STC9281-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9281-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00914-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Camila G\u00f3mez de Nava, Luis Ernesto, Mar\u00eda In\u00e9s, Oswaldo Enrique, Manuel Antonio, Janeth Stella, Rafael Guillermo y Rosaura Jim\u00e9nez Rodr\u00edguez, Luis Eduardo, Marco Antonio, Gustavo y Jorge Enrique Forero Bonilla, Rosa Marina Forero de Pinz\u00f3n, Aidee Vega de Pedraza, Rosa Elvia Le\u00f3n de Gonz\u00e1lez, Edwin Alejandro, Manuel Ernesto, Luis Fernando y Jos\u00e9 Mauricio Monta\u00f1o Monta\u00f1o, Blanca In\u00e9s Camargo Monta\u00f1o, Luis \u00c1ngel Posada Cano, Sandra Patricia, Mar\u00eda Gimena y Luz Myriam Basabe Mahecha contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2015-00659. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, los peticionarios invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, defensa, seguridad social y protecci\u00f3n a la vejez, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, se\u00f1alaron en s\u00edntesis que, Mar\u00eda Camila G\u00f3mez de Nava, Georgina Rodr\u00edguez de Jim\u00e9nez y sus sucesores Gustavo Forero Rubiano, Aidee Vega de Pedraza, Jos\u00e9 el Carmen Gonz\u00e1lez Ria\u00f1o, V\u00edctor Manuel Monta\u00f1o Rodr\u00edguez y sus sucesores, Luis \u00c1ngel Posada Cano, Mar\u00eda Cristina Pinz\u00f3n de Saavedra, Bernardo Sierra Casas y Jos\u00e9 Mil\u00e1n Basabe G\u00f3mez iniciaron proceso ordinario laboral contra la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que se les reanudara el reconocimiento y pago de los beneficios convencionales por extensi\u00f3n como pensionados del Instituto de Fomento Industrial, as\u00ed como a su grupo familiar, debidamente indexados m\u00e1s los respectivos intereses moratorios, y el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales causados. <\/p>\n
Manifestaron que el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 27 de noviembre de 2017 absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad el 6 de marzo de 2018. <\/p>\n
Inconformes, presentaron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 3 en sentencia SL4774-2021 de 6 de octubre de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En sentir de los accionantes, las autoridades acusadas incurrieron en defecto sustantivo, al dar una interpretaci\u00f3n no razonable a las convenciones colectivas de trabajo y extralimitar los efectos del fen\u00f3meno jur\u00eddico de derogaci\u00f3n t\u00e1cita. <\/p>\n
Igualmente, afirmaron que desconocer la vigencia del r\u00e9gimen de conservaci\u00f3n prestacional a pensionados estipulado en el literal a) del art\u00edculo 15 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1978 ser\u00eda ignorar lo consagrado en los art\u00edculos 467 y 468 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, referente a que las cl\u00e1usulas de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo se encuentran unidas a la voluntad de las partes que la suscribieron, de manera que, en caso de no existir manifestaci\u00f3n escrita de las partes de darla por terminada, la misma se entiende prorrogada por ministerio de ley. <\/p>\n
Expusieron que seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las convenciones colectivas de trabajo deben interpretarse de la manera m\u00e1s favorable al trabajador, lo que en el caso concreto se traduc\u00eda \u00aben que si en el art\u00edculo 15 de la convenci\u00f3n colectiva suscrita en 1978, se estableci\u00f3 un r\u00e9gimen jur\u00eddico y prestacional dirigido a los pensionados del IFI- Concesi\u00f3n de Salinas; el querer de las partes y la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable consistir\u00eda en que este r\u00e9gimen subsistir\u00eda siempre que subsistieran aquellos pensionados\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, afirmaron que se encuentra configurado un defecto f\u00e1ctico en la decisi\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral, pues existen pruebas que no fueron apreciadas, entre ellas, las convenciones colectivas de trabajo y laudos arbitrales suscritos por el IFI Concesi\u00f3n de Salinas y Sintrasalinas entre 1956 y 1993, el comunicado recibido el 9 de septiembre de 1998 en el que se refiere los servicios complementarios de sanidad, el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 8 de julio de 1998 y la sentencia de 1\u00ba de agosto de 2013 n\u00ba interno 1153-2009 del Consejo de Estado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron que