AC1980-2022 (2016-45525-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1980-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2016-45525-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Distribuidora Velmar L\u00edder S.A.S., frente a la sentencia proferida el 6 de julio de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n declarativa y de condena que, por competencia desleal, promovi\u00f3 contra Cementos Tequendama S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La demandante Velmar L\u00edder S.A.S promovi\u00f3 demanda por competencia desleal en la que pidi\u00f3 declarar que la convocada \u00abha incurrido en actos de desviaci\u00f3n de clientela (\u2026), de desorganizaci\u00f3n (\u2026), de violaci\u00f3n de normas (\u2026), violaci\u00f3n de secretos (\u2026), explotaci\u00f3n de secretos empresariales (\u2026), actos de competencia desleal previstos en la prohibici\u00f3n general de que trata el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 256 de 1996 (\u2026), adem\u00e1s de la terminaci\u00f3n intempestiva y sin justa causa del v\u00ednculo comercial existente entre las partes, la desarticulaci\u00f3n interna de la empresa y de las prestaciones mercantiles, la imposici\u00f3n de precios, as\u00ed como las sanciones como consecuencia del no cumplimiento de los precios fijados, la venta por parte de la demandada en las zonas asignadas a mi mandante a precios inferiores a aquellos que le hab\u00edan sido fijados y la obligaci\u00f3n de entregar los clientes adquiridos por mi poderdante a otros distribuidores\u00bb. <\/p>\n
Reclam\u00f3, as\u00ed mismo, que se declare que dichas conductas ocasionaron que Velmar L\u00edder quedara excluida \u00abdel mercado de cemento gris (\u2026) y se viera forzada a incumplir con el pago de sus deudas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, ruega que se condene a la demandada a pagar \u00ab$100\u00b4000.000 por concepto de da\u00f1o emergente\u00bb y \u00ab$6.261\u00b4600.000 por concepto de lucro cesante\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abque se le proh\u00edba de manera definitiva hacer uso de la informaci\u00f3n, documentos y dem\u00e1s secretos empresariales de la demandante, a los que la demandada hubiera accedido y\/o, cuando correspondiese, hubiera adquirido il\u00edcitamente\u00bb y tambi\u00e9n que se \u00able ordene remover a su costa los efectos causados como resultado de haber incurrido en actos de competencia desleal\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento del petitum, ofreci\u00f3 el relato que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
(i) En el a\u00f1o 2008 se celebr\u00f3 un contrato verbal de distribuci\u00f3n, en virtud del cual Distribuidora Velmar Ltda. qued\u00f3 encargada, con exclusividad, de la comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n en la regi\u00f3n de la Orinoqu\u00eda, del cemento gris que produc\u00eda la demandada, posici\u00f3n que, en el a\u00f1o 2010, asumi\u00f3 Velmar L\u00edder S.A.S. (hoy demandante), quien compart\u00eda el mismo representante legal con la primera de las mencionadas sociedades. <\/p>\n
(ii) A efectos de ejecutar esa labor de distribuci\u00f3n, se acord\u00f3 una modalidad conforme a la cual la demandante retiraba el cemento comprado de la planta de Cementos Tequendama, procediendo a su venta a ferreteros y centros de dep\u00f3sito en la regi\u00f3n de la Orinoqu\u00eda. Dicho esquema inclu\u00eda un sistema de cuotas y precios, en el que la convocada impon\u00eda una cuota m\u00ednima de venta para el distribuidor, los precios de venta del producto y las zonas de distribuci\u00f3n. <\/p>\n
En virtud de tal relaci\u00f3n comercial, la cementera otorg\u00f3 a Velmar L\u00edder un \u00abcupo de cr\u00e9dito rotativo, para que lo utilizara con la finalidad de comprar productos a Cetesa, los cuales ser\u00edan pagados en el t\u00e9rmino establecido por la demandada\u00bb, cupo que estuvo respaldado con garant\u00edas reales y personales constituidas por la actora. <\/p>\n
(iii) Durante el desarrollo de la relaci\u00f3n comercial, Velmar L\u00edder atendi\u00f3 a cabalidad todas las directrices que le fueron impuestas; no as\u00ed la convocada, quien desde noviembre de 2010 empez\u00f3 a incumplir con las fechas de entrega del producto y adem\u00e1s, redujo significativamente la cuota de suministro de cemento, lo que \u00absupuso que la demandante tuviera as\u00ed mismo que incurrir en correlativos retrasos e incumplimientos, de cara a sus clientes y proveedores, por ver afectado en forma consecuente su flujo de caja\u00bb. <\/p>\n
(iv) Pese a esas tardanzas y reducci\u00f3n de producto, Velmar L\u00edder siempre mantuvo el cumplimiento consistente de todas sus obligaciones, salvo unos \u00abpeque\u00f1os retrasos en los pagos peri\u00f3dicos debidos a Cetesa (\u2026) los cuales, con todo, siempre fueron cumplidos (\u2026), cosa que es confirmada por el hecho de que CETESA dio continuidad en el suministro de cemento a Velmar L\u00edder y por cuanto se le mantuvo a este \u00faltimo siempre su cupo de cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
