AC2737-2022 (2013-00325-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC2737-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b013001-31-03-003-2013-00325-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de 9 de junio de 2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Francisco Eduardo Henao Caldas para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 28 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso declarativo que adelant\u00f3 junto con Jaime Henao L\u00f3pez contra Mar\u00eda Elena, Victoria Eugenia y Ana Luc\u00eda Henao Posso. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes pidieron declarar que las convocadas les deben $565\u2019796.590 e intereses de mora liquidados, a la tasa del 1% mensual o la m\u00e1xima legal, desde el 9 de junio de 2007 y condenarlas a pagarles en especie, con una fracci\u00f3n de los lotes 1A o 1B, de matr\u00edcula inmobiliaria 017-39036 y 017-39037 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de La Ceja, Antioquia, as\u00ed como hacer la escritura de daci\u00f3n en pago, o, en su defecto, con dinero. <\/p>\n
Expusieron que desde 1977 hasta noviembre de 2001 mantuvieron conjuntamente, en com\u00fan y proindiviso, la propiedad y administraci\u00f3n de la finca La Alicia, ubicada en El Retiro, Antioquia, de 65 hect\u00e1reas, ya que Eduardo Henao L\u00f3pez era due\u00f1o de 2\/3 partes y su hermano Jaime de 1\/3 parte, pero aqu\u00e9l le dio en garant\u00eda su derecho de cuota a este desde abril de 1993 hasta noviembre de 2001, debido a los pr\u00e9stamos que le hizo por $565\u2019796.590, raz\u00f3n por la que desde 1995 intentaron vender tal inmueble, pero no pudieron, en raz\u00f3n a que Jaime entr\u00f3 en proceso concordatario que culmin\u00f3 con el arreglo de entregar todo su patrimonio incluido su derecho de 1\/3 parte de esa heredad. <\/p>\n
Eduardo falleci\u00f3 en noviembre de 2001 y dejo obligaciones pendientes; empero, antes de su deceso, en agosto de 2001 le entreg\u00f3 1\/10 parte de la finca a Gabriel Ignacio Ballestas Blanco, as\u00ed como a Victoria Eugenia Henao Posso; asimismo, les adjudic\u00f3 9\/15 partes a sus hijas Mar\u00eda Elena, Victoria Eugenia y Ana Lucia Henao Posso, por partes iguales, esto es, 3\/15 partes a cada una. Desde abril de 2002 Jaime le present\u00f3 a la esposa del extinto, as\u00ed como a sus descendientes la relaci\u00f3n de la deuda para que la reconocieran, y el 16 de diciembre de 2003 logr\u00f3 un acuerdo, ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, en virtud del cual aquellas se comprometieron a presentarle una propuesta para determinar su cuant\u00eda y la parte del lote de La Alicia con que la cubrir\u00edan, ello en un plazo no mayor a 90 d\u00edas siguientes a aqu\u00e9l en que se repartieran la finca La Alicia. <\/p>\n
La partici\u00f3n se efectu\u00f3 el 29 de septiembre de 2006, seg\u00fan escritura No. 3395 de la Notar\u00eda 20 de Medell\u00edn, pero las adjudicatarias constituyeron una sociedad y dijeron enajenarle los derechos adquiridos en la sucesi\u00f3n de su esposo y padre, raz\u00f3n por la que fueron demandadas en acci\u00f3n pauliana que fracas\u00f3, aunado a que incumplieron la conciliaci\u00f3n y tiempo despu\u00e9s ofrecieron pagar la deuda con 6.412 m2 del lote 1A desenblogado de la finca La Alicia, ubicados en el peor sitio de esa heredad y no cuantificaron la prestaci\u00f3n, lo que gener\u00f3 su rechaz\u00f3. <\/p>\n
2. Las convocadas alegaron \u00ab[i]nexistencia de la obligaci\u00f3n\u00bb, \u00ab[f]alta de legitimaci\u00f3n de causa activa\u00bb, \u00ab[p]rescripci\u00f3n\u00bb, \u00ab[c]osa juzgada\u00bb, \u00ab[f]alta de inter\u00e9s jur\u00eddico de los demandantes\u00bb y \u00ab[c]ompensaci\u00f3n\u00bb (fls. 1 a 51 cno. 2). <\/p>\n
3. En prove\u00eddo de 4 mayo de 2016, el Juzgado Noveno Civil del Circuito, a quien le fue reasignado el asunto, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de falta de legitimaci\u00f3n en la causa de Jaime Henao L\u00f3pez, termin\u00f3 el proceso respecto de ese litigante y lo continu\u00f3 solo a favor del demandante Francisco Eduardo Henao Caldas, decisi\u00f3n confirmada por el superior (20 sept. 2017). <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite procesal pertinente, dict\u00f3 sentencia el 17 de noviembre de 2020, en la que desestim\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas al accionante. <\/p>\n
