AC2435-2022 (2015-00139-01)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2435-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 05001-31-03-005-2015-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se procede a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Santiago Otero Rey, frente a la sentencia de 8 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso adelantado por Jurg Paul Haller contra el recurrente, en el asunto en referencia. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jurg Paul Haller present\u00f3 demanda en contra de Santiago Otero Rey, a fin de que se declarara que este \u00faltimo es responsable patrimonialmente por incumplimiento contractual en calidad de socio y administrador de Inversiones Los Celta S.A.S. (fls. 137 C1). <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 condenar al convocado a restituir en su favor $3.903\u00b4638.361, por concepto de \u00abdineros girados y\/o consignados en las cuentas personales del demandado, y en la cuenta personal de la se\u00f1ora Mar\u00eda Luz Dary Mej\u00eda Ram\u00edrez\u00bb. De igual modo, pidi\u00f3 que se ordenara pagar $5.893\u00b4884.605,81 por concepto de frutos civiles, junto con su indexaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los antecedentes relevantes consisten en que el demandado desde el 2013, ofreci\u00f3 al convocante oportunidades comerciales, entre otras para la promoci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de inmuebles, raz\u00f3n por la que se asociaron verbalmente. <\/p>\n
Atendiendo la confianza del llamado a juicio, el actor empez\u00f3 a efectuar giros a la cuenta personal de aquel por las siguientes sumas de dinero: i) $912\u00b4500.000, ii) $1.495\u00b4981.300, y $456\u00b4250.000, este \u00faltimo por solicitud del se\u00f1or Otero, en la cuenta de Mar\u00eda Luz Dary Mej\u00eda Ram\u00edrez, dinero que tuvo otro destino. <\/p>\n
3. El demandado desde esa \u00e9poca inici\u00f3 negocios jur\u00eddicos de transferencia de dominio y constituci\u00f3n de grav\u00e1menes, otorg\u00f3 pagar\u00e9s y realiz\u00f3 los siguientes negocios jur\u00eddicos: <\/p>\n
3.1. El 9 de abril de 2013, celebr\u00f3 promesa de permuta con H\u00e9ctor de Jes\u00fas Jaramillo Giraldo, en la que este se comprometi\u00f3 a transferir en favor del se\u00f1or Otero el local comercial de M.I. No. 001-752623, y el segundo, en favor del primero entregar\u00eda un reloj Cartier, \u00abmechero de oro\u00bb y una camioneta de placas DJN784, estos tres bienes por valor de $125\u00b4000.000, junto con $475.000.000 y el derecho de dominio del lote de terreno situado en la v\u00eda La Ceja- El Carmen de Viboral, en un \u00e1rea de 2.500 m2 por valor de $700\u00b4000.000. <\/p>\n
3.2. Mediante Escritura P\u00fablica No. 243 del 3 de febrero de 2014 de la Notar\u00eda Primera de Rionegro, el demandado transfiri\u00f3 al se\u00f1or Jaramillo el lote de terreno de M.I. No. 020-84034 por valor de $13.000.000, cuando lo hab\u00eda comprado en $50.000.000, y declar\u00f3 mejoras mediante instrumento p\u00fablico (1105 de 25 de mayo de 2013, de la misma notar\u00eda) por valor de $20.000.000 y constituy\u00f3 hipoteca por $200.000.000. <\/p>\n
3.3. Para el 13 de marzo de 2013, el convocado ten\u00eda celebrado contrato de promesa de permuta sobre el mismo inmueble con Diego Alexander Mar\u00edn \u00c1lvarez, quien se oblig\u00f3 a transferir dos lotes de terreno, uno en Santa Fe de Antioquia de M. I. No. 024-0025 y otro en Rionegro de M.I. No. 020-59253, juntos con dos veh\u00edculos automotores de placas RGK-071 y CVT-401, sin estipular valor alguno. <\/p>\n
4. El 26 de marzo de 2013, mediante documento privado el convocante y Santiago Otero, decidieron constituir con sus aportes la Sociedad Inversiones Los Celtas S.A.S., registrada en la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn, cuyo objeto social es el desarrollo de actividades comerciales en general, sin limitaci\u00f3n alguna, adem\u00e1s se design\u00f3 como gerente al segundo y al primero como representante legal suplente. <\/p>\n
5. Por medio de E.P. No. 1212 del 7 de junio de 2013, de la mentada Notar\u00eda, la sociedad Colgalicia S. A. S., \u00abde propiedad en ese momento del se\u00f1or Otero Rey\u00bb, adquiri\u00f3 el lote de terreno de M.I. No. 018.5272, en $333.000.000, pago que se hizo al se\u00f1or Gonzalo Alzate Rend\u00f3n, desde la cuenta particular, y por valor de $530.000.000, y previo a firmar escritura p\u00fablica. <\/p>\n
6. Ambos contendientes el 8 de agosto de 2013, celebraron el denominado acuerdo entre socios, donde se memora la constituci\u00f3n de la sociedad, y se dijo que se hab\u00eda creado para la promoci\u00f3n de dos torres de veinte pisos unidas hasta el tercer nivel, con seis apartamentos por nivel, para un total de 216, y que cada uno aport\u00f3 $1.936\u00b4000.000, mediante ingreso en la cuenta personal del se\u00f1or Otero Rey. <\/p>\n