De hecho, la intachable ejecuci\u00f3n contractual de parte de la actora llev\u00f3 a que en el a\u00f1o 2013 se le permitiera abrir dos puntos m\u00e1s de distribuci\u00f3n en Bogot\u00e1, uno en Soacha y uno m\u00e1s en Yopal, los cuales fueron administrados con la misma probidad que los iniciales. Sin embargo, para mediados de ese mismo a\u00f1o, se le hizo imposible seguir cumpliendo las metas de venta que le fueron impuestas, por lo que \u00abse vio en la necesidad de no continuar atendiendo el mercado de Bogot\u00e1, ante lo cual CETESA nombr\u00f3 nuevos distribuidores en dicha \u00e1rea\u00bb. <\/p>\n
(v) Prevali\u00e9ndose de los incumplimientos de Velmar L\u00edder -que hab\u00edan sido consecuencia directa de las demoras de la convocada y las injustificadas reducciones de producto que le ven\u00edan siendo entregadas-, Cementos Tequendama design\u00f3 un \u00abdistribuidor complementario en el oriente de Cundinamarca y los llanos orientales, a fin de fortalecer la distribuci\u00f3n de cemento\u00bb. Posteriormente, la demandante fue relevada de sus labores de distribuci\u00f3n en distintas zonas del pa\u00eds, quedando a su cargo \u00fanicamente \u00ablos municipios pertenecientes al corredor que desde Villavicencio conduce a San Jos\u00e9 del Guaviare\u00bb. Las dem\u00e1s zonas le fueron entregadas al nuevo distribuidor complementario (Distribuidora San Fernando). <\/p>\n
(vi) El 10 de diciembre de 2014, sin mediar preaviso alguno, la demandada tom\u00f3 la decisi\u00f3n abrupta e intempestiva de suspender el suministro de cemento, sin ninguna raz\u00f3n aparente, pese a que, para ese entonces, \u00abVelmar L\u00edder se encontraba completamente al d\u00eda en el pago de sus obligaciones rotativas y tambi\u00e9n se encontraba vendiendo vol\u00famenes r\u00e9cord de cemento en las zonas que le hab\u00edan sido asignadas\u00bb. <\/p>\n
(vii) Dado que la distribuci\u00f3n de cemento gris constitu\u00eda su principal actividad comercial, el sorpresivo proceder de la convocada la oblig\u00f3 a \u00abcesar sus actividades, liquidar la totalidad de los trabajadores; incumplir a sus acreedores, reembolsar los dineros pagados por sus clientes en el mercado de cemento\u00bb y perder, con ello, toda la inversi\u00f3n que hab\u00eda hecho durante esos a\u00f1os para la creaci\u00f3n de la infraestructura mercantil que le permiti\u00f3 abrir un mercado para Cementos Tequendama y consolidar su marca en las regiones que le fueron asignadas. <\/p>\n
(viii) En la etapa final de la negociaci\u00f3n y los meses que le precedieron, Cementos Tequendama hizo un uso indebido de la informaci\u00f3n empresarial secreta de Velmar L\u00edder, tal como listados de clientes, cuotas de mercado, distribuci\u00f3n de mercados por zonas, configuraci\u00f3n geogr\u00e1fica real de consumo de cemento, niveles reales de demanda de cemento, etc., la cual entreg\u00f3 al nuevo distribuidor y facilit\u00f3 as\u00ed su posicionamiento en el mercado que antes atend\u00eda Velmar L\u00edder. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, \u00abcon evidente mala fe, CETESA inici\u00f3 una serie de acciones en contra de Velmar L\u00edder, tal como la acci\u00f3n ejecutiva iniciada el 12 de marzo de 2015, con radicado n\u00b0 50001310300320150012200, interpuesta ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, con la finalidad de perseguir el cobro de acreencias ocasionadas directamente en el merco del contrato de suministro para distribuci\u00f3n y que permanecieron insolutas como consecuencia directa de la terminaci\u00f3n abrupta e injustificada del contrato de suministro para distribuci\u00f3n por parte de Cetesa\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
Enterada del auto admisorio de la reforma de la demanda, la convocada excepcion\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abno se cumple el llamado \u201c\u00e1mbito objetivo\u201d de aplicaci\u00f3n de la Ley 256 de 1996\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb y \u00abausencia de conducta de competencia desleal\u00bb. <\/p>\n
3. La sentencia de primer grado. <\/p>\n
Mediante sentencia de 30 de mayo de 2019, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desestim\u00f3 las pretensiones de la demandante. Declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n del acto de violaci\u00f3n de normas alegado por la parte actora, y encontr\u00f3 que no se acreditaron los alegados actos desleales de desorganizaci\u00f3n, violaci\u00f3n de secretos, desviaci\u00f3n de clientela y prohibici\u00f3n general por parte de Cementos Tequendama. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada <\/p>\n
Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la demandante, el Tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia, determinaci\u00f3n que se finc\u00f3 en los argumentos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
(i) Si bien la acci\u00f3n de competencia desleal por violaci\u00f3n de normas no se encontraba prescrita, tal situaci\u00f3n en nada cambia la decisi\u00f3n de fondo del a quo, puesto que en el proceso no se demostraron los supuestos de hecho que exige la ley sustancial para la prosperidad de la declaraci\u00f3n de responsabilidad por competencia desleal. <\/p>\n
(ii) Si bien en el caso se cumplen los \u00e1mbitos subjetivo y territorial de aplicaci\u00f3n de la Ley 256 de 1996, no ocurre lo mismo con el factor objetivo, en la medida en que no se prob\u00f3 que el demandante incurriera en actos de competencia desleal ni que actuara con fines concurrenciales. En estricto sentido, los elementos de juicio en cuya valoraci\u00f3n insiste la recurrente, solo reflejan la existencia, extensi\u00f3n y culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual que sostuvieron los litigantes, pero nada dicen sobre el \u00e1nimo torticero que se le endilg\u00f3 a Cementos Tequendama en cuanto a la forma en que dio por terminada esa relaci\u00f3n comercial. <\/p>\n
