AC2438-2022 (2016-00319-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2438-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 76001-31-03-003-2016-00319-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 4 de octubre de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso adelantado por el actor contra Erika del Carmen G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, Carolina Gomez Orozco y Carlos Andr\u00e9s Clavijo. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El actor pidi\u00f3 que se declarar\u00e1 que es absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la Escritura P\u00fablica No. 1.166 del 18 de mayo de 2009 de la Notar\u00eda Dieciocho del C\u00edrculo de Cali, del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-339220. <\/p>\n
As\u00ed mismo, que se declare que son absolutamente simulados los dem\u00e1s contratos de compraventa que tienen como t\u00edtulo antecedente la Escritura P\u00fablica No. 1.166, a saber, la No. 2989 de 30 de octubre de 2.009, 496 de 26 de febrero de 2010. <\/p>\n
Que como consecuencia se declare que en realidad no han existido dichos contratos de compraventa y en consecuencia se declare que el inmueble con folio de matr\u00edcula No. 370-339220 es de propiedad del se\u00f1or Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn por tanto se disponga su respectiva cancelaci\u00f3n. <\/p>\n
Y que se condene a los demandados Carolina G\u00f3mez Orozco y Carlos Andr\u00e9s Clavijo Gonz\u00e1lez como poseedores de mala fe, a la restituci\u00f3n del inmueble enajenado y al pago de los frutos civiles. <\/p>\n
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2. Como sustento de lo pedido, invoco los siguientes hechos a modo de resumen: <\/p>\n
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1. Que el se\u00f1or Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn adquiri\u00f3 mediante Escritura P\u00fablica No. 1369 de 2004 el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-339220. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Que ante la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica y los problemas judiciales (procesos de alimentos, ejecutivos y penales) que enfrentaba y atendiendo los consejos y propuestas de Carolina G\u00f3mez Orozco, amiga muy cercana, decidi\u00f3 otorgarle un mandato \u00abpara que en su nombre vendiera para si o para un tercero el inmueble\u00bb atr\u00e1s referido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Que, ante la falta de noticias de la actividad de la mandataria, el se\u00f1or Rodr\u00edguez solicit\u00f3 un certificado de tradici\u00f3n del bien ra\u00edz, y se encontr\u00f3 que desde el 18 de mayo de 2009 \u00e9sta era la titular del derecho de dominio por un precio irrisorio de $70\u2019000.000 y que hab\u00eda constituido hipoteca de primer grado a favor de INVERSORA IMPERIO S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Posteriormente la se\u00f1ora G\u00f3mez Orozco transfiri\u00f3 el 50% del inmueble a Erika del Carmen G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, quien a su vez vendi\u00f3 a Andr\u00e9s Clavijo Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali en auto de 9 de diciembre de 2016, admiti\u00f3 la demanda (folio 167, cno. 1 principal, expediente digital). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Notificados Carolina G\u00f3mez Orozco y Carlos Andr\u00e9s Clavijo manifestaron su oposici\u00f3n a las pretensiones y formularon las excepciones de m\u00e9rito que denominaron: cosa juzgada, ausencia de los presupuestos de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y pasiva, improcedencia de la acci\u00f3n por dolo de la demandante y la innominada (fls. 282 y s.s.). A su turno el curador ad litem de Erika G\u00f3mez formul\u00f3 la innominada (fls. 310 a 312).<\/p>\n
2. Posteriormente los se\u00f1ores H\u00e9ctor Germ\u00e1n Salazar Valencia, Carmen Elisa Sarria de Salazar, Jorge Alberto Salazar Sarria, Cesar Augusto Salazar Sarria, Inversora Imperio S.A., y el grupo empresarial Distrito S.A.S., formularon intervenci\u00f3n excluyente contra Hernando Rodr\u00edguez, Carolina G\u00f3mez Orozco, Erika G\u00f3mez y Carlos Andr\u00e9s Clavijo y piden que se declare probada la existencia de la acreencia y la garant\u00eda que pesa sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 370-339220 y como consecuencia los demandados deber\u00e1n respetar la garant\u00eda y cumplir con el pago independientemente de la decisi\u00f3n que se tome en el presente asunto (fls. 108 a 114 C 2\/1. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Admitida la intervenci\u00f3n excluyente por auto del 8 de mayo de 2018 (fl. 115) fue contestada oportunamente. La apoderada de Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: simulaci\u00f3n absoluta del contrato de mutuo y de la garant\u00eda hipotecaria, mala fe, inexistencia real de las obligaciones presuntamente asumidas por la se\u00f1ora Carolina G\u00f3mez Orozco, nulidad absoluta de la hipoteca, inexistencia del contrato de mutuo por falta de los requisitos esenciales, falta de legitimaci\u00f3n sustancial para la realizaci\u00f3n del acto de constituci\u00f3n de la hipoteca, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los cesionarios, en relaci\u00f3n con la garant\u00eda hipotecaria, nulidad relativa de los endosos realizados entre la sociedad comercial con el mismo representante legal y la persona natural (autocontrato), inoponibilidad a favor del se\u00f1or Fernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn y maniobra \/ responsabilidad aquiliana. <\/p>\n
A su turno el apoderado de Erika del Carmen G\u00f3mez Fern\u00e1ndez no se opuso a las pretensiones, salvo a la condena en costas \u00abpues no ha sido parte activa, ni ha impulsado el temerario proceso con que pretende el se\u00f1or HERNANDO RODRIGUEZ HOLGU\u00cdN de apoderarse de un inmueble que no le pertenece\u00bb. <\/p>\n
Carolina G\u00f3mez y Carlos Clavijo se allanaron a las pretensiones. <\/p>\n
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3. En fallo de 18 de diciembre de 2018, el a quo neg\u00f3 las pretensiones de los demandantes excluyentes, la que dentro de la oportunidad no fue recurrida. Igualmente, profiri\u00f3 una segunda sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de los presupuestos de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, y en consecuencia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La parte actora formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, con fundamento en que existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria de las pruebas documentales aportadas, que no se valoraron las confesiones de la se\u00f1ora Carolina G\u00f3mez, que no existe rastro del pago del cr\u00e9dito, que existi\u00f3 una indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 191 del C.G., as\u00ed como de los indicios existentes en el proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distro Judicial de Cali mediante sentencia del 1\u00b0 de octubre de 2019 resolvi\u00f3 confirmar la emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali que neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Para tal efecto, el ad quem inici\u00f3 su estudio refiriendo la presencia de los presupuestos procesales, para pasar a referir que la pretensi\u00f3n se dirige a que se declare la simulaci\u00f3n absoluta de la transferencia de la propiedad que realiz\u00f3 el actor a favor de Carolina G\u00f3mez Orozco, as\u00ed como las enajenaciones posteriores. <\/p>\n
Luego de hacer algunas precisiones de orden normativo, jurisprudencial y doctrinario alusivos a la simulaci\u00f3n, adujo que en \u00abeste tipo de procesos se impone una apreciaci\u00f3n hol\u00edstica de las pruebas que se endereza a mirar el negocio real existente en los t\u00edtulos atacados, guiados por el principio de libertad probatoria\u00bb, a efectos de realizar la \u00abb\u00fasqueda de la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes\u00bb la que debe realizarse a trav\u00e9s de los indicios. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se ocup\u00f3 del examen de las pruebas que estim\u00f3 m\u00e1s relevantes para resolver el caso, para de all\u00ed inferir \u00ablas necesidades econ\u00f3micas del demandante y el nivel de confianza existente entre Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn y Carolina G\u00f3mez Orozco para cuando el primero le otorg\u00f3 poder a la segunda\u00bb para vender, comprar para s\u00ed, y para hipotecar el inmueble, as\u00ed mismo que entre los contendientes existi\u00f3 cruce de dineros en desarrollo del mandato, record\u00f3 los procesos penales que se siguieron en contra del demandante, as\u00ed como los embargos de sus bienes, para deducir que \u00abpuede entenderse que Rodr\u00edguez Holgu\u00edn si ten\u00eda motivos para simular la venta a favor de su amiga Carolina G\u00f3mez\u00bb, pero que existen varias pruebas directas as\u00ed como \u00abcontraindicios que desdibujan la pretensi\u00f3n simulatoria\u00bb. <\/p>\n
