AC3001-2022 (2022-02101-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3001-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02101-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Fernando Jodra Trillo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de homologaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo proferido el \u00ab28 de abril de 2021\u00bb, por el Tribunal S\u00e9ptimo (7\u00ba) de Primera Instancia de Sustanciaci\u00f3n, Mediaci\u00f3n y Ejecuci\u00f3n del Circuito Judicial del Trabajo del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, Venezuela. [Archivo Digital: 0002 Demanda]. <\/p>\n
2. Seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 el demandante, llam\u00f3 a juicio a Tecnolog\u00eda Smartmatic de Venezuela C.A., Smartmatic Project Management Corporation, Smartmatic Deployment Corporation, Smartmatic International Corporation, Smartmatic International Holding B.V. y Smartmatic International Group N.V. para obtener el \u00abcobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que \u00absurtidas las instancias de rigor\u00bb el Tribunal S\u00e9ptimo (7\u00ba) de Primera Instancia de Sustanciaci\u00f3n, Mediaci\u00f3n y Ejecuci\u00f3n del Circuito Judicial del Trabajo del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, Venezuela, en providencia de \u00ab23 de julio de 2021 decret\u00f3 la ejecuci\u00f3n forzosa de la sentencia de fecha 28 de abril de 2021 dictada por ese mismo despacho judicial\u00bb, en consecuencia, dispuso el \u00abembargo ejecutivo sobre bienes de propiedad de la parte demandada\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3. El aqu\u00ed interesado tambi\u00e9n refiri\u00f3 que la all\u00e1 enjuiciada Smartmatic International Holding B.V., tiene \u00absucursal de sociedad extranjera abierta\u00bb en la ciudad de Cartagena, Colombia; que las \u00abcondenas\u00bb impuestas en el pronunciamiento motivo de convalidaci\u00f3n son \u00abmeramente pecuniarias\u00bb, por lo que no versan sobre \u00abderechos reales\u00bb; que no se opone a los preceptos legales patrios, pues la legislaci\u00f3n colombiana \u00abconsagra la ejecuci\u00f3n de las sentencias judiciales de car\u00e1cter laboral\u00bb; y que el v\u00ednculo de trabajo all\u00e1 demandado se perfeccion\u00f3 en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, por tal raz\u00f3n, las autoridades judiciales de ese Estado eran las \u00abcompetentes\u00bb para adelantar la causa origen del fallo aludido. [\u00cddem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguno de los requisitos previstos en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. Entre los exigidos figura el de que la sentencia extranjera, cuyo exequ\u00e1tur se solicita, \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (numeral 3\u00ba Ib\u00eddem) <\/p>\n
2. Adicionalmente, tanto el Estado de Colombia como el de Venezuela hacen parte de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, cuyo objeto es \u00abasegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en [las] respectivas jurisdicciones territoriales\u00bb de las naciones firmantes. <\/p>\n
Es as\u00ed que, el art\u00edculo 2 de dicha normatividad internacional dispone, que: <\/p>\n
Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el articulo 1, tendr\u00e1n eficacia extraterritorial en los Estados Partes si re\u00fanen las condiciones siguientes: <\/p>\n
a. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados aut\u00e9nticos en el Estado de donde proceden; <\/p>\n
b. Que la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios seg\u00fan la presente Convenci\u00f3n, est\u00e9n debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
c. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto; <\/p>\n
d. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional deban surtir efecto; <\/p>\n
f. Que se haya asegurado la defensa de las partes; <\/p>\n
g. Que tengan el car\u00e1cter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; <\/p>\n
h. Que no contrar\u00eden manifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n. (resalta la Corte). <\/p>\n
A su turno, el canon 3 Ib\u00eddem establece que <\/p>\n
Los documentos de comprobaci\u00f3n indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes: <\/p>\n
a. Copia autentica de la sentencia o del laudo y resoluci\u00f3n jurisdiccional; <\/p>\n
b. Copia aut\u00e9ntica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del articulo anterior; <\/p>\n