5. El superior, al resolver la alzada propuesta por esa parte, confirm\u00f3 dicha decisi\u00f3n, para lo cual expuso que: <\/p>\n
Es preciso identificar el objeto de la obligaci\u00f3n, para saber si es de dar, hacer o no hacer, sin perjuicio de que sea posible, l\u00edcita y determinada o determinable, pues una prestaci\u00f3n tiene tal car\u00e1cter cuando el deudor sabe qu\u00e9 debe y c\u00f3mo lo debe, mientras que el acreedor ha de saber qu\u00e9 es lo que puede esperar y exigir, de tal modo que el juzgador cuente con puntos de referencia ciertos para zanjar la lid. <\/p>\n
Ninguna prueba, incluida el acta, estructuran una obligaci\u00f3n, al menos no jur\u00eddica, pues lo expuesto en aquella qued\u00f3 atado al cumplimiento de varias condiciones; luego, no alberga una prestaci\u00f3n determinada o determinable, ya que la sola manifestaci\u00f3n abstracta de reconocer un d\u00e9bito es insuficiente para generar un derecho de cr\u00e9dito, sin que ello pueda ser inferido de la conducta posterior de las convocadas, quienes se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
En la conciliaci\u00f3n no se determin\u00f3 ninguna obligaci\u00f3n, ni se estableci\u00f3 un mecanismo o tercero para hacerlo ulteriormente, lo que significa que nada se acord\u00f3 sobre sumas concretas de dinero, sin que del acervo probatorio se extraiga tal exigencia, lo que indica que el acta alberg\u00f3 una simple negociaci\u00f3n rec\u00edproca para constituir una prestaci\u00f3n en el hipot\u00e9tico caso de llegar a un consenso determinado. <\/p>\n
Tampoco se incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues las piezas de convicci\u00f3n obrantes en el infolio, incluida la correspondencia cruzada entre las partes, no arrojan certeza sobre la existencia y valor de la obligaci\u00f3n que reclama el accionante y que abreva en la conciliaci\u00f3n, sin que su contraparte la haya aceptado en los interrogatorios. <\/p>\n
Las consignaciones como prueba de ingreso de los dineros prestados por Jaime Henao a su hermano Eduardo, resultan impertinentes frente a los hechos que se busc\u00f3 esclarecer, ya que no indican a qu\u00e9 corresponden, aunado a que el litigio gir\u00f3 en torno a la obligaci\u00f3n que las demandadas supuestamente asumieron en la conciliaci\u00f3n de 16 de diciembre de 2003 en el acuerdo logrado ante el Centro de Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla. <\/p>\n
Aunque la relaci\u00f3n de familiaridad y la subordinaci\u00f3n de los testigos con las partes es relevante para sospechar de la veracidad de sus declaraciones, ello no significa que tales relatos deban ser desechadas, sino que deben ser valoradas con rigurosidad y en conjunto con las dem\u00e1s pruebas, pero, en todo caso, habr\u00edan sido relevantes para establecer la existencia del cr\u00e9dito entre Jaime Henao y su hermano Eduardo, mas no entre el accionante y las convocadas. <\/p>\n
En ultimas, como no se estructur\u00f3 la obligaci\u00f3n que se pidi\u00f3 declarar, ello torna inane cualquier estudio respecto de la tasa de inter\u00e9s aplicable a tal cantidad (28 sept. 2021). <\/p>\n
6. El accionante interpuso recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (26 nov. 2021). <\/p>\n
7. La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo con escrito que contiene dos (2) cargos por las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed: <\/p>\n