Se estipul\u00f3 tambi\u00e9n que la promoci\u00f3n se adelantar\u00eda en \u00ablos terrenos situados en el paraje la Meseta del Municipio de Santa Fe de Antioquia (Colombia) (\u2026). Se ha acordado la compra de los mismos (\u2026) el precio pactado se abonar\u00e1 desde la cuenta de la sociedad, y el resto del precio se abonar\u00e1 desde la cuenta particular. El precio total abonado por la compra del terreno ha sido (\u2026) 3.800.000.000 COL$ (\u2026) La aportaci\u00f3n de los socios a la sociedad tiene el car\u00e1cter de pr\u00e9stamo preferente. Previamente al reparto de cualquier tipo de dividendo, se deber\u00e1 reintegrar a los socios\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se pact\u00f3 que cada socio deb\u00eda aportar $1.936\u00b4000.000, ingresando esta cantidad de dinero en la cuenta personal del demandado, y el \u00fanico que consign\u00f3 esa suma de dinero fue el convocante. <\/p>\n
7. Mediante E.P. No. 4299 de 20 de agosto de 2013, y No. 6695 de 20 de diciembre de la misma anualidad, ambas de la Notar\u00eda 18 de Medell\u00edn, la sociedad Los Celtas S.A.S., adquiri\u00f3 los lotes No. 1 y 2, por valor de $350.000.000 y $60.000.000, respectivamente. En particular, para el pago del Lote No. 1, el demandante hizo giro a la cuenta corriente del se\u00f1or Otero Rey por m\u00e1s de $550.000.000, m\u00e1s $150.000.000 girados desde la cuenta HSBC. <\/p>\n
8. El 27 de marzo de 2014, ambas partes en asamblea extraordinaria, tomaron la decisi\u00f3n de absorber a Colgalicia S.A.S., y firmaron una carta de compromiso para que se incluyera en el patrimonio de Los Celtas S.A.S. el lote de terreno de M.I. No. 018-5272, adem\u00e1s que los 11 lotes que lo compon\u00edan, 2 quedar\u00edan a nombre del segundo y 9 del primero, sin que fuera registrada en el registro mercantil a la fecha. <\/p>\n
9. El demandante tambi\u00e9n consign\u00f3 desde su cuenta en Suiza a la cuenta personal del convocado el 4 de febrero de 2014, USD423.860 y el 4 de abril del mismo a\u00f1o, USD89.100, equivalentes en ese momento a $864.610.821 y $175.206.240, respectivamente. As\u00ed mismo, hizo las siguientes consignaciones que fueron destinadas para otros fines: i) 21 de febrero de 2014, $150.000.000 y $450.000.000; y ii) 7 de abril de 2014, $300.000.000. Por otro lado, el se\u00f1or Otero sin consentimiento alguno, mediante Escritura P\u00fablica No. 2964 del 29 de septiembre de 2014, compr\u00f3 en su favor el lote de terreno de M.I. No. 018-5272 y adem\u00e1s lo hipotec\u00f3, transacci\u00f3n que efectu\u00f3 por el valor en que lo hab\u00eda comprado $71.000.000. <\/p>\n
10. El citado a juicio incurri\u00f3 en incumplimiento contractual desde el punto de vista societario, \u00absi bien estas sumas de dinero transferidas fueron voluntarias para un fin determinado estas carecen de causa final y de un resultado\u00bb, tampoco ha llevado registro contable confiable, no ingres\u00f3 el activo fijo del lote No. 2, el contador no tiene informaci\u00f3n de la cuenta personal, tampoco se registr\u00f3 el acta de socios que ordena la referida fusi\u00f3n de sociedades, y el estado de resultados figura en cero, los lotes comprados en Santa Fe de Antioquia est\u00e1n hipotecados, obligaciones todas a cargo del representante legal. <\/p>\n
11. El convocante dej\u00f3 de recibir los frutos del dinero que gir\u00f3 al demandado, estimados de la siguiente manera: i) $2.367.778.914 por los $912.500.000 consignados el 25 de marzo de 2013; ii) $1.174.486.439 por los $456.250.000, consignados el 22 de abril de 2013; iii) $3.804.097.181,50 por los $1.495.971.300; iv) $2.044.275.524 por los $864.610.821 consignados el 4 de febrero de 2014; y v) $406.884.907,91 por los $175.206.240 consignados el 2 de abril de 2014. <\/p>\n
12. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn. Admitida la demanda y notificado el convocado (fls. 531 C1), se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: i) \u00abfalta de requisitos de prosperidad de la acci\u00f3n\u00bb, ii) \u00abpleito pendiente\u00bb, y iii) \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar\u00bb. <\/p>\n
13. Mediante sentencia del 19 de octubre de 2020, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, declar\u00f3 civilmente responsable a Santiago Otero Rey en calidad de administrador de la Sociedad Inversiones Los Celtas S.A.S. de conformidad con el art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, en consecuencia, lo conden\u00f3 a pagar a la sucesi\u00f3n de Jurg Paul Haller las siguientes sumas de dinero: $2.537.430.627 por concepto de dineros entregados para el desarrollo del objeto social; y $3.481.047.444 por intereses comerciales corrientes (57 SentenciaEscrita). <\/p>\n
14. La parte convocada apel\u00f3 esa decisi\u00f3n (fls. 781 C1). <\/p>\n
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II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En providencia del 8 de octubre de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, modific\u00f3 el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 19 de octubre de 2020, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, ordenando pagar $1.526.000.000 por concepto de capital, sobre el que se pagar\u00e1 el inter\u00e9s bancario corriente liquidado a partir del 2 de abril de 2014, hasta el pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Para el efecto, sostuvo que la responsabilidad declarada en primera instancia era la especial e individual en que pueden incurrir los administradores por incumplimiento de sus deberes y que genere perjuicios, en este caso a los socios, raz\u00f3n por la que no era de recibo la afirmaci\u00f3n del recurrente relativa a que en esa decisi\u00f3n se emiti\u00f3 un pronunciamiento contra la persona jur\u00eddica. <\/p>\n
