AC3094-2022 (2017-00485-01)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-035-2017-00485-01 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
<\/p>\n
AC3094-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-035-2017-00485-01 <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
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Respecto de la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia de 24 de marzo de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso promovido por Johana Carolina Maldonado L\u00f3pez contra Ronald Torres L\u00f3pez y Jonathan Mauricio L\u00f3pez Garc\u00eda, la Corte observa lo siguiente: <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 declarar que los convocados no pagaron sus aportes sociales en Mundolimpieza S.A.S. y, por consecuencia, ordenar su exclusi\u00f3n como socios de tal ente, con la inscripci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente deprec\u00f3 declarar v\u00e1lidos: I) la transformaci\u00f3n de la sociedad de Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada; II) el pago que ella realiz\u00f3 respecto de los aportes dejados de pagar por los convocados; III) los incrementos de capital realizados despu\u00e9s de la exclusi\u00f3n citada; y IV) la venta de acciones que la accionante realiz\u00f3 a favor de Celmira L\u00f3pez Casta\u00f1eda. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Una vez surtido el tr\u00e1mite de rigor, con oposici\u00f3n expresa del convocado Ronald Torres L\u00f3pez, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le fue reasignado el caso, con sentencia del 27 de octubre de 2020 deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ese distrito judicial, el 24 de marzo de 2022 desat\u00f3 el remedio vertical propuesto por la peticionaria, confirmando la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La solicitante interpuso recurso de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, el cual fue concedido por el Tribunal el 21 de junio de 2022, por considerar que las pretensiones son de naturaleza declarativa, pero no esencialmente econ\u00f3micas. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El recurso de casaci\u00f3n tiene la condici\u00f3n de extraordinario, en tanto no pretende la revisi\u00f3n del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparaci\u00f3n del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, seg\u00fan el art\u00edculo 333 del citado estatuto procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
Por esta naturaleza, la normatividad estableci\u00f3 requisitos rigurosos para su admisi\u00f3n, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo permita. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de admisi\u00f3n, en este contexto, entra\u00f1a la cuidadosa labor de verificaci\u00f3n, sin que la Corte pueda obviar el an\u00e1lisis de alguno de tales requisitos, aunque el juzgador de instancia haya emitido decisi\u00f3n previa, en tanto debe constatar que la concesi\u00f3n del remedio extraordinario no desconozca el ordenamiento jur\u00eddico y, de haberlo hecho, advertir la situaci\u00f3n al funcionario competente, para que \u00e9ste examine su decisi\u00f3n, devolviendo el expediente con la indicaci\u00f3n de la concesi\u00f3n prematura de la impugnaci\u00f3n (AC, 4 jul. 2013, rad. n.\u00b0 2010-00109-01, entre otros). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En punto al inter\u00e9s para recurrir, el art\u00edculo 338 \u00eddem dispone que podr\u00e1 acudirse en casaci\u00f3n cuando \u00ab\u2026el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv)\u2026\u00bb, lo cual deber\u00e1 revisar el Tribunal con base en los elementos de juicio obrantes en el expediente, sin perjuicio de que el actor anexe dictamen pericial si lo considera conveniente, como lo establece el art\u00edculo 339 ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
Como novedad, el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem prescribe que \u00ab[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte…\u00bb, estableciendo as\u00ed restricci\u00f3n a la actividad del m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, esta regla no puede entenderse como imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia del quantum de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues tal hermen\u00e9utica vaciar\u00eda de contenido y finalidad el acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia del inter\u00e9s para recurrir, que simplemente ser\u00eda soslayado en los casos en que el fallador tomara decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio acopiado en el plenario, con la consecuente afectaci\u00f3n del principio de la legalidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Para evitar tal yerro es necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita darle val\u00eda a la norma, por encima de la que le resta, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, con la indicaci\u00f3n de las razones que soportan el pedimento (cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01; AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC6105, 13 sep. 2016, rad. n\u00b0 2006-00397-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n\u00b0 2012-00116-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Realizadas estas precisiones recuerda la Corte que el art\u00edculo 338 de la ley 1564 de 2012 prescribe que \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso [de casaci\u00f3n] procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, a partir de la nueva regulaci\u00f3n, qued\u00f3 circunscrito a los casos en que las s\u00faplicas del demandante sean esencialmente econ\u00f3micas, esto es, que el componente monetario sea \u00ab[s]ustancial, principal, notable\u00bb1, sin perjuicio de los casos de excepci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Con otras palabras, el inter\u00e9s para recurrir es un requerimiento para la concesi\u00f3n o admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, salvo en los siguientes procesos: (i) declarativos cuyas pretensiones carecen del elemento patrimonial o \u00e9ste no es esencial en la controversia; (ii) declarativos en que se cuestiona el estado civil -impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones materiales de hecho-; y (iii) \u00ablas acciones populares y de grupo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n, adicionalmente, encuentra soporte en el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual dispone que el remedio de marras procede contra las sentencias dictadas por los tribunales superiores \u00aben toda clase de procesos declarativos\u00bb, sin imponer una determinada afectaci\u00f3n. De manera que, el canon 338, tiene una naturaleza excepcional, por lo que su aplicaci\u00f3n se restringe a los casos en que \u00ablas pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas\u00bb, no as\u00ed para los dem\u00e1s. <\/p>\n
<\/p>\n
Este es el entendimiento que ha iluminado a la Corte para desatar otros casos, como se advierte en las providencias AC3077, 19 may. 2016, rad. n\u00b0 2013-00094-01; AC011, 12 ene. 2017, rad. n\u00b0 2016-03077-00; AC7384, 3 nov. 2017, rad. n\u00b0. 2013-11183; AC005, 12 ene. 2018, rad. n\u00b0. 2017-03271; y AC746, 26 feb. 2018, rad. 2018-00038, entre muchas otras. <\/p>\n
<\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad del mencionado art\u00edculo 338, a saber: \u00abel requisito de la cuant\u00eda no es aplicable cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente econ\u00f3micas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil\u00bb (C-213\/2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En este orden y aplicadas las precedentes nociones al caso bajo estudio, observa este Despacho que la demandante manifest\u00f3 en su libelo que, seg\u00fan los estatutos y \u00faltimas determinaciones de Mundolimpieza, la entidad est\u00e1 conformada \u00fanicamente por tres socios, la promotora y los dos convocados, teniendo una participaci\u00f3n cada uno, en su orden, de 308.000, 126.000 y 266.000 cuotas. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto, la prosperidad de la petici\u00f3n de exclusi\u00f3n de los dos convocados como socios de la entidad de marras implicar\u00eda, sin m\u00e1s y con independencia de la vocaci\u00f3n de prosperidad de esa s\u00faplica -lo que no es materia de debate en este estadio procesal-, que la promotora quedar\u00eda como \u00fanica socia de Mundolimpieza, de donde brota innegablemente que la pretensi\u00f3n tiene contenido pecuniario, lo que es diametralmente distinto a que vengan o no acompa\u00f1ados de una petici\u00f3n indemnizatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que en la eventualidad de colegir que los enjuiciados omitieron el pago de sus aportes sociales y que por tal pretermisi\u00f3n deben ser excluidos del ente moral, s\u00f3lo quedar\u00eda una socia habilitada como titular de todas las cuotas de inter\u00e9s o, dicho en otros t\u00e9rminos, como \u00fanica socia, por lo cual ingresar\u00edan a su patrimonio, per se, las cuotas de inter\u00e9s de los demandados o la totalidad de las existentes tras la correspondiente modificaci\u00f3n estatutaria. <\/p>\n
<\/p>\n
De ah\u00ed que surge palmario que la acci\u00f3n ejercida as\u00ed no comprenda una aspiraci\u00f3n resarcitoria tiene trasfondo econ\u00f3mico, porque la causa para pedir y la consecuencia para la accionante en \u00faltimas es traer a su patrimonio la participaci\u00f3n accionaria total de Mundolimpieza -it\u00e9rase- con independencia de la vocaci\u00f3n de prosperidad de esa s\u00faplica. <\/p>\n
5. Ahora, si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n en AC390 de 12 feb. 2019 (rad. 2018-03179-00) sostuvo que en determinados eventos la pretensi\u00f3n, como la impugnaci\u00f3n de actas de asamblea general de accionistas, refiere a la legalidad de estas, lo cierto es que esa misma providencia tambi\u00e9n dej\u00f3 sentado que, en orden a determinar si los pedimentos de ese tipo tienen viso cremat\u00edstico, no solo debe verificarse el objeto de estