AC2930-2022 (2019-00130-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC2930-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2019-00130-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s (23) de junio de (2022). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Se inst\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n condenar a la convocada a entregarle materialmente la \u00abCASA DE HABITACI\u00d3N JUNTO CON EL LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA, UBICADO EN LA CARRERA CUARENTA Y NUEVE B (49 B) N\u00daMERO NOVENTA Y UNO \u2013 NOVENTA Y OCHO (91-98) DE LA CIUDAD DE BOGOT\u00c1 D.C.\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n, al pago de los frutos civiles producidos por el inmueble. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
Como breviario f\u00e1ctico de la demanda, se adujeron los que enseguida se compendian. <\/p>\n
1. Celebr\u00f3 contrato de compraventa respecto del bien referido l\u00edneas atr\u00e1s con Grupo Moralfa S.A.S. (vendedor), pact\u00e1ndose como precio la suma de mil trescientos cincuenta millones de pesos moneda corriente ($1.350.000.000). <\/p>\n
2. Pese a haberse consignado en la cl\u00e1usula quinta que la vendedora hizo entrega real y material del bien, ello no ocurri\u00f3 y, en su lugar, aquella promovi\u00f3 en su contra demanda de simulaci\u00f3n, definida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sentencia de 27 de septiembre de 2017 la cual expuso, entre otras cosas, que \u00abcon la negociaci\u00f3n, las partes buscaban solucionar el pago de obligaciones insolutas que se ten\u00edan por el pago a Sufactura S.A., circunstancias que impiden aceptar que nunca se tuvo la intenci\u00f3n de transferir el inmueble (\u2026) aunado a que, como qued\u00f3 visto, no se acredit\u00f3 el concilio simulandi, lo cual imped\u00eda que las pretensiones salieran adelante\u00bb; y que, el hecho de que Moralfa continuara en posesi\u00f3n del bien \u00abno conduce necesariamente a la inexistencia de un contrato de compraventa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. La llamada a juicio dio en arrendamiento el bien a Ortho Healt S.A.S. el 1\u00ba de junio de 2011 y, posteriormente, cedi\u00f3 dicho \u201ccontrato\u201d a Legislwool S.A.S., proceder promovido por la familia Morales Fajardo pues, sus integrantes, dirig\u00edan las mencionadas empresas, raz\u00f3n que condujo al aqu\u00ed activante, dentro del juicio simulatorio, a tachar de falsa la primera convenci\u00f3n citada. <\/p>\n
4. No obstante los distintos requerimientos hechos por el gestor para que le fuera entregado el predio, la encartada se neg\u00f3 a ello, negativa que no fue impedimento para que aquel siguiera ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo sobre el inmueble, como cuando concurri\u00f3 al proceso policivo ante la alcald\u00eda local de Barrios Unidos y al cancelar los impuestos correspondientes (archivo 04, Cuaderno 1\u00aa instancia, expediente digital). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. Tras haberse subsanado oportunamente la postulaci\u00f3n inicial, esta fue admitida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 22 de marzo de 2019 (archivo 008, ibidem). <\/p>\n
2. Enterada la compa\u00f1\u00eda perseguida, se opuso a las s\u00faplicas del libelo y, para el efecto se\u00f1al\u00f3, que la escritura a la que alude la demanda fue totalmente simulada, tanto as\u00ed que se convino que \u00abel precio de la venta era de $1.350.000.000, de los cuales el vendedor entregaba $900.000.000 que nunca dio ni la vendedora recibi\u00f3, y $450.000.000 en cuatro cuotas que tampoco pag\u00f3, saldo que hizo ceder ficticiamente a EDWIN YECID MOLANO VARGAS, quien en el citado proceso acept\u00f3 que fue absolutamente simulado\u00bb. Agreg\u00f3 que lo pretendido por el actor es \u00abun doble pago de la deuda que a su favor y como cesionario exist\u00eda respecto de la LIQUIDACI\u00d3N de la sociedad SISMOPETROL SAS\u00bb. <\/p>\n
2.1. Como medios exceptivos plante\u00f3 los siguientes: \u00abPETICI\u00d3N ANTES DE TIEMPO Y PLEITO PENDIENTE ENTRE LAS MISMAS PARTES SOBRE EL MISMO ASUNTO, CONTRATO E INMUEBLE\u00bb; \u00abSIMULACI\u00d3N Y CONTRATO NO REAL, MALA FE DEL ACTOR, ESTAFA Y FRAUDE PROCESAL\u00bb (archivo 013, ibidem). <\/p>\n
