AC2863-2022 (2018-00117-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2863-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-004-2018-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la Financiera JRC en Liquidaci\u00f3n (antes Financiera Juriscoop Cooperativa Financiera), para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 3 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., – Sala Civil, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 en contra de La Equidad Seguros Generales O.C. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
1. En el ac\u00e1pite petitorio de la demanda se solicit\u00f3: <\/p>\n
1.1. Declarar que con ocasi\u00f3n del Convenio Marco de Compra de Cartera suscrito el 26 de marzo de 2012 con la sociedad Soluci\u00f3n Maestra S.A., acaecieron uno o varios siniestros cuya cuant\u00eda ascienden a $5.968\u00b4874.464.26. <\/p>\n
1.2. Declarar que tales siniestros estaban amparados por las p\u00f3lizas Nos. AA006059 y AA038120, expedidas por la demandada el 30 de noviembre de 2012 y el 29 de noviembre de 2013, respectivamente. <\/p>\n
1.3. Condenar a la aseguradora a pagar la suma de $5.968\u00b4874.464.26, con corte al 31 de enero de 2018, por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente. <\/p>\n
Como pretensi\u00f3n subsidiaria, condenarla por el monto de $3.900\u00b4000.000.oo, discriminado as\u00ed: a) $1.950\u00b4000.000.oo, por la cobertura frente a los actos deshonestos y fraudulentos de los trabajadores y, b) $1.950\u00b4000.000.oo, por la cobertura de manejo y negociaci\u00f3n de documentos seriales. <\/p>\n
1.4. Que sobre el valor reconocido en la sentencia deber\u00e1n pagarse, adem\u00e1s, los intereses moratorios liquidados a la tasa m\u00e1xima legal, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, desde el 26 de junio de 2015 hasta la fecha en que se cancelen. <\/p>\n
2. En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse: <\/p>\n
2.1. El 26 de marzo de 2012, Fernando Vicente Acosta Gil en su calidad de representante legal de la Financiera, actuando sin permiso del Consejo de Administraci\u00f3n, suscribi\u00f3 el contrato denominado \u00abConvenio Marco de Compra de Cartera\u00bb con la sociedad Soluci\u00f3n Maestra S.A. <\/p>\n
2.2. En desarrollo de tal negocio se autoriz\u00f3 y ejecut\u00f3 la compra de 4.380 \u00abdocumentos seriales consistentes en pagar\u00e9s\u00bb, en los que se incorporaron cr\u00e9ditos a favor de 19 cooperativas. <\/p>\n
2.3. En virtud de esa operaci\u00f3n de cr\u00e9dito, los pagos que realizaban los deudores de esos t\u00edtulos valores los recib\u00eda directamente Soluci\u00f3n Maestra S.A., y despu\u00e9s se los transfer\u00eda a la Financiera. <\/p>\n
Aunque en un comienzo el flujo de caja por los recaudos fue regular, con posterioridad llegaron incompletos, frente a lo cual aquella sociedad manifest\u00f3 que se deb\u00eda a la tardanza de las pagadur\u00edas en girar los respectivos descuentos. <\/p>\n
2.4. Luego de inferir que pudo existir alguna irregularidad en la contrataci\u00f3n de Soluci\u00f3n Maestra S.A., se interpuso una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 21 de febrero de 2014. <\/p>\n
2.5. As\u00ed mismo, tras adelantar una investigaci\u00f3n interna, la contralor\u00eda de la entidad emiti\u00f3 un informe \u00abdefinitivo\u00bb el 12 de septiembre de 2014, en el que concluy\u00f3 que los problemas suscitados por los impagos se debieron, de un lado, \u00aba irregularidades cometidas por algunos de sus empleados, tales como (\u2026)\u00bb, y del otro, a m\u00faltiples inconsistencias en el otorgamiento de los cr\u00e9ditos, al figurar como deudores personas fallecidas o menores de edad, documentos diligenciados sin el consentimiento de los titulares, as\u00ed como algunos que ya hab\u00edan sido pagados o inclu\u00edan valores superiores a los entregados. <\/p>\n
2.6. Para la \u00e9poca en que sucedieron los hechos contaba con dos p\u00f3lizas expedidas por La Equidad Seguros Generales O.C., la No. AA006059, vigente entre el 30 de noviembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013, y la No. AA038120, vigente entre el 30 de noviembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014. <\/p>\n
2.7. El 25 de mayo de 2015 se present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal ante la aseguradora, en los t\u00e9rminos exigidos en el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, la cual fue objetada el 18 de septiembre siguiente. <\/p>\n
