STC8309-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8309-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-00807-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por David Felipe Villamil \u00c1vila contra el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al trabajo, igualdad, libre desarrollo de la personalidad y derecho a escoger profesi\u00f3n u oficio, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. Narra que inici\u00f3 sus estudios de Derecho en la Universidad Gran Colombia en julio del 2018, un mes despu\u00e9s de la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018 \u00abPor la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb. Y, en la que se exige la aprobaci\u00f3n de un examen de Estado para ejercer la profesi\u00f3n de abogado. <\/p>\n
2.1. Refiere que, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la instituci\u00f3n educativa, el 4 de mayo de 2022, recibi\u00f3 su t\u00edtulo de abogado. Y, de este modo, el 5 de mayo de 2022 solicit\u00f3 ante la autoridad accionada la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional, allegando los documentos necesarios para dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. Ante la demora en la respuesta a su petici\u00f3n, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela de la cual conoci\u00f3 el Consejo de Estado. En esta, la autoridad cuestionada inform\u00f3 que \u00abesta Unidad no cuenta con facultad para expedir su Tarjeta Profesional de Abogado hasta tanto no presente, apruebe y obtenga la certificaci\u00f3n de aprobaci\u00f3n del examen de estado, exigido en la citada Ley\u00bb1. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
1. El Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 declarar improcedente la presente acci\u00f3n de tutela. Para ello, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn atenci\u00f3n a la tutela de la referencia, dirigida contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, recibida en esta Unidad el d\u00eda 17 de junio de 2022, a las 2:43 p.m., de manera atenta, me permito informarle que esta Unidad, fue notificada de la acci\u00f3n de tutela bajo el Radicado No. 11001-03-15- 000-2022-02996-00, por parte de la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado, Consejero Ponente Dr. PEDRO PABLO VANEGAS GIL, la cual fue instaurada por el Sr. David Felipe Villamil \u00c1vila y esta\u0301 relacionada con el tr\u00e1mite de la Tarjeta Profesional de Abogado, trat\u00e1ndose, por tanto, de los mismos hechos, cuyas copias adjunto\u00bb4. <\/p>\n
2. Por medio de memorial el accionante manifiesta \u00ab(\u2026) la accionada iba a invocar una supuesta acci\u00f3n temeraria de mi parte, cuando esto no es cierto, como se puede evidenciar en los anexos que me permito aportar con el presente escrito, toda vez que, la acci\u00f3n interpuesta ante el Consejo de Estado (\u2026) obedeci\u00f3 a la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, toda vez que la accionada no me exped\u00eda mi tarjeta profesional\u00bb5. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del promotor, con ocasi\u00f3n a la exigencia de la aprobaci\u00f3n del examen de estado a que hace referencia la Ley 1905 de 2018, para la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogado. A pesar de que, dicho examen no ha sido regulado ni implementado. <\/p>\n
2. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado, ante la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. En efecto, si el actor se encuentra inconforme con el tr\u00e1mite dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para llevar a cabo la expedici\u00f3n de su tarjeta profesional, debe acudir a dicha autoridad y exponer las razones esgrimidas por esta v\u00eda para reclamar a favor de sus intereses. Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una herramienta adicional a las existentes. Ciertamente, esa circunstancia desemboca en la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, contempla en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, este Corporaci\u00f3n ha sido congruente en se\u00f1alar que, <\/p>\n
\u00ab[E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01. reiterado en CSJ STC, 2 jun. 2020, rad. 2020-00195- 01; CSJ STC5074-2020,7 may. 2021, rad. 2021-00081-01; CSJ STC5689-2022, 11 de may. 2022, rad. 2022-00357-01). <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, en el caso en concreto, el accionante no acredit\u00f3 un perjuicio irremediable que de paso al amparo de forma transitoria. En ese orden, se desestimar\u00e1 el ruego exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201cRespuesta Dr DAVID FELIPE VILLAMIL A\u00b4VILA.pdf\u201d anexos de la respuesta allegada por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201cExp. 2022 00807 AT. DAVID FELIPE VILLAMIL \u00c1VILA-RepartoPlena.pdf\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201cSEGUNDA RESPUESTA ACCION TUTELA Sr. DAVID FELIPE VILLAMIL.pdf\u201d expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0009Memorial.pdf\u201d. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8309-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8309-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-00807-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por David Felipe Villamil \u00c1vila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64844","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64844"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64844\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}