3. Paralelamente, la referida sociedad promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, en la que pidi\u00f3 que se declarara el incumplimiento, por parte del se\u00f1or \u00c1lvarez Pinz\u00f3n, del contrato contenido en la escritura p\u00fablica No. 5026 del 14 de agosto de 2015 en la Notar\u00eda 24 de esta ciudad, por el no pago del precio estipulado y, consecuencialmente, la resoluci\u00f3n de la compraventa y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (archivo 005, Cuaderno reconvenci\u00f3n, expediente digital). <\/p>\n
4. En audiencia de 13 de julio de 2021, el juzgador de primer grado neg\u00f3 los ruegos del actor principal, decisi\u00f3n que fue apelada por los extremos procesales (archivo 040, Cuaderno principal, expediente digital). <\/p>\n
5. En sede de segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. El Tribunal comenz\u00f3 por indicar que, como la sentencia emitida por la misma Colegiatura con ocasi\u00f3n al proceso de simulaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria \u00abning\u00fan reparo merece la existencia y validez de la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual se hizo la transferencia y, de otro, que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito celebrado el d\u00eda 31 de agosto de 2015, entre el Grupo Moralfa S.A.S. y Edwin Yecid Molano Vargas en punto del saldo del precio que deb\u00eda sufragar Armando \u00c1lvarez Pinz\u00f3n fue declarado absolutamente simulado\u00bb. <\/p>\n
2. Destac\u00f3 que el actor no acredit\u00f3 que cancel\u00f3 la totalidad del precio en la forma y tiempos debidos porque, aunque en la escritura p\u00fablica se afirm\u00f3 que el vendedor recibi\u00f3 la suma de $900.000.000 por tal concepto, y en el juicio simulatorio se estableci\u00f3 que el inmueble hab\u00eda sido entregado en daci\u00f3n en pago por una obligaci\u00f3n a cargo de la demandada, lo cierto es que no existe elemento suasorio que acredite el pago del saldo de 450 millones de pesos, que deb\u00eda realizarse en cuatro cuotas, m\u00e1xime cuando el cesionario involucrado indic\u00f3 no haber recibido \u00abni un solo peso de manos de Armando \u00c1lvarez Pinz\u00f3n, tal como se extracta de la sentencia a la que se ha hecho menci\u00f3n a lo largo de esta determinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Precis\u00f3 que, contrario a lo aducido por el censor, la decisi\u00f3n recurrida s\u00ed resolvi\u00f3 el conflicto planteado, cosa distinta es que al no haber cumplido con sus obligaciones las resultas no pod\u00edan ser favorables a sus intereses. <\/p>\n
4. Finalmente explic\u00f3 que, aquella Corporaci\u00f3n no \u00abdesconoce que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil dentro del proceso 20160013800 \u2013 verbal de simulaci\u00f3n- da cuenta de la existencia de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido y que all\u00ed se habl\u00f3 de una daci\u00f3n en pago; sin embargo, es evidente que el saldo del precio pactado no se honr\u00f3 por lo expuesto en esa misma providencia y los argumentos vertidos en precedencia\u00bb (archivo 13, cuaderno tribunal, expediente digital). <\/p>\n
Contra lo definido por el colegiado el promotor plante\u00f3 recurso de casaci\u00f3n y, en la demanda para su sustentaci\u00f3n aleg\u00f3 dos (2) cargos, fundados en las causales 2\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la providencia de segundo grado de violar de forma \u00abindirecta por aplicaci\u00f3n indebida (..) los art\u00edculos 1602, 1618, 1714 y 1715 del C\u00f3digo Civil, derivada del error manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb al interpretar los referidos c\u00e1nones erradamente y darles un alcance totalmente diferente al que les corresponde, yerro que, seg\u00fan indic\u00f3, dio paso a conclusiones distintas a las que se habr\u00edan obtenido con una aplicaci\u00f3n correcta de aquellos. <\/p>\n
Refiri\u00f3 algunas consideraciones del fallo cuestionado, relacionadas con el incumplimiento del pago del precio, para luego decir que, si se hubiese tenido en cuenta el canon 1602 invocado \u00abcambiar\u00edan y generar\u00edan un resultado diferente al ya conocido\u00bb. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de la afirmaci\u00f3n hecha en la sentencia sobre la existencia y validez del contrato, porque no tuvo en cuenta los \u00abmatices adicionales\u00bb advertidos en el proceso simulatorio. <\/p>\n
