AC3091-2022 (2022-00385-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3091-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00385-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la solicitud de inscripci\u00f3n de la demanda formulada por Salvador Maestro SL dentro del tr\u00e1mite de reconocimiento del laudo arbitral internacional proferido el \u00ab29 de junio de 2021\u00bb por el Comit\u00e9 Jurisdiccional de la Real Federaci\u00f3n Espa\u00f1ola de F\u00fatbol, donde fue convocado Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo. <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 esa cautela sobre tres inmuebles que, se\u00f1ala, son propiedad de Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo, est\u00e1n ubicados en Medell\u00edn y se identifican as\u00ed: (I) \u00ab\u2026ubicado en la Carrera 77 # 60 – 70, interior 1211, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 01N-5426471\u00bb; (II) \u00ab\u2026ubicado en la Carrera 77 # 60 – 70, interior 99153, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 01N-5425416\u00bb y; (III) \u00ab\u2026ubicado en la Carrera 77 # 60 – 70, interior 02126, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 01N-54254780\u00bb (folios 1 y 2 del archivo digital \u201c0004Documento_Radicacion.pdf\u201d). <\/p>\n
2. La demandante aport\u00f3 copia de los certificados de tradici\u00f3n y libertad de dos de los predios referidos (\u00ab01N-5425416\u00bb y \u00ab01N-54254780\u00bb), donde aparece como como \u00faltimo adquiriente y propietario el convocado Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo (folios 18 y 25 del archivo digital \u201c0004Documento_Radicacion.pdf\u201d). <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n ofreci\u00f3 prestar cauci\u00f3n \u00ab\u2026con el fin de garantizar los perjuicios que se pudiesen ocasionar con el decreto y pr\u00e1ctica de las medidas solicitadas\u00bb (folio 2 del archivo digital \u201c0004Documento_Radicacion.pdf\u201d). <\/p>\n
4. El 18 de marzo del a\u00f1o en curso fue admitida la petici\u00f3n de reconocimiento del laudo arbitral y se requiri\u00f3 al actor aportar el folio de matr\u00edcula 01N-5426471 y prestar cauci\u00f3n por $39.000.000. <\/p>\n
5. El 18 de abril de 2022 el peticionario alleg\u00f3 el folio de matr\u00edcula requerido y p\u00f3liza de seguros afirmando que \u00absi bien\u2026 el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas \u2026 ya transcurri\u00f3\u2026 la gesti\u00f3n de la p\u00f3liza de seguros fue dif\u00edcil, teniendo en cuenta que el Tomador es una sociedad extranjera, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que en principio no permit\u00eda que tramitaran la solicitud\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia de medidas cautelares en el reconocimiento de laudos arbitrales internacionales <\/p>\n
1.1. Las medidas cautelares se caracterizan, seg\u00fan la jurisprudencia de la Sala, \u00abpor la transitoriedad y accesoriedad\u00bb porque, generalmente, \u00abgarantiza[n] los efectos de una sentencia futura ante el peligro que la tardanza del Estado en la rituaci\u00f3n del proceso (periculum in mora), o la propia conducta del obligado\u2026 ponga en riesgo el derecho del titular del cr\u00e9dito por la distracci\u00f3n que pueda hacer el obligado o causahabientes\u2026\u00bb (CSJ. SC3254-2021 del 4 de agosto de 2021. rad. n.\u00b0 2014-00084). <\/p>\n
Es de la esencia de algunas providencias cautelares \u00abmantener inmutada una situaci\u00f3n de hecho y derecho incierta o controvertida, que se teme pueda ser alterada por distintos eventos o por hechos imputables a las partes, proveyendo a hacer imposible su modificaci\u00f3n o por lo menos predisponiendo los medios para restablecer la situaci\u00f3n preexistente\u00bb1, lo que justifica que responda a \u00abla necesidad efectiva y actual de remover el temor de un da\u00f1o jur\u00eddico\u2026\u00bb2. <\/p>\n