a. El primero denuncia el quebranto directo de los art\u00edculos 1298, 1299 y 1302 del C\u00f3digo Civil, con estribo en que el Tribunal olvid\u00f3 que las demandadas son herederas de Eduardo Henao L\u00f3pez y, en esa condici\u00f3n, aceptaron pagar las obligaciones que este ten\u00eda con su hermano Jaime Henao L\u00f3pez, quien cedi\u00f3 su derecho a Francisco Henao Caldas con un lote de la finca La Alicia, tanto as\u00ed que establecieron un m\u00e9todo para fijar su cuant\u00eda y determinar tal prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Las pretensiones de la conciliaci\u00f3n hecha el 16 de diciembre de 2003 en la C\u00e1mara de Comercio de Barranquilla, permiten evidenciar que con ello se busc\u00f3 que las convocadas pagaran las deudas de su progenitor y fue eso lo que se concert\u00f3, como se extrae de la cl\u00e1usula primera del acta que recoge el acuerdo logrado. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 1299 del C\u00f3digo Civil las obligaciones del difunto y sus activos se transmiten a sus sucesores mortis causa, especialmente cuando se asume la condici\u00f3n de heredero y, por tanto, corresponde a este pagarlas, como se infiere del art\u00edculo 1302 ibidem, de ah\u00ed que la sentencia infringi\u00f3 esas normas cuando inadvirti\u00f3 que las convocadas reconocieron tal pasivo en la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
b. El segundo alega la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 176, 191, 240, 241, 242, 250 y 257 del C\u00f3digo General del Proceso y 3\u00ba del Decreto 1818 de 1998, como consecuencia de errores de hecho y de derecho, y expone que: <\/p>\n
Tanto el a quo como el Tribunal interpretaron err\u00f3neamente las pretensiones de la demanda y el objeto del proceso, toda vez que coligieron que el acta de conciliaci\u00f3n no hab\u00eda determinado la obligaci\u00f3n y que por ello esta era inejecutable, a pesar que el pleito se adelant\u00f3 para suplir tal requisito legal, es decir, para concretar y cuantificar la suma adeudada, de tal suerte que la prestaci\u00f3n fuera exigible y as\u00ed perfeccionar el t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
El yerro de iure se gener\u00f3 porque el Tribunal desconoci\u00f3 las anteriores normas, as\u00ed como el art\u00edculo 14 de la Ley 640 de 2001 al descartar la existencia de la deuda expresamente reconocida por las sucesoras de Eduardo Henao L\u00f3pez a favor de Jaime Henao L\u00f3pez, pues, aunque el prop\u00f3sito del pleito no era exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acta, al ser patente su imperfecci\u00f3n que imped\u00eda ejecutar ese instrumento, tal pieza es un principio de prueba por escrito, tanto que su contenido tiene efectos de cosa juzgada en lo atinente al problema que gener\u00f3 la conciliaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se trata de un documento p\u00fablico al ser autorizado por un funcionario que tiene tal car\u00e1cter, seg\u00fan el art\u00edculo 116 superior, de ah\u00ed que est\u00e9 revestido de validez, por lo que se suprimi\u00f3 la aceptaci\u00f3n que en \u00e9l hicieron las herederas del deudor. <\/p>\n
La omisi\u00f3n de la prueba escrita contenida en el acta de conciliaci\u00f3n es un error de derecho seg\u00fan los art\u00edculos 14 de la Ley 640 de 2001, 3 del Decreto 1818 de 1998, as\u00ed como 176, 250 y 257 ejusdem, mientras que al inadvertir las ofertas de daci\u00f3n en pago que hicieron las demandadas en virtud del acuerdo de conciliaci\u00f3n, fueron quebrantados los art\u00edculos 240, 241 y 242 ib\u00eddem, pues tales misivas son un claro indicio de que los oferentes eran conscientes de la existencia de la obligaci\u00f3n emanada del tal acuerdo. <\/p>\n
El error de facto ocurri\u00f3 porque el ad quem desdibuj\u00f3 el objeto del proceso al dejarse influir por el desenfoque de la sentencia del a quo, sin advertir que la obligaci\u00f3n reconocida en la conciliaci\u00f3n es la pretendida ahora, pues no se busc\u00f3 ejecutar el acta que la contiene, lo que muestra el desfase en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
El ad quem confundi\u00f3 la ausencia de m\u00e9rito ejecutivo del acta de conciliaci\u00f3n, con el reconocimiento y compromiso de las demandadas, que son herederas de Eduardo Henao L\u00f3pez, de pagar la obligaci\u00f3n en especie que obraba a cargo de su progenitor, y producto de ese desfase desech\u00f3 la pretensi\u00f3n, a pesar que el acta, los testimonios, la confesi\u00f3n, los indicios y las documentales estructuran el t\u00edtulo que se busc\u00f3 consolidar. <\/p>\n