3. Por intermedio de apoderada judicial, La Equidad Seguros Generales O.C., contest\u00f3 oportunamente, se pronunci\u00f3 individualmente acerca de los fundamentos f\u00e1cticos y plante\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito tituladas: \u00abAusencia de reclamaci\u00f3n constitutiva de siniestro en los t\u00e9rminos de la p\u00f3liza\u00bb, \u00abAusencia de prueba de existencia de infidelidad de empleados\u00bb, \u00abAusencia de prueba de la afectaci\u00f3n del amparo de falsificaci\u00f3n extendida previsto en la p\u00f3liza\u00bb, \u00abAusencia de cobertura por exclusiones expresas\u00bb, \u00abPrescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro\u00bb, \u00abInexistencia de obligaci\u00f3n\u00bb, \u00abPrincipio indemnizatorio\u00bb, \u00abSujeci\u00f3n a las condiciones particulares y generales del contrato de seguro\u00bb, \u00abExclusiones aplicables al contrato de seguro denominado manejo para entidades financieras No. AA006059 de negocios institucionales y AA038120 de Bogot\u00e1 Calle 100\u00bb, \u00abL\u00edmite de valor asegurado\u00bb, \u00abDeducible pactado\u00bb, \u00abSujeci\u00f3n a las condiciones particulares y generales del contrato de seguro\u00bb e \u00abInnominada\u00bb; adem\u00e1s, objet\u00f3 el juramento estimatorio. <\/p>\n
4. Mediante decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2019, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., dispuso: 1) Declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u00abPrescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro\u00bb. 2) Negar las pretensiones de la demanda. 3) Condenar a la parte actora al pago de las costas procesales. <\/p>\n
5. Contra tal determinaci\u00f3n se mostr\u00f3 inconforme la Financiera JRC en Liquidaci\u00f3n, quien interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En sentencia de 3 de febrero de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. \u2013 Sala Civil, confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
6.1. Para arribar a tal conclusi\u00f3n, inici\u00f3 por circunscribir el problema jur\u00eddico a determinar si la prescripci\u00f3n declarada por el a quo \u00abcorresponde a lo reglado por la ley comercial para el contrato de seguro y al acontecer f\u00e1ctico y probatorio obrante en el plenario\u00bb. <\/p>\n
6.2. Con ese panorama, conforme el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, norma aplicable al sub lite, dijo que examinar\u00eda la alzada respecto de la prescripci\u00f3n ordinaria como lo hiciera el juez de primer grado, por cuanto este punto no fue cuestionado por el impugnante. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que el plazo aniquilador es de dos (2) a\u00f1os y empieza a contabilizarse a partir del momento en que el interesado tuvo o debi\u00f3 tener conocimiento de los hechos; sin embargo, dicho t\u00e9rmino puede ser suspendido, interrumpido o renunciado. <\/p>\n
Al descender al asunto ventilado durante el juicio, se tuvo por probado que la Financiera radic\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 21 de febrero de 2014, por una serie de irregularidades derivadas del convenio suscrito con Soluci\u00f3n Maestra S.A., siendo esa fecha, precisamente, la que corresponde a la \u00e9poca en que \u00abconoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer la ocurrencia del hecho base de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, como se present\u00f3 reclamaci\u00f3n directa ante la aseguradora el 25 de mayo de 2015, interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n que estaba corriendo. En el curso del nuevo plazo, por cuenta del tr\u00e1mite de conciliaci\u00f3n extrajudicial adelantado por la parte actora, se suspendi\u00f3 entre el 2 de febrero y el 10 de marzo de 2016 (art\u00edculo 21 de la Ley 640 de 2001). <\/p>\n
Destac\u00f3 que, a pesar de que la Financiera promovi\u00f3 una demanda ejecutiva contra La Equidad Seguros el 26 de julio de 2016, su presentaci\u00f3n no tuvo la virtud de interrumpir civilmente el mentado bienio, pues al haberse negado la orden de apremio solicitada, no se cumpli\u00f3 a cabalidad la exigencia consagrada en el art\u00edculo 94 del C.G.P.1 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tras considerar que el citado tr\u00e1mite result\u00f3 \u00abineficaz para interrumpir la acci\u00f3n declarativa\u00bb, concluy\u00f3 que entre el 25 de mayo de 2015 y el 9 de marzo de 20182, transcurrieron m\u00e1s de los dos (2) a\u00f1os requeridos para que se consolidara la prescripci\u00f3n ordinaria, sin que el tiempo durante el cual estuvo suspendido el mencionado t\u00e9rmino por el intento de conciliaci\u00f3n extrajudicial hubiera sido suficiente para evitar los efectos aniquiladores de tal fen\u00f3meno. <\/p>\n