En efecto, fue la se\u00f1ora Carolina G\u00f3mez \u00abquien consigui\u00f3, entreg\u00f3 dinero y ayud\u00f3 a solucionar los contratiempos econ\u00f3micos del demandante\u00bb, que el actor perdi\u00f3 la posesi\u00f3n del bien ra\u00edz y los arreglos del inmueble fueron realizados por los demandados (salvo Erika del Carmen) con posterioridad al 18 de mayo de 2009 y respecto a la prueba trasladada estim\u00f3 que el desistimiento de la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme muestra \u00abel ejercicio reflexivo de una acci\u00f3n que afirma la venta y la existencia de precio aunque tambi\u00e9n de su disconformidad con \u00e9l\u00bb, am\u00e9n de que Rodr\u00edguez y G\u00f3mez \u00abfirmaron un acta de compromiso autenticada en septiembre y noviembre de 2012 en la que se declararon a paz y salvo por todo concepto comprometi\u00e9ndose a no iniciar ninguna acci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Para finalmente concluir el ad quem que \u00abla comprensi\u00f3n hol\u00edstica de la prueba, el comportamiento extra y endoprocesal de las partes no permite observar convergencia de indicios irrefragables que puedan llevar a dejar sin efecto las trasferencias del inmueble solicitadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda se fund\u00f3 en cuatro cargos, que se enmarcan en violaciones por la v\u00eda directa y por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
El primer cargo lo sustenta la inconforme en que se vulneraron por la v\u00eda directa los art\u00edculos 1634, 1757, 1766, 1742 y 1849 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, efecto para el cual aduce que el ad quem dej\u00f3 de aplicar las disposiciones sustanciales a que deb\u00eda someterse el caso, como quiera que quien aleg\u00f3 haber realizado el pago \u00abno present\u00f3 prueba de su extinci\u00f3n\u00bb, y agrega que se presentan \u00abcontradicciones entre la forma \u2013 las declaraciones y soportes \u2013 para determinar uno de los elementos esenciales de la compraventa\u00bb, por lo que estima que existe una trasgresi\u00f3n entre la norma y \u00ablas reglas de la sana cr\u00edtica utilizadas para establecer la prevalencia de la intenci\u00f3n entre las dos partes del contrato\u00bb. <\/p>\n
El segundo cargo se sustenta en la infracci\u00f3n por la v\u00eda indirecta como consecuencia del error de derecho en la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 11, 176,191, 197, 240, 241 y 242 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con los interrogatorios y los indicios desatendiendo el comportamiento de la parte demandada (Carolina G\u00f3mez, Carlos Andr\u00e9s Clavijo y Erika del Carmen G\u00f3mez en la medida en que \u00abfueron recepcionados en la misma sala de audiencia y en presencia de todos, violando el principio de recepci\u00f3n del testimonio; raz\u00f3n por la cual debieron ser apreciados con la reserva que esto amerita\u00bb. <\/p>\n
Aduce el recurrente que el ad quem aplic\u00f3 de manera err\u00f3nea el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso. en concordancia del art\u00edculo 193 ibidem respecto de la apreciaci\u00f3n de la prueba traslada para agregar que respecto de los indicios incurri\u00f3 en error de hecho, y en el desarrollo del cargo dijo que los supuestos pagos realizados por la demandada Carolina G\u00f3mez no aparecen acreditados, enmarc\u00e1ndose como error de hecho. <\/p>\n
El tercer cargo, por error de hecho al valorar la existencia de la hipoteca y su objeto de pagar el precio al demandante, dado que \u00abno existe rastro bancario, ni de pago del pr\u00e9stamo por parte del acreedor hipotecario como tampoco recibo de entrega del dinero, ni trazabilidad de dicho ingreso versus pasivo, ni de pago, por lo no existi\u00f3 ni fue probado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Y el cuarto cargo, por error de derecho en la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 240, 242 y 254 del C\u00f3digo General del Proceso, al considerar documentos como contra indicios, los que sustenta en que ni el de 22 de diciembre de 2009 ni el de 3 de agosto de 2012 acreditan el pago del precio, pues \u00abno hacen relaci\u00f3n ni al \u2018precio\u2019 ni \u2018a la forma de pago\u2019 ni mucho menos al negocio jur\u00eddico\u00bb que se ataca como simulado absolutamente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso de casaci\u00f3n se caracteriza por su naturaleza extraordinaria, de modo que no toda inconformidad con la decisi\u00f3n atacada permite a la Corte pasar a su estudio \u00absino que es requerido que la censura este soportada en las causales taxativamente previstas en la ley\u00bb1; as\u00ed mismo tiene un car\u00e1cter limitado, \u00abporque, en consideraci\u00f3n a su fin \u00faltimo, veda todo lo que puede ser extra\u00f1o a su consecuencia y sea ajeno al verdadero fin perseguido\u00bb1, que implica, entre otras cosas, que s\u00f3lo est\u00e1 consagrado respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 334 del c\u00f3digo de ritos, en las hip\u00f3tesis previstas en el precepto en cita, concordado con el art\u00edculo 338 ibidem. <\/p>\n