Err\u00f3 al apreciar los indicios, la correspondencia que las partes cruzaron despu\u00e9s de la conciliaci\u00f3n, como lo son la comunicaci\u00f3n de 28 de marzo de 2007 en la que Mar\u00eda Elena Henao Posso ofreci\u00f3 6.412 m2 de la finca La Galicia, propuesta que fue rechazada por ser distinta a lo acordado, y la misiva de 2 de agosto de 2007 enviada por todos quienes participaron en la conciliaci\u00f3n, a pesar que en ella se ratificaron en la propuesta antes vista, situaci\u00f3n que permite inferir que las convocadas s\u00ed reconocieron la obligaci\u00f3n de asumir el pago de las deudas de Eduardo Henao L\u00f3pez, contrario a lo que concluy\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
El fallador acept\u00f3 que las consignaciones serv\u00edan para demostrar la deuda de Jaime con su hermano Eduardo, pero dedujo su impertinencia para establecer una obligaci\u00f3n determinada en el acta de conciliaci\u00f3n, sin advertir que en esa pieza estas \u00faltimas asumieron la deuda de su padre y que, por tanto, la cuantificaci\u00f3n pretendida con aquellas, y con los otros documentos, s\u00ed eran pertinentes, por lo que hay error de derecho, sin que fuera dable descartar la testimonial al ser relevante para aclarar los hechos en discusi\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se reiter\u00f3 en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme prev\u00e9n los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
3. Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018 y AC1804-2020, entre otros). <\/p>\n
4. La demanda de casaci\u00f3n presenta deficiencias t\u00e9cnicas que impiden abrirla a tr\u00e1mite, como pasa a verse: <\/p>\n
a. Ambos cargos incurren en entremezclamiento porque se adentran en cuestiones ajenas a las que son susceptibles de ser denunciadas por la v\u00eda seleccionada, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El inicial acusa el quebranto directo de la ley sustancial, pero en su desarrollo se inmiscuye en aspectos que son propios del error de hecho, cuando sindica al Tribunal de inadvertir que las herederas de Eduardo Henao L\u00f3pez aceptaron pagar las obligaciones que este adeudaba, y que se comprometieron a hacerlo con un lote de terreno de la finca La Alicia, para lo cual arguye que as\u00ed se extrae de las pretensiones insertas en la solicitud de conciliaci\u00f3n y del acta que contiene el acuerdo logrado en ese tr\u00e1mite extrajudicial. <\/p>\n
Igualmente, en otro aparte, al referirse al acta de conciliaci\u00f3n extrajudicial efectuada el 16 de diciembre de 2003, aduce que \u00absi se observa lo dispuesto en la cl\u00e1usula primera, las demandadas, quienes fung\u00edan como convocadas en la conciliaci\u00f3n, aceptaron en calidad de herederas del Sr. Eduardo Henao L\u00f3pez, pagar las obligaciones de su difunto padre\u00bb, argumentaci\u00f3n que reafirma el entremezclamiento de v\u00edas presente a lo largo del embate. <\/p>\n
Ello significa que el embate no se circunscribi\u00f3 a disputar el juicio jur\u00eddico del ad quem, como debi\u00f3 haber ocurrido al haberse planteado en el terreno de la causal primera de casaci\u00f3n, sino que se adentr\u00f3 a criticar lo que ese sentenciador observ\u00f3 o debi\u00f3 extraer de las pruebas, particularmente del acta de conciliaci\u00f3n de 16 de diciembre de 2003, a pesar que tal discusi\u00f3n resulta ajena a la senda seleccionada en la que solo es viable discrepar de las deducciones estrictamente jur\u00eddicas que adopt\u00f3 el fallador al disciplinar la reyerta. <\/p>\n
