STC8312-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8312-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02001-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Alberto Torres Mutis contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso divisorio de radicado 2016-00057-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. Manifiesta que en proceso divisorio1, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, le reconoci\u00f3 \u2013a trav\u00e9s de tr\u00e1mite incidental-, \u00abmejoras en autos interlocutorios n\u00fameros 317 de mayo 28 de 2012 y 397 de 13 de agosto de 2012, proferidos por el [\u2026] Juzgado Segundo Civil del Circuito [\u2026] por la suma de $1.804.000.000 [\u2026]. Decisi\u00f3n en tales autos que est\u00e1n en firme y que no lo discutieron las contrapartes de aquel [\u2026]\u00bb. Asimismo, menciona que, luego de llevarse a cabo el trabajo de partici\u00f3n a trav\u00e9s de sentencia ejecutoriada, la cual, \u00abno fue apelada ni llevada a revisi\u00f3n\u00bb, el asunto fue remitido por competencia al Despacho Tercero Civil del Circuito de Buga, quien asumi\u00f3 su conocimiento. <\/p>\n
2.1. En virtud de lo acontecido, el juez referido -con prove\u00eddo del 20 de febrero de 2020-, al considerar respecto de \u00ablas controversias originadas entre el demandado [aqu\u00ed accionante] y los dem\u00e1s ex comuneros respecto a la entrega de los inmuebles fruto de la divisi\u00f3n material y, la reclamaci\u00f3n de mejoras existentes en estos predios\u00bb, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: ORDENAR a los sucesores procesales del causante Camilo Torres Mutis a saber: Martha Cecilia Vel\u00e1squez de Torres, Joaqu\u00edn Camilo Torres Vel\u00e1squez y M\u00f3nica Mar\u00eda Torres Vel\u00e1squez, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en siembra de pasto braquiaria en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130464, la suma de $5.539.650 [\u2026], reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de \u00e9ste predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la se\u00f1ora Beatriz Torres Mutis, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en siembra de pasto braquiaria en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130464, la suma de $6.416.620 [\u2026], reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de \u00e9ste predio hasta tanto se cancele dicha suma [\u2026]\u00bb2. <\/p>\n
Inconformes con esa decisi\u00f3n, ambos extremos presentaron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n3. Actuaci\u00f3n desatada con auto del 9 de julio de 2020, la cual, dispuso \u00abNO REPONER PARA REVOCAR el auto interlocutorio Nro. 059 del 20 de febrero de 2020, emitido dentro del presente proceso divisorio [\u2026]\u00bb. Y rechaz\u00f3 por improcedente el remedio de alzada4. Contra ello, las partes interpusieron queja, la cual fue concedida por la Sala-Civil Familia del Tribunal de Buga5. En consecuencia, dicha autoridad colegiada, confirm\u00f3 \u00abel auto interlocutorio 059 de febrero 20 de 2020 que profiri\u00f3 el Juez 3\u00b0 Civil del Circuito de Buga\u00bb6. <\/p>\n
2.2. De acuerdo con lo ordenado en providencia del 20 de febrero de 2020, y con el fin de \u00abdisponer la entrega definitiva de los restantes bienes inmuebles en que result\u00f3 dividido el predio rural identificado con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 373-19514\u00bb, el fallador referenciado -con auto del 26 de abril de del 2021- determin\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: ordenar a los sucesores procesales del causante Camilo Torres Mutis a saber: Martha Cecilia Vel\u00e1squez De Torres, Joaqu\u00edn Camilo Torres Vel\u00e1squez y M\u00f3nica Mar\u00eda Torres Vel\u00e1squez, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130465, la suma de [\u2026] $243.356.599,72, reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de \u00e9ste predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR A los