Las medidas cautelares suelen tener dos requisitos gen\u00e9ricos de viabilidad: verosimilitud del derecho (fumus boni iuris o humo de buen derecho) y peligro en la demora de la decisi\u00f3n final (periculum in mora). <\/p>\n
La verosimilitud del derecho no radica en averiguar \u00abla certeza del derecho, sino la posibilidad o probabilidad de [su] existencia\u2026\u00bb3; tampoco exige un juicio certero e inmodificable sobre la procedencia de las pretensiones del solicitante, sino la probabilidad contingente que su reclamaci\u00f3n, solicitud, pretensi\u00f3n o derecho puede salir avante. Por su parte, el peligro de la demora consiste en la necesidad de tomar una medida provisional con miras a que se mantenga el estado de cosas vigente mientras se profiere la decisi\u00f3n final, en aras de hacer inoperante el fallo futuro. <\/p>\n
En algunas ocasiones, para decretar la cautela, el fallador debe examinar el cumplimiento espec\u00edfico de los anteriores requerimientos y de algunos adicionales. As\u00ed ocurre, por ejemplo, con las medidas cautelares innominadas en las que es menester evaluar la legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s de las partes, existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n de derechos, apariencia de buen derecho, necesidad, efectividad y proporcionalidad (arts. 590 lit. c del CGP, 32 de la ley 1563 de 2012 y 229 y ss. del CPACA). En otros eventos el legislador se\u00f1ala su procedencia abstracta dependiendo de factores como el derecho perseguido, la clase de cautela y la fase procesal en que procede; v\u00e9ase que la inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro del demandado procede desde el inicio en los procesos donde se pretenda el pago de perjuicios derivados de alguna clase de responsabilidad civil, siempre que el solicitante preste cauci\u00f3n (art. 590, #1, lit. 2 CGP), evento en que el fallador debe limitarse, por l\u00ednea de principio, a verificar esos requisitos. <\/p>\n
Como la funci\u00f3n protot\u00edpica de las medidas cautelares consiste en asegurar la eficacia de la decisi\u00f3n final, proceden tanto en los procesos que adelantan los jueces que encarnan de manera permanente la funci\u00f3n estatal de administrar justicia como en aquellos que surten particulares habilitados contractual y temporalmente por las partes para resolver controversias arbitrables, sin distinguir entre el car\u00e1cter local o internacional del arbitraje. <\/p>\n
1.2. En el arbitraje nacional proceden las mismas medidas cautelares consagradas en el C\u00f3digo General del Proceso o en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dependiendo si la controversia fuera conocida por la jurisdicci\u00f3n ordinaria o la contencioso administrativa. Se trata de una remisi\u00f3n normativa parcial a estos c\u00f3digos, seg\u00fan el tipo de asunto, donde se combinan los requisitos especiales previstos en el estatuto arbitral y en las leyes 1564 de 2012 y 1437 de 2011, seg\u00fan el caso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tambi\u00e9n son procedentes medidas cautelares probatorias o -lo que es lo mismo- que permitan \u00abrecaudar elementos de prueba\u2026 relevantes y pertinentes para la controversia\u00bb, las cuales pueden decretar y practicar tanto \u00e1rbitros al interior de tr\u00e1mites arbitrales, como todo aquel que ejerza funciones jurisdiccionales en cualquier clase de procesos (art. 32 ley 1563 de 2012). <\/p>\n