(iii) Tal como enfatizara el a quo, el superior reiter\u00f3 que el an\u00e1lisis del contrato existente entre las partes, su cumplimiento y terminaci\u00f3n no es el objeto de este proceso, pues ello corresponde al juez del contrato. En tal virtud, si bien en este litigio no se entra a determinar si la terminaci\u00f3n del contrato tuvo o no justa causa, para los espec\u00edficos efectos de la especial acci\u00f3n de competencia desleal se relieva el hecho probado de que \u00abla raz\u00f3n que tuvo la demandada para cesar el suministro de cemento fue la falta de pago de la distribuidora, pero jam\u00e1s su inter\u00e9s en crear una ventaja competitiva desleal a su favor, ni mucho menos desorganizar a la empresa demandante\u00bb. <\/p>\n
(iv) En tal sentido, el juzgador de segundo grado encontr\u00f3 incoherente y desproporcionado que la demandante exigiera la continuaci\u00f3n del suministro de cemento y del cupo de cr\u00e9dito otorgado por la convocada cuando no cumpli\u00f3 con su principal obligaci\u00f3n, a saber, pagar el producto que distribu\u00eda. <\/p>\n
(v) Tampoco se encontr\u00f3 prueba de la competencia entre las partes, pues la naturaleza de su v\u00ednculo comercial no era de competici\u00f3n sino de colaboraci\u00f3n en el mismo bando, sin que se hubiese demostrado que Cementos Tequendama buscara desorganizar a Velmar L\u00edder para favorecer los intereses de un tercero. <\/p>\n
(vi) No se acredit\u00f3 la existencia de informaci\u00f3n confidencial entre las partes ni que la cementera la haya utilizado para crear una ventaja competitiva en su favor, pues la existencia del supuesto listado de clientes y su entrega a una nueva distribuidora no pasaron de ser afirmaciones de la parte actora, sin sustento probatorio. <\/p>\n
(vii) Las pruebas que a juicio del apelante muestran un modus operandi de Cementos Tequendama encaminado a desorganizar a sus distribuidores y apropiarse de su clientela, son abiertamente impertinentes pues se refieren a la terminaci\u00f3n de relaciones comerciales completamente ajenas al proceso. <\/p>\n
(viii) Finalmente, concluye el Tribunal que ninguno de los motivos de inconformidad del apelante tiene la aptitud de variar la sentencia de primer grado, en la medida en que no se demostr\u00f3 la comisi\u00f3n de actos de competencia desleal por parte de la convocada. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
La parte actora interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 una demanda de sustentaci\u00f3n, donde enarbol\u00f3 un \u00fanico cargo con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es apropiado advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del Tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurrente atribuy\u00f3 a la sentencia de segundo grado la violaci\u00f3n indirecta, por error de hecho, \u00abde los art\u00edculos 2, 7, 8, 9, 18 y 20 de la Ley 256 de 1996, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 822, 829, 863, 871, 973 y 977 del C\u00f3digo de Comercio y complementarios, como lo es el art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, como consecuencia de la falta de apreciaci\u00f3n y la valoraci\u00f3n err\u00f3nea de las pruebas recaudadas. <\/p>\n
En defensa de su censura, expuso las siguientes consideraciones: <\/p>\n
(i) El Tribunal centr\u00f3 su an\u00e1lisis en la terminaci\u00f3n del contrato de suministro, dejando de lado todos los actos anticompetitivos anteriores al 10 de diciembre de 2014, esto es, la fijaci\u00f3n ileg\u00edtima de precios, las continuas amenazas sobre posibles sanciones en caso de no acatar esa imposici\u00f3n, la modificaci\u00f3n intempestiva y caprichosa de las condiciones comerciales conforme a la cual se entregaba a Velmar L\u00edder una cantidad de cemento menor a la pactada; y la venta directa del producto en zonas que hab\u00edan sido asignadas, de manera exclusiva, a la demandante. Ello, sumado a la continua remoci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de otros distribuidores, reflejaba la intenci\u00f3n de Cementos Tequendama de incrementar su participaci\u00f3n directa en el mercado a trav\u00e9s de la estrategia de exclusi\u00f3n que puso en marcha de tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n
(ii) Sostiene que el juzgador no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que la cementera incurri\u00f3 en actos de desorganizaci\u00f3n, puesto que contrario a lo concluido, en el expediente no existe una sola prueba que d\u00e9 cuenta de la existencia de la deuda de m\u00e1s de quinientos millones de pesos a la que se le atribuy\u00f3 la causa de la terminaci\u00f3n del contrato. La misma demandada confes\u00f3 en su interrogatorio de parte que la autorizaci\u00f3n y el despacho de pedidos estaba condicionado a que los distribuidores estuvieran al d\u00eda con el pago del cemento, y si a la demandante se le entreg\u00f3 producto hasta el 10 de diciembre de 2014, ello significa que hasta esa fecha -cuando se suspende el despacho de cemento gris a Velmar L\u00edder-, la actora no ten\u00eda ninguna obligaci\u00f3n pendiente. <\/p>\n