sucesores procesales del causante Camilo Torres Mutis a saber: Martha Cecilia Vel\u00e1squez De Torres, Joaqu\u00edn Camilo Torres Vel\u00e1squez y M\u00f3nica Mar\u00eda Torres Vel\u00e1squez, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130466, la suma de [\u2026] $112.874.371,34, reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de \u00e9ste predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR A la se\u00f1ora Alba Teresa Torres Mutis, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130469, la suma de $52.081.595,07, reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de este predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR A la se\u00f1ora Alba Teresa Torres Mutis, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130468, la suma de [\u2026] $246.067.700,40, reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de este predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
QUINTO: ORDENAR A la se\u00f1ora Beatriz Torres Mutis, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130471, la suma de [\u2026] $350.950.036,94 reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de este predio hasta tanto se cancele dicha suma. <\/p>\n
SEXTO: ORDENAR A la se\u00f1ora Beatriz Torres Mutis, cancelar al se\u00f1or Jaime Alberto Torres Mutis, por concepto de mejoras en el lote con matr\u00edcula Nro. 373-130472, la suma de [\u2026] $53.009.075,52 reconociendo el derecho de retenci\u00f3n de este predio hasta tanto se cancele dicha suma\u00bb7. <\/p>\n
En desacuerdo con las consideraciones expuestas, las partes en disputa interpusieron remedio horizontal y en subsidio el de alzada8. En efecto, el funcionario judicial acusado, en actuaci\u00f3n del 27 de mayo de 2021, resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER PARA REVOCAR el auto interlocutorio Nro. 226 del 26 de abril de 2021, emitido dentro del presente proceso declarativo especial divisorio\u00bb. Y, concedi\u00f3 \u00aben el efecto devolutivo, el recurso de apelaci\u00f3n oportunamente impetrado por los demandantes contra el prove\u00eddo Nro. 226 del 26 de abril de 2021\u00bb9. <\/p>\n
2.3. El Tribunal querellado -con prove\u00eddo del 25 de enero de los corrientes- decidi\u00f3 \u00abrevocar \u00fanicamente los ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0 del auto interlocutorio N\u00b0. 226 de abril 21 de 2021 que profiri\u00f3 el Juez 3\u00b0 Civil del Circuito de Buga y en su lugar decretar que las mejores a favor del demandado Jaime Alberto Torres Mutis y a cargo de los demandantes, esto es, de los sucesores procesales de Camilo Torres Mutis, es actualmente de [\u2026] $129.147.088\u00bb. Y, confirm\u00f3 los dem\u00e1s numerales de la providencia recurrida10. Pronunciamiento frente al cual, el aqu\u00ed actor, present\u00f3 \u00absolicitud de aclaraci\u00f3n\u00bb11. En consecuencia, el juzgador colegiado \u2013en auto del 14 de marzo de 2022-, discurri\u00f3 \u00abnegar la aclaraci\u00f3n del auto de enero 25 de 2022\u00bb12. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el actor se\u00f1ala que lo estimado por el Tribunal querellado, referente con revocar \u00abel punto primero del auto impugnado totalmente, en que se le reconoce al demandado el derecho de retenci\u00f3n de los lotes determinados, hasta que se le cancele la suma de dinero con que se actualiz\u00f3 el valor de las mejoras, pues lo coloca como un simple administrador de hecho, cuando jur\u00eddicamente no es as\u00ed, implica grave golpe al que goza del derecho de retenci\u00f3n en este caso. Lo que es m\u00e1s grave que si ha retirado mejoras don Jaime Torres Mutis o ha aprovechado o descuidado otras es cuesti\u00f3n que est\u00e1 en libertad de ser invocada por cada interesado a trav\u00e9s de un incidente, o sea que manda a las partes demandadas a m\u00e1s procedimientos y litigios sin raz\u00f3n, siendo as\u00ed que ya se hab\u00eda determinado el monto a pagar por los herederos de don Camilo Torres Mutis, y que como no apelaron las