En cuanto al arbitraje internacional, las normas colombianas regulan dos tipos de medidas cautelares seg\u00fan qui\u00e9n las decrete. Las primeras son ordenadas por el panel arbitral, se ejecutan de manera directa, inmediata y sin necesidad de reconocimiento de la providencia cautelar ante esta corporaci\u00f3n, a menos que se presente alguna de las causas taxativas que justifican su inejecuci\u00f3n (art. 88 y 89 de la ley 1563 de 2012). Las segundas son decretadas por la autoridad judicial \u00abcon anterioridad a la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite arbitral o en el curso del mismo\u00bb, para lo cual proceder\u00e1 \u00abde conformidad con su propia ley procesal y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional\u00bb, sin que la petici\u00f3n tuitiva equivalga a desistimiento t\u00e1cito del pacto arbitral (arts. 90 y 71 ibidem). <\/p>\n
Uno de estos principios es el pro-reconocimiento o pro-ejecuci\u00f3n4, consagrado en la Convenci\u00f3n de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecuci\u00f3n de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, cuyo art\u00edculo III obliga a los Estados firmantes (dentro de los que est\u00e1 Colombia) reconocer la autoridad de la sentencia arbitral y conceder su ejecuci\u00f3n, siempre que se satisfagan las condiciones all\u00ed previstas. <\/p>\n
Algo similar se predica del art\u00edculo 4\u00ba de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975 (Convenci\u00f3n de Panam\u00e1), que le otorga \u00abfuerza de sentencia judicial ejecutoriada\u00bb a los laudos for\u00e1neos, am\u00e9n de que \u00ab[s]u ejecuci\u00f3n o reconocimiento podr\u00e1 exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros\u00bb. <\/p>\n
Para estos fines, el reconocimiento no podr\u00e1 someterse a \u00abcondiciones apreciablemente m\u00e1s rigurosas, ni honorarios o costas m\u00e1s elevados, que las aplicables al reconocimiento o a la ejecuci\u00f3n de las sentencias arbitrales nacionales\u00bb (art\u00edculo III de la Convenci\u00f3n de Nueva York); en otras palabras, ser\u00e1 improcedente imponer cargas m\u00e1s onerosas al reconocimiento, que aquellas establecidas para el arbitraje local5, disposici\u00f3n que es reflejo del art\u00edculo 114 de la ley 1563 de 2012. <\/p>\n
En consecuencia, el principio pro-ejecuci\u00f3n o pro-reconocimiento es una herramienta jur\u00eddica que garantiza favorabilidad para la homologaci\u00f3n y, por tanto, la eficacia de laudos arbitrales internacionales, en tanto hace preferible otorgar fuerza vinculante al laudo en el pa\u00eds en que se promueve el reconocimiento, a\u00fan en casos de duda, salvo que deba rechazarse con base en alguna de las causales taxativas de denegaci\u00f3n (CSJ SC9909-2017, rad. 2014-01927-00, 12 jul. 2017). <\/p>\n
Comoquiera que el relatado principio pro-reconocimiento o pro-ejecuci\u00f3n procura que el laudo arbitral internacional tenga eficacia al interior de un Estado particular sin tr\u00e1mites y requisitos injustificados o engorrosos, de su n\u00facleo se desprende que ante la autoridad judicial que conoce el reconocimiento tambi\u00e9n puede solicitarse la expedici\u00f3n de providencias cautelares orientadas a garantizar la efectividad de la decisi\u00f3n final, siempre que se satisfagan las exigencias correspondientes. Por supuesto, la estructura abierta del principio, al carecer de supuesto de hecho y consecuencia jur\u00eddica, no desarrolla aspectos espec\u00edficos como cu\u00e1les son las cautelas procedentes, sus requisitos, cargas de las partes, forma de practicarlas, modificarlas o levantarlas, entre otros, los cuales pueden ser establecidos mediante una regla jur\u00eddica que tambi\u00e9n colme ese vac\u00edo normativo parcial. <\/p>\n
El Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (ley 1563 de 2012) se abstuvo de remitir de manera gen\u00e9rica al C\u00f3digo General del Proceso en los aspectos no regulados. Sin embargo, el art\u00edculo 1\u00ba de esta segunda obra lo hace aplicable \u00ab\u2026a todos los asuntos de cualquier jurisdicci\u00f3n o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no est\u00e9n regulados expresamente en otras leyes\u00bb. <\/p>\n
