AC3002-2022 (2022-01934-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3002-2022 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Se decide el recurso de queja que interpuso Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez y \u00d3scar Javier Montero Guerra contra la providencia proferida el 22 de abril de 2022, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, mediante la cual neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 25 de marzo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los se\u00f1ores Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez y Oscar Javier Montero Guerra instaron de la jurisdicci\u00f3n se declare a la aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. y a Prosperando Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito, civilmente responsables por el incumplimiento de: (i) la \u00abp\u00f3liza de seguro\u00bb mencionada; y (ii) el cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n No. 50000002592 del 23 de febrero de 2011, por no haber activado el fondo de solidaridad al momento de la contingencia de su asociado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se las condenara al pago de la \u00absuma de dinero que en su favor resulte probada\u00bb por concepto de da\u00f1os extra-patrimoniales entre \u00ab10 y 100 SMLMV\u00bb y materiales calculados aproximadamente en \u00ab$127.834.431\u00bb, de acuerdo con la \u00abCuantificaci\u00f3n y Estudio Actuarial\u00bb realizado por un economista y que fue adjuntado con el escrito inaugural. [Folios 89 a 100, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
2.- Dichas suplicas se soportaron en que los actores son propietarios del veh\u00edculo de placas TGN-080, el cual se adquiri\u00f3 por la suma de \u00ab$59.000.000.oo\u00bb, con el producto del cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n que estos adquirieron de la Cooperativa accionada en cuant\u00eda de \u00ab$53.200.000.oo\u00bb con intereses a \u00abuna tasa nominal anual vencida del 21.23% y en caso de mora con intereses de 21.22% anual adicional como consta en el pagar\u00e9 y la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito anexo\u00bb a la demanda. Tasas que exceden las certificadas por la Superintendencia Financiera. <\/p>\n
El rodante fue vinculado a la empresa Pinto P\u00e1ez y Cia en C. \u2018P\u00e1ez Turs\u2019 desde el 20 de diciembre de 2011, adicionalmente adquirieron la p\u00f3liza judicial con la Aseguradora Solidaria e Colombia Ltda. <\/p>\n
Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez, dada su condici\u00f3n de afiliado a la Cooperativa hizo aportes al Fondo de Solidaridad, seguros de vida, intereses y capital. <\/p>\n
El 31 de diciembre de 2013, a eso de las \u00ab11:20 horas\u00bb en la v\u00eda que de Cartagena (Bol\u00edvar) conduce a Barranquilla (Atl\u00e1ntico), el veh\u00edculo antes rese\u00f1ado, choc\u00f3 con el \u00abbordillo\u00bb de la carretera, sufriendo volcamiento y ocasionando un \u00abaccidente grave\u00bb y dejando a varias personas heridas. <\/p>\n
El automotor aludido \u00abqued\u00f3 en p\u00e9rdida total\u00bb, raz\u00f3n por la que Jes\u00fas Antonio Montero Mart\u00ednez y \u00d3scar Javier Montero Guerra, el primero en calidad de propietario, realizaron reclamaci\u00f3n ante la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda., con el prop\u00f3sito de obtener el amparo del siniestro cubierto con la p\u00f3liza de \u00abseguro de veh\u00edculo\u00bb No. 994000006540, sin embargo, ese pedimento fue atendido parcialmente, toda vez que dicha compa\u00f1\u00eda solamente cubri\u00f3 el excedente del \u00abcr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n\u00bb adeudado a la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Prosperando y mediante el cual se hab\u00eda adquirido el coche, dejando de indemnizar la totalidad de los da\u00f1os causados. [Folios 108 a 131, Archivo Digital: 0001 Cuaderno Principal]. <\/p>\n
3.- El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, autoridad que en fallo de 15 de junio de 2021 desestim\u00f3 las pretensiones del libelo inicial, declar\u00f3 probada de oficio la excepci\u00f3n de \u00abincumplimiento contractual por parte de los demandantes de los contratos de seguro y de transferencia de veh\u00edculo automotor\u00bb y neg\u00f3 los pedimentos edificados frente a la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito Prosperando \u00abpor no reunirse los requisitos axiol\u00f3gicos para la prosperidad de la acci\u00f3n\u00bb. [C01. Principal Archivo Digital: 0038]. <\/p>\n