otras demandadas por el otro abogado, que ya fue relevado por ellas, no pueden jur\u00eddicamente modificar nada al respecto. Es decir, la magistrada les regala una oportunidad que no tienen de seguir litigando en lo que no impugnaron, lo que es una decisi\u00f3n arbitraria, como tambi\u00e9n desconocer lo que estaba en firme en cuanto a la existencia de las mejoras\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, considera que fue \u00abv\u00edctima de un proceder inconstitucional y arbitrario, porque habi\u00e9ndose reconocido unas mejoras que deb\u00edan pagarse despu\u00e9s de que quedaron en firme el trabajo de partici\u00f3n y la respectiva sentencia, que no fue apelada por ninguna de las partes, mejoras que fueron reconocidas mucho antes de dicha sentencia y cuyo reconocimiento [\u2026] no fue objeto de apelaci\u00f3n cumpliendo con su deber el Juez Tercero Civil del Circuito, que orden\u00f3 su actualizaci\u00f3n, fijando las bases para ello. Lo \u00fanico que se pod\u00eda apelar era que tal vez la actualizaci\u00f3n estuviera mal hecha por los c\u00e1lculos respectivos, pero nunca pod\u00eda haber desconocimiento de la existencia de esas mejoras, cuyo valor deb\u00edan ser actualizadas. Ya no se pod\u00eda alegar que fueron reconocidas o no en la sentencia que aprob\u00f3 la partici\u00f3n, que don Jaime las hubiera usufructuado o no, porque el pago de esas mejoras probablemente podr\u00eda discutirse, en un proceso Ejecutivo, en cuanto a su existencia o aprovechamiento de quien ejerc\u00eda la retenci\u00f3n por causa de ellas, pero jam\u00e1s en la apelaci\u00f3n de un auto que apenas actualizaba el monto de dichas mejoras y nada ten\u00edan que ver con su existencia, porque ya hab\u00edan sido reconocidas [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se \u00abdejen sin efecto o si se prefiere mejor que se anulen, por graves vicios procedimentales, que constituyen v\u00eda de hecho, los [\u2026] autos de 25 de enero de 2022, y 14 de marzo de 2022, para que tenga pleno efecto el auto 226 de 26 de abril de 2021, en que simplemente se actualizaron mejoras en firme, cuyo valor ya no puede ser desconocido, mejoras que ya no pod\u00edan ser cuestionadas\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones adoptadas [\u2026] no son constitutivas de arbitrariedad o capricho y se enmarcan en la discreta y responsable autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n de las normas procesales correspondientes\u00bb13. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga inform\u00f3, conforme lo refrendado en su libro radicador, lo surtido por ese Despacho en proceso divisorio de radicado 2008-00049-00, en el cual, estaban involucradas las partes del juicio cuestionado14. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 el derecho fundamental alegado por el promotor, con ocasi\u00f3n de los prove\u00eddos dictados con los cuales se revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n del juzgado de primera instancia y aquel que resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n. Ello, por cuanto estima que dichas resoluciones eliminaron el derecho de retenci\u00f3n que le hab\u00eda sido previamente declarado. Adem\u00e1s, por cuanto resolvi\u00f3 sobre aspectos que no fueron objeto de contradicci\u00f3n por las partes. <\/p>\n
2. Se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Buga -con providencia del 25 de enero de 2022- expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 revocar los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 de la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