Esto quiere decir que los vac\u00edos sobre las medidas cautelares en el marco del reconocimiento de laudos arbitrales internacionales, por tratarse de un asunto jurisdiccional que carece de regulaci\u00f3n en la ley de arbitraje, se llenan seg\u00fan el precepto 12 del C\u00f3digo General del Proceso que consagra el principio general de analog\u00eda: <\/p>\n
Cualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente c\u00f3digo se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos. A falta de estas, el juez determinar\u00e1 la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, el uso de la analog\u00eda tambi\u00e9n procede como principio general del derecho consagrado en el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 153 de 1887: <\/p>\n
Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicar\u00e1n las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. <\/p>\n
En consecuencia, las reglas aplicables a las medidas cautelares en el tr\u00e1mite de reconocimiento de laudos arbitrales internacionales se determinan de acuerdo con las disposiciones que regulen casos an\u00e1logos, las cuales deben aplicarse e interpretarse sin pasar por alto que las normas sobre arbitraje tienen origen internacional, propenden por su aplicaci\u00f3n uniforme, imponen la buena fe y la vigencia de los dem\u00e1s principios que las sustentan. <\/p>\n
2. Procedencia de la inscripci\u00f3n de la demanda en el caso concreto <\/p>\n
2.1. En raz\u00f3n a que el promotor del asunto de la radicaci\u00f3n solicit\u00f3 decretar la inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes del convocado, las normas an\u00e1logas y, por tanto, subsumibles para resolver la petici\u00f3n son los art\u00edculos 590 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso que se ocupan de esa cautela, los cuales ser\u00edan aplicables a una hipot\u00e9tica petici\u00f3n ante un panel arbitral nacional por disposici\u00f3n del canon 32 de la ley 1563 de 2012, dado que las partes involucradas son particulares. <\/p>\n
2.1.1. Se debe tener como cumplido el requisito previsto en el precepto 590, #1, lit. b, del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en que con la inscripci\u00f3n de la demanda se busque garantizar el pago de perjuicios derivados de responsabilidad civil contractual o extracontractual, pues el laudo que pide ser reconocido conden\u00f3 al convocado a pagar cincuenta mil d\u00f3lares (USD$50.000) con ocasi\u00f3n del incumplimiento del acuerdo de voluntades celebrado por las partes. <\/p>\n
2.1.2. Tambi\u00e9n est\u00e1 satisfecha la exigencia atinente a que los bienes pertenezcan al demandado, pues los certificados de libertad y tradici\u00f3n 01N-5425416, 01N-54254780 y 01N-5426471 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn prueban el dominio en cabeza de Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo. <\/p>\n
2.1.3. De forma similar est\u00e1 acreditada la exigencia plasmada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con prestar cauci\u00f3n por el 20% de las pretensiones, pues al momento de resolver sobre la solicitud cautelar fue presentada p\u00f3liza de seguros por valor de treinta y nueve millones de pesos colombianos (COP$39.000.000). <\/p>\n
Si bien la p\u00f3liza se aport\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del t\u00e9rmino judicial concedido para hacerlo, ello no impide decretar la medida cautelar. La Sala ha dicho que el tiempo suele ser un requisito general de viabilidad de los actos procesales que impone ejercerlos en la oportunidad adecuada \u00absi no se desea soportar las consecuencias enojosas del incumplimiento\u00bb, pues su transcurso \u00abcrea, modifica y extingue tambi\u00e9n los derechos procesales concretos\u00bb6, para lo cual debe repararse en el tipo de t\u00e9rmino que se trate. Si es legal, es decir, concretado por el legislador y la competencia del funcionario judicial se contrae, solamente, a verificar si se cumpli\u00f3 o no (art. 117 CGP), se caracteriza