Aleg\u00f3, que la \u00abexistencia de una daci\u00f3n en pago, relacionada directa y necesariamente con el contrato de compraventa en litigio, da cuenta de su afectaci\u00f3n emanada de causas legales, de la modificaci\u00f3n de su firmeza, de la forma de hacerse v\u00e1lido, lo que torna como vinculante para las partes tal novedad; pero no de manera parcial como se aprecia en los anteriores extractos del fallo, sino de manera total, puesto que tal daci\u00f3n en pago est\u00e1 referida al contrato inicial por un valor superior a los 3.379 millones de pesos, monto que supera con creces el valor acordado dentro de la escritura p\u00fablica Nro. 5026 del 14 de agosto de 2.015\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que qued\u00f3 plenamente demostrado el pago de $3.379.208.857 y para ello enunci\u00f3 algunas \u201cpruebas\u201d adosadas al plenario. Asimismo, ahond\u00f3 en otros hechos que consider\u00f3 debidamente acreditados en las instancias, como son: i) el reconocimiento de la demandada frente a la obligaci\u00f3n en su favor; ii) la supuesta falta de claridad de las declaraciones de N\u00e9stor Morales; iv) la verdadera intenci\u00f3n del contrato de compraventa; v) la declaraci\u00f3n de su codemandado en el juicio simulatorio, seg\u00fan la cual no recibi\u00f3 dinero por la cesi\u00f3n. <\/p>\n
Se detuvo en la presunta pretermisi\u00f3n del art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, al no haberse explicado la raz\u00f3n por la cual no se tuvo en cuenta la daci\u00f3n en pago para la totalidad del precio y, adem\u00e1s, por no haber acudido a la figura de la compensaci\u00f3n \u00aben el hipot\u00e9tico caso de que el demandante le debiera el saldo del precio a la sociedad demandada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente destac\u00f3, que \u00abla violaci\u00f3n de la norma sustancial\u00bb deriva de la falta de valoraci\u00f3n de la totalidad de las \u201cpruebas\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Al amparo de la tercera causal acus\u00f3 la sentencia de incongruente, \u00abpor no estar en consonancia con los hechos, pretensiones y pruebas de la demanda (Art. 336 #3\u00b0 CGP\u00bb. <\/p>\n
Emprendi\u00f3 la alegaci\u00f3n afirmando, que en los hechos de la demanda se aludi\u00f3 al proceso verbal de simulaci\u00f3n adelantado por Moralfa en su contra, y aquellos fueron soportados con el fallo proferido dentro de dicho juicio, que acompa\u00f1\u00f3 de todo el expediente, documental que no fue tenida en cuenta como \u201cprueba\u201d. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que el tribunal, frente al reparo planteado contra la sentencia de primer grado, relacionado con la valoraci\u00f3n probatoria, predic\u00f3 la falta de acreditaci\u00f3n del pago total del precio en la forma y tiempos debidos, estableciendo como cierto algo que no lo es, por haberse limitado a tener \u00aben cuenta la literalidad del contrato; lo consignado en la escritura p\u00fablica 5026 de 2014 y no todo el panorama probatorio, esto es, la totalidad de las pruebas trasladadas y originadas en el proceso de simulaci\u00f3n en el que intervinieron las mismas partes\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en el desarrollo del mismo cargo, que \u00ablas normas probatorias violadas, los art\u00edculos 164, 174 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales hacen referencia a la necesidad de la prueba, a la prueba trasladada y a la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que el error de congruencia consisti\u00f3 en \u00abaceptar lo sucedido y probado en el proceso de simulaci\u00f3n (lo cual afecta e indiscutiblemente modifica las condiciones del contrato de compraventa, en cuanto al pago) (\u2026) [e] interpretar de manera literal los t\u00e9rminos del contrato de compraventa de la escritura p\u00fablica 5026 del 14 de agosto de 2014\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00ab[n]o hay congruencia en el postulado seg\u00fan el cual, se tiene por demostrado el pago de $900 millones de pesos por estar consignado as\u00ed en la escritura p\u00fablica de compraventa y debido a la existencia de una daci\u00f3n en pago, declarada judicialmente; pero se tiene por no demostrado el pago de $450 millones de pesos\u00bb, habida cuenta que no se acredit\u00f3 que ello hubiera ocurrido dentro de los t\u00e9rminos pactados en el contrato de compraventa. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el argumento del fallo que acept\u00f3 el pago de 900 millones de pesos y rechaz\u00f3 el de los 450, trae consigo el desconocimiento de los art\u00edculos 1714 y 1715; y que, si el tribunal hubiera aplicado debidamente el precepto 176 del ordenamiento adjetivo, habr\u00eda procedido a evaluar las \u201cpruebas\u201d trasladadas del juicio de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Se quej\u00f3 de que el tribunal no apreciara debidamente la defensa de la sociedad convocada, relacionada con el no pago del precio acordado, lo que, en su criterio, evidencia \u00abla valoraci\u00f3n incongruente de las pruebas y de lo alegado por las partes\u00bb (archivo 008, Cuaderno Corte, expediente digital). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