2.1. Para ello, inici\u00f3 por calcular las cuant\u00edas a asignar por derechos de copropiedad y mejoras. Al respecto, indic\u00f3 que \u00abde los reparos concretos de los apelantes estriba en que al demandado Jaime Alberto Torres Mutis se le adjudicaron mayores valores en la divisi\u00f3n, como reconocimiento de sus mejoras, las que no puede reclamar aparte porque ser\u00eda un pago doble\u00bb. Adem\u00e1s, anot\u00f3 que \u00aben el trabajo de partici\u00f3n de la comunidad aprobado, sin protesta de ninguna de las partes, seg\u00fan sentencia n.\u00ba 7 -proferida por el a quo en audiencia de febrero 13 de 2019- se estableci\u00f3 que el predio y sus construcciones internas ten\u00edan un aval\u00fao comercial global de $16.602.230.981, de los cuales al demandado Jaime Alberto Torres Mutis se le asigna un total de $12.363.136.064 y a los restantes sucesores del demandante Camilo Torres Mutis, como a las codemandadas Beatriz y Alba Teresa Torres Mutis les correspondi\u00f3 la suma de $1.413.028.895\u00bb. <\/p>\n
En cumplimiento de la correspondiente verificaci\u00f3n matem\u00e1tica, precis\u00f3, en primer lugar que \u00abla suma de los derechos asignados a los comuneros es inferior en $8.232 al aval\u00fao total del predio; tambi\u00e9n se advierte que al demandado [\u2026] le correspond\u00edan 8\/11 partes del bien; es decir, $12.074.349.804, que corresponden 72.727% aproximadamente de todo el predio, pero termin\u00f3 siendo adjudicatario del 74.74% del bien, concretamente, $288.786.259.64 m\u00e1s de lo que correspond\u00edan por sus derechos. A su turno, los dem\u00e1s comuneros que tienen cada uno 1\/11 parte del predio, es decir, $1.509.293.725.55 que corresponden al 9,091% -aproximadamente- de todo el inmueble, resultaron siendo adjudicatarios de solo el 8.51%, exactamente $96.264.830,55 menos la que correspond\u00eda \u2013a cada uno- por sus derechos de comuneros\u00bb. De ese modo, consider\u00f3 que toda vez que el \u00abdemandado Jaime Alberto Torres Mutis ostentaba 8\/11 partes de la comunidad y a los dem\u00e1s les correspond\u00eda 1\/11 parte, queda claro que -al final- el demandado termin\u00f3 recibiendo m\u00e1s porque, como lo expuso expl\u00edcitamente el perito en la audiencia, a \u00e9l s\u00ed se le tuvo en cuenta en el \u00e1rea asignada las mejoras a que ten\u00eda derecho\u00bb. Precisamente, evidenci\u00f3 que el perito se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u201clas mejoras, lo que yo trat\u00e9 de hacer es de que el \u00e1rea que se adjudica en esta zona de explotaci\u00f3n ganadera av\u00edcola donde est\u00e1n todas las mejoras le correspondan al se\u00f1or Jaime, porque \u00e9l es el propietario de las mejoras\u2026 o sea, est\u00e1n incluidas dentro del \u00e1rea que le corresponde a \u00e9l, est\u00e1n encima, pero no descontadas\u201d\u00bb. En ese orden, adujo que en \u00abapelaci\u00f3n anterior se dej\u00f3 claro que al demandado no se le pueden reconocer mejoras diferentes a las ya liquidadas en el auto interlocutorio n.\u00ba 397 -de agosto 13 de 2012- donde se tas\u00f3 un total de $1.804.649.460 [\u2026] all\u00ed se incluy\u00f3, en decisi\u00f3n que se encuentra en firme, $27.000.000 por concepto de pago de impuesto predial y, en esta ocasi\u00f3n, no es posible discutir la inclusi\u00f3n de dicho concepto, por lo que ese reparo de los demandantes no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, con base en doctrina nacional, explic\u00f3 que las mejoras \u00abuna vez reconocidas, se constituyen en un pasivo a cargo de toda la comunidad; por lo tanto, todos los comuneros deben asumir esa deuda a prorrata de sus derechos: \u00abdeber\u00e1 disponerse que se entregue lo que corresponda al comunero o comuneros a quienes se les reconocieron las mejoras, por tratarse de un pasivo que grava a toda la comunidad\u00bb15. Y, discurri\u00f3 que lo anotado, implica dos cosas \u00abprimero, que como cr\u00e9dito ya liquidado en su actualizaci\u00f3n ahora no pueden reliquidarse los bienes y servicios reconocidos, como lo pretende el apelante al aludir a los indicadores de depreciaci\u00f3n por uso o vetustez de algunos conceptos, sino que dichos aspectos se convirtieron desde su liquidaci\u00f3n, en firme, en un cr\u00e9dito dinerario a cargo de la comunidad, cuya actualizaci\u00f3n debe cumplirse con las f\u00f3rmulas actuariales que parten de