por ser improrrogable y no puede ser ampliado, recortado, ni adicionado por el fallador, adem\u00e1s de perentorio, esto es, su fenecimiento ocasiona consecuencias fatalmente objetivas, pues una vez \u00abvencidos, producen la caducidad del derecho, sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria. La extinci\u00f3n del derecho se produce por la sola naturaleza del t\u00e9rmino, lo que quiere decir que se realiza por ministerio de la ley\u00bb, en virtud de que \u00abvencido el \u00faltimo d\u00eda, se extingui\u00f3 definitivamente la posibilidad de realizar el acto procesal\u00bb7 (CSJ AC2418, rad. 2020-1298, 17 jun. 2021). <\/p>\n
Cosa diversa se presenta en los t\u00e9rminos judiciales, es decir, aquellos que establece el fallador a su prudente arbitrio, los cuales son prorrogables cuando se invoque una justa causa antes de su fenecimiento, sin que respecto de ellos se establezca, para todos los casos, la perentoriedad (art. 117 CGP). <\/p>\n
Si bien la cauci\u00f3n fue presentada luego del vencimiento del t\u00e9rmino concedido para aportarla, la naturaleza judicial del plazo concedido y de la solicitud no tornan improcedente la cautela solicitada. Esto es as\u00ed porque si llegara a pensarse que en esta oportunidad deb\u00eda negarse la cautela por vencimiento del lapso judicial concedido, nada impedir\u00eda que en el futuro volviera a solicitarse, dado que no existe regla o principio alguno que lo impida. <\/p>\n
Adem\u00e1s, decretar la medida cautelar dirigida a asegurar el cumplimiento de la decisi\u00f3n que reconozca el laudo arbitral internacional, en vez de negarla, es la que m\u00e1s consulta el principio pro-reconocimiento o pro-ejecuci\u00f3n, el cual debe tener eficacia en el caso concreto por mandato expreso del art\u00edculo 64 de la ley 1563 de 2012, sobre todo cuando, prima facie, no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna de las causales que impiden reconocer el laudo internacional (lit. b, art. 112 ejusdem). <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, por resultar procedente la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda y haberse cumplido sus requisitos, se decreta y, por tanto, ordena practicarse de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el magistrado ponente resuelve: <\/p>\n
1. Ordenar la inscripci\u00f3n de la demanda de solicitud de reconocimiento de laudo arbitral extranjero sobre los bienes inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula 01N-5425416, 01N-54254780 y 01N-5426471 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, que pertenecen a convocado Marco Jhonnier P\u00e9rez Murillo. Por secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones correspondientes. <\/p>\n
2. Practicada la anterior medida cautelar, deber\u00e1 el demandante cumplir con las cargas atinentes a la notificaci\u00f3n personal seg\u00fan lo ordenado en el auto de 18 de marzo de 2022. <\/p>\n
Cumplido lo anterior y vencido el t\u00e9rmino del convocado para pronunciarse, regrese el expediente al despacho para el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
1\u0002 ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Cvil, Tomo V, Parte Especial, Proceso Cautelar, Ed. Temis \u2013 De palma, 1977, p. 16. <\/p>\n
2\u0002 CHIOVENDA, Jos\u00e9. Principios de derecho civil, Ed. Reus S.A., 1977, p. 283. <\/p>\n
3\u0002 ROCCO, Ugo. Ob. Cit., p. 98. <\/p>\n
4\u0002 BORN, Gary B. Arbitraje Internacional: Norma y pr\u00e1ctica, 2\u00aa Ed., Wolters Kluwer, 2012, p. 379. <\/p>\n
5\u0002 Suprema Corte de Juzgamiento de Canad\u00e1, 20 may. 2010, Caso n\u00b0 32738, Yugraneft Corp. v. Rexx Management Corp. <\/p>\n
6\u0002 COUTURE, EDUARDO J. Fundamentos de derecho procesal civil. Depalma editores, 3ra edici\u00f3n, Buenos Aires, 1958, p. 174. <\/p>\n
7\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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