En ese sentido, afirma que se dio por probado el supuesto incumplimiento del contrato por parte de la actora como causa de su terminaci\u00f3n, cuando lo que se demostr\u00f3 fue precisamente que aquella hac\u00eda pagos de manera din\u00e1mica y constante en virtud del cupo de cr\u00e9dito rotativo otorgado por la cementera, quien, en consecuencia, no ten\u00eda ning\u00fan riesgo de cartera con Velmar que justificara la intempestiva y abrupta terminaci\u00f3n del suministro. <\/p>\n
Las pruebas con las que la demandada quiso demostrar la deuda que infundadamente le adjudic\u00f3 a la actora, se presentaron de manera incompleta, puesto que no contienen los apartes en que la misma opositora reconoce que \u00abesos vencimientos son responsabilidad del fabricante, dado sus reiterados incumplimientos en las entregas, as\u00ed como de la mala calidad del cemento que en varias ocasiones le fue entregado a Velmar\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, lo que est\u00e1 acreditado pero pretermitido por el ad quem, es que la finalizaci\u00f3n injustificada de la relaci\u00f3n comercial tuvo como fin la exclusi\u00f3n de la demandante del mercado y produjo su quiebra s\u00fabita, caus\u00e1ndole un grave detrimento patrimonial que debe ser resarcido. <\/p>\n
(iii) El juzgador de segundo grado tampoco dio por probado, est\u00e1ndolo, que la demandada incurri\u00f3 en el acto anticompetitivo de violaci\u00f3n de normas, pues en abierta vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 977 del estatuto mercantil, ces\u00f3 de manera abrupta el despacho de cemento y dio por terminada la relaci\u00f3n contractual sin remitir el preaviso que exige dicha disposici\u00f3n, lo cual \u00abtuvo como fin concurrencial no darle tiempo a la demandante para reorganizarse, evitando que Velmar dada su trayectoria en las zonas asignadas, pudiera seguir vigente en el mercado con otras marcas de cemento, lo que hubiera dificultado el objetivo de crecimiento de Cementos Tequendama, dentro del mercado del cemento\u00bb. <\/p>\n
Resalta la recurrente que los requerimientos de pago enviados por la demandada son posteriores al 10 de diciembre de 2014, fecha en la que ces\u00f3 el despacho de cemento y se concret\u00f3 la exclusi\u00f3n de Velmar del mercado de distribuci\u00f3n de cemento gris, lo que demuestra que, para esa fecha, no exist\u00eda mora alguna que justificara la intempestiva decisi\u00f3n de la cementera. <\/p>\n
(iv) El Tribunal pas\u00f3 por alto las pruebas que demostraban los actos de desviaci\u00f3n de clientela ejecutados por Cementos Tequendama, a saber, los avisos de prensa que la demandada destin\u00f3 espec\u00edficamente a los consumidores de cemento de las zonas de \u00abMeta, Casanare, Soacha y Bogot\u00e1\u00bb, las cuales corresponden justamente a las que cubr\u00eda la convocada. Tales publicaciones \u00abfueron dise\u00f1adas exclusivamente para desviar los clientes de Velmar, para llevarlos directamente a comprar al fabricante como competidor del mercado del cemento (\u2026), evidenciando su actuar como un acto id\u00f3neo para incrementar su participaci\u00f3n en el mercado del cemento\u00bb. <\/p>\n
(v) El ad quem tampoco dio por probado, est\u00e1ndolo, que Velmar L\u00edder sufri\u00f3 un detrimento patrimonial ocasionado directa y dolosamente por Cementos Tequendama, al terminar la relaci\u00f3n comercial sin causa alguna que lo justificara y con la intenci\u00f3n dolosa de excluirla del mercado, para obtener ventajas competitivas y lograr el crecimiento exponencial que efectivamente, logr\u00f3 en el a\u00f1o 2015. <\/p>\n
Relieva el opugnante que no hay prueba en el expediente de su incumplimiento y, por el contrario, la demandada expidi\u00f3 certificaci\u00f3n de su seriedad y responsabilidad y la felicit\u00f3 por el reconocimiento obtenido en su zona de distribuci\u00f3n. Por su parte, los correos del 11 y 17 de diciembre de 2014, remitidos por el representante legal de Velmar a la cementera exigiendo el cumplimiento de sus deberes legales, dan cuenta de que la conducta de \u00e9sta no fue leal. <\/p>\n
De haber valorado todos esos elementos de juicio en forma conjunta y con base en los principios de la sana cr\u00edtica, \u00abse habr\u00eda encontrado probado lo establecido en el art\u00edculo 20 de la ley 256 de 1996 que da lugar a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, por haber quedado demostrado que la demandada incurri\u00f3 en pr\u00e1cticas de competencia desleal y que dichas pr\u00e1cticas causaron un detrimento al demandante\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Analizada la demanda a la luz de las exigencias formales antes se\u00f1aladas, se advierte que el \u00fanico cargo formulado no las cumple, lo que conlleva la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n por los motivos que pasan a explicarse. <\/p>\n