los \u00edndices de precios al consumidor. Segundo, esa deuda es de la comunidad; es decir, de todos los copropietarios sin excluir al comunero que invoca las mejoras\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, frente al caso en cuesti\u00f3n, adujo que \u00absi Jaime Alberto Torres Mutis hizo mejoras en el predio com\u00fan y proindiviso, es indudable que eso benefici\u00f3 a toda la comunidad y no solo los derechos de Camilo, Beatriz y Alba Teresa Torres Mutis, titulares cada uno de solo de 1\/11 parte del inmueble. No hay duda de que la plantaci\u00f3n de mejoras tambi\u00e9n favoreci\u00f3 los intereses del mismo Jaime Alberto quien era titular de 8\/11 partes del predio\u00bb. En relaci\u00f3n con lo anterior, expres\u00f3 que \u00ablas mejoras cumplidas por Jaime Alberto Torres Mutis entraron a aumentar el valor comercial de toda la propiedad com\u00fan, por manera que sus derechos tambi\u00e9n resultan beneficiados con esa apreciaci\u00f3n y en esa misma proporci\u00f3n debe asumir ese coste como bien lo refieren los apelantes. Entonces, no es que la cantidad de $1.804.649.460, actualizada a la fecha, deba ser asumida \u2013exclusivamente- por los dem\u00e1s comuneros, cuando adem\u00e1s se sabe que a Jaime Alberto se le tuvieron en cuenta por el perito dichas mejoras, al momento de la partici\u00f3n en las \u00e1reas asignadas, motivo por el cual, se recuerda, el nombrado termin\u00f3 recibiendo un \u00e1rea avaluada en m\u00e1s de lo que le correspond\u00eda a prorrata por copropiedad y sus comuneros quedaron con \u00e1reas avaluadas en menos de lo que les deb\u00eda ser asignado por simple partici\u00f3n\u00bb. As\u00ed las cosas, discurri\u00f3 que \u00abhist\u00f3ricamente cu\u00e1nto le pertenec\u00eda a cada comunero, a prorrata, de sus derechos tras estimar el pasivo de las mejoras y luego actualizar ese valor desde agosto de 2012, cuando se reconocieron en auto que se encuentra en firme, a febrero de 2019, fecha en la que se aprueba la partici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo expuesto, indic\u00f3 que \u00aba febrero de 2019, cuando se aprob\u00f3 la partici\u00f3n, a Jaime Alberto Torres Mutis le correspond\u00eda recibir -adicionalmente- $213.553.246,51 de cada uno de los otros copropietarios; en efecto, su derecho como comunero reporta una asignaci\u00f3n de $12.074.349.804,36 -en el cuadro 1- por lo que la misma deb\u00eda incrementarse en $640.659.739,53 (cantidad que resulta de sumar las mejoras actualizadas a cargo de las dem\u00e1s comuneros, en el cuadro 2) todo lo cual le determina recibir por derechos de comunidad y mejoras un total de $12.715.009.543,89\u00bb. De cara a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que esa verificaci\u00f3n resulta de \u00abla siguiente operaci\u00f3n: sumar a sus derechos de comunero que correspond\u00edan en la partici\u00f3n ($12.074.349.804,36) el total de las mejoras actualizadas a la fecha de la partici\u00f3n ($2.349.085.711,60) y restar la al\u00edcuota de las mejoras que el nombrado debe asumir como comunero ($1.708.425.972,07 [\u2026]) esto arroja la cantidad de $12.715.009.543,89. Enti\u00e9ndase que el mismo valor arrojar\u00eda, luego de sumar lo que le corresponde como comunero en la simple partici\u00f3n ($12.074.349.804,36 [\u2026]) a\u00f1adiendo solo los pasivos por mejoras a cargo de cada uno de los dem\u00e1s comuneros ($640.659.739,53 [\u2026] a raz\u00f3n de $213.553.246,51 [\u2026])\u00bb. <\/p>\n