en sede constitucional se \u00abordene a la NACI\u00d3N \u2013 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO que reanude el reconocimiento y pago de los beneficios por extensi\u00f3n del plan complementario de salud y auxilio de escolaridad a que tienen derecho y sus grupos familiares como pensionados del Instituto de Fomento Industrial \u2013 IFI Concesi\u00f3n Salinas, que ven\u00edan disfrutando y que les fueron suspendidos desde el 21 de febrero de 2003, en forma indexada desde la causaci\u00f3n de cada derecho y hasta la fecha efectiva de su pago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la sentencia y, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no se incurri\u00f3 en la supuesta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, conforme a lo dispuesto en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 2 de la Ley Estatutaria 1781 de 20 de mayo de 2016 y el Reglamento interno de la Sala. <\/p>\n
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indic\u00f3 que lo pretendido por los accionantes desconoce alrededor de cinco a\u00f1os de procedimiento adelantado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, donde hubo un pronunciamiento judicial y en el que adem\u00e1s existe un precedente ampliamente decantado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, tras determinar que lo pretendido por los accionantes es que el juez de tutela estudie los argumentos referentes a la vigencia del r\u00e9gimen de conservaci\u00f3n prestacional a pensionados estipulado en el art\u00edculo 15 de la convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo de 1978, en lo que tiene que ver con la pr\u00f3rroga de las normas convencionales hasta tanto se firme una nueva, aspectos que ya fueron planteados ante los jueces de instancia y en sede se casaci\u00f3n, sin que la acci\u00f3n de tutela pueda convertirse en una instancia adicional donde se haga eco de sus peticiones. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que adem\u00e1s no se evidenciaba la existencia de una v\u00eda de hecho que habilitara la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la sentencia cuestionada est\u00e1 fundamentada en la norma aplicable y en la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente vigente a la fecha de juzgamiento, entre otras, las sentencias, SL12148-2014, SL9188-2014 y SL1036-2021. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por los accionantes enfatizando que su solicitud no busca reiterar los puntos del debate que correspond\u00eda a la causa ordinaria, ni constituir una instancia adicional o imponer un criterio al juez natural, puesto que lo pretendido es que el juez de tutela evidencie la configuraci\u00f3n de los defectos especificados en el escrito inicial que guardan relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y contraria al precedente jurisprudencial, la extralimitaci\u00f3n del juez en la aplicaci\u00f3n de los efectos del fen\u00f3meno jur\u00eddico de la derogaci\u00f3n t\u00e1cita y la toma de decisiones sobre la imposibilidad del restablecimiento de los beneficios, basadas en premisas sin un adecuado sustento probatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Si bien los accionantes cuestionan las decisiones de instancia y de casaci\u00f3n proferidas en el proceso ordinario laboral que promovieron contra la Naci\u00f3n – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, por cuanto con ella se dirimi\u00f3 la controversia y ese, es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. Su censura radica, seg\u00fan exponen, en que en su decisi\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n incurri\u00f3 en la configuraci\u00f3n de un defecto sustantivo al dar una interpretaci\u00f3n no razonable a las convenciones colectivas de trabajo y extralimitar los efectos del fen\u00f3meno jur\u00eddico de derogaci\u00f3n tacita, as\u00ed como en defecto f\u00e1ctico, por la falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente. <\/p>\n
No obstante, revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL4747-2021, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria. En la referida decisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa censura aduce que el sentenciador incurri\u00f3 en los yerros jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que condujeron a la decisi\u00f3n cuestionada debido a la falta y equivocada valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas al proceso y a la infracci\u00f3n e indebida aplicaci\u00f3n de las normas denunciadas. <\/p>\n