Con respecto al incumplimiento de deberes de los administradores, en particular con la no consignaci\u00f3n de aportes al convocante en calidad de socio, es un asunto extra\u00f1o a la responsabilidad reclamada, situaci\u00f3n que releva de examinar este tema. El demandado \u00abno est\u00e1 llamado a responder por el hecho que uno de los socios no hubiera realizado aporte social, donde as\u00ed se trate de una misma persona, socio y administrador, el cumplimiento de los deberes de este no es predicable de aquel ni viceversa\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los aportes, obra hist\u00f3rico de transacciones de la cuenta 028-072007-030 del Banco HBCO a nombre del se\u00f1or Otero, donde se acredita que el 31 de mayo de 2013, el se\u00f1or Haller efectu\u00f3 transferencia por valor de $1.495\u00b4981.300, sin que se visualice dep\u00f3sito de parte de aquel, \u00abpues luego de la consignaci\u00f3n primigenia de Haller, se comenzaron a realizar una serie de transacciones que en nada se compadecen con el aporte que deb\u00eda realizar el demandado, lo que evidencia que los siguiente movimientos bancarios se efectuaron solo con los aportes realizados por Haller. Sin embargo, y seg\u00fan lo expuesto l\u00edneas atr\u00e1s, la omisi\u00f3n de pago de aportes por parte del demandado en su condici\u00f3n de socio, no puede ser objeto de juzgamiento en las presentes, pues lo que le cuestiona es en su condici\u00f3n de administrador de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente al aporte del se\u00f1or Jurg Paul, el 22 de abril de 2014 este realiz\u00f3 giro de USD 250.000, correspondientes a $456.250.000, y en la cuenta de la se\u00f1ora Mej\u00eda Ram\u00edrez, con lo que se acredita un desembolso de su parte de $1.936.000.000, sin que fuera debatido en la alzada. <\/p>\n
En lo relativo al incumplimiento del objeto social acordado, se tiene que efectivamente se adquirieron dos inmuebles ubicados en el municipio de Santa Fe de Antioquia a nombre de Inversiones Los Celtas S. A. S. Sin embargo, no se dio cumplimiento al objeto social del contrato pactado en el acuerdo del 8 de agosto de 2014, alusivo a la promoci\u00f3n de dos torres de veinte pisos con un total de 216 apartamentos, en primer y segundo nivel con centro comercial y parqueaderos. <\/p>\n
Si bien es cierto, los se\u00f1ores Otero y Haller pactaron que el aporte que se hac\u00eda era propio de cada socio y constitu\u00eda un pr\u00e9stamo preferente a la sociedad que se pagar\u00eda con utilidades, tambi\u00e9n lo es que el incumplimiento del demandado en esa gesti\u00f3n no permiti\u00f3 que se desarrollara el proyecto inmobiliario, que en \u00faltimas cubrir\u00eda el monto de ese cr\u00e9dito, presumi\u00e9ndose la culpa del administrador sin que fuera desvirtuada, lo que implica que debe asumir los perjuicios causados, entre los que est\u00e1n los mencionados aportes. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n de la demanda que efectu\u00f3 el a quo resulta plausible, conforme con el art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, a quien se demand\u00f3 fue al administrador de Inversiones Los Celtas S. A. S., donde el fracaso de la reforma resulta irrelevante. <\/p>\n
Con respecto a los $1.936.000.000 corresponde a un aporte en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 5.6 y 9 de la Ley 1258 de 2008, y si no se hizo el correspondiente registro de mayor capital autorizado, suscrito y pagado, se refuerza la idea del incumplimiento de los deberes del administrador. <\/p>\n
Por lo anterior, \u00absi el aporte de cada socio aument\u00f3 el capital inicial autorizado (…). El tr\u00e1mite de reforma estatutaria y su inscripci\u00f3n correspond\u00eda al demandado como representante legal de la sociedad, por lo que ahora no se puede excusar en su propia negligencia para enervar las pretensiones de la demanda, y si bien es cierto que cada socio pod\u00eda seguir teniendo sus propios negocios, ello en las presentes no es el factor de imputaci\u00f3n, sino la responsabilidad del administrador por culpa presunta, sin que ello se hubiere desdibujado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, es justo que quien se desprendi\u00f3 de una cantidad de dinero con un fin espec\u00edfico que no se cumpli\u00f3, sea resarcido no solo con la devoluci\u00f3n de lo invertido, sino tambi\u00e9n con las ganancias que pudieron reportarse, en este caso, los perjuicios se determinan con los intereses que ese capital pudo producir, constituyendo r\u00e9ditos, cuyo reconocimiento no est\u00e1 supeditado a que se encuentren pactados, sino que corresponden a los frutos del dinero como se desprende del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998. <\/p>\n
