STC8335-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8335-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Alberto V\u00e9lez de Villa, quien dice actuar como representante legal de CJP Enterprise S.A.S., en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso 2018-00175. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Invocando la calidad de \u00abrepresentante legal\u00bb de la empresa CJP Enterprise S.A.S., el gestor procura la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales de la sociedad al debido proceso, igualdad, libre administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente quebrantadas por las autoridades jurisdiccionales accionadas. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En marzo de 2012, las sociedades Renter\u00eda y C\u00eda. S. en C. y CJP Enterprise S.A.S. \u00abhicieron tres negocios\u00bb; como la primera incumpli\u00f3 algunos de tales contratos y, adem\u00e1s, distrajo diversos bienes a fin de eludir su responsabilidad patrimonial, la segunda demand\u00f3 a \u00c1lvaro Arnulfo Moreno, Martha Patricia Noriega y Mar\u00eda Isabel Pe\u00f1aranda (socios) en acci\u00f3n \u00abpauliana\u00bb, de \u00abnulidad\u00bb y \u00absimulaci\u00f3n\u00bb, con la cual busc\u00f3 la declaratoria de ineficacia de unas compraventas contenidas en unas escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n
2.2. Notificada del auto admisorio, la interpelada, Martha Patricia Noriega Ram\u00edrez, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
2.3. El Juzgado del Circuito acusado desestim\u00f3 las pretensiones, al encontrar \u00abprobada la excepci\u00f3n de ausencia de simulaci\u00f3n\u00bb1, y el Tribunal querellado confirm\u00f3 dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Del escrito presentado se extrae que el promotor tacha de irregular las sentencias proferidas en ambas instancias, por cuanto se incurri\u00f3 en el vicio procesal de la incongruencia, ya que \u00ab[s]e queja el juez que el suscrito no precis\u00f3 qu[\u00e9] tipo de nulidad ped\u00eda, y el Magistrado se queja que la nulidad absoluta que ped\u00ed en los alegatos por falta determinaci\u00f3n del bien y por inexistencia de una de las casas era novedosa, pero no toma en cuenta que lo hice en el momento que me lo permite el art. 281.4 CGP, luego de que el perito, las confesiones y los testimonios, demostraran que no exist\u00edan dos casas y que la que exist\u00eda era un casa de 500 metros muy diferente a las individualizadas en las escrituras\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, censura que el juez de primer nivel omiti\u00f3 declarar de oficio la \u00abnulidad\u00bb, incluso \u00abdespu\u00e9s de recalcar su obligaci\u00f3n de decretarla de oficio\u00bb y tampoco tuvo en cuenta que la demandada Noriega Ram\u00edrez no respondi\u00f3 el libelo, por lo cual debi\u00f3 declar\u00e1rsela confesa y aplicarse las consecuencias respectivas. <\/p>\n
Sostiene que Renter\u00eda y C\u00eda. S. en C. s\u00ed estaba \u00abenterada sobre el requerimiento al pago que exige el [art\u00edculo 294] Co.\u00bb, circunstancia que fue pasada por alto por los querellados, que tambi\u00e9n soslayaron que la se\u00f1ora Noriega Ram\u00edrez era \u00abdeudora por el hecho de ser socia gestora de la sociedad en comandita\u00bb y que \u00abel Tribunal quer\u00eda ver formalidades espec\u00edficas y descuid\u00f3 interpretar la demanda y los documentos como lo exige la ley y la jurisprudencia\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, insisti\u00f3 en que se cumpl\u00edan los requisitos legales necesarios para que se estimara la pretensi\u00f3n de nulidad de las escrituras p\u00fablicas 01405 y 1406 de 2017. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige se dejen sin efectos las sentencias proferidas por los juzgadores accionados y que se provea nuevamente. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende que se dejen sin efectos las sentencias proferidas en ambas instancias, en cuya fuerza se desestimaron las pretensiones de la sociedad que dice representa. <\/p>\n
2. De entrada, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia de los presupuestos de legitimaci\u00f3n en la causa por activa e inmediatez, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
3. En efecto, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover acciones de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa…\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.1. Por su parte, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017 clarific\u00f3 las pautas a seguir para la identificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la persona jur\u00eddica en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 <\/p>\n
(iv) La persona jur\u00eddica est\u00e1 en capacidad de velar por la protecci\u00f3n de sus propios derechos, es decir, se descarta que sus socios act\u00faen para la salvaguarda de sus intereses\u2026\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aplicadas las anteriores nociones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, como se anticip\u00f3 se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or Jaime Alberto V\u00e9lez de Villa, en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente y actual de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar; y, aunque en el expediente contentivo del proceso censurado obra uno del 19 de febrero de 2018, expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, que lo reconoce como \u00abliquidador\u00bb, su antig\u00fcedad no permite tener certeza del estado actual de dicha empresa ni que \u00e9l contin\u00fae ejerciendo la representaci\u00f3n y, por tanto, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado2. <\/p>\n
4. De otro lado, a\u00fan si lo anterior se dejara de lado, el amparo igual fracasar\u00eda, por cuanto no satisface el presupuesto de la inmediatez. Esto es as\u00ed si en cuenta se tiene que la decisi\u00f3n de segundo grado fue proferida el 22 de julio de 20213 y, pese a que el 8 de septiembre siguiente4 la Colegiatura querellada neg\u00f3 unos pedimentos de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n, en todo caso la tutela se propuso hasta el 15 de junio de 2022, esto es, superados los seis meses que esta Corte ha estimado razonables para acudir a esta senda excepcional. Sobre el particular, esta Sala ha aseverado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
Y, aunque en el escrito inicial se indic\u00f3 que se cumpl\u00eda con el presupuesto de la tempestividad, por cuanto \u00abla sentencia objeto de la acci\u00f3n de tutela proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 fue puesta en conocimiento por el Juzgado 23 C.C. el 21 de febrero de 2022\u00bb5, lo cierto es que \u00abdicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada, dado que (\u2026) para la presentaci\u00f3n del amparo constitucional (\u2026) [no era] indispensable esperar a que el Juzgado emitiera el auto aludido, pues la sentencia cuestionada ya hab\u00eda adquirido fuerza ejecutoria\u00bb (CSJ STC4610-2022, del 20 de abril de 2022, expediente 2021-02624-01). <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de lo razonado, se impone desestimar el ruego exigido, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Revisado el expediente, se observa que el fallo de primera instancia se profiri\u00f3 el 28 de julio de 2020; y, el de segunda, el 22 de julio de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, la Sala ha sostenido, en asuntos de an\u00e1logos contornos, que: \u00abse advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or Fabio Hern\u00e1n Quiroz Sosa, en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar (\u2026) En t\u00e9rminos similares, recientemente, esta Sala consider\u00f3 improcedente la petici\u00f3n de amparo, pues \u2018los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de estas sociedades adjuntados datan del 2017, lo cual impide tener certeza de que quienes otorgaron los poderes en representaci\u00f3n de estas empresas est\u00e9n facultados para ello\u2019 (STC797-2022, expediente 2022-00003-00). As\u00ed las cosas, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el tutelante no aport\u00f3 un certificado actual que acredite la condici\u00f3n en la que concurri\u00f3 a esta instancia, para defender los derechos de la sociedad The Epica House\u00bb (STC2277-2022, del 2 de marzo de 2022, expediente 2021-02361-01). <\/p>\n
3\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico E-125 del 23 de julio de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Notificada por estado electr\u00f3nico E-158 del 9 de septiembre de 2021. <\/p>\n
5\u0002 Fecha en la que el juzgado de primera instancia dict\u00f3 auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase a lo resuelto por el superior el 22 de julio de 2021 (prove\u00eddo notificado por estado electr\u00f3nico 026 del 22 de febrero de 2022). <\/p>\n
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