Por ello, destac\u00f3 que \u00aba febrero de 2019 cuando se aprob\u00f3 la partici\u00f3n, a los dem\u00e1s comuneros les correspond\u00eda pagar por mejoras actualizadas un total de $640.659.739,53 al demandado Jaime Alberto Torres Mutis. Quiere decirse que los derechos a asignar como comuneros -a los sucesores de Camilo Torres Mutis y a las demandadas Beatriz y Alba Teresa Torres Mutis- ($1.509.293.725.55 [\u2026]) deb\u00edan reducirse cada uno en $213.553.246,51 (que resulta de prorratear en sus al\u00edcuotas el total de las mejoras actualizadas [\u2026]) lo cual determina que reciban por derechos de comunidad, restando mejoras, un total de $1.295.740.479,04\u00bb. Ahora, de cara a lo planteado manifest\u00f3 que \u00abno puede olvidarse que el citado demandado ya recibi\u00f3 en la partici\u00f3n un excedente de $288.786.259,64. Esto significa que solo resta por pag\u00e1rsele a Jaime Alberto Torres Mutis un total de $351.873.479,89; es decir, al momento de la partici\u00f3n los herederos del demandante Camilo Torres Mutis y las codemandadas Beatriz y Alba Teresa Torres Mutis quedaron debi\u00e9ndole la suma de $117.288.415,96 cada uno, que resulta, precisamente, de restar a la cantidad $213.553.246,51 de mejoras a cargo de los nombrados, el valor de $96.264.830,55 que tambi\u00e9n cada uno dej\u00f3 de recibir en la asignaci\u00f3n de la partici\u00f3n, respecto de su derecho de al\u00edcuota como copropietarios\u00bb. Cuant\u00edas confirmadas al verificar \u00abla diferencia entre los derechos asignados previamente en la partici\u00f3n aprobada [\u2026] donde, se recuerda, qued\u00f3 un faltante de $8.232) con las cuant\u00edas a asignar, cumplidas las compensaciones por mejoras\u00bb. En este aspecto, aclar\u00f3 que \u00abla diferencia resultante entre la suma neta a favor de Jaime Alberto Torres Mutis ($351.873.479,89) y la suma de los saldos de todas las mejoras a cargo de los sucesores de Camilo, y de las demandadas Beatriz y Alba Teresa Torres Mutis ($351.865.247,89) est\u00e1 influida por el defecto inicial del partidor en $8.232 [\u2026], con lo cual los datos quedan corroborados\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, relativo a la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda a cargo de los demandantes, indic\u00f3 que una vez se realiz\u00f3 el c\u00e1lculo \u00abrespecto de todos los comuneros, pues no es posible verificar el de cada uno separadamente sin corroborar que las sumas aritm\u00e9ticamente coincidan al final, conviene recordar que en esta oportunidad \u00fanicamente se alzaron en apelaci\u00f3n los demandantes, como sucesores procesales del extinto Camilo Torres Mutis, de all\u00ed que solo puedan ser objeto de revisi\u00f3n los art\u00edculos primero y segundo del prove\u00eddo apelado auto n.\u00b0 226 de abril 26 de 2021 donde se establecieron las cuant\u00edas a cargo de los accionantes\u00bb. As\u00ed las cosas, como \u00ablas codemandadas Alba Teresa y Beatriz Torres Mutis no formularon a tiempo apelaci\u00f3n, los valores establecidos a cargo de ellas en los art\u00edculos 4 a 6 de la providencia impugnada resultan inmodificables para esta sala, pues la parte recurrente solo tiene inter\u00e9s en las condenas que la vinculan, sin que le afecte el mayor o menor valor que deban asumir sus copropietarias para las entregas de los bienes a ellos asignados\u00bb. <\/p>\n
En igual modo, advirti\u00f3 que no puede soslayarse \u00abque, si bien en el predio adjudicado al demandado Jaime Alberto Torres Mutis pudieron quedar gran parte de las mejoras por \u00e9l reclamadas, lo cierto es que la comparaci\u00f3n se hizo desde el aval\u00fao total de los predios asignados en la partici\u00f3n, adjudicaci\u00f3n sobre la que, no sobra reiterar, ninguna parte mostr\u00f3 reproche cuando fue aprobada por el a quo. De all\u00ed que as\u00ed todas las mejoras estuvieran en las \u00e1reas adjudicadas a ese demandado, se pudo constatar que el valor de los predios asignados no alcanza a completar lo que le corresponde como propietario y como mejorista\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, discurri\u00f3 que los dem\u00e1s \u00abreproches acerca de que luego de reconocidas y liquidadas las mejoras, durante el espacio de tiempo que ha demorado el proceso, continuando el bien en poder de Jaime Alberto como administrador de hecho, este ha retirado algunas, se ha aprovechado o ha descuidado otras, es cuesti\u00f3n que debe ser invocada por cada interesado a trav\u00e9s del incidente previsto en el art. 418 del C.G.P.