No obstante, como se reconoci\u00f3 el inter\u00e9s bancario corriente que incluye actualizaci\u00f3n monetaria, se hace improcedente conceder indexaci\u00f3n adicional, raz\u00f3n por la que se impone modificar la decisi\u00f3n impugnada para reconocer el pago de lo aportado, menos el valor de los inmuebles adquiridos y que se encuentran a nombre de la sociedad, o al menos se est\u00e1n reclamando en otro escenario, y que se cuantifica en $410.000.000 que restados arrojan un total de $1.526.000.000, suma sobre la que se pagar\u00e1 el inter\u00e9s bancario corriente, liquidado desde el 2 de abril de 2014, fecha en la que se hizo el \u00faltimo aporte, y debi\u00f3 ponerse en operaci\u00f3n la gesti\u00f3n para la empresa, y hasta que \u00absolucione la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se edific\u00f3 en dos cargos, ambos cimentados en violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial, de conformidad con el numeral 1 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
Causal primera de casaci\u00f3n. Se denuncia que \u00abla sentencia es violatoria por la v\u00eda directa en la modalidad de indebida interpretaci\u00f3n, apreciaci\u00f3n y no apreciaci\u00f3n de las pruebas dentro de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, vulnerando adem\u00e1s el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional que hace referencia al derecho fundamental al debido proceso\u00bb. Lo anterior porque \u00abel fallo aqu\u00ed recurrido, fue fundamentado no sobre la apreciaci\u00f3n de la prueba en debida forma y se cometieron errores notorios como la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas, as\u00ed como de las normas antes tratadas\u00bb. <\/p>\n
No fueron valoradas en debida forma dentro de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica pruebas documentales como la reforma de la demanda y el acuerdo entre socios, que acreditan que el demandado cumpli\u00f3 con lo acordado, y \u00abobservamos que dice el se\u00f1or juez, que el \u00fanico que cumpli\u00f3 con el aporte en dinero fue el demandante\u00bb. En el \u00faltimo documento mencionado que fue firmado por el accionante, se reconoci\u00f3 que cada uno aport\u00f3 $1.936.000.000, \u00abhecho este que no pudo ser desvirtuado por el se\u00f1or Lucas Anleo, en su testimonio, entonces s\u00ed invirti\u00f3 el se\u00f1or Otero Rey, contrariando lo expuesto por el operador jur\u00eddico de turno en su decisi\u00f3n contraria a la realidad material\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]n lo referente a los dineros invertidos, tambi\u00e9n se est\u00e1 valorando la prueba de manera indebida, y por fuera de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, es falto a la verdad material que se indique que mi poderdante no invirti\u00f3 en los diferentes negocios comerciales que ten\u00eda el demandante y el demandado, ambos comerciantes, que despu\u00e9s de observar el plenario y realizar unas operaciones matem\u00e1ticas sencillas podemos concluir que no es cierto lo expresado en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Se reconocieron unos frutos que no se pactaron y \u00abno se probaron, al interior del proceso, adem\u00e1s va contrario a la Ley el se\u00f1or juez cuando en una sentencia concede indexaci\u00f3n e intereses lo cual no es permitido por la norma vigente\u00bb. De otro lado, la sentencia \u00abesta (sic) fundamentados (sic) sobre un demandado que no existe o que se acept\u00f3 como demandado por el operador jur\u00eddico que aqu\u00ed falla representante legal de sociedad Inversiones Los Celtas S. A. S., se valoran las pruebas de manera indebida desconociendo los valores de la sana cr\u00edtica y la indebida aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley que nos rige\u00bb. <\/p>\n
La providencia concluye que \u00abel se\u00f1or Otero Rey es culpable como administrador de un supuesto jur\u00eddico al demandante, por ser el representante legal de la sociedad Inversiones Los Celtas S. A. S., lo cual va contrariando la ley sustancial y es una violaci\u00f3n clara al debido proceso, a la seguridad jur\u00eddica y el principio de la confianza leg\u00edtima\u00bb. De igual modo, se rebate que \u00abcon los autos antes nombrados y apoyados por el se\u00f1or Juez de Instancia que la demanda en su reforma no opera contra mi mandante como representante legal o administrador de la sociedad Inversiones Los Celtas S. A. S., como err\u00f3neamente lo quiere hacer ver el se\u00f1or juez de primera instancia y confirmado por el honorable magistrado de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Refut\u00f3 que el se\u00f1or Otero \u00absolo se demand\u00f3 como persona natural, y como persona natural no se prob\u00f3 que sea administrador, y mucho menos que haya defraudado a alguien\u00bb. Finalmente pone de presente que \u00abla valoraci\u00f3n probatoria no puede negar la realidad que muestran los elementos de convicci\u00f3n por dar prevalencia a los tr\u00e1mites. Sobre los l\u00edmites al an\u00e1lisis probatorio de los jueces, la sentencia T-974 de 2003, indic\u00f3 que si bien cuentan con amplia libertad para valorar las pruebas no pueden incurrir en exceso ritual a trav\u00e9s del desconocimiento de un hecho que emerge clara y objetivamente probado con el \u00fanico