6.3. De otro lado no fue atendido el planteamiento de la impugnante seg\u00fan el cual estuvo imposibilitada para tramitar la acci\u00f3n declarativa porque estaba en curso la ejecutiva, pues no existe disposici\u00f3n legal que impida su ejercicio concurrente, empero, aun obviando esa circunstancia, al hacer una analog\u00eda de este caso con el art\u00edculo 430 ejusdem, asegur\u00f3 que despu\u00e9s de quedar en firme la negativa de librar mandamiento de pago, la Financiera contaba con cinco (5) d\u00edas para instaurar la demanda declarativa, lo que no hizo tempestivamente pues la radic\u00f3 nueve (9) meses despu\u00e9s. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Por intermedio de apoderado judicial, Financiera JRC en Liquidaci\u00f3n formul\u00f3 acusaci\u00f3n contra la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con fundamento en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el recurrente denuncia la violaci\u00f3n indirecta de las siguientes normas: a) por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1079 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, junto con el inciso final del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil. b) por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1081 del C\u00f3digo de Comercio y del 282 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcomo consecuencia de errores de hecho, cometidos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3 que, de acuerdo con el segundo inciso del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n ordinaria es de dos (2) a\u00f1os y corre para el interesado a partir del momento en que haya tenido o debi\u00f3 tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n. <\/p>\n
Siguiendo tal precepto, mencion\u00f3 algunas citas jurisprudenciales y doctrinales en materia de seguros, con el objeto de controvertir la tesis del ad quem, quien dio por sentado que el 21 de febrero de 2014 la Financiera conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer la ocurrencia del soporte f\u00e1ctico de este proceso. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, asegur\u00f3 que las pruebas que desdicen la conclusi\u00f3n del juez de segundo grado son: i) Las p\u00f3lizas AA006059 y AA038120, entre cuyas cl\u00e1usulas aparecen como riesgos asegurados, \u00ablos actos deshonestos y fraudulentos de los trabajadores\u00bb. ii) La denuncia penal que formul\u00f3 en contra de \u00abpersonas indeterminadas\u00bb el 21 de febrero de 2014, a trav\u00e9s de la cual pidi\u00f3 investigar las posibles conductas punibles derivadas de actos irregulares dentro del convenio suscrito con Soluci\u00f3n Maestra S.A. iii) La reclamaci\u00f3n formal presentada el 25 de mayo de 2015, en la que inform\u00f3 a la aseguradora del tr\u00e1mite de la denuncia y del informe rendido por la contralor\u00eda interna el 12 de septiembre de 2014. iv) La objeci\u00f3n del 18 de septiembre de 2015. v) La confesi\u00f3n contenida en la contestaci\u00f3n de la demanda, al manifestar que de la documental allegada no se logr\u00f3 establecer que alg\u00fan empleado de la Financiera hubiera cometido actos de infidelidad, siendo el presupuesto sine qua non para activar la cobertura. <\/p>\n
Entonces, valoradas en conjunto tales pruebas, no pod\u00eda deducirse, como lo hizo el Tribunal, que la fecha en que instaur\u00f3 la denuncia penal es la misma en que conoci\u00f3 la ocurrencia del siniestro, toda vez que, para el 21 de febrero de 2014 a\u00fan no ten\u00eda certeza de que sus empleados fueron quienes cometieron los actos reprochados, pues solo contaba con algunos indicios que pod\u00edan comprometer al representante legal suplente. Por ende, \u00abresulta en todo caso contrario a la raz\u00f3n y a la l\u00f3gica, empezar el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n cuando a\u00fan no est\u00e1 acreditado el hecho del cual pende, por ministerio de la ley, el ejercicio de la correspondiente acci\u00f3n, como lo hizo el Tribunal al contabilizar el t\u00e9rmino bienal a partir de una fecha en la que no estaba demostrada la ocurrencia del riesgo asegurado\u00bb (sic). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el ad quem incurri\u00f3 en un inexcusable yerro por suposici\u00f3n de la prueba frente a la \u00abrealizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u00bb, al haber computado el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n a partir del 21 de febrero de 2014, sin tener en cuenta que en el curso de ambas instancias solicit\u00f3 esperar el resultado del proceso penal que definiera la responsabilidad de sus empleados. <\/p>\n