(i) En el planteamiento de la \u00fanica censura, el impugnante desatendi\u00f3 la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, as\u00ed como la exigencia establecida cuando se trata de error de hecho manifiesto, conforme a la cual \u00abse singularizar\u00e1n con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior debido a que, en contrav\u00eda con esa carga, el recurrente present\u00f3 un extenso alegato en el que, lejos de demostrar la existencia y trascendencia del yerro alegado, hace constante referencia al \u00ababundante\u00bb material probatorio que da cuenta de los actos desleales de la convocada, afirmando de manera generalizada que las pruebas respaldan su postura y que, por ende, no fueron tenidas en cuenta o fueron inadecuadamente valoradas por el Tribunal. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, los embates no singularizan de manera clara y precisa el medio de convicci\u00f3n sobre el cual recae el error, sino que se\u00f1alan escuetamente el cuaderno y folio en el que se encontrar\u00eda la prueba de lo dicho, dejando a la Corte la labor de constatar en el expediente la referencia aludida y sacar sus propias conclusiones sobre la forma c\u00f3mo se configur\u00f3 el error, en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1l es su trascendencia en el sentido del fallo. <\/p>\n
Pero, incluso, si se acometiera tal labor -a todas luces incompatible con el recurso extraordinario-, se encuentra que las referencias probatorias se\u00f1aladas en la demanda de casaci\u00f3n no corresponden con la foliatura del expediente remitido a esta Corporaci\u00f3n, lo que impide entonces su corroboraci\u00f3n5. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no cumple con la exigencia formal de singularizar con precisi\u00f3n y claridad el error de hecho alegado, esto es, de se\u00f1alar concretamente los medios de prueba omitidos o tergiversados, ni con la requerida demostraci\u00f3n del yerro endilgado y de su trascendencia en la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
(ii) Adicionalmente, la conclusi\u00f3n del cargo formulado se\u00f1ala que si el amplio listado de los medios de prueba enunciados en la demanda se hubiera valorado en conjunto y conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, el Tribunal habr\u00eda declarado la responsabilidad de la convocada por actos de competencia desleal, lo que supone un ataque por error de derecho; sin embargo, no se indican las normas de derecho probatorio infringidas por el juzgador ni la forma c\u00f3mo se dio dicha transgresi\u00f3n. <\/p>\n
Esta mixtura impone colegir que en la demanda de sustentaci\u00f3n no se verifica el requisito formal consistente en formular cada cargo, pues como lo ha rese\u00f1ado el precedente, \u00abla dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u201d\u00bb (AC219-2017, 25 ene. 2017). <\/p>\n
(iii) Por otra parte, la demanda ataca -sin singularizar ni demostrar los yerros- aspectos que, al no haber sido objeto de reproche en sede de apelaci\u00f3n, arribaron a la segunda instancia como temas pac\u00edficos, lo que le impide al casacionista revivir respecto de ellos un debate fenecido en las instancias, en virtud de su falta de impugnaci\u00f3n oportuna. <\/p>\n
El recurrente reprocha que el Tribunal haya considerado que a la fecha de cesaci\u00f3n de suministro de cemento existiera una deuda en cabeza de Velmar, alegando que la misma no se encuentra probada; sin embargo, el a quo se\u00f1al\u00f3 en su sentencia que en el mes de diciembre de 2014, Cementos Tequendama exigi\u00f3 a la demandante la cancelaci\u00f3n de la deuda existente y el pago por anticipado del cemento, elevando sin \u00e9xito los correspondientes requerimientos para que procediera a saldar la cartera, lo que llev\u00f3 a que el 2 de enero de 2015 se diera por terminado el v\u00ednculo comercial. <\/p>\n
Estas consideraciones del juzgador de primer grado no fueron objeto de reproche en sede de apelaci\u00f3n, puesto que, al elevar los reparos concretos contra la decisi\u00f3n, la demandante no objet\u00f3 que se tuviera por cierta la deuda, sino que explic\u00f3 la situaci\u00f3n se\u00f1alando que \u00abVELMAR L\u00cdDER contaba con un cr\u00e9dito rotativo con la finalidad de financiar la compra de cemento, que inicialmente ten\u00eda un plazo de quince (15) d\u00edas para pagos, se ampli\u00f3 el t\u00e9rmino a veinti\u00fan (21) d\u00edas (\u2026). Creando tal volumen de riesgo, que en efecto se encontraba debidamente garantizado como lo enuncia el numeral anterior, no fue por mutuo de la demandante sino con el benepl\u00e1cito de CETESA quien estaba buscando, sin ning\u00fan tipo de fundamentaci\u00f3n en la buena fe, llevar a que VELMAR L\u00cdDER incurriera en menores cumplimientos de los cuales se aventaj\u00f3 (\u2026). Por lo dicho es que, el estudio de la Delegatura debi\u00f3 hacerse no en la supuesta suspensi\u00f3n del cupo de cr\u00e9dito, que es cierto, por no ser una entidad financiera la demandada se encontraba en todo su derecho de hacerlo, m\u00e1s no ocurr\u00eda lo mismo con la suspensi\u00f3n del suministro de cemento\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, al resolver el reparo concreto conforme al cual la ruptura del convenio fue injustificada y tuvo como finalidad la desorganizaci\u00f3n de la demandante y su expulsi\u00f3n del mercado, el Tribunal reiter\u00f3 lo se\u00f1alado en primera instancia en el sentido de que, ante la existencia de la deuda a diciembre de 2014, luc\u00eda razonable la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n contractual, descart\u00e1ndose el \u00e1nimo desleal endilgado a la convocada. <\/p>\n