4.- Apelada la decisi\u00f3n por el extremo activo el Tribunal Superior del referido Distrito Judicial, en providencia de 25 de marzo anuario, confirm\u00f3 \u00edntegramente lo resuelto por el a-quo. [Segunda Instancia. Archivo Digital: 13 SENTENCIA]. <\/p>\n
5.- Contra la anterior providencia, los actores formularon el recurso de casaci\u00f3n. [17 CASACI\u00d3N, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
6.- El 22 de abril de los corrientes, el ad-quem deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo extraordinario, tras advertir que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir no alcanzaba el m\u00ednimo establecido en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que el importe de las aspiraciones de la postulaci\u00f3n inicial ascend\u00eda a \u00ab$127.834.431\u00bb, el cual actualizado a la fecha del prove\u00eddo de segundo grado arrojaba un coste de \u00ab$145.409.787,55\u00bb. [21 NIEGA RECURSO DE CASACI\u00d3N, Ib\u00eddem]. <\/p>\n
7.- Frente a la determinaci\u00f3n precedente, los impugnantes interpusieron reposici\u00f3n y, en subsidio, solicitaron queja ante el superior, con sustento en que la procedencia del medio excepcional no est\u00e1 supeditado \u00fanicamente a la cuant\u00eda de los anhelos de la causa petendi, sino, adem\u00e1s, a las causales contempladas en el art\u00edculo 336 de la ley de enjuiciamiento civil y a los requisitos fijados en el prove\u00eddo \u00abAL1533-2020 (83297)\u00bb, valga decir, que se formule dentro del t\u00e9rmino legal contra la determinaci\u00f3n de \u00absegunda instancia\u00bb, proferida en un \u00abproceso ordinario\u00bb y por la parte a quien se le haya causado un agravio econ\u00f3mico. <\/p>\n
Adicionalmente, las exigencias formales de la casaci\u00f3n \u00abno pueden anular la triple funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, de protecci\u00f3n del principio de legalidad y de constitucionalizaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. As\u00ed mismo, no es posible tampoco que con esa regulaci\u00f3n se establezcan tratos discriminatorios, se impongan limitaciones desproporcionadas al derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia o se adopten medidas que retrocedan injustificadamente en la protecci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
8.- El 31 de mayo pasado, el colegiado mantuvo inc\u00f3lume su negativa y, en consecuencia, orden\u00f3 el env\u00edo del \u00abenlace de acceso al expediente digital\u00bb para que se surtiera el recurso subsidiario, lo que explica la presencia de las diligencias en esta sede. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 352 de la ley de enjuiciamiento civil establece que \u00abcuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
El fin primordial de la queja, cuando no se concede el recurso de casaci\u00f3n, es que el superior examine si la impugnaci\u00f3n estuvo bien o mal denegada por el inferior, por ello, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos de los art\u00edculos 334 y 338 del ordenamiento adjetivo; si se propuso en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 337 ejusdem; y si la parte impugnante se encuentra legitimada para ello, seg\u00fan el mismo canon. <\/p>\n
2.- Precisamente, debido al car\u00e1cter restringido y extraordinario de la casaci\u00f3n, esta solamente es procedente contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia en: (a) \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb; (b) \u00aben las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb y; (c) las proferidas para \u00abliquidar una condena en concreto\u00bb (art\u00edculo 334 C.G.P.). Y, en trat\u00e1ndose de asuntos atinentes al estado civil \u00abs\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles\u00bb de dicho mecanismo los fallos de \u00abimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb (par\u00e1grafo, Ib\u00eddem). <\/p>\n
Presupuestos estos que resultan concurrentes para aperturar la s\u00faplica extraordinaria, de suerte que en ausencia de uno cualquiera de estos la misma no tendr\u00e1 cabida. <\/p>\n