prop\u00f3sito de privilegiar las formas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Causal primera de casaci\u00f3n. Se argumenta \u00abme permito invocar como casual de casaci\u00f3n la primera de las indicadas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia objeto del recurso como violatoria de la ley sustancial, por existir indebida interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la normatividad que nos rige, infracci\u00f3n proveniente de error en derecho, respecto de las responsabilidades que se declaran contra el demandado para el caso que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Se present\u00f3 una \u00abindebida interpretaci\u00f3n de la ley sustancial por parte del Tribunal (\u2026) incurre en error de derecho al no verificar la acreditaci\u00f3n en debida forma de los requisitos axiol\u00f3gicos en relaci\u00f3n a la acci\u00f3n social de responsabilidad del art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995, ya que esta debe ser presentada por uno o m\u00e1s accionistas, con el prop\u00f3sito de que se resarza o prevenga un da\u00f1o a la sociedad. En esta acci\u00f3n el asociado demandante no act\u00faa con fundamento en una legitimaci\u00f3n a favor de la sociedad, sino de car\u00e1cter individual, confundiendo as\u00ed al despacho en relaci\u00f3n a la legitimaci\u00f3n por activa para actuar\u00bb. <\/p>\n
El demandante \u00abno acredita realmente, ni el origen de la responsabilidad de la empresa, ni (\u2026) las solemnidades correspondientes para probar los perjuicios en base en el supuesto aporte al patrimonio de la sociedad, ya que si realmente el dinero ingres\u00f3 a la sociedad se deb\u00eda haber llevado ante la C\u00e1mara de Comercio en Colombia los correspondientes registros y\/o acreditaci\u00f3n por un contador p\u00fablico de ese capital destinado para la empresa\u00bb. Tampoco \u00abse verifica por parte del Tribunal un an\u00e1lisis de fondo si el actor tuvo una prueba meramente sumaria de probar si el se\u00f1or Jurg Paul Haller convoc\u00f3 a Asamblea para reclamar los supuestos perjuicios pretendidos en esta acci\u00f3n o como m\u00ednimo haber acci\u00f3n de responsabilidad (sic) conformidad con el art\u00edculo 24 numeral 5 literal b) del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal debi\u00f3 haber evaluado los principales rasgos consagrados en el art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995. Desde el principio hubo confusi\u00f3n en uno de los requisitos para establecer la legitimaci\u00f3n por activa, el juzgador de primera instancia fue enf\u00e1tico en que era clara la calidad en que se estaba demandado, a sabiendas que la acci\u00f3n debe ser dirigida al ente societario. Era necesario que el actor hubiese aportado \u00abm\u00ednimo la convocatoria a una asamblea al socio demandado para verificar los supuestos perjuicios a resarcir, situaci\u00f3n que no aval\u00faa el Tribunal. Y es obligatorio este requisito, como prueba meramente sumaria de indicar que se present\u00f3 realmente una defraudaci\u00f3n a la sociedad por parte del administrador\u00bb. <\/p>\n
La parte actora desde el principio \u00abtrata de probar con esta acci\u00f3n unos perjuicios a t\u00edtulo personal causados al accionista Jurg Paul Haller, pero el Tribunal no se da cuenta que lo que se debe probar realmente es el da\u00f1o antijur\u00eddico a la sociedad, por lo tanto, existe un error en derecho sustancial al no analizar dicho requisito axiol\u00f3gico para esta demanda\u00bb. Continua el recurrente, \u00abv\u00e9ase que el Tribunal no analiza, en el acervo probatorio aportado en la demanda que el acuerdo realizado en Espa\u00f1a entre ambos socios no fue debidamente legalizado en Colombia a trav\u00e9s de una asamblea, para efectos de realizar una legalizaci\u00f3n de una inversi\u00f3n o aumento de capital a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se \u00abanaliza si dicha inversi\u00f3n fue certificada a trav\u00e9s de un contador p\u00fablico, para poderse registrar el aumento de capital suscrito ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia y poder probar claramente el supuesto aporte hecho por el accionista Jurg Paul Haller a la sociedad, que es base para acreditar el supuesto da\u00f1o causado por el se\u00f1or Otero a su patrimonio\u00bb. Se insiste en que el \u00abTribunal no analiza que el acuerdo o documento firmado en Espa\u00f1a, para que tenga validez en Colombia debe estar debidamente apostillado o reconocido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, o como m\u00ednimo verificar que se legalizara el mismo en Colombia a trav\u00e9s de una asamblea y registro ante la C\u00e1mara de Comercio, puyes es esta la prueba que trae el demandado para acreditar la responsabilidad del demandado\u00bb. <\/p>\n
La presunci\u00f3n legal del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026) \u00abno es constituyente para probar de pleno derecho unos supuestos perjuicios, por el simple hecho de ser mencionados en la demanda como presupuesto axiol\u00f3gico de la responsabilidad del demandado, es necesario acreditar el da\u00f1o y el origen de esos perjuicios como consecuencia del actuar negligente del administrador, y brilla por su ausencia la acreditaci\u00f3n por parte del demandante del actuar abusivo o mala gesti\u00f3n del demandado en calidad de representante legal de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida (art. 333 C.G.P.). <\/p>\n