(ii) El segundo exhibe similar defecto, porque -de entrada- anuncia que le atribuye al Tribunal errores de hecho y tambi\u00e9n de derecho en la ponderaci\u00f3n probatoria y, como si fuera de poca monta esa conjugaci\u00f3n en un mismo cargo, al sustentar la discrepancia conjuga argumentos concernientes a las causales primera y segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ejemplo, dice que el Tribunal desconoci\u00f3 \u00abdirectamente\u00bb las normas que cita como infringidas, as\u00ed como el principio de prueba por escrito contenido en el acta de conciliaci\u00f3n y que ello constituye un t\u00edpico \u00aberror de derecho\u00bb, pero seguidamente expresa que tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto, es decir, pretiri\u00f3, \u00ablas ofertas de daci\u00f3n en pago que hicieron las demandadas en desarrollo del compromiso adquirido en la conciliaci\u00f3n\u00bb, a pesar que, insiste, \u00abtales comunicaciones son un claro indicio de la consciencia de la existencia de la obligaci\u00f3n emanada del acuerdo conciliatorio logrado\u00bb, sin advertir que esta \u00faltima critica est\u00e1 referida a un supuesto error de hecho. <\/p>\n
Ese hibridismo, de v\u00edas y de errores, no reviste una simple formalidad, sino que contraviene los principios de independencia y autonom\u00eda que distinguen a las causales de casaci\u00f3n y que obligan al recurrente a plantear, por separado, los errores estrictamente jur\u00eddicos, ora de facto o de iure, en que puede incurrir el ad quem al decidir la trifulca. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tales exigencias t\u00e9cnicas responden a los fines de la casaci\u00f3n, comoquiera que tienen que ver con la naturaleza de cada clase de yerro y la coherencia con que debe proceder el recurrente al discrepar de la labor jur\u00eddica del Tribunal, pues cuando alega la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial es porque acepta las conclusiones probatorias a partir de las cuales ese juzgador edific\u00f3 la sentencia controvertida; luego, si las disputa pierde el rumbo trazado y hace que su reparo se torne inadmisible. <\/p>\n
Luego, entonces, si se alega yerro de facto, es inaceptable cuestionar la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, pues a ella no pudo haber llegado el fallador al haber desacertado en la valoraci\u00f3n material como fase previa; por el contrario, si se plantea error de iure debe aceptarse que el Tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el contenido material del respectivo medio informativo, pero desatin\u00f3 en su calificaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
Ese contexto impide a la Sala aceptar la fusi\u00f3n evidenciada en ambos ataques, pues, como viene de ser expuesto, los errores estrictamente jur\u00eddicos, as\u00ed como los de hecho y de derecho tienen que ver con situaciones dis\u00edmiles, para las cuales la ley procesal civil ha previsto un camino propio a trav\u00e9s del cual deben alegarse, por separado, se insiste, al ser la casaci\u00f3n un recurso dispositivo, extraordinario y, ante todo, sujeto a unas reglas formales de t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
b). Si se hiciera abstracci\u00f3n de esas deficiencias, el resultado ser\u00eda el mismo porque tampoco se explica la forma en que se habr\u00eda presentado el quebranto de las normas jur\u00eddicas aludidas por el recurrente, si por falta de empleo, indebida aplicaci\u00f3n o err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, a pesar de ser ello necesario para mostrarle a la Corte, con precisi\u00f3n y claridad, cu\u00e1l fue, en esencia, el desvar\u00edo en que incurri\u00f3 el Tribunal al zanjar la pendencia. <\/p>\n
c). Asimismo, el segundo embate omite indicar c\u00f3mo se produjo el yerro de facto que alega, si por preterici\u00f3n, suposici\u00f3n o tergiversaci\u00f3n de las probanzas a que hace alusi\u00f3n, lo que indica que es abstracto al desconocerse la forma en que se pudo haber patentado el desacierto atribuido al sentenciador en la valoraci\u00f3n objetiva denunciada, debilidad t\u00e9cnica que le resta peso a la acusaci\u00f3n que, en \u00faltimas, no determina cu\u00e1l fue, entonces, el desatino del Tribunal al ponderar tales evidencias, lo que convierta a la arremetida en un planteamiento abstracto. <\/p>\n