\u00bb. No obstante, advirti\u00f3 que en ese momento del proceso sub judice \u00abse tiene claro que, de las mejoras reconocidas en cuant\u00eda de $1.804.649.460 en agosto de 2012, que a febrero de 2019 -cuando se aprob\u00f3 la partici\u00f3n- equivalen a la suma de $2.349.085.711,60 a los demandantes les corresponde asumir un valor de $213.553.246,51 y como a estos ya se les hab\u00eda restado $96.264.830,55 en la adjudicaci\u00f3n de la partici\u00f3n solo deben al demandado Jaime Alberto Torres Mutis $117.288.415,96 suma que habr\u00e1 de actualizarse desde febrero de 2019 a la fecha\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones de la Sala atacada, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. En el punto, es necesario destacar que la Sala enjuiciada abord\u00f3 el estudio de la procedencia de las mejoras establecidas con base en el material probatorio recaudado. Adem\u00e1s de realizar un an\u00e1lisis a partir de los valores correspondientes a las partes en litigio, sin que de los mismos se evidenciara un estudio por fuera de los c\u00e1nones sustanciales y procesales del ordenamiento. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto16. <\/p>\n
5. En una palabra, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela solicitada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Proceso divisorio iniciado por Camilo Torres Mutis contra Alba Teresa Torres de Ospina, Martha Lucia, Gloria, Mar\u00eda Rosario, Sarita, Mar\u00eda Ester, Beatriz, Le\u00f3n Alfredo, Omar Nicol\u00e1s y Jaime Alberto Torres Mutis (aqu\u00ed accionante). El demandante falleci\u00f3 por lo que fueron reconocidos como sus sucesores procesales Martha Cecilia Vel\u00e1squez de Torres, Joaqu\u00edn Camilo, M\u00f3nica Mar\u00eda y Claudia Marcela Torres Vel\u00e1squez. En prove\u00eddo del 31 de enero de 2018 excluy\u00f3 como demandados a Martha Lucia, Gloria, Mar\u00eda Rosario, Sarita, Mar\u00eda Ester, Beatriz, Le\u00f3n Alfredo y Omar Nicol\u00e1s Torres Mutis, quedando la pasiva conformada por Alba Teresa Torres de Ospina, Beatriz y Jaime Alberto Torres Mutis. <\/p>\n
2\u0002 Folios 286 a 289 del archivo PDF \u00ab01CuadernoPrincipal7\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folios 290 a 294 y 295 a 297. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab02AutoInterlocutorio\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab11DecisionTribunalRecursoDeQueja\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Archivo PDF \u00ab08ConfirmaAuto\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Archivo PDF \u00ab29AutoResuelveSobreMejoras\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Archivo PDF \u00ab30RecursoDemandantes\u00bb y \u00ab31RecursoDemandadaAlbaTeresaTorresMutis\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Archivo PDF \u00ab33AutoNoReponeSobreMejoras\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Archivo PDF \u00ab03AutoRevocaOrdinales\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 Archivo PDF \u00ab06SolicitudAclaracionApodDdo\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 Archivo PDF \u00ab08AutoNiegaAclaracion\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de junio de 2022. <\/p>\n
14\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de junio de 2022. <\/p>\n
15\u0002 L\u00f3pez Blanco HF: 2017. C\u00f3digo General del Proceso en Parte Especial; Dupr\u00e9 Editores, p. 422. <\/p>\n
16\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8312-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8312-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02001-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de junio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Alberto Torres Mutis contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64846","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64846"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64846\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}