Critica la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n de la demandada, en cuanto estim\u00f3 que los convenios colectivos que consagran los derechos pretendidos por los demandantes, carec\u00edan de la constancia de dep\u00f3sito y declar\u00f3 la prescripci\u00f3n sin tener en cuenta que el t\u00e9rmino para su contabilizaci\u00f3n es el 1 de agosto de 2013, fecha de la sentencia del Consejo de Estado que declar\u00f3 la nulidad de la Circular 01 del 21 de febrero de 2003, expedida por el Director del IFI- Concesi\u00f3n Salinas. <\/p>\n
Son supuestos f\u00e1cticos indiscutidos: i) que los demandantes son pensionados del Instituto de Fomento Industrial IFI \u2013 Concesi\u00f3n Salinas, unos por haber sido sus trabajadores, y otros, por tratarse de beneficiarios de la sustituci\u00f3n pensional; ii) en tales condiciones, disfrutaban de los beneficios extralegales demandados, que fueron reconocidos en las convenciones colectivas de trabajo que se encontraban vigentes al momento del reconocimiento de las prestaciones; iii) las prerrogativas convencionales reclamadas por los actores, fueron suspendidas mediante la Circular 01 del 21 de febrero de 2003, declarada nula por la Secci\u00f3n Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 1 de agosto de 2013, al considerar que el Director del IFI carec\u00eda de competencia para realizar dicha acci\u00f3n y, iv) las solicitudes de reactivaci\u00f3n de los beneficios extralegales suspendidos, fueron negadas por el Ministerio accionado\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, tras referirse a la definici\u00f3n de convenci\u00f3n colectiva consignada en el art\u00edculo 467 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, indic\u00f3 que los derechos y condiciones salariales que emanan de los acuerdos colectivos, tienen sustantividad propia, est\u00e1n protegidos en el plano legal y constitucional y, cuentan con un car\u00e1cter normativo vinculante para las partes, sin embargo, determin\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[P]ara que pueda hablarse de que dichos beneficios tienen el car\u00e1cter de adquiridos, es necesario que los mismos hayan sido definidos y causados, como en este caso, de conformidad con la convenci\u00f3n que se encontraba vigente cuando se obtuvo la condici\u00f3n de pensionado y que el respectivo beneficio mantenga su vigencia en el tiempo, pues s\u00f3lo as\u00ed puede entenderse que ingresaron a formar parte del patrimonio de la persona. <\/p>\n
En ese horizonte, teniendo en cuenta que los beneficios convencionales suspendidos a los demandantes y sus grupos familiares fueron obtenidos desde el momento en que fueron pensionados, se entiende que su reconocimiento fue inherente a su estatus y, por ende, constituyeron derechos adquiridos. Por tanto, no hay lugar a la afectaci\u00f3n del car\u00e1cter de derechos adquiridos de los beneficios convencionales en virtud de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto este propendi\u00f3 por la no afectaci\u00f3n de ellos y las expectativas leg\u00edtimas de las partes, en cuanto a la no modificaci\u00f3n de lo previamente acordado (CSJ SL9188-2014)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 7 de la Ley 4 de 1976 vigente a la fecha de reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de los demandantes, consagr\u00f3 el derecho para los pensionados del sector p\u00fablico, oficial, semioficial y privado de disfrutar entre otros, de los servicios m\u00e9dicos, odontol\u00f3gicos y quir\u00fargicos, que tuvieran establecidos para sus afiliados o sus dependientes, no obstante, se\u00f1al\u00f3, que esa disposici\u00f3n fue subrogada por el art\u00edculo 163 de la Ley 100 de 1993 la cual estipul\u00f3 la afiliaci\u00f3n obligatoria al r\u00e9gimen contributivo en salud para todos los pensionados, pese a ello el Instituto de Fomento Industrial continu\u00f3 garantizando los servicios asistenciales a sus pensionados y sus grupos familiares. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que de conformidad con lo se\u00f1alado por esa Corporaci\u00f3n en sentencia SL1036-2021, no pod\u00eda desconocerse que el art\u00edculo 163 de la Ley 100 de 1993 desplaz\u00f3 en su aplicaci\u00f3n a la norma que ven\u00eda vigente para los trabajadores y pensionados del IFI -art\u00edculo 7 de la Ley 4 de 1976-, y, refiri\u00e9ndose al caso concreto, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00ab[L]os beneficios sanitarios contemplados en las convenciones colectivas y que les resultaban aplicables por extensi\u00f3n a los pensionados, no tienen la connotaci\u00f3n de derechos adquiridos y cesaron en su vigencia con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, aunado a que los beneficios de salud pretendidos \u2039\u2039por extensi\u00f3n para los demandantes y su grupo familiar\u00bb, depend\u00eda de la existencia de la persona jur\u00eddica empleadora, por cuanto, en algunos eventos se estableci\u00f3 que ser\u00edan prestados en sus dependencias, por los profesionales que laboraban para la entidad, conforme a los art\u00edculos 14, 15 y 18 del instrumento colectivo de 1960 y art\u00edculos 15 de 1962 y literal a) del 15 de la de 1978. <\/p>\n