Ahora bien, el recurso en comento s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar ante la existencia de alguna de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ib\u00eddem.\u202f <\/p>\n
Se\u00f1ala la norma que esta demanda, am\u00e9n de reunir la especificaci\u00f3n del proceso con los detalles relacionados en el numeral 1\u00ba el art\u00edculo 344 ut supra, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas, sin que sea labor de la Corte suplir las falencias, debilidades vaguedades que all\u00ed se generen, pues de incumplirse se generar\u00eda la inadmisi\u00f3n de la demanda (art. 346 Ib.). <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de anta\u00f1o ha orientado: <\/p>\n
(\u2026) para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente2. <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la protesta extraordinaria, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designaci\u00f3n de las partes. ii) La s\u00edntesis del proceso. iii) La exposici\u00f3n de los sustentos de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y concisa\u00bb. iv) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb.\u202f <\/p>\n
Respecto al numeral iii referido en el p\u00e1rrafo precedente se exige que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador3. <\/p>\n
2.1 Cuando se formulan los cargos consagrados en los numerales 1 y 2 del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil debe invocarse la violaci\u00f3n de una norma sustancial, efecto para el cual la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser antojadiza \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (AC2386, 20 jun. 2019, rad. 2015-00692-01, reiterada en AC2194 de 2021). <\/p>\n
2.2. Conforme lo reglado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, es causal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cLa violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial\u201d, la que atendiendo lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 ibidem deber\u00e1 circunscribirse \u00ab(\u2026) a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
Ocurre la violaci\u00f3n directa de una norma sustancial cuando el juzgador incurre en alguno de estos supuestos: a) cuando no tuvo en cuenta los preceptos que regulan el caso; b) aplica una norma ajena al caso, o c) a pesar de haber acertado en la selecci\u00f3n no le dio el alcance que ten\u00eda. <\/p>\n
Sobre el tema en estudio, la Corporaci\u00f3n2 ha dejado sentado: <\/p>\n
\u00abCorresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u00bb <\/p>\n
Cuando se invoca el error de derecho la jurisprudencia de esta Sala tiene clarificado que, aunque tambi\u00e9n es exigible el contraste de la sentencia atacada con el medio, aquella ser\u00e1 para: <\/p>\n
\u00abpatentizar que conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que\u2026consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria4\u00bb <\/p>\n
3. La demanda de casaci\u00f3n no cumple, en este caso, con las anteriores exigencias t\u00e9cnicas como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1 En l\u00edneas generales los cuatro cargos fueron formulados en contravenci\u00f3n de la completitud, porque no refuta todos los fundamentos de la decisi\u00f3n objeto del recurso. En efecto, el Tribunal construy\u00f3 la sentencia sobre dos premisas fundamentales: la primera consistente en la existencia de varios contraindicios: pago del precio, que el actor se despoj\u00f3 de la posesi\u00f3n y que los demandados remodelaron el inmueble; y la segunda, atinente a la prueba trasladada que da cuenta de la acci\u00f3n por rescisi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme que present\u00f3 el aqu\u00ed actor contra la se\u00f1ora G\u00f3mez y que es indicativo de la existencia del contrato. <\/p>\n
En ninguno de los cargos se atacaron todos los contraindicios, pues si bien se replica el pago del precio, no se objet\u00f3 que el demandante se hab\u00eda despojado de la posesi\u00f3n y que en el inmueble fueron realizadas obras por los demandados. <\/p>\n
En los tres primeros cargos se atac\u00f3 la forma como el Tribunal dedujo el pago del precio, pero se dej\u00f3 indemne la prueba trasladada que igualmente sirvi\u00f3 de soporte al ad quem para deducir la seriedad del contrato. <\/p>\n
3.2. Ya en concreto en lo que tiene que ver con el cargo primero seg\u00fan el recurrente el ad quem vulner\u00f3 a) el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; b) los art\u00edculos 1634, 1757, 1766, 1742 y 1842 del C.C. <\/p>\n