Finalmente, despu\u00e9s de reiterar que el t\u00e9rmino prescriptivo no debi\u00f3 contabilizarse desde esa data, asegur\u00f3 que tampoco pod\u00eda fijarse [oficiosamente] otra diferente para ese prop\u00f3sito, pues no debe perderse de vista que aquella fue la elegida en la excepci\u00f3n de m\u00e9rito y desconocerlo implicar\u00eda contrariar el principio de congruencia contemplado en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco del estatuto procesal civil, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n prospera ante la existencia de una de las causales consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, cuyo rigor en su presentaci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Se\u00f1ala la norma que la demanda de casaci\u00f3n, am\u00e9n de reunir la especificaci\u00f3n del proceso con los detalles que relaciona en su numeral 1\u00ba el art\u00edculo 344 citado, debe referirse de manera formal a cada uno de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos y con sujeci\u00f3n a las reglas all\u00ed impuestas. <\/p>\n
2. Siendo as\u00ed, antes de analizar los cargos formulados, la primera labor que emprende la Sala se contrae a verificar los requisitos legales de la demanda de casaci\u00f3n, en los que se estudia el cumplimiento de: i) La designaci\u00f3n de las partes. ii) La s\u00edntesis del proceso. iii) La exposici\u00f3n de los fundamentos de la acusaci\u00f3n \u00aben forma clara, precisa y concisa\u00bb. iv) La enunciaci\u00f3n de la norma de derecho sustancial, cuando constituya la \u00abbase esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, como los recurrentes no pueden enfilar su ataque con base en generalidades, ambig\u00fcedades o suposiciones, tienen el compromiso de plantear una acusaci\u00f3n sim\u00e9trica, dirigida a los pilares de la sentencia cuestionada, en la que expliquen con suficiencia cu\u00e1l fue el error en que incurri\u00f3 el ad quem al aplicar o inaplicar determinada norma sustancial, y no simplemente exponer sus motivos de inconformidad o brindar una perspectiva diferente de la manera en que pudo resolverse el litigio, tal como lo ha se\u00f1alado insistentemente esta Corporaci\u00f3n al decir: \u00ab[E]l anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador\u00bb3 (resaltado intencional). <\/p>\n
3. Ahora bien, los temas o aspectos nuevos, como lo pregona la reiterada jurisprudencia de la Corte, no son de recibo en casaci\u00f3n; por consiguiente, lo que no fue objeto de debate en las instancias no puede hacer parte del recurso extraordinario. <\/p>\n
Esa novedad est\u00e1 proscrita, por abierto desconocimiento del debido proceso y del tr\u00e1mite excepcional de la protesta extraordinaria. En reciente oportunidad, la Corte dijo sobre el particular: \u00ab(…) el cual es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108)\u00bb4. <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n debe anotarse que las sentencias atacadas por intermedio de este recurso se encuentran amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, tanto en su fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica como en la apreciaci\u00f3n de las pruebas que haya realizado el juzgador de instancia; por ende, cuando se controvierte solo una parte de la decisi\u00f3n del ad quem se entiende que lo dem\u00e1s fue aceptado en su integridad de donde, si constituye suficiente apoyo al prove\u00eddo criticado, el cargo carecer\u00eda de completitud que habilite su estudio en esta sede extraordinaria o, incluso, puede resultar intrascendente. <\/p>\n
Lo anterior implica que el cargo pueda inadmitirse por falta de trascendencia o de completitud; el primer evento tiene lugar cuando el cuestionamiento no tiene la fuerza suficiente para conducir a la invalidaci\u00f3n de la decisi\u00f3n, y el segundo, cuando no se refutan in extenso todos los fundamentos en que el Tribunal ciment\u00f3 su determinaci\u00f3n, ya que \u00ab[d]ejar libre de reproche alguna de las motivaciones expuestas, basilares del fallo, comporta mantener en pie la sentencia generando la frustraci\u00f3n del recurso\u00bb5. <\/p>\n
5. En el asunto sub lite, se advierte que el recurso se fundament\u00f3 en un solo cargo, el cual pasar\u00e1 a calificarse para verificar, con rigorismo, si la demanda de casaci\u00f3n debe admitirse o, por el contrario, declararse inadmisible. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