En el mismo sentido, alega el recurrente que el ad quem no dio por probados los pagos din\u00e1micos y constantes del cupo de cr\u00e9dito otorgado en favor de Velmar L\u00edder, en virtud de los cuales la cementera no ten\u00eda riesgo de cartera alguno ni justificaci\u00f3n para la cesaci\u00f3n de despacho de cemento. Sin embargo, la existencia de la deuda y del riesgo de cartera fueron tenidos por ciertos por el a quo, quien consider\u00f3 que la convocada no estaba obligada a mantener el cupo de cr\u00e9dito ante el deterioro de la cartera, consideraciones que no fueron objeto de inconformidad en el recurso de alzada. <\/p>\n
Igualmente, se acusa a la colegiatura de no tener por probado que los avisos de prensa en los que se informaba a los clientes que el c\u00f3digo de distribuci\u00f3n de la demandante hab\u00eda sido desactivado se realizaron con el \u00fanico fin de llevar a los clientes de Velmar a comprar el cemento directamente al fabricante; sin embargo, la sentencia de primer grado descart\u00f3 que tales publicaciones constituyeran un acto fraudulento de desviaci\u00f3n de clientela, quedando esta consideraci\u00f3n exenta de reproche en sede de alzada, por lo que arrib\u00f3 al Tribunal como un punto pac\u00edfico en la controversia que por lo tanto, no puede atacarse en sede extraordinaria. <\/p>\n
Finalmente, se duele el casacionista de que el sentenciador dej\u00f3 de lado \u00abla revisi\u00f3n conducente de todos los actos constitutivos de competencia desleal, anteriores al 10 de diciembre de 2014, que prueban a todas luces que cada acto sucesivo realizado por Cementos Tequendama siempre tuvo un firme prop\u00f3sito concurrencial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el reparo concreto de la demandante consist\u00eda precisamente en que deb\u00eda declararse la cesaci\u00f3n del suministro de cemento como un acto desleal de desorganizaci\u00f3n, pues as\u00ed lo expres\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n: \u00ablo cierto es que el objeto del litigio conforme a los hechos tenidos por ciertos (\u2026) se centraba en determinar si el abrupto, intempestivo, imprevisible y desproporcionada [sic] cesaci\u00f3n del suministro de cemento gris, era un acto constitutivo del rompimiento de lo contenido en el art\u00edculo 977 del C\u00f3digo de Comercio, la buena fe del art\u00edculo 871 de la misma norma y el art\u00edculo 1501 del C\u00f3digo Civil, asunto que itero no fue evaluado y estudiado por el a quo. (\u2026) Por lo dicho es que, el estudio de la Delegatura debi\u00f3 hacerse no en la supuesta suspensi\u00f3n del cupo del cr\u00e9dito (\u2026) [sino en] la suspensi\u00f3n del suministro de cemento\u00bb, lo que ocurri\u00f3, efectivamente, el 10 de diciembre de 2014. Por lo anterior, al no haber sido objeto del recurso de alzada, los actos anteriores a esa fecha no fueron escrutados por el Tribunal. <\/p>\n
(iv) Respecto a la acusaci\u00f3n conforme a la cual no se dio por probado, est\u00e1ndolo, que Velmar L\u00edder sufri\u00f3 un grave detrimento patrimonial ocasionado por su expulsi\u00f3n del mercado, debe se\u00f1alarse que el cargo es desenfocado, debido a que la colegiatura no afirm\u00f3 en modo alguno que los da\u00f1os alegados por la demandante no estuviesen acreditados, toda vez que ese asunto no lleg\u00f3 a analizarse en la sentencia en la medida en que, al no encontrarse probado el primer elemento estructural de la responsabilidad por competencia desleal, es decir, la efectiva comisi\u00f3n de actos de esa naturaleza, inocuo resultaba proceder al an\u00e1lisis del segundo requisito (el da\u00f1o causado con ocasi\u00f3n de tales pr\u00e1cticas), puesto que su sola existencia no da origen a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que contempla el art\u00edculo 20 de la Ley 256 de 1996. <\/p>\n
(v) El desenfoque tambi\u00e9n se evidencia en los alegatos respecto a la ausencia de prueba del incumplimiento de los compromisos contractuales de Velmar a lo largo del tiempo y a la debida demostraci\u00f3n de los correlativos incumplimientos de Cementos Tequendama, puesto que tales controversias estuvieron fuera del resorte del Tribunal en virtud de la especial naturaleza de la acci\u00f3n, y as\u00ed se expres\u00f3 en la sentencia: \u00abse reitera, como bien lo recalc\u00f3 la juez de primera instancia, que en este proceso no se estudia ni se hace ninguna declaraci\u00f3n respecto de las controversias inherentes al contrato de suministro, ni mucho menos es posible concluir que su terminaci\u00f3n fue con o sin justa causa. Lo \u00fanico que se resalta en esta oportunidad, es un hecho que se prob\u00f3 para los precisos efectos del presente litigio, consistente en que la raz\u00f3n que tuvo la demandada para cesar el suministro de cemento fue la falta de pago de la distribuidora, pero jam\u00e1s su inter\u00e9s en crear una ventaja competitiva desleal a su favor\u00bb. <\/p>\n
(vi) Pues bien, si, en gracia de discusi\u00f3n, se dejaran de lado las falencias advertidas, la suerte de la impugnaci\u00f3n extraordinaria no ser\u00eda distinta, dado que los ataques se dirigen a cuestionar las conclusiones probatorias del Tribunal, convirtiendo la demanda en un alegato propio de las instancias ordinarias y, en consecuencia, inadmisible en sede extraordinaria. <\/p>\n
Debe recordarse que, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, el memorialista no puede limitarse a exponer la que, seg\u00fan su consideraci\u00f3n, ser\u00eda la valoraci\u00f3n correcta de los medios de prueba, sino que debe atacar la totalidad de los raciocinios que fundamentan la decisi\u00f3n cuestionada y demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por la colegiatura es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. <\/p>\n