As\u00ed, que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado, que: \u00ab(\u2026) toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras que los segundos hacen referencia a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de procedimiento). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sept., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las \u201cpruebas\u201d tiene ocurrencia, seg\u00fan se ha decantado por la jurisprudencia, \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento(\u2026)\u00bb (CSJ SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
En cuanto al error de derecho, presupone que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la \u201cprueba\u201d y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1g. 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. n\u00b0 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01; reiterado en CSJ AC3327-2021, 26 ago., rad. 2017-00405-01). <\/p>\n
Sea que se aduzca error de hecho o de derecho compete al recurrente indicar las normas de derecho sustancial que a consecuencia de los dislates resultaron infringidas, precisando c\u00f3mo se dio dicha vulneraci\u00f3n, pero cuando se perfila por la \u00faltima tipolog\u00eda tendr\u00e1 la carga adicional de indicar la disposici\u00f3n probatoria quebrantada \u00abhaciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb, esto es, c\u00f3mo a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En torno al tercer motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, se ha dicho que la incongruencia constituye un quebranto de las formas esenciales del procedimiento, el cual se materializa cuando la sentencia decide sobre puntos ajenos a la controversia; deja de resolver los temas objeto de la litis; realiza una condena m\u00e1s all\u00e1 de lo pretendido; o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de m\u00e9rito, cuando es del caso hacerlo. <\/p>\n
El proceso civil contiene una relaci\u00f3n jur\u00eddico\u2013procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisi\u00f3n del juez quedan vinculados a los t\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n. En efecto, tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
\u00ab(…) los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan, en principio, los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 Jul. 2005, rad. 5214; CSJ SC, 1\u00ba nov. 2006, rad. 2002-01309-01)\u00bb (CSJ SC11331-2015, 27 ago., rad, 2006-00119-01; reiterado en CSJ AC2115-2021, 2 jun., rad. 2013-00193-01). <\/p>\n
La facultad jurisdiccional del fallador se encuentra demarcada, entre otras normas, por el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u2026 No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Eso s\u00ed, la inconsonancia, en principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del juicio no colma las expectativas del impugnante, siempre que la decisi\u00f3n recaiga sobre lo que ha sido materia del pleito, mucho menos, sirve a prop\u00f3sito de criticar la valoraci\u00f3n de los medios de \u201cprueba\u201d realizado por el juzgador. <\/p>\n
Sobre el punto, la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal\u00bb (CSJ AC4592-2018, criterio reiterado en AC6075-2021, 16 dic.). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones planteadas en la demanda de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se examina no satisfacen los requisitos legales que jurisprudencial y legamente se tienen establecidos y por ello, ser\u00e1 inadmitida. <\/p>\n