1. Teniendo en cuenta que la acusaci\u00f3n se sustenta en la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1079, 1080 y 1081 del C\u00f3digo de Comercio, 282 del C\u00f3digo General del Proceso y el inciso final del art\u00edculo 2530 del C\u00f3digo Civil, por \u00aberror de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de las pruebas recaudadas, significa que esa fue la senda escogida por la parte impugnante para encauzar la protesta extraordinaria. <\/p>\n
2. El \u00aberror de hecho\u00bb emana de la valoraci\u00f3n que se realiza del acervo probatorio allegado durante el curso del juicio; por tal raz\u00f3n, la labor del inconforme debe enfilarse a explicar concretamente cu\u00e1les fueron los elementos de convicci\u00f3n sobre los que recae el equ\u00edvoco de la apreciaci\u00f3n, su trascendencia en la sentencia reprochada y la causa de la discordia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al singularizar cada \u00aberror\u00bb de este tipo, resulta imperioso indicar si se trat\u00f3 de una pretermisi\u00f3n, suposici\u00f3n o alteraci\u00f3n material de su contenido, bien sea por adici\u00f3n, cercenamiento o tergiversaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese panorama, la Sala ha explicado que \u00ab[e]l cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes\u00bb6. <\/p>\n
3. Examinada la demanda, de entrada se advierte que no es viable abordar el estudio de fondo de la censura planteada, debido a las falencias que presenta. <\/p>\n
3.1. En la sentencia proferida el 3 de febrero de 2021, el Tribunal confirm\u00f3 el fallo de primer grado que declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abprescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro\u00bb, tras aducir que con antelaci\u00f3n a la fecha en que la entidad radic\u00f3 su demanda, ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de los dos (2) a\u00f1os que se exigen para la consolidaci\u00f3n de este fen\u00f3meno, al tratarse de la prescripci\u00f3n ordinaria consagrada en el segundo inciso del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, bienio que corre a partir del \u00abmomento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de analizar el material probatorio allegado al expediente, en particular al que alude esta acusaci\u00f3n, dicha Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 en principio que ese \u00abmomento\u00bb correspondi\u00f3 al d\u00eda en que la Financiera instaur\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se investigara la posible comisi\u00f3n de delitos en el marco del convenio celebrado con la sociedad Soluci\u00f3n Maestra S.A., es decir, al 21 de febrero de 2014. <\/p>\n
Por lo tanto, lo que se avizora simplemente es una disparidad de criterios entre lo decidido y el sentir del recurrente, como si de un alegato de instancia se tratara, pues mientras el juez de segundo grado dijo que la denuncia era suficiente para tener por probado que la parte actora ya conoc\u00eda los hechos, bajo el presupuesto del art\u00edculo 1081 ejusdem, el censor no comparte tal argumento. Reproche inviable de dilucidar por este medio extraordinario puesto que, aparte de querer imponer una posici\u00f3n personal, no demuestra con vehemencia que la decisi\u00f3n del Tribunal hubiera resultado arbitraria o antojadiza; es decir, diametralmente opuesta al esp\u00edritu de la normativa comercial. Sobre este aspecto, la Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) refulge la inobservancia de la formalidad relativa a demostrar la existencia del error de hecho sustento de la acusaci\u00f3n, porque no se expresan argumentos para evidenciar la tergiversaci\u00f3n antojadiza o arbitraria del contenido material de los medios de prueba analizados, o que haya habido alteraci\u00f3n del texto de los mismos, o la pretermisi\u00f3n de probanzas incorporadas al plenario, o la suposici\u00f3n de alguna inexistente; puesto que la fundamentaci\u00f3n se orienta a refutar las inferencias del Tribunal, invocando como ya se anot\u00f3, argumentos jur\u00eddicos o una lectura distinta de los medios de convicci\u00f3n, como si se tratara de un alegato de instancia\u00bb7. <\/p>\n
Y es que, lejos est\u00e1 de advertirse un criterio injustificado o inconsulto por parte del fallador de segundo grado al dar prevalencia a la denuncia como fuente de inicio del t\u00e9rmino prescriptivo, en la medida en que, seg\u00fan su aserto, para esa \u00e9poca la Financiera \u00abconoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer la ocurrencia de los hechos\u00bb, atinentes a las irregularidades derivadas del contrato suscrito con Soluci\u00f3n Maestra S.A., como incluso se desprende de su contenido, en el que, a pesar de aludir a personas indeterminadas, se indic\u00f3 que Fernando Vicente Acosta Gil fue quien fungi\u00f3 como representante legal de la Financiera, comprometiendo a la entidad para la adquisici\u00f3n de cr\u00e9ditos de libranza. <\/p>\n