c. Copia aut\u00e9ntica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el car\u00e1cter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en trat\u00e1ndose de equiparar las sentencias dictadas en Venezuela para que surtan efectos en el ordenamiento patrio, resulta necesario que el interesado exhiba \u00abcopia aut\u00e9ntica\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abdebidamente legalizad[a]\u00bb de los documentos demostrativos que acrediten: (i) que la actuaci\u00f3n for\u00e1nea fue notificada \u00abde modo sustancialmente equivalente\u00bb a los ritos de la normatividad interna y (ii) verificadas las diligencias la Corte pueda apreciar, sin dubitaci\u00f3n alguna, que la contraparte tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, de hallar la ausencia de aquellos presupuestos, no hay otro camino que el rechazo de la solicitud (CSJ AC1718-2020, 3 Ag.). <\/p>\n
3. Contrastadas las piezas aportadas con las premisas que se indicaron, se advierte que el interesado, de un lado, no alleg\u00f3 la sentencia dictada el \u00ab28 de abril de 2021\u00bb, por el Tribunal S\u00e9ptimo (7\u00ba) de Primera Instancia de Sustanciaci\u00f3n, Mediaci\u00f3n y Ejecuci\u00f3n del Circuito Judicial del Trabajo del \u00c1rea Metropolitana de Caracas, Venezuela; y, de otra parte, no atendi\u00f3 lo dispuesto en los ordinales e) y f) del canon 2, en armon\u00eda con el literal b) del art\u00edculo 3 del instrumento internacional memorado. <\/p>\n
3.1.- En efecto, el reclamante omiti\u00f3 adjuntar la decisi\u00f3n judicial objeto del exequ\u00e1tur en copia debidamente legalizada y con la constancia que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. Lo anterior, por cuanto la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 es de otra providencia distinta a la que es objeto de este tr\u00e1mite, valga decir, la emitida el \u00ab23 de julio de 2021\u00bb, por la aludida autoridad judicial extranjera, mediante la cual, se decret\u00f3 la \u00abEJECUCI\u00d3N FORZOSA\u00bb de la determinaci\u00f3n que se pretende convalidar. [Fls. 10 a 13, Archivo Digital: 0002 Demanda]. <\/p>\n
3.2.- Adicionalmente, el solicitante tampoco arrim\u00f3 a las presentes diligencias las piezas relativas al debido enteramiento de la causa laboral a la parte adversaria y aquellas que demostraran el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa dentro del juicio, en cumplimiento de lo dispuesto en los ordinales e) y f) del canon 2, en armon\u00eda con el literal b) del art\u00edculo 3 del Tratado multilateral mencionado. <\/p>\n
Sobre este requisito, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u00abla homologaci\u00f3n de fallos emitidos por los Estados parte de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u201d exige dar cumplimiento a ciertos requisitos formales especiales, puntualmente la exhibici\u00f3n de los elementos probatorios que acrediten que la parte demandada (i) fue notificada de la actuaci\u00f3n en el extranjero, \u201cde modo sustancialmente equivalente\u201d a las pautas del derecho nacional, y (ii) tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa. <\/p>\n
Debe precisarse que el pacto multilateral no impone que las comentadas variables se demuestren de una forma predeterminada, sino que alude, en forma gen\u00e9rica, al deber de aportaci\u00f3n de \u201ccopia autentica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento\u201d a las condiciones antedichas. Sin embargo, las evidencias deben mostrar que el acto de enteramiento efectuado en el extranjero permiti\u00f3 el ejercicio de las prerrogativas propias del debido proceso, en condiciones sim\u00e9tricas \u2013aunque no id\u00e9nticas\u2013 que las previstas en la ley procesal interna\u00bb. (CSJ AC3628-2020, 18 dic.) <\/p>\n
Exigencia que constituye \u00abun caso de tarifa legal que no admite otros medios demostrativos, por lo que su ausencia deber\u00e1 conducir al rechazo de la petici\u00f3n, como lo ha reconocido esta Corte en anteriores decisiones, conforme a las cuales no es posible tener por acreditado el presupuesto del literal e), del art\u00edculo 2 del instrumento multilateral\u00bb. (CSJ AC1718-2020, 3 Ag.) <\/p>\n
4. En las condiciones rese\u00f1adas, de conformidad con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, deber\u00e1 rechazarse de plano la demanda, al no observarse lo consagrado en el numeral 3\u00ba de la pauta 606 Ib\u00eddem y en el art\u00edculo 3, literal b), de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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