En armon\u00eda con lo anterior, cuando las pretensiones del proceso sean \u00abesencialmente econ\u00f3micas\u00bb, la cuant\u00eda del inter\u00e9s estar\u00e1 demarcado por \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo exige el canon 338 del estatuto procesal, y que se determina por el monto del agravio que la sentencia ocasiona al impugnante, estimado al momento de su emisi\u00f3n, y \u00abcon los elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb, salvo que aquel aporte \u00abun dictamen pericial\u00bb que permita establecerlo con mayor grado de certeza (art. 339 ibidem). <\/p>\n
Dicho inter\u00e9s, por tanto, ha precisado la Sala, <\/p>\n
De conformidad con el citado art\u00edculo 338 de la nueva ley de los ritos civiles, el \u00abinter\u00e9s para recurrir\u00bb en casaci\u00f3n es de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, monto que para el presente a\u00f1o -en el que se profiri\u00f3 la sentencia- oscila en $1.000\u2019000.000.oo1. <\/p>\n
3.- En el caso bajo estudio, debe memorarse que las pretensiones ten\u00edan como prop\u00f3sito la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil de la Aseguradora y de la entidad cooperativa compelidas por el \u00abincumplimiento\u00bb de la p\u00f3liza de \u00abseguro de autom\u00f3viles No. 994000006540\u00bb y del \u00abcr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n\u00bb desembolsado para la compra del carro siniestrado, respectivamente, asimismo, se les condenara a pagar el monto que a favor de los accionantes \u00abresulte probad[o]\u00bb, por concepto de menoscabos inmateriales una suma equivalente entre \u00ab10 y 100 SMLMV\u00bb y patrimoniales tasados en \u00ab$127.834.431\u00bb, esto \u00faltimo con fundamento en un \u00abEstudio Actuarial\u00bb elaborado por un \u00abeconomista\u00bb y que fue aportado como anexo con el libelo inaugural. <\/p>\n
Justamente, con el fin de auscultar el \u00abinter\u00e9s\u00bb econ\u00f3mico de los impulsores para acudir en casaci\u00f3n, el Tribunal se vali\u00f3 de aquella cifra para deducir que en el sub-examime no se colmaba el par\u00e1metro legal cuantitativo, ni siquiera aun cuando fuera actualizado a la fecha en que se dict\u00f3 el fallo de segunda instancia ($145.409.787,55). <\/p>\n
4.- De lo esbozado emerge, que le asisti\u00f3 raz\u00f3n al ad quem al denegar la concesi\u00f3n del embate extraordinario propuesto por los accionantes, ya que, la ofensa producida con el pronunciamiento de segundo grado, tomada a partir del valor fijado por el dictamen aportado con la demanda relativo a los detrimentos materiales debidamente indexados hasta la \u00e9poca en que se dict\u00f3 tal veredicto, no rebas\u00f3 el umbral de los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) que exige el precitado art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y aunque, el iudex de alzada en su estimaci\u00f3n olvid\u00f3 incluir los da\u00f1os extra patrimoniales anhelados entre \u00ab10 y 100 SMLMV\u00bb, tomado su valor al m\u00e1ximo ($100\u2019000.000.oo) y sumado con la cifra estimada por los interesados por concepto de perjuicio materiales ($127.834.431.oo), tampoco se superar\u00eda el importe m\u00ednimo aludido para acudir al escenario excepcional ($1.000\u2019000.000.oo). <\/p>\n
5.- Ahora bien, el recurrente lamenta la negativa arguyendo que la cuant\u00eda de las aspiraciones del escrito incoativo no es el \u00fanico presupuesto para desestimar la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, es m\u00e1s, recuerda que, precisamente, ese medio tambi\u00e9n est\u00e1 supeditado a las causales contempladas en el art\u00edculo 336 de la ley de enjuiciamiento civil y a los requisitos fijados en el prove\u00eddo \u00abAL1533-2020 (83297)\u00bb, esto es, oportunidad y legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, baste decir que, conforme se indic\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, la procedencia del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a la satisfacci\u00f3n cabal de todos los presupuestos contemplados en los art\u00edculos 334 a 339, que dan cuenta de la oportunidad para la interposici\u00f3n, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s y cuant\u00eda cuando \u00e9sta resulte indispensable, teniendo presente respecto de este \u00faltimo los precisos casos que el legislador eximi\u00f3 de dicha exigencia. <\/p>\n
Valga decir, que la restricci\u00f3n cremat\u00edstica es acumulativa con las dem\u00e1s exigencias, de suerte que ante el incumplimiento de cualquiera de estos devendr\u00e1 inviable habilitar la senda extraordinaria. <\/p>\n