d). Adem\u00e1s, el primer embiste incurre en desenfoque porque sindica al Tribunal de inadvertir que el heredero sucede al causante en todas sus deudas que se le transmiten a prorrata de sus derechos hereditarios, aun cuando no fue esa la raz\u00f3n por la que dicho juzgador confirm\u00f3 el fallo desestimatorio de las pretensiones, sino porque coligi\u00f3 que \u00abni las manifestaciones consignadas en el acta, ni las dem\u00e1s pruebas que militan en el decurso tienen la potencialidad de estructurar una obligaci\u00f3n, al menos no una jur\u00eddica, de aquellas que conceden el derecho de exigir su cumplimiento\u00bb, debido a que \u00abla sola manifestaci\u00f3n abstracta de reconocer que existe una obligaci\u00f3n, no da lugar al nacimiento de ning\u00fan v\u00ednculo jur\u00eddico de car\u00e1cter personal, o si se prefiere a ning\u00fan derecho de cr\u00e9dito\u00bb, lo que revela asimetr\u00eda entre la tesis del ad quem y lo que le rebate el casacionista. <\/p>\n
En estricto sentido, el Tribunal en ning\u00fan momento discrepo ni tampoco obvi\u00f3 que el heredero que acepta la herencia, sin previo inventario solemne, sucede en todas las obligaciones al causante, a prorrata de su cuota hereditaria, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1302 ib\u00eddem, lo que dedujo fue que del acuerdo de conciliaci\u00f3n celebrado el 16 de diciembre de 2003 ninguna obligaci\u00f3n jur\u00eddica surgi\u00f3 a cargo de las convocadas y que, por tanto, resulta imposible darla por establecida; luego, era este y no aquel el argumento que el recurrente deb\u00eda combatir en casaci\u00f3n, panorama que revela que el embiste es desenfocado porque dej\u00f3 de rebatir el razonamiento judicial en que se soport\u00f3 el veredicto y, en cambio, se adentr\u00f3 en disquisiciones relacionadas con la posici\u00f3n que asume el sucesor mortis causa frente al patrimonio (activos y pasivos) del causante. <\/p>\n
Sobre este aspecto, en CSJ AC6075-2021 se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864, CSJ AC7729-2017 y AC2394-2020). <\/p>\n
e). Finalmente, el segundo cargo es gen\u00e9rico porque el recurrente se circunscribi\u00f3 a presentarle a la Sala una propuesta alterna frente a las conclusiones que extrajo el sentenciador de las pruebas acopladas al informativo, en pro de que se sustituya esa tesitura por la suya, sin que ello concuerde con el prop\u00f3sito fundacional sobre el que est\u00e1 erigido el recurso extraordinario de casaci\u00f3n civil, que no es una instancia m\u00e1s del proceso, sino un medio de control de la legalidad del veredicto de segundo grado, habida cuenta que este llega a la Corte abrazado por una doble presunci\u00f3n de veracidad y acierto que solo puede ser derruida cuando se demuestra que fue el resultado de yerros ostensibles, es decir, que sean detectables al primer golpe de vista, as\u00ed como protuberantes, en cuanto a que sin ellos otro habr\u00eda sido el resultado del silogismo judicial, en una relaci\u00f3n de causa a efecto. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC4243-2021 la Sala llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que <\/p>\n
(\u2026) esta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba en sentido opuesto a la del ad quem, sino para hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n pugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas, porque tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Eso mismo se repiti\u00f3 en CSJ AC7068-2021 al relievar que en el sendero de la casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a proponerle a la Corte un nuevo \u00abcriterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb. <\/p>\n
5. En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, panorama que determina la inadmisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Francisco Eduardo Henao Caldas para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 28 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: T\u00f3mense las anotaciones pertinentes, por secretaria, y env\u00edese copia de la presente providencia al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC2737-2022 (2013-00325-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC2737-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b013001-31-03-003-2013-00325-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de 9 de junio de 2022) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Francisco Eduardo Henao […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}