3.1. La primera arremetida, desde su planteamiento, deviene defectuosa, habida cuenta que, al alegar la \u00abViolaci\u00f3n indirecta por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1602, 1618, 1714 y 1715 del C\u00f3digo Civil, derivada del error manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb, el casacionista incurri\u00f3 en una confusi\u00f3n de v\u00edas. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, aspectos relacionados con la aplicaci\u00f3n, que no violaci\u00f3n, de la norma sustancial son discutibles \u00fanicamente por la recta v\u00eda, mientras que, los cuestionamientos sobre la valoraci\u00f3n probatoria, son propios del supuesto que consagra el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del ordenamiento adjetivo, de ah\u00ed que al discutir en el mismo embiste la pretermisi\u00f3n de los art\u00edculos 1602 y 1618 de la codificaci\u00f3n privada o el entendimiento que de dichos postulados realiz\u00f3 el ad quem, y la forma en que fueron examinados los elementos demostrativos, se haga evidente la falencia t\u00e9cnica mencionada. <\/p>\n
Y es que, si en gracia de discusi\u00f3n se inadvirtiera tal desatino, surge tambi\u00e9n que, algunas de las disposiciones que edifican el cargo no son de tipo material, esto es, no contienen una \u00abprescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas (G.J. CLI, p\u00e1g.254)\u00bb (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 2000-24058-01 y en CSJ AC4549-2021), y otras de las mencionadas, ni siquiera estructuraron los argumentos principales de la sentencia emitida por el ad quem, como se explica: <\/p>\n
El canon 1602 prev\u00e9 efectos jur\u00eddicos concretos en una situaci\u00f3n espec\u00edfica y es meramente definitorio (AC877-2019, mar- 13, exp.2009-00385; AC 280-2021, feb. 8, rad. 2013-00031-02, SC042-2022, feb. 7, exp. 2008-00293; AC998-2022, mar. 31, exp. 2017-00325-02); el 1618 pregona una regla de interpretaci\u00f3n contractual (AC653-2020, feb. 23, exp. 1998-00168 y AC2117-2020, sep. 7, exp. 2009-00453), el 1714 y el 1715 alusivos a la compensaci\u00f3n y su operancia, a m\u00e1s de que fueron simplemente enunciados en la demanda sin ning\u00fan tipo de consideraci\u00f3n sobre su aparente transgresi\u00f3n, no constituyeron base esencial de la providencia recurrida. <\/p>\n
La precedente verificaci\u00f3n normativa permite vislumbrar la ausencia del presupuesto fundamental necesario para acudir al examen del reparo formulado en tal sentido, valga decir, el que impone la invocaci\u00f3n de la infracci\u00f3n de normas de car\u00e1cter sustancial que hubieran estructurado la sentencia combatida. <\/p>\n
S\u00famese a ello, que el inconforme dej\u00f3 de precisar si su cr\u00edtica se enfilaba a disputar errores de hecho o de derecho constitutivos de la senda escogida, amen que simplemente se\u00f1al\u00f3 que la violaci\u00f3n normativa estaba \u00abderivada del error manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas\u00bb; y, aunque tanto la titulaci\u00f3n de la protesta, como algunos de sus argumentos pudieran llegar a encajar en los primeros, deambula injustificadamente entre unos y otros desatendiendo las exigencias necesarias para su admisi\u00f3n. <\/p>\n
V\u00e9ase como, con relaci\u00f3n a la queja que expone en torno al pago del precio convenido en la compraventa, se concret\u00f3 a afirmar que aquel s\u00ed se encontraba demostrado, pero no expuso el por qu\u00e9 de tal aserci\u00f3n, ni el elemento demostrativo que da cuenta de ello; equivocaci\u00f3n que por igual se observa de la supuesta inobservancia de los \u00abmatices adicionales\u00bb que, asegur\u00f3, hab\u00eda pasado por alto la Corporaci\u00f3n que defini\u00f3 la segunda instancia, ya que no los determin\u00f3, ni su incidencia en el sentido de la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
Las consideraciones que expuso el impugnante con relaci\u00f3n a la daci\u00f3n en pago, m\u00e1s all\u00e1 de querer hacer visible una falla del juzgador, ponen al descubierto su intenci\u00f3n de anteponer su criterio personal al del juez de la causa respecto de la apreciaci\u00f3n del contrato de compraventa, lo que se traduce en un mero alegato de instancia. <\/p>\n
Si bien enlist\u00f3 el recurrente algunos de los hechos que estim\u00f3 demostrados dentro del proceso, ning\u00fan beneficio le aporta tal actividad a la demostraci\u00f3n del cargo, como quiera que, no determin\u00f3 la relaci\u00f3n de aquellos con la alegada trasgresi\u00f3n de disposiciones sustanciales, ni mucho menos, la ocurrencia de irregularidades en el examen probatorio que hubiese impedido vislumbrar las situaciones descritas, respecto de las cuales, tampoco se explic\u00f3 su trascendencia. <\/p>\n