Con ese panorama, se recuerda que esta queja no debe limitarse a mostrar otra perspectiva de la manera en que debi\u00f3 valorarse determinada prueba o la senda que debi\u00f3 escoger el juez en su actividad interpretativa, sino que debe extenderse a contrastar los fundamentos de la sentencia con el contenido de la norma, para demostrar el palmario equ\u00edvoco del fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, examinada la censura lo que se avizora llanamente es la intenci\u00f3n de atacar la sustentaci\u00f3n del Tribunal con fundamentos similares a los expuestos en el recurso de apelaci\u00f3n, m\u00e1s no de mostrar un aut\u00e9ntico yerro en el an\u00e1lisis del material probatorio recaudado y c\u00f3mo su valoraci\u00f3n contradice flagrantemente las disposiciones legales que rigen la materia puesto que, se insiste, no basta simplemente con brindar una intelecci\u00f3n distinta. <\/p>\n
3.2. La completitud es un requisito de idoneidad formal exigido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, que reza: \u00abLa formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, elemento sine qua non para que la Sala pueda adelantar la revisi\u00f3n de los preceptos acusados. <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, de tiempo atr\u00e1s se ha dicho que los ataques dirigidos a rebatir las sentencias deben ser abrazadores y suficientes para impugnarlas in extenso; por ende, el labor\u00edo del censor no debe limitarse a identificar los argumentos basilares que sostienen la providencia sino, tambi\u00e9n, a atacarlos todos para evitar que alguno quede indemne. <\/p>\n
Es que de nada le sirve controvertir uno de los aspectos sustanciales de la sentencia, cuando se obvian los reparos frente a otros de igual relevancia que, al no haber sido controvertidos, se encuentran revestidos por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, sirviendo de apoyo suficiente para mantener en pie la providencia reprochada. <\/p>\n
En punto a la \u00abacusaci\u00f3n incompleta\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado: <\/p>\n
\u00ab[L]os fallos de instancia est\u00e1n revestidos de las presunciones de acierto y legalidad, siendo deber del promotor derruir sus fundamentos integralmente para que se quede sin el andamiaje requerido para su soporte y se imponga su anulaci\u00f3n. En caso contrario, la resoluci\u00f3n se apoyar\u00e1 en las bases no discutidas y conservar\u00e1 su valor jur\u00eddico, siendo inocuo el estudio del escrito de sustentaci\u00f3n\u00bb9 (resaltados intencionales). <\/p>\n
N\u00f3tese que la data de la denuncia sirvi\u00f3 para verificar que la demandante conoci\u00f3 del suceso f\u00e1ctico, m\u00e1s no para imponer directamente la sanci\u00f3n de la que ahora se duele el recurrente, toda vez que el mentado plazo de dos (2) a\u00f1os que hab\u00eda empezado a correr, se interrumpi\u00f3 el 25 de mayo de 2015 cuando se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n directa ante la aseguradora, corriendo de nuevo el t\u00e9rmino prescriptivo. <\/p>\n
Entonces, aunque de importancia result\u00f3 la fecha del 21 de febrero de 2014, en realidad no fue necesariamente el punto de partida del t\u00e9rmino que culmin\u00f3 con la declaratoria de la prescripci\u00f3n extintiva, pues ello se predic\u00f3 del 25 de mayo de 2015, como se plasm\u00f3 en la providencia al se\u00f1alar: \u00abConforme a esto, concluye la Sala que los dos a\u00f1os previstos en el art\u00edculo 1081 del Estatuto comercial, iniciaban, nuevamente, el 25 de mayo de 2015\u00bb (resaltado ajeno). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como la acusaci\u00f3n se limit\u00f3 a repetir insistentemente que la denuncia presentada ante la Fiscal\u00eda no acredit\u00f3 la ocurrencia del siniestro y, por ende, no pod\u00eda contarse la prescripci\u00f3n bienal desde ese instante, se advierte que el cargo se torna incompleto, pues qued\u00f3 hu\u00e9rfano de otro ataque enfilado a controvertir la importancia de la reclamaci\u00f3n directa [la que ni siquiera se desconoci\u00f3] que fue, finalmente, la que se consider\u00f3 para establecer el inicio del nuevo lapso. <\/p>\n
