/p>\n
e) Solicitar la pr\u00e1ctica de medidas cautelares o solicitar el levantamiento de las mismas, sin necesidad de prestar cauci\u00f3n. <\/p>\n
f) Llamar en garant\u00eda. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado obre como apoderada judicial de una entidad p\u00fablica, esta le otorgar\u00e1 poder a aquella. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, en todos los eventos, se ejercer\u00e1 a trav\u00e9s del abogado o abogados que designe bajo las reglas del otorgamiento de poderes. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 3o. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado podr\u00e1 interponer acciones de tutela en representaci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en toda tutela, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado podr\u00e1 solicitarle a la Corte Constitucional la revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991\u201d. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s de invocar los dispositivos normativos que establecen el alcance de las atribuciones y los objetivos de la A.N.D.J.E., el representante de la entidad no se concentr\u00f3 en exponer, espec\u00edficamente, c\u00f3mo es que la ejecuci\u00f3n de las conductas punibles endilgadas afect\u00f3 a la agencia. De hecho, al intervenir como no recurrente, el representante de la agencia reconoci\u00f3 que no ofreci\u00f3 argumentos que dieran cuenta de la afectaci\u00f3n concreta, como consecuencia de la presunta ejecuci\u00f3n de los delitos, sino que, una vez m\u00e1s, invoc\u00f3 los dispositivos normativos mencionados ut supra y consider\u00f3 con ello haber colmado la carga demostrativa exigida. Con todo, si se acudiera al alcance de los bienes jur\u00eddicos involucrados, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no se advierte clara, concreta y di\u00e1fanamente en qu\u00e9 manera la afectaci\u00f3n de los intereses protegidos por las normas penales tuvo incidencia en la agencia, al punto de inferir que ha sufrido un da\u00f1o sumario que imponga su reconocimiento como v\u00edctima. As\u00ed, por ejemplo, en cuanto a la afectaci\u00f3n del orden econ\u00f3mico social, ser\u00eda m\u00e1s evidente el inter\u00e9s de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, como entidad encargada de fijar la pol\u00edtica p\u00fablica en materia econ\u00f3mica (art. 3\u00b0 Dto- 4712 de 2008). Y, por otra parte, en lo atinente a la fe p\u00fablica, se har\u00eda patente la legitimidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, como dependencia encargada de ejercer la vigilancia correspondiente sobre el particular (art. 4\u00b0 Dto-2723 de 2014). <\/p>\n
Por el contrario, de cara a las circunstancias que motivaron el adelantamiento de la presente actuaci\u00f3n y los bienes jur\u00eddicos involucrados y su alcance, la Sala no observa cu\u00e1l fue, en concreto, la afectaci\u00f3n presunta a la A.N.D.J.E. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que regula el desenlace conocido; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, STC4613-2021 memoradas en STC1682-2022). <\/p>\n
Igualmente, del recuento arriba plasmado se infiere que el Tribunal no incurri\u00f3 en el dislate que se le endilg\u00f3 porque como qued\u00f3 plasmado la impulsora incumpli\u00f3 con la carga argumentativa para acreditar el da\u00f1o del que se duele y, adem\u00e1s, como el proceso est\u00e1 en curso, tiene la posibilidad de acudir nuevamente ante el juez de la causa una vez subsane los defectos de sustentaci\u00f3n de las pretensiones que aqu\u00ed ventil\u00f3, tal como lo expres\u00f3 el aquo supralegal <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 12 de enero de 2022, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 27 de mayo pasado. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8306-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8306-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-02111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelven la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64842","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64842\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}