a) Teniendo en cuenta que entre las disposiciones presuntamente transgredidas se encuentra el art\u00edculo 83 de la Carta Magna, para que resulte viable emprender el estudio de la acusaci\u00f3n por esta v\u00eda, el primer tamiz que debe superar es el de ostentar la calidad de sustancial, para lo cual se efectuar\u00e1n las siguientes precisiones: <\/p>\n
Para que un canon pueda catalogarse como sustancial, no basta con que se encuentre plasmado dentro un c\u00f3digo sustantivo como, por ejemplo, el Civil, o incluso dentro de la misma Constituci\u00f3n, sino que resulta imperioso que tenga incidencia directa en determinada relaci\u00f3n jur\u00eddica para declararla, generarla o alterarla; por tal raz\u00f3n, la acepci\u00f3n de aquel concepto ha sido decantada por la Corte as\u00ed: <\/p>\n
\u00abSon de este tipo las disposiciones que, \u00abfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella[s] contempla[n], declara[n], crea[n], modifica[n] o extingue[n] derechos subjetivos o impone[n] obligaciones\u00bb, estirpe de la cual carecen las que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb (SC4794, 27 oct. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00488-01)5.\u00bb <\/p>\n
Cuando se trata de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sabido es que por antonomasia es norma de normas, tal como lo consagra su propio art\u00edculo 4\u00ba y, por ende, se encuentra en el pin\u00e1culo del ordenamiento patrio, situaci\u00f3n que impone la necesidad que todo el cuerpo positivo de nuestra legislaci\u00f3n tenga por objeto desarrollar sus preceptos o, por lo menos, no contravenir su esencia, cuando el asunto verse sobre temas ajenos a los all\u00ed enunciados. <\/p>\n
Sobre el particular, vale resaltar que la Carta Pol\u00edtica est\u00e1 integrada por el pre\u00e1mbulo, la parte org\u00e1nica y la parte dogm\u00e1tica, \u00faltima en la que convergen los valores, principios6 y derechos que cimientan las bases del Estado Colombiano. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como no puede desconocerse la primac\u00eda imperante de la Constituci\u00f3n y, en particular, la que contempla los derechos reconocidos a los habitantes en sus m\u00faltiples dimensiones, fundamentales; sociales, econ\u00f3micos y culturales; colectivos y del medio ambiente, se concluye que el articulado que la compone tiene, per se, una naturaleza prevalente, ya que ninguna norma de rango inferior puede transgredirla o desfigurarla. <\/p>\n
Ahora bien, aunque ciertamente, en casos muy puntuales alg\u00fan canon superior podr\u00eda tener los visos que se exigen para calificarlo como sustancial, ese simple hecho no basta para que se abra la senda de su estudio dentro del recurso de casaci\u00f3n, en la medida en que, si el asunto en litigio se encuentra desarrollado en alguna disposici\u00f3n del ordenamiento, debe invocarse tambi\u00e9n la norma de linaje sustancial de este, ya que no puede se\u00f1alarse como hu\u00e9rfana la supralegal. <\/p>\n
Ello en raz\u00f3n a que la Constituci\u00f3n, al ser la piedra angular de la legislaci\u00f3n, solo es la base y [en general] no se refiere a situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas, lo que le da sentido a la expedici\u00f3n de normativas que se encarguen de desarrollarla y reglamentarla, as\u00ed como de regular aspectos que podr\u00edan escapar a su \u00f3rbita. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como la sustancialidad de las normas no se limita a las que se encuentran inmersas en la Carta Pol\u00edtica, sino tambi\u00e9n a las que est\u00e1n compendiadas en las diferentes disposiciones que rigen nuestro ordenamiento, son estas \u00faltimas las que deben reforzar la supralegal invocada. <\/p>\n
Es as\u00ed como por ejemplo, los art\u00edculos 42 y 44 ejusdem que se refieren a la familia y a los derechos de los ni\u00f1os, aunque surgen de preceptos fundamentales, se encuentran desarrollados in extenso en diversas disposiciones como el C\u00f3digo Civil o el de la Infancia y la Adolescencia, entre otras; por lo tanto, es dentro de estos c\u00e1nones donde debe escudri\u00f1arse la existencia de las normas de estirpe sustancial que quieran ser citadas con fuente de la protesta extraordinaria7. <\/p>\n
Esa l\u00ednea de pensamiento ha sido acogida por esta Sala, al precisar: <\/p>\n
\u00abEn cuanto hace al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, independientemente de su naturaleza sustancial, se establece que, en l\u00ednea de principio, no corresponde a un precepto id\u00f3neo para soportar reproches propuestos con base en la causal primera de casaci\u00f3n, como quiera que, desde la perspectiva de este recurso extraordinario, el desatino que se atribuye al juzgador viola la ley y, solo como consecuencia de ello, por rebote, la Constituci\u00f3n, de donde la correcta estructuraci\u00f3n de un ataque de este linaje, exige centrarse en ese inicial quebranto y no soslayarlo, para pretender edificar el cargo \u00fanicamente con respaldo en la violaci\u00f3n de la normatividad superior. <\/p>\n