Es m\u00e1s, se observa en la sentencia proferida en segunda instancia que el Tribunal anot\u00f3 que la reclamaci\u00f3n formulada ante La Equidad Seguros permite inferir que para esa \u00e9poca la Financiera ya conoc\u00eda de los actos de infidelidad de sus empleados, al contar para ese momento con el informe del proceso investigativo emitido por la contralor\u00eda interna de la entidad, siendo esa la raz\u00f3n por la cual elev\u00f3 la respectiva solicitud ante la aseguradora. <\/p>\n
Dicha afirmaci\u00f3n la sustent\u00f3 el ad quem en los art\u00edculos 1072, 1074 y 1075 del C\u00f3digo de Comercio, cuya confrontaci\u00f3n con el material probatorio lo llev\u00f3 a deducir que para el d\u00eda en que se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n, la demandante conoc\u00eda la ocurrencia del siniestro o, por lo menos, los hechos que lo rodearon, veamos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) debemos memorar lo establecido en el art\u00edculo 1072 del C\u00f3digo de Comercio, que define el siniestro como \u201c\u2026 la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u201d, tambi\u00e9n lo que se\u00f1ala el art\u00edculo 1074 \u00eddem, \u201cOcurrido el siniestro, el asegurado estar\u00e1 obligado a evitar su extensi\u00f3n y propagaci\u00f3n (…)\u201d; y el art\u00edculo 1075 \u201cEl asegurado o el beneficiario estar\u00e1n obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro (\u2026)\u201d; preceptos que analizados conjuntamente permiten colegir que es la ocurrencia del siniestro (Actos [d]eshonestos y [f]raudulentos de los [t]rabajadores) evidenciados por el asegurado (\u2026) el momento a partir del cual inicia el conteo del t\u00e9rmino extintivo (\u2026) basta, como en efecto se hizo, con observar que el actuar de los implicados (empleados de Financiera JRC) no era el esperado conforme a sus responsabilidades legales y contractuales (\u2026)\u00bb (resaltado ajeno). <\/p>\n
Siguiendo esa premisa, al examinar la misiva denominada \u00abReclamaci\u00f3n P\u00f3lizas AA006059 y AA038120\u00bb, se vislumbra el motivo que permiti\u00f3 al juez de segunda instancia arribar a tal conclusi\u00f3n, ya que en su contenido se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab2.6. El 21 de febrero de 2014, se present\u00f3 denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Unidad de Asignaciones, en la cual se indicaron detalladamente los hechos, a que se refiere la presente reclamaci\u00f3n (\u2026) 2.7. Dicha denuncia fue ampliada posteriormente (\u2026) <\/p>\n
2.8. Dados los incumplimientos a que se ha hecho referencia, mi poderdante solicit\u00f3 a su contralor\u00eda interna que iniciara la investigaci\u00f3n correspondiente, la cual, luego de varios informes preliminares, present\u00f3 su tercer y definitivo informe el 12 de septiembre de 2014 (…). <\/p>\n
2.9. En el informe definitivo (\u2026) la Contralor\u00eda estableci\u00f3 la posibilidad de que funcionarios de FINANCIERA JURISCOOP, hubiesen incurrido en conductas constitutivas de irregularidades, de acuerdo con los cargos que ocupaban. En particular, se considera especialmente grave la actuaci\u00f3n de FERNANDO ACOSTA, funcionario de FINANCIERA JURISCOOP que firm\u00f3 en nombre de \u00e9sta el contrato con SOLUCI\u00d3N MAESTRA, pero excediendo sus atribuciones e incumpliendo lo establecido en los estatutos de la entidad (\u2026)\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
Con ese panorama, seg\u00fan el Tribunal, para el d\u00eda en que se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n ya hab\u00edan sucedido varios eventos que lo llevaron a colegir que la Financiera conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer los hechos base de la acci\u00f3n, entre ellos, la denuncia ante Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, tambi\u00e9n de vital importancia, el informe emitido por la contralor\u00eda interna en el que se indic\u00f3 que, al parecer, varios empleados de Juriscoop participaron de actos irregulares en la consecuci\u00f3n y desarrollo del contrato suscrito con Soluci\u00f3n Maestra S.A., entre quienes destac\u00f3 por sus actuaciones al se\u00f1or Fernando Acosta. <\/p>\n
As\u00ed mismo, seg\u00fan lo explicado por dicha Corporaci\u00f3n, no se requiere esperar a que se dicte una sentencia penal que establezca la responsabilidad de los empleados de la Financiera, toda vez que el presupuesto consagrado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio no impone esa condici\u00f3n, sino \u00fanicamente el hecho de tener conocimiento de los hechos, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente caso. <\/p>\n