Por otra parte, en algunos razonamientos desplegados como respaldo de su queja acot\u00f3 que la violaci\u00f3n de la norma sustancial radicaba en el \u201checho\u201d de no haber examinado la totalidad de los elementos persuasivos, aspecto que debe ser confutado por el error de derecho, pues como ha sostenido esta Colegiatura <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando de la falta de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas se trata (art. 187 C. P. C.), [hoy 176 C.G.P.] esta Corporaci\u00f3n ha habilitado su denuncia como un error de derecho; empero, tal eventualidad tiene un condicionamiento inconfundible, consistente en que las pruebas adosadas al expediente, ciertamente, debieron ser apreciadas o valoradas por el juzgador, aunque de manera aislada, sin conexidad alguna; pero, cuando, como en el caso presente, se acusa al Tribunal de pretermitir alg\u00fan medio persuasivo, cuando se le recrimina de pasar por alto los elementos adosados al expediente, no gesta, con tal proceder, una equivocaci\u00f3n de derecho sino de hecho, consistente, precisamente, en desconocer la existencia f\u00edsica de alg\u00fan medio probatorio, o, como igualmente se le enrostra al juzgador, por escrutar erradamente su contenido material. 29 de oct, 2009 Exp. 2002-00211-01) <\/p>\n
En tal escenario, el labor\u00edo del casacionista no se limita a enunciar la trasgresi\u00f3n del postulado en comento, sino, que estar\u00e1 compelido a determinar e individualizar cada una de las probanzas que considere no fueron apreciadas conjuntamente, precisando los puntos de enlace y divergencias entre estas que ponga evidencia la falta absoluta de su debida integraci\u00f3n y, especialmente, como estas resultaban id\u00f3neas para derruir el fallo rebatido <\/p>\n
En todo caso, es pertinente acotar, que las probanzas a que refiere el ataque fueron objeto de an\u00e1lisis por parte del juzgador, cosa distinta es que la conclusi\u00f3n por \u00e9l adoptada no se acompase a su percepci\u00f3n individual sobre las mismos. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la negligencia que le achac\u00f3 al sentenciador de la segunda instancia por no aplicar la figura de la compensaci\u00f3n, basta destacar que se trata de un hecho no discutido dentro del proceso y, por tanto, no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia reprochada, lo que descarta su apreciaci\u00f3n por la v\u00eda extraordinaria utilizada. <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta oportuno recordar que, con insistencia, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado en cuanto a la demostraci\u00f3n del cargo cuando la acusaci\u00f3n se apuntala en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que a riesgo de su inadmisi\u00f3n la sustentaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abno s\u00f3lo se refiere a la comprobaci\u00f3n del error denunciado, sino a la fundada expresi\u00f3n de su influencia en la decisi\u00f3n combatida, porque si la sentencia ingresa al recurso de casaci\u00f3n escoltada por las presunciones de legalidad y acierto, en la tarea de acreditar los yerros no es suficiente que el interesado haga conocer su desacuerdo con la decisi\u00f3n, sino que necesariamente debe indicar las equivocaciones en que incurri\u00f3 el sentenciador, individualizando las apreciaciones erradas y se\u00f1alando de manera precisa en qu\u00e9 consiste la desviaci\u00f3n, formalidad esta que, como se tiene dicho, no se lograr\u00eda \u2018con el simple expediente de repudiar el resultado del proceso, porque esto \u00faltimo es, sencillamente, alegar, m\u00e1s nunca demostrar, como es de rigor\u2019\u00bb (CSJ AC de 18 de nov. de 1999. Exp. C. 7803, reiterada AC8426-2017, Rad. 2011-00086-01). (Negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
En esencia, el gestor no formul\u00f3 el embiste en debida forma al incurrir en una mixtura inaceptable en casaci\u00f3n, pues no lo desarroll\u00f3 bajo las directrices de una misma senda, tampoco lo sustent\u00f3 como corresponde, pues, contrario a revelar el equ\u00edvoco endilgado al fallador, divag\u00f3 entre en el intento por exponer falencias de tipo normativo y hacer valer su punto de vista frente a las que, a su modo de pensar, debieron ser las conclusiones del juicio, sin desnaturalizar, como se requer\u00eda, el fundamento esencial de la determinaci\u00f3n final, cual era, la falta de demostraci\u00f3n del pago total, respecto del cual, se ci\u00f1\u00f3 a obviar su acreditaci\u00f3n por la sola aceptaci\u00f3n hecha por el representante de la enjuiciada, sobre una deuda anterior, desaciertos que conduce a su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. El segundo embiste no corre mejor suerte, toda vez que igual al anterior incurre en una desafortunada mestura, que ni siquiera permite a la Corte hacer uso de la potestad que confiere el legislador de escindir las acusaciones cuando considere que debieron plantearse por separado. <\/p>\n