Esa naturaleza extraordinaria conlleva a que la demanda mediante la cual se promueva dicho recurso debe cumplir ciertos requisitos que han de observarse rigurosamente, so pena de que se declare inadmisible (art. 344, 346 y 347 ibidem). <\/p>\n
La admisibilidad est\u00e1 supeditada entonces a que se designen las partes, se efect\u00fae una s\u00edntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio, a la formulaci\u00f3n \u00abpor separado\u00bb de los cargos, junto con los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb (No. 2, art. 344). <\/p>\n
La claridad supone que la protesta debe explicitar las razones que llevan a considerar que el fallador de instancia incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n, que su error tiene la fuerza de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n, por lo que est\u00e1 proscrito que se acuda a f\u00f3rmulas abstractas, \u00abo elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (CSJ AC3919-2017, AC5503-2017). <\/p>\n
Por su parte, la precisi\u00f3n tiene como prop\u00f3sito la orientaci\u00f3n del reproche hacia los fundamentos centrales de la argumentaci\u00f3n de la sentencia atacada, pues de lo contrario la recriminaci\u00f3n no podr\u00eda abrirse paso (CSJ AC028-2018). <\/p>\n
La completitud significa que se deben controvertir la totalidad de las bases de la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual descansa la sentencia, de ah\u00ed que ninguna de ellas puede quedar ausente de cuestionamiento (CSJ AC5379-2021). <\/p>\n
2. La demanda de casaci\u00f3n objeto de estudio no se ajusta a los requisitos legales, se impone declararla inadmisible (art. 346 C.G.P.). <\/p>\n
2.1. El cargo primero. Se ciment\u00f3 en la causal primera de casaci\u00f3n, esto es la contemplada en el numeral 1 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 \u00ab[l]a violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u00bb, la cual se configura cuando a pesar de haberse constatado correctamente la realidad f\u00e1ctica, el sentenciador se equivoca en la aplicaci\u00f3n de una norma de car\u00e1cter sustancial (CSJ SC de 25 de feb. de 2002 Rad. 5925). <\/p>\n
Se estructura cuando se devela una lesi\u00f3n por acci\u00f3n u omisi\u00f3n del fallador en su labor\u00edo de escoger y\/o interpretar la regla sustancial que considere aplicable al caso, con un resultado ajeno la voluntad del legislador (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, Exp. 2004-00457-01). <\/p>\n
No sobra recordar, preceptos sustanciales son aquellos que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, sin que por ende ostenten dicho car\u00e1cter aquellas que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo (CSJ AC, 5 May. 2000)\u00bb (Reiterada AC 4144-2017; AC1483-2018 y AC654-2020). <\/p>\n
2.2. Cuando se alega la causal primera de casaci\u00f3n no pueden ser motivo de controversia la valoraci\u00f3n probatoria, as\u00ed lo impone el literal a) del n\u00fam. 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9: \u00abtrat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb (resaltado intencional), disposici\u00f3n normativa que pas\u00f3 inadvertida el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, la sustentaci\u00f3n de este cargo gira en torno a reprochar la valoraci\u00f3n probatoria, de entrada se dijo: \u00abla sentencia es violatoria por la v\u00eda directa en la modalidad de indebida interpretaci\u00f3n, apreciaci\u00f3n y no apreciaci\u00f3n de las pruebas dentro de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica\u00bb, \u00abel fallo aqu\u00ed recurrido, fue fundamentado no sobre la apreciaci\u00f3n de la prueba en debida forma y se cometieron errores notorios como la falta de valoraci\u00f3n de las pruebas aportadas, as\u00ed como de las normas antes tratadas\u00bb. <\/p>\n
De manera m\u00e1s categ\u00f3rica, se denunci\u00f3 que no fueron valoradas en debida forma pruebas documentales como la reforma de la demanda y el acuerdo entre socios, que acreditaban que el demandado cumpli\u00f3 con lo acordado, esto es que \u00abs\u00ed invirti\u00f3 el se\u00f1or Otero Rey, contrariando lo expuesto por el operador jur\u00eddico de turno en su decisi\u00f3n contraria a la realidad material\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, se reprocha que \u00aben lo referente a los dineros invertidos, tambi\u00e9n se est\u00e1 valorando la prueba de manera indebida, y por fuera de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, es falto a la verdad material que se indique que ni poderdante no invirti\u00f3 en los diferentes negocios comerciales que ten\u00eda el demandante y el demandado, ambos comerciantes, que despu\u00e9s de observar el plenario y realizar unas operaciones matem\u00e1ticas sencillas podemos concluir que no es cierto lo expresado en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Inclusive, en la s\u00edntesis del cargo se dijo que el se\u00f1or Otero \u00absolo se demand\u00f3 como persona natural, y como persona natural no se prob\u00f3 que sea administrador, y mucho menos que haya defraudado a alguien\u00bb, adem\u00e1s resalt\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n probatoria no puede negar la realidad que muestran los elementos de convicci\u00f3n por dar prevalencia a los tr\u00e1mites\u00bb. <\/p>\n