\u00abEmpero \u2013 ha observado la Corte- ello no significa que el car\u00e1cter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando act\u00faan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocaci\u00f3n en un cargo en casaci\u00f3n sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores est\u00e1n llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual ser\u00e1n los preceptos de \u00e9sta, y no los de la Carta Pol\u00edtica, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problem\u00e1tica decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplic\u00f3 o interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb (resaltado ajeno al texto)8. <\/p>\n
Recientemente la Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n sostuvo: <\/p>\n
\u00abRespecto a la normativa de rango superior, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que si bien la Constituci\u00f3n es norma de normas y por ello aplicable en forma directa a los casos concretos, en algunas circunstancias los preceptos constitucionales no son id\u00f3neos para apalancar, por s\u00ed solos, el motivo de casaci\u00f3n en estudio, toda vez que por su estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario (cfr. AC8616-2016). <\/p>\n
(\u2026) En efecto, y para completar la \u00faltima idea, as\u00ed una norma constitucional que consagre derechos fundamentales cumpla el requisito, a los efectos del recurso de casaci\u00f3n y de la causal primera, de ser tambi\u00e9n norma sustancial, ello no significa que su invocaci\u00f3n en el cargo le abra camino a su estudio de fondo por la Corte, pues dos cuestiones deben superarse: la primera, que dicha norma pueda ser aplicada directamente sin necesidad de desarrollo legal, dada la usual tesitura abierta que ostentan. Y segundo, que ese precepto directamente se ocupe o haya debido ocuparse del asunto decidido en la sentencia impugnada (Cfr. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N\u00b0 13430-3103-002-2004-00359-01).9. <\/p>\n
En ese orden, cuando se alega la violaci\u00f3n directa de un canon constitucional, deben superarse varios tamices antes de emprender su estudio, pues no es factible esgrimir dicha transgresi\u00f3n sin miramiento diferente al de estar plasmado en la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Con ese panorama, en lo que respecta al art\u00edculo 83 de entrada se advierte que, siguiendo los derroteros expuestos en precedencia, carece de la calificaci\u00f3n de sustancial, pues se trata de una presunci\u00f3n y se limita a consagrar el principio de la buena fe in genere, m\u00e1s no a definir una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
Sobre este asunto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abes manifiesto que no tienen car\u00e1cter sustancial los art\u00edculos 1\u00b0 (mediante el cual se indica que Colombia es un estado social de derecho), 4\u00b0 (prevalencia de la Constituci\u00f3n), 5\u00b0 (primac\u00eda de derechos inalienables de la persona y protecci\u00f3n a la familia), 13 (libertad e igualdad de las personas), 83 (presunci\u00f3n de buena fe), 228 (sobre la administraci\u00f3n de justicia como funci\u00f3n p\u00fablica, independiente, permanente y con prevalencia del derecho sustancial), 229 (tutela judicial efectiva), 230 (sometimiento de los jueces a la ley y criterios auxiliares de la actividad judicial)10. <\/p>\n
Entonces, si el art\u00edculo 83 no est\u00e1 catalogado como sustancial, inane resultar\u00eda verificar su conexi\u00f3n directa con las dem\u00e1s normas denunciadas, incluso si estas tuvieran la connotaci\u00f3n de sustanciales, pues la exigencia primaria es que la constitucional ostente ese linaje, como en efecto aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
b) Ahora, los preceptos contenidos en el C\u00f3digo Civil, se advierte que los art\u00edculos 1757 y 1849 no son sustanciales, ya que la primera es una norma de car\u00e1cter probatorio12 y la segunda se limita a definir la compraventa13. <\/p>\n
Igualmente, el cargo es impreciso porque no expresa las razones por las que los art\u00edculos 1634 y 1742 del C.C., deb\u00edan conducir al ad quem a un entendimiento distinto de la simulaci\u00f3n absoluta invocada por la demandante. <\/p>\n