En consecuencia, tales prerrogativas solo tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009, fecha de extinci\u00f3n y liquidaci\u00f3n definitiva del IFI, conforme al Decreto 4713 de 2009 y la Resoluci\u00f3n 477 de esa anualidad (CSJ SL18105-2016; CSJ SL2559-2015, CSJ SL, 13 jun 2012, rad. 39647). Lo dicho, con independencia de la nulidad de la Circular 01 de 2003, decretada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 1 de agosto de 2013, pues los servicios de salud y sanidad reclamados se tornar\u00edan en una obligaci\u00f3n de imposible cumplimiento, ante la desaparici\u00f3n de la persona jur\u00eddica empleadora\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo alegado por los recurrentes sostuvo, <\/p>\n
\u00aben aras de esclarecer los argumentos de la censura en cuanto a la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo que a su juicio es a partir de la sentencia proferida por el Consejo de Estado que declar\u00f3 la nulidad de la referida Circular 01 de 2003, desacierta en tal sentido, en la medida en que dicha providencia se emiti\u00f3 en acci\u00f3n de simple nulidad y no contiene condena alguna, que los efectos de los fallos proferidos por esa Corporaci\u00f3n, son ex tunc, \u00abdesde siempre\u00bb, y que en los asuntos laborales y de la seguridad social, las normas aplicables son los art\u00edculos 488 del CST y 151 del CPTSS, como infiri\u00f3 el colegiado al declarar prescritos los derechos reclamados luego de vencido el plazo de tres a\u00f1os, de acuerdo con las reclamaciones de folios 87, 88, 101, 102, 115, 116, 128, 129, 142, 143, 152, 153, 164, 165, 175, 176, 186, 187, 197 y 198 del expediente\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, dispuso no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 6 de marzo de 2018. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por los accionantes que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que los beneficios convencionales de los que disfrutaban los actores no ten\u00edan la connotaci\u00f3n de derechos adquiridos y cesaron con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993, adem\u00e1s que los mismos depend\u00edan de la existencia de la entidad empleadora la cual fue extinguida y liquidada en 2009. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de que los accionantes compartan o no esas apreciaciones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a un an\u00e1lisis coherente del expediente, as\u00ed como a la leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso, por lo tanto, las divergencias exteriorizadas por los reclamantes a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acudan al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, referente al defecto f\u00e1ctico alegado por los accionantes, por la supuesta falta de valoraci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, sus cuestionamientos no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la providencia reprochada pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, se destaca que la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, si echaron de menos un pronunciamiento sobre dicho aspecto, bien pudieron solicitar a adici\u00f3n de la sentencia, exponiendo la presunta omisi\u00f3n, empero, revisadas las actuaciones no se observ\u00f3 que hubiesen agotado dicho medio que ten\u00edan a su alcance. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021 y STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 ratificada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9281-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9281-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00914-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[50],"tags":[],"class_list":["post-64852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-junio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}