2.3. La situaci\u00f3n advertida revela que el cargo primero adolece de un defecto formal denominado entremezclamiento entre la causal primera de casaci\u00f3n con la segunda, sin que se hubiese sopesado que son incompatibles. <\/p>\n
H\u00e1gase memoria que la infracci\u00f3n directa supone que el recurrente est\u00e1 identificado con el Tribunal en relaci\u00f3n con los hechos probados, los admite como los vio el sentenciador, mientras que en la indirecta no hay acuerdo en el particular, porque la impugnaci\u00f3n consiste en atribuir al fallador la comisi\u00f3n de errores en la valoraci\u00f3n de las pruebas (CSJ del 26 de jul. 1993, S-110). <\/p>\n
Se desatendi\u00f3 entonces la carga de formular las denuncias de manera separada (n\u00fam. 2 art. 344 del C. G. P.), sin tener presente que la separaci\u00f3n trasluce que cada acusaci\u00f3n debe soportarse en una causal precisa sin que puedan fusionarse o hibridarse varias, exigencia que tiene soporte en que los motivos de procedencia est\u00e1n estructurados para cuestionar puntos concretos de la decisi\u00f3n, mostr\u00e1ndose incompatibles entre s\u00ed (AC5922-2021). <\/p>\n
El yerro encontrado es m\u00e1s que suficiente para desechar el cargo del estudio de casaci\u00f3n, dado que \u00abest\u00e1 prohibido acumular en una misma acusaci\u00f3n diversos ataques, as\u00ed sea expresa o t\u00e1citamente, porque ello revela una acusaci\u00f3n antit\u00e9cnica habida cuenta que mezcla diversas causales, raz\u00f3n que basta para desecharlo en estudio de casaci\u00f3n\u00bb (CSJ, AC8670, 16 dic. 2016, rad. N\u00b0 2013-00067-01). <\/p>\n
3. El cargo segundo. Este tambi\u00e9n padece la misma falla t\u00e9cnica \u2013 mixtura-. A pesar de que se edific\u00f3 sobre la causal primera de casaci\u00f3n, la denuncia se extendi\u00f3 a la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3.1. Desde los albores de la acusaci\u00f3n, el recurrente se quej\u00f3 de lo siguiente: <\/p>\n
Se \u00abincurre en error de derecho al no verificar la acreditaci\u00f3n en debida forma de los requisitos axiol\u00f3gicos en relaci\u00f3n a la acci\u00f3n social de responsabilidad del art\u00edculo 25 de la Ley 222 de 1995, ya que esta debe ser presentada por uno o m\u00e1s accionistas, con el prop\u00f3sito de que se resarza o prevenga un da\u00f1o a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
El demandante \u00abno acredita realmente, ni el origen de la responsabilidad de la empresa, ni acredita las solemnidades correspondientes para probar los perjuicios en base en el supuesto aporte al patrimonio de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Tampoco \u00abse verifica por parte del Tribunal un an\u00e1lisis de fondo si el actor tuvo una prueba meramente sumaria de probar si el se\u00f1or Jurg Paul Haller convoc\u00f3 a Asamblea para reclamar los supuestos perjuicios pretendidos en esta acci\u00f3n o como m\u00ednimo haber acci\u00f3n de responsabilidad (sic) conformidad con el art\u00edculo 24 numeral 5 literal b) del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Era necesario que el demandante hubiese aportado \u00abm\u00ednimo la convocatoria a una asamblea al socio demandado para verificar los supuestos perjuicios a resarcir, situaci\u00f3n que no aval\u00faa el Tribunal. Y es obligatorio este requisito, como prueba meramente sumaria de indicar que se present\u00f3 realmente una defraudaci\u00f3n a la sociedad por parte del administrador\u00bb. <\/p>\n
La parte actora desde el principio \u00abtrata de probar con esta acci\u00f3n unos perjuicios a t\u00edtulo personal causados al accionista Jurg Paul Haller, pero el Tribunal no se da cuenta que lo que se debe probar realmente es el da\u00f1o antijur\u00eddico a la sociedad, por lo tanto, existe un error en derecho sustancial al no analizar dicho requisito axiol\u00f3gico para esta demanda\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se reprocha que \u00abbrilla por su ausencia la acreditaci\u00f3n por parte del demandante del actuar abusivo o mala gesti\u00f3n del demandado en calidad de representante legal de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Como puede apreciarse, en el segundo cargo a trav\u00e9s de la causal primera de casaci\u00f3n se denunci\u00f3 la insatisfacci\u00f3n del recurrente con los hechos que tuvo por demostrados o que omiti\u00f3 examinar el juzgador, camino propio de la causal segunda -mixtura-. <\/p>\n
3.2. El entremezclamiento se hace m\u00e1s patente si se mira que a pesar de denunciarse \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb, se reproch\u00f3 tambi\u00e9n la validez o legalidad de algunos medios de convicci\u00f3n valorados en las instancias. V\u00e9ase las siguientes acusaciones: <\/p>\n