3.2.1 Adem\u00e1s, al decir el casacionista \u00abque quien aleg\u00f3 haber realizado el pago no present\u00f3 pruebas de su extinci\u00f3n\u00bb y que \u00abse presentan contradicciones entre la forma -declaraciones y soportes -\u00bb para determinar el precio, resulta evidente que incurri\u00f3 en entremezclamiento de causales, dado que refiri\u00f3 argumentos dirigidos a la violaci\u00f3n indirecta a pesar de estar invocando la directa, y \u00abesa mixtura hace que los embates sean irresolubles, porque, como viene de ser expuesto, los dos se adentran a cuestionar aspectos extra\u00f1os a la modalidad seleccionada en cada uno, lo que significa que se desviaron del rumbo trazado\u00bb14. <\/p>\n
3.2.2 Aunado a lo anterior, mem\u00f3rese que la naturaleza de una norma no depende del lugar donde se ubique, sino de su objeto habida cuenta que s\u00f3lo ostentan el car\u00e1cter de norma sustancial aquellas que generen, alteren o modifiquen derechos, obligaciones o relaciones subjetivas15, pero no basta con la invocaci\u00f3n de un precepto de las anteriores circunstancias sino que igualmente debe regular el asunto que se est\u00e1 conociendo, as\u00ed como debe indicarse de forma precisa la forma como el Tribunal las vulner\u00f3, ya que recu\u00e9rdese que16: <\/p>\n
\u00ablo que de suyo impone el se\u00f1alamiento del precepto de esa estirpe que, estimado infringido, fue la base esencial del fallo o debi\u00f3 haber sido, como atr\u00e1s se dej\u00f3 dicho, a m\u00e1s de la aducci\u00f3n de las razones por las cuales se considera que el Tribunal lo viol\u00f3, de forma que la Corte explore dichos argumentos y, seg\u00fan la v\u00eda escogida, emprenda el examen de fondo de la cuesti\u00f3n en el marco estricto del sendero trazado por el recurrente, dado lo dispositivo del recurso extraordinario.\u00bb <\/p>\n
3.3. El segundo cargo, formulado por la v\u00eda indirecta por error de derecho, es obscuro y contradictorio pues lo planteado en el \u00edtem denominado demostraci\u00f3n del cargo no tiene relaci\u00f3n con lo expuesto en la parte introductoria de este. <\/p>\n
En efecto, en la presentaci\u00f3n se aducen dos fundamentos: i) que los interrogatorios de los demandados fueron \u00abrecepcionados en la misma sala de audiencia y en presencia de todos, violando el principio de la recepci\u00f3n del testimonio\u00bb y en que se valor\u00f3 de manera inadecuada la prueba trasladada, pero cuando se sustenta la acusaci\u00f3n los argumentos expuestos se dirigen a discutir que el precio no fue pagado por la demandada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, carece de la certeza necesaria y constituye m\u00e1s un alegato de instancia. Sobre el particular la Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P.C.)17 <\/p>\n
3.4 Tanto en este segundo cargo, como en el tercero y cuarto no se invoc\u00f3 ninguna disposici\u00f3n que tenga el car\u00e1cter de sustancial, sino que todas tienen car\u00e1cter probatorio, esto es, son normas instrumentales. <\/p>\n
Las disposiciones citadas son los art\u00edculos 11, 174, 176, 191,193, 197, 240, 241 y 242 del C.G.P., que corresponden en su orden, a la interpretaci\u00f3n de las normas sustanciales, a la prueba trasladada, apreciaci\u00f3n de la prueba, requisitos de la confesi\u00f3n, confesi\u00f3n por apoderado judicial, infirmaci\u00f3n de la confesi\u00f3n, requisitos de los indicios, la conducta de las partes como indicio y la apreciaci\u00f3n de las pruebas, no resultan id\u00f3neas para sustentar el recurso, tem\u00e1tica sobre la cual se ha precisado que dichos preceptos \u00abpresentan como distingo sobresaliente su car\u00e1cter descriptivo y ordenador, m\u00e1s no declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas materiales concretas entre las partes aqu\u00ed enfrentadas, es decir, son normas adjetivas, instrumentales y rituales, inid\u00f3neas por s\u00ed solas para alcanzar los fines infirmatorios de una decisi\u00f3n\u00bb18. <\/p>\n
3.5 Por otro lado, en los cargos tercero y cuarto, el casacionista no demostr\u00f3 de manera precisa cu\u00e1l fue la valoraci\u00f3n indebida de los testimonios y de la prueba trasladada, ni muchos menos que trascendencia tendr\u00eda respecto de la decisi\u00f3n tomada por el ad quem, carga que le correspond\u00eda y que no cumpli\u00f3, a lo que cabe agregar que la valoraci\u00f3n probatoria se enmarca en la \u00abdiscreta autonom\u00eda\u00bb del fallador, sobre la cual se ha precisado que: <\/p>\n
\u00abNo debe olvidarse que en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda por parte de los jueces de fondo, ha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias\u00bb19 <\/p>\n