Es irrefutable que los motivos de critica que refiere el cargo son propias de la causal segunda de casaci\u00f3n, ya que, en estrictez, lo cuestionado es el juicio de valor realizado por el enjuiciador de segundo nivel al material demostrativo adosado al plenario, amen que protesta por la presunta falta de valoraci\u00f3n de \u00abtodo el panorama probatorio, esto es, la totalidad de las pruebas trasladadas y originadas en el proceso de simulaci\u00f3n en el que intervinieron las mismas partes\u00bb, reparo con el que desconoci\u00f3 el aut\u00e9ntico prop\u00f3sito del motivo alegado, el cual se erige sobre la base objetiva de comparar el escrito inaugural y las excepciones formuladas frente a lo decidido por el juzgador, trasgrediendo el marco decisorio fijado por las partes. <\/p>\n
Contrario a ello, en su acometida se dedic\u00f3 a cuestionar aspectos de tipo demostrativo, dirigiendo su argumentaci\u00f3n a convencer al juzgador en sede extraordinaria, de la conjeturada falta de apreciaci\u00f3n de las piezas procesales que conformaron el legajo simulatorio, las cuales, seg\u00fan replic\u00f3, evidencian el pago total del precio, olvidando que para ese fin el legislador dise\u00f1\u00f3 otra v\u00eda, la indirecta. <\/p>\n
No puede pasarse por alto que la falla de t\u00e9cnica por entremezclamiento cobr\u00f3 mayor fuerza cuando, en el mismo cargo acus\u00f3 la violaci\u00f3n de normas probatorias, como si del estudio del yerro de derecho se tratara. Puntualmente indic\u00f3 que se quebrantaron los preceptos \u00ab164, 174 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, los cuales hacen referencia a la necesidad de la prueba, a la prueba trasladada y a la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb, cuando su tarea consist\u00eda, de cara a la acusaci\u00f3n esgrimida, en precisar una de las modalidades de la incongruencia (ultra, extra, m\u00ednima petita) y desarrollar la forma en que tuvo ocurrencia, sin que as\u00ed lo hubiera hecho. <\/p>\n
En el mismo sentido, los planteamientos del embate tambi\u00e9n patentizan confusi\u00f3n entre el cargo primero y el tercero, puesto que pese a rotular la cr\u00edtica con la incongruencia a que alude el \u00faltimo se\u00f1alado, en el desarrollo de \u00e9sta insisti\u00f3 en la inaplicaci\u00f3n de las disposiciones 1714 y 1715 del C\u00f3digo Civil que calific\u00f3 de sustanciales, y el canon 176 del nuevo estatuto de procedimiento civil de \u00edndole probatorio. <\/p>\n
De ese modo las cosas, refulge la indebida formulaci\u00f3n del cargo por incongruencia denunciada, lo que de suyo conlleva a la inadmisi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
A manera de compendio podemos se\u00f1alar que la demanda en estudio desatendido las exigencias formales que legal y jurisprudencialmente se imponen, particularmente el numeral segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, de plantear por separado los cargos, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa, pues como se vio en ambas acusaciones incurre en mixturas que los descalifica, a m\u00e1s que respecto de la causal segunda, su sustentaci\u00f3n desatendi\u00f3 de forma absoluta la carga demostrativa que se le impone de los yerros cometidos por el tribunal. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por Armando \u00c1lvarez Pinz\u00f3n para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria que interpuso contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC2930-2022 (2019-00130-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC2930-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-024-2019-00130-01 Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s (23) de junio de (2022). Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) I. EL LITIGIO A. La pretensi\u00f3n Se inst\u00f3 de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64888","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64888\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}