\u00ab[S]i realmente el dinero ingres\u00f3 a la sociedad se deb\u00eda haber llevado ante la C\u00e1mara de Comercio en Colombia los correspondientes registros y\/o acreditaci\u00f3n por un contador p\u00fablico de ese capital destinado para la empresa\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal no analiza, en el acervo probatorio aportado en la demanda que el acuerdo realizado en Espa\u00f1a entre ambos socios no fue debidamente legalizado en Colombia a trav\u00e9s de una asamblea, para efectos de realizar una legalizaci\u00f3n de una inversi\u00f3n o aumento de capital a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se \u00abanaliza si dicha inversi\u00f3n fue certificada a trav\u00e9s de un contador p\u00fablico, para poderse registrar el aumento de capital suscrito ante la C\u00e1mara de Comercio de Medell\u00edn para Antioquia y poder probar claramente el supuesto aporte hecho por el accionista Jurg Paul Haller a la sociedad, que es base para acreditar el supuesto da\u00f1o causado por el se\u00f1or Otero a su patrimonio\u00bb. <\/p>\n
El \u00abTribunal no analiza que el acuerdo o documento firmado en Espa\u00f1a, para que tenga validez en Colombia debe estar debidamente apostillado o reconocido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, o como m\u00ednimo verificar que se legalizara el mismo en Colombia a trav\u00e9s de una asamblea y registro ante la C\u00e1mara de Comercio, pues es esta la prueba que trae el demandado para acreditar la responsabilidad del demandado\u00bb. <\/p>\n
3.3. Continuando con el examen del mismo cargo, surge otro defecto formal adicional -desenfoque-. Se atacan temas que no fueron materia de la decisi\u00f3n objeto de censura. N\u00f3tese, en segunda instancia se dej\u00f3 sentado que la acci\u00f3n que cimenta este litigio es la \u00abindividual\u00bb de responsabilidad contra un administrador por perjuicios causados a un socio. No obstante, sin socavar este argumento \u2013incompletitud-, en sede de casaci\u00f3n el recurrente denuncia error de derecho porque no se verificaron los requisitos axiol\u00f3gicos de \u00abla acci\u00f3n social de responsabilidad\u00bb, tema que no fue objeto de resoluci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3.4. No sobra poner de presente que si el reproche del recurrente apunt\u00f3 a hacer ver que el demandante ejercit\u00f3 fue una \u00abacci\u00f3n social\u00bb, y no \u00abindividual\u00bb de responsabilidad de los administradores como fue resuelto en las instancias, adem\u00e1s de rayar con en el defecto formal de oscuridad, emerger\u00eda nuevamente un entremezclamiento, y esta vez, entre la causal primera de casaci\u00f3n y la tercera, sumando a esto que recay\u00f3 sobre la materia probatoria (Lit. b. art. 344 C. G. P.). <\/p>\n
El numeral 3 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra como causal de casaci\u00f3n, \u00abno estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. De manera que si el reproche del recurrente es que el juzgador entendi\u00f3 de manera equivoca que se trataba de una acci\u00f3n individual de responsabilidad del administrador cuando de acci\u00f3n social se trataba, en el fondo se estar\u00eda haciendo ver que su inconformidad es que la sentencia no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones (causal tercera de casaci\u00f3n) y planteada por la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa (causal primera), t\u00edpico evento de mixtura. <\/p>\n
A lo anterior se sumar\u00eda que la sustentaci\u00f3n de esta causal \u2013tercera-, incurr\u00eda en la prohibici\u00f3n de recaer sobre la materia probatoria, dado que se ech\u00f3 de menos por el recurrente la verificaci\u00f3n de los denominados requisitos para la procedencia de la \u00abacci\u00f3n social de responsabilidad del administrador\u00bb, olvidando que en el planteamiento de esta causal de casaci\u00f3n, deb\u00eda centrarse \u00fanica y exclusivamente en hacer ver una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido, producto de confrontar el fallo atacado con los expuesto y pedido en la demanda, \u00abpero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal\u00bb (Se resalta, AC4592-2018; AC6075-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
4. No se evidencian razones que justifiquen darles v\u00eda a los cargos en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Conforme a todo lo expuesto, se declarar\u00e1 inadmisible la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n presentada por Santiago Otero Rey, frente a la sentencia de 8 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso adelantado por Jurg Paul Haller contra el recurrente, en el asunto en referencia. En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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AC2435-2022 (2015-00139-01) Magistrada Ponente AC2435-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 05001-31-03-005-2015-00139-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Se procede a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Santiago […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64854","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64854\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}