4. En suma, como la demanda no satisfizo los requisitos formales y t\u00e9cnicos que le son propios, habr\u00e1 de inadmitirse, en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Resta decir que esta Sala no encuentra razones suficientes para seleccionar la sentencia acusada, toda vez que al actor se le garantizaron sus derechos superiores y se le resolvi\u00f3 su proceso en debida forma, sin que se advierta una afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico o de la legalidad, o se requiera rectificar un punto en derecho para fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, ni se ve comprometido ning\u00fan derecho de orden constitucional. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que Hernando Rodr\u00edguez Holgu\u00edn interpuso frente a la sentencia de 4 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso adelantado contra Erika del Carmen G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, Carolina G\u00f3mez Orozco y Carlos Andr\u00e9s Clavijo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ AC3495 de 2014 <\/p>\n
2\u0002 CSJ, sentencia No. 009 exp. 5149 del 26\/03\/1999. Reiterado, entre otras, en SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01, AC4034, 13 sep. 2021 y AC828 DE 2022. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020 y AC5810 de 2021 <\/p>\n
4\u0002 CSJ SC5686-2018, 19 dic., rad. 2004-00042-01, reiterada en SC4667 de 2021 <\/p>\n
5\u0002 Citada en AC706 de 2022 <\/p>\n
6\u0002 Cita en sentencia C-1287 de 2001: \u00abLos principios Constitucionales, a diferencia de los valores que establecen fines, consagran prescripciones jur\u00eddicas generales que suponen una delimitaci\u00f3n pol\u00edtica y axiol\u00f3gica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretaci\u00f3n, lo cual hace de ellos normas de aplicaci\u00f3n inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en los art\u00edculos primero y tercero: el Estado social de derecho, la forma de organizaci\u00f3n pol\u00edtica y territorial, la democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la prevalencia del inter\u00e9s general (art\u00edculo 1); la soberan\u00eda popular y la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 2). Ellos se refieren a la naturaleza pol\u00edtica y organizativa del Estado y de las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo no consiste en la enunciaci\u00f3n de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que alg\u00fan d\u00eda se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definici\u00f3n en el presente, una base axiol\u00f3gico-jur\u00eddica sin la cual cambiar\u00eda la naturaleza misma de la Constituci\u00f3n y por lo tanto toda la parte organizativa perder\u00eda su significado y su raz\u00f3n de ser. Los principios expresan normas jur\u00eddicas para el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan fines jur\u00eddicos para el futuro; son la mira que jalona hacia el orden del ma\u00f1ana\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
7\u0002 CSJ, exp. 002-2008-00322-01. Providencia del 21\/02\/2012. \u00ab(i) Los art\u00edculos 5, 13, 42, 44 y 85 de la Constituci\u00f3n Nacional, alusivos a los derechos de la persona, la familia, la ni\u00f1ez, la igualdad y la aplicaci\u00f3n inmediata de este \u00faltimo, contienen principios de estirpe superior, susceptibles de desarrollo legislativo, \u00e9ste s\u00ed objeto de vulneraci\u00f3n por v\u00eda recta y sin que aparezca relacionado de manera conexa en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 CSJ, exp. 037-2000-008535-01. Providencia del 18\/12\/2012. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC3883 de 2019. <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC5613 de 2016. <\/p>\n
11\u0002 CSJ AC1241 de 2019. <\/p>\n
12\u0002 CSJ AC6288 de 2017. <\/p>\n
13\u0002 CSJ AC5865 de 2021. <\/p>\n
14\u0002 CSJ AC4550 de 2021. <\/p>\n
15\u0002 Ver CSJ, AC6078 DE 2021. <\/p>\n
16\u0002 CSJ AC5856 de 2016. <\/p>\n
17\u0002 AC, 28 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 may. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00623-01, en AC1807, rad. n\u00b0. 2016-00073, 20 may. 2019 y AC816 de 10 de marzo de 2020. <\/p>\n
18\u0002 CSJ AC3567-2019. <\/p>\n
19\u0002 CSJ SC 12 de junio de 2001, rad. No. 6050. <\/p>\n
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AC2438-2022 (2016-00319-01) MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ Magistrada Ponente AC2438-2022 Radicaci\u00f3n 76001-31-03-003-2016-00319-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintis\u00e9is de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64856","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64856","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64856"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64856\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64856"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64856"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64856"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}