AC3090-2022 (2022-02211-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3090-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02211-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Marsella (Risaralda) y D\u00e9cimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por Banco Agrario de Colombia S.A. contra Jos\u00e9 Liborio Pineda Pineda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, dirigido al Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella, el Banco Agrario pretendi\u00f3 que se librara mandamiento de pago por el importe de un pagar\u00e9. En el ac\u00e1pite pertinente, indic\u00f3 que la competencia ven\u00eda dada por \u00abel domicilio del demandado\u00bb. <\/p>\n
2. El aludido juzgador libr\u00f3 inicialmente la implorada orden de pago, pero con posterioridad decidi\u00f3 -de oficio- aplicar el art\u00edculo 28-10 del C\u00f3digo General del Proceso, remitiendo la actuaci\u00f3n a la ciudad de Bogot\u00e1, en consideraci\u00f3n a que all\u00ed se encuentra el domicilio de la convocante. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado D\u00e9cimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, tampoco asumi\u00f3 conocimiento del juicio, argumentando que \u00absi bien es cierto que el Banco Agrario de Colombia tiene como domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1, no es menos cierto que esta entidad estableci\u00f3 como una de sus sucursales la ciudad de Pereira, la cual crea un domicilio especial y secundario, circunstancia que resulta determinante para que el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y de Conocimiento de Marsella (Risaralda), continue asumiendo el tr\u00e1mite procesal del asunto de la referencia\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo anterior, plante\u00f3 conflicto y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
(ii) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que -por s\u00ed solas- son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, a t\u00edtulo de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Dado que el demandante es el Banco Agrario, cuya naturaleza jur\u00eddica es la de una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, no hay duda de que el tr\u00e1mite concuerda con lo previsto en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal vigente. <\/p>\n
Lo anterior implica que, en este particular caso, no es viable establecer la competencia para conocer del juicio declarativo atendiendo a ning\u00fan factor diferente, en tanto que la regla de asignaci\u00f3n que ata\u00f1e a \u00ablos procesos contenciosos en que sea parte una (…) entidad p\u00fablica\u00bb, opera de forma excluyente de las dem\u00e1s pautas previstas en el precepto procesal varias veces referido5. <\/p>\n
Ahora, en consideraci\u00f3n a que el convocante tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogot\u00e1 y carece de una sede secundaria en el municipio donde radic\u00f3 inicialmente su demanda, es forzoso colegir que el segundo de los juzgadores involucrados en la colisi\u00f3n no pod\u00eda rehusar la competencia, pues ello contrar\u00eda la regla de asignaci\u00f3n previamente se\u00f1alada. <\/p>\n
Cabe agregar que esta conclusi\u00f3n no se ve menguada porque el Juez Promiscuo Municipal de Marsella hubiera asumido inicialmente el conocimiento de las diligencias, ni tampoco porque su competencia no hubiera sido rebatida por ninguna de las partes, pues como ya lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) En el art\u00edculo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableci\u00f3 la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, raz\u00f3n por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas. <\/p>\n
As\u00ed se dej\u00f3 consignado en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley N\u00famero 196 de 2011 de la C\u00e1mara de Representantes, donde al referirse a la justificaci\u00f3n de la modificaci\u00f3n introducida al proyecto inicialmente presentado sobre esta materia, puntualmente en lo que respecta al actual art\u00edculo 16, se se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. En primer lugar, se modifica el t\u00edtulo de la norma por uno m\u00e1s t\u00e9cnico y preciso, por cuanto el art\u00edculo regula tanto la prorrogabilidad como la improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. De otro lado, se precisa el alcance de la improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y de la competencia por los factores subjetivo y funcional, para evitar dudas en torno a las consecuencias de que el proceso sea iniciado y tramitado por un juez distinto del asignado por la ley en desatenci\u00f3n de estos factores. En virtud de la aclaraci\u00f3n realizada, queda claro que lo \u00fanico anulable es la sentencia y la actuaci\u00f3n procesal que adelante el juez despu\u00e9s de declarada su incompetencia, es decir, lo actuado ante el juez carente de jurisdicci\u00f3n o carente de competencia por los factores subjetivo y funcional es v\u00e1lido hasta que se advierta y declare tal circunstancia. Adem\u00e1s, se hace \u00e9nfasis en que la competencia por factores distintos del funcional y del subjetivo (objetivo, territorial y conexidad) es prorrogable, lo que implica que si no se pone en discusi\u00f3n oportunamente la falta de competencia queda radicada en el juez que inici\u00f3 el tr\u00e1mite, aunque originariamente no hubiere sido el competente con aplicaci\u00f3n de las dem\u00e1s reglas de competencia\u201d. <\/p>\n
Es decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que, aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La segunda de las autoridades judiciales involucradas debe asumir el conocimiento del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado D\u00e9cimo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n surtida al citado estrado judicial e informar lo decidido a la otra agencia involucrada en la contienda. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC140-2020, 24 ene. <\/p>\n
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