Conforme lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, esta carga del casacionista: <\/p>\n
\u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
(vii) En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que la sentencia impugnada tiene como fundamento toral la consideraci\u00f3n de que no se demostr\u00f3 que la demandada incurriera en actos de competencia desleal, pues no se prob\u00f3 que la cesaci\u00f3n del suministro de cemento a la demandante estuviera encaminada a desorganizar su normal funcionamiento, en la medida en que de las pruebas recaudadas -en la que insiste el recurrente extraordinario- s\u00f3lo se desprende la efectiva terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial entre las partes, m\u00e1s no el \u00e1nimo torticero atribuido a Cementos Tequendama. <\/p>\n
Por el contrario, para los puntuales efectos de la acci\u00f3n de competencia desleal se encontr\u00f3 que dicha terminaci\u00f3n se debi\u00f3 a la deuda que la demandante ten\u00eda con la demandada y que se acredit\u00f3 con las facturas de venta con vencimiento al mes de diciembre de 2014 y las actas del comit\u00e9 de cr\u00e9dito de Cementos Tequendama6, de donde concluy\u00f3 el juzgador que se tornaba razonable suspender el suministro de cemento ante la ausencia de capacidad o de voluntad de pago de la demandante; por ende, descart\u00f3 que la raz\u00f3n que tuvo la convocada para cesar el suministro de cemento fuera la intenci\u00f3n de desorganizaci\u00f3n ni el inter\u00e9s de crear en su favor ventajas competitivas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se determin\u00f3 la ausencia de prueba de la violaci\u00f3n de secretos empresariales y desviaci\u00f3n de clientela alegadas, pues consider\u00f3 la colegiatura que la existencia de listados de clientes, su entrega a la cementera y su uso indebido no pasaron de ser meras conjeturas de la parte actora sin sustento en medio de prueba alguno, as\u00ed como el llamado modus operandi de exclusi\u00f3n de distribuidores y apropiaci\u00f3n de sus clientes. <\/p>\n
Siendo estos los argumentos que soportan la decisi\u00f3n impugnada, era deber de la recurrente dirigir el ataque a derruir sus cimientos, evidenciando c\u00f3mo el juzgador pretiri\u00f3, supuso o tergivers\u00f3 alg\u00fan medio de prueba de forma tan visible y notoria que su tesis resultara contraevidente, y mostrando, por el contrario, que la expuesta por la inconforme era la \u00fanica admisible de cara a la objetividad de los medios de prueba. <\/p>\n
(viii) Por el contrario, el cargo presenta una lectura alternativa del material probatorio (enfatizando en el prop\u00f3sito doloso y permanente de exclusi\u00f3n del mercado) sin acreditar por qu\u00e9 esa ser\u00eda la \u00fanica hermen\u00e9utica adecuada de los medios demostrativos recaudados, de modo que pudiera parangonarse con las conclusiones de la colegiatura, para demostrar as\u00ed las pifias que se le enrostran a su labor de juzgamiento. <\/p>\n
Conforme al precedente de la Corporaci\u00f3n, el cargo as\u00ed estructurado es inadmisible, pues al proponer un criterio de apreciaci\u00f3n o unas conclusiones probatorias diferentes a las del ad quem, se entra en el terreno del alegato de instancia, cuando la Corte en sede extraordinaria vela por la legalidad del fallo, pues no es \u00abjuez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
(ix) El cargo denuncia un yerro que, si bien puede existir, resulta intrascendente al no derruir los fundamentos de la sentencia atacada, y es el que hace referencia al documento contentivo de la cotizaci\u00f3n enviada por Cementos Tequendama a la se\u00f1ora Marcela Caicedo el 3 de febrero de 2014, obrante a folio 80 del Cuaderno 1 (y no a folio 2012 del Cuaderno 3, como erradamente se\u00f1ala la demanda); con base en el cual el opugnante sostiene que la demandada si era su competidor directo en el mercado y que ofreci\u00f3 el producto a un precio inferior, con una intenci\u00f3n evidentemente concurrencial. <\/p>\n
Si bien es cierto que ese documento fue preterido por el Tribunal, pues ninguna referencia se hizo a \u00e9l, el yerro es intrascendente, dado que si tuviera la virtualidad de demostrar que las partes compet\u00edan en el mismo mercado, ello solo atacar\u00eda la consideraci\u00f3n del colegiado conforme al cual las partes colaboraban en el mercado m\u00e1s no compet\u00edan, pero aun as\u00ed quedar\u00eda inc\u00f3lume el fundamento de la sentencia conforme al cual no se probaron los actos desleales de la convocada. <\/p>\n
Adicionalmente, la competencia alegada no podr\u00eda derivarse de esa \u00fanica prueba, pues de ella se desprende que Cementos Tequendama hizo una propuesta comercial a una persona natural para la obra de su casa familiar, cuando los clientes de Velmar correspond\u00edan a otro segmento del mercado, alusivo a ferreteros y almacenes de dep\u00f3sito, de donde no se puede concluir que las sociedades estuviesen compitiendo en el mismo mercado. <\/p>\n