Justamente, el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo General del Proceso asigna al Tribunal el deber de examinar la satisfacci\u00f3n de todos los requisitos legales para la \u00abconcesi\u00f3n\u00bb del recurso de casaci\u00f3n, entre los cuales se encuentra el \u00abinter\u00e9s para recurrir\u00bb, incluso, le impone la obligaci\u00f3n de establecerlo con los \u00abelementos de juicio que obren en el expediente\u00bb (canon 339 Ib\u00eddem), eso s\u00ed, tambi\u00e9n abre la posibilidad de que el impugnante aporte un dictamen pericial con el fin de determinarlo, como ya se dijo al inicio de estas motivaciones. <\/p>\n
Por ende, aqu\u00ed no resulta de recibo lo argumentado por los recurrentes, en tanto que, se insiste, el colegiado s\u00ed pod\u00eda abstenerse de conceder el recurso ante la ausencia del agravio econ\u00f3mico en la cuant\u00eda m\u00ednima prevista en el canon 338, pues ese tema se halla dentro del \u00e1mbito de sus competencias y el asunto no se corresponde con aquellos que por expresa disposici\u00f3n legal no est\u00e1n supeditados a cumplir dicho supuesto. <\/p>\n
A lo dicho se suma que la mentada exigencia pecuniaria como presupuesto para posibilitar la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, fue sometida a juicio de exequibilidad, determinando la Corte Constitucional en la sentencia C-213 de 2017 que el mismo se ajustaba a la Carta2, motivo por el cual ning\u00fan yerro cometi\u00f3 el tribunal al evaluar su concurrencia para los efectos de la impugnaci\u00f3n planteada en el sub examine. <\/p>\n
6.- En ese orden, anduvo acertado el ad-quem al denegar el remedio de la casaci\u00f3n, pues, ciertamente, la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica padecida por los opugnantes con la decisi\u00f3n acusada, no alcanzaba el quantum m\u00ednimo exigido en la normatividad procesal vigente para acceder al escenario extraordinario. De modo que, es dable concluir que el recurso excepcional estuvo bien denegado y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo pasado, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
SEGUNDO. DEVOLVER la presente actuaci\u00f3n al Tribunal de origen para que forme parte del expediente respectivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Salario m\u00ednimo para Colombia en el a\u00f1o 2022 $1\u2019000.000.oo. Entonces: 1\u2019000.000.oo X 1000= $1.000\u2019000.000.oo. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLa regla acusada no desconoce el derecho a la igualdad en su manifestaci\u00f3n de igualdad material (art. 13. inc. 2). El establecimiento de tal cuant\u00eda como condici\u00f3n de acceso al recurso de casaci\u00f3n, no tiene como efecto privar a las personas en situaci\u00f3n de debilidad econ\u00f3mica de la protecci\u00f3n estatal. En efecto, si bien la casaci\u00f3n tiene entre sus objetivos la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y la reparaci\u00f3n de los agravios irrogados a las partes, ello no supone que quienes no cuenten con la posibilidad de acudir a este instrumento extraordinario de impugnaci\u00f3n, queden desprovistos de protecci\u00f3n. En efecto, el amparo de sus derechos se encuentra garantizado no solo por la facultad que tienen todos los ciudadanos de acceder a la jurisdicci\u00f3n civil a efecto de que sus controversias sean tramitadas y decididas en las instancias ordinarias, sino tambi\u00e9n por la posibilidad de acudir a la acci\u00f3n de tutela en aquellos casos en los cuales, agotados los recursos judiciales a su disposici\u00f3n, consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Puntualiza m\u00e1s adelante <\/p>\n
La regla acusada no vulnera la condici\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casaci\u00f3n (art. 235.1). Ella no la priva de la funci\u00f3n que le confiere la Constituci\u00f3n. En efecto, al paso que establece una restricci\u00f3n econ\u00f3mica asociada a la cuant\u00eda de los perjuicios irrogados, profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse dicho Tribunal a efectos de cumplir los fines adscritos a la casaci\u00f3n. La casaci\u00f3n no constituye un recurso que tenga por objeto la activaci\u00f3n de una instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnaci\u00f3n al que hist\u00f3ricamente y tambi\u00e9n en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuraci\u00f3n b\u00e1sica del recurso, pretendan optimizar la realizaci\u00f3n de sus diferentes fines. <\/p>\n
<\/p>\n
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