Entonces, al revisar los argumentos en los que se cimienta la acusaci\u00f3n, se concluye que se enfilaron a atacar con ah\u00ednco la denuncia penal como el detonante para iniciar el conteo de la prescripci\u00f3n ordinaria, sin reparar en que el juzgador colegiado tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a otros elementos de convicci\u00f3n para dar por sentado el conocimiento factual durante la \u00e9poca en que se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n y ello debi\u00f3 controvertirse; al no haber sido as\u00ed, no es posible ahondar en el estudio de fondo de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior no significa que se puso en tela de juicio la apreciaci\u00f3n del ad quem al fijar la data del 21 de febrero de 2014 como el inicio del t\u00e9rmino prescriptivo, sino que resulta necesario aclararle al interesado que tambi\u00e9n debi\u00f3 enervar el estudio que se hizo frente a la reclamaci\u00f3n, toda vez que, en \u00faltimas, cuando esta se present\u00f3, qued\u00f3 inane el t\u00e9rmino transcurrido con posterioridad a la formulaci\u00f3n de la denuncia, pues a partir del 25 de mayo de 2015 se contabiliz\u00f3 desde cero. <\/p>\n
3.3. No sobra advertir que al confrontar el escrito de la demanda inicial con la presente impugnaci\u00f3n, se observa un contrasentido en ambas, pues mientras en aquella se dijo que la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora se acompa\u00f1\u00f3 de los \u00abcomprobantes indispensables para acreditar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u00bb, ahora se plantea en la censura que no tiene \u00abcerteza sobre la existencia del siniestro\u00bb, con el \u00fanico objeto de evitar los efectos extintivos de la prescripci\u00f3n, pues su inter\u00e9s no se limita simplemente a que no se cuente el t\u00e9rmino a partir de la denuncia, sino que va m\u00e1s all\u00e1, que ni siquiera se contabilice, pues no se encuentran reunidos los presupuestos para hacerlo. <\/p>\n
Ahora, el hecho de que la aseguradora se hubiera rehusado a tener por ciertos los hechos, tanto en la contestaci\u00f3n como en la objeci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n, no es suficiente para desdibujar la acci\u00f3n impetrada por la Financiera quien consider\u00f3 ab initio que el siniestro hab\u00eda ocurrido y, por ende, cumpl\u00eda con los requisitos necesarios para exigir la declaraci\u00f3n de los siniestros y la consecuente indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Lo expuesto es suficiente para inadmitir el cargo propuesto, m\u00e1xime cuando no se avizora ninguna circunstancia excepcional que imponga su selecci\u00f3n para llevarlo a un estudio de fondo (art\u00edculo 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso). Es m\u00e1s, ni siquiera se observa que este caso amerite un an\u00e1lisis especial, pues no se vislumbra la posible violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de la parte recurrente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de casaci\u00f3n de la referencia; por lo tanto, no la recibe a tr\u00e1mite. Como consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. \u2013 Sala Civil, para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Vicepresidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 94: \u00abLa presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos solo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
2\u0002 Fecha en que se radic\u00f3 la presente demanda. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC2947-2017 (Citado en AC6078-2021). <\/p>\n
4\u0002 Reiterada en AC4207-2021. <\/p>\n
5\u0002 AC-6492, 28 de septiembre de 2016, rad. No. 2008-00224-02. <\/p>\n
6\u0002 AC-5845, 25 de enero de 2022, rad. No. 2018-14463-01. <\/p>\n
7<\/p>\n
<\/p>\n
AC-8460, 7 de diciembre de 2016. rad. No. 2013-00162-01. <\/p>\n
8\u0002 AC-6492, 28 de septiembre de 2016, rad. No. 2008-00224-02. <\/p>\n
9\u0002 AC-943, 19 de marzo de 2020, rad. No. 2016-00299-01. <\/p>\n
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AC2863-2022 (2018-00117-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2863-2022 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-004-2018-00117-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64868","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64868","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64868"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64868\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64868"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64868"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64868"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}