(x) Finalmente, el casacionista enlista 30 pruebas documentales que en su sentir se dejaron de valorar, y que demostrar\u00edan que Velmar L\u00edder sufri\u00f3 perjuicios con ocasi\u00f3n de la conducta de su contraparte; seguidamente refiere 29 correos electr\u00f3nicos que seg\u00fan manifiesta, demostrar\u00edan que Cementos Tequendama obten\u00eda ventajas competitivas del control que ten\u00eda sobre la gesti\u00f3n comercial de Velmar, que la llevaron a quedarse con su mercado y con sus utilidades; y 55 documentos m\u00e1s con los que pretende demostrar la existencia de los actos de desviaci\u00f3n de clientela. <\/p>\n
Sin embargo, se trata de una simple enunciaci\u00f3n en la que el recurrente expresa su valoraci\u00f3n alternativa de tales medios de prueba, sin demostrar de qu\u00e9 manera el juzgador incurri\u00f3 en error de hecho manifiesto en su valoraci\u00f3n, sin demostrar su trascendencia y sin derruir en modo alguno los fundamentos del fallo atacado. <\/p>\n
Respecto a tales listados de pruebas supuestamente omitidas o indebidamente apreciadas, es importante enfatizar que ninguno de tales elementos de juicio, al menos a partir de su mera literalidad, hacen evidente los actos desleales alegados, pues en s\u00ed mismas, esas probanzas s\u00f3lo reflejan el devenir de la relaci\u00f3n contractual m\u00e1s no las conductas anticompetitivas endilgadas por el recurrente, quien quiso suplir la falta de singularizaci\u00f3n y demostraci\u00f3n del yerro alegado con un relato f\u00e1ctico que no encuentra respaldo en los medios de convicci\u00f3n que se dijeron omitidos o indebidamente apreciados. <\/p>\n
Lo anterior implica que la cr\u00edtica no atendi\u00f3 los requerimientos formales del recurso, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, cuando se acusa la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho\u00bb, es imperativo que el recurrente en casaci\u00f3n, \u00abm\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC, 14 abr. 2011, rad. 2005-00044-01, reiterado en CSJ AC6243-2016, 26 oct.), nada de lo cual puede extraerse de los argumentos de Distribuidora Velmar L\u00edder S.A.S. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, tiene dicho la Corte que, si el prop\u00f3sito de la censura es comprobar un yerro f\u00e1ctico, \u00abes insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, resaltado intencional). <\/p>\n
A lo anterior cabe a\u00f1adir, respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, lo dicho en CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01: \u00ab[P]artiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al casacionista le correspond\u00eda demostrar que los errores cometidos en el fallo cuestionado eran tan notorios, evidentes o manifiestos que dejaran al descubierto su apartamiento grosero y trascendente de las normas que regulan la materia sometida al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n, ya en la consideraci\u00f3n f\u00e1ctica, ora en la estimaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, al punto de evidenciar que la tesis expuesta por la censura es la \u00fanica admisible, discurso que brilla por su ausencia en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que la demanda no cumple con los requisitos formales propios del recurso extraordinario, se hace imperativa su inadmisi\u00f3n con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Distribuidora Velmar L\u00edder S.A.S. frente a la sentencia proferida el 6 de julio de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo y de condena que, por competencia desleal, promovi\u00f3 contra Cementos Tequendama S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 A manera de ejemplo, se se\u00f1alan las siguientes faltas de correspondencia: al se\u00f1alar la prueba que demostrar\u00eda la fijaci\u00f3n de precios, se hace referencia al \u201cPDF CUADERNO 3 FOLIO 121\u201d, folio que corresponde a una constancia laboral anexa a la hoja de vida del perito Luis Fernando Rodr\u00edguez. Al referirse a la que ser\u00eda la prueba de la imposici\u00f3n de sanciones por parte de la demandada, se remite al \u201cPDF CUADERNO 3 FOLIO 123\u201d, que corresponde al otro anexo de la misma hoja de vida. Al se\u00f1alar el documento que acreditar\u00eda la venta directa de productos por la convocada, se relaciona el \u201cPDF CUADERNO 3 FOLIO 212\u201d, que en realidad corresponde a la reforma de la demanda. Al afirmar que est\u00e1 probada la continua eliminaci\u00f3n de distribuidores se alude a la prueba contenida en el \u201cPDF CUADERNO 3 FOLIO 215\u201d, que corresponde, sin embargo, a la sentencia anticipada dictada en el proceso (posteriormente anulada). Estos espec\u00edficos ejemplos, que se muestran con fin ilustrativo, est\u00e1n contenidos en los folios 29 y 30 de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Basa el Tribunal su dicho en los documentos obrantes a folios 1 a 37 del Cuaderno 8, consistentes en facturas de venta con fechas de vencimiento a lo largo del mes de diciembre de 2014, y en las actas del comit\u00e9 de cr\u00e9dito de la demandada de fechas 7 de febrero de 2013, 2 de abril, 12 de agosto, 1 de octubre de 2014 y 21 de enero de 2015. <\/p>\n
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AC1980-2022 (2016-45525-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC1980-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-001-2016-45525-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Corte a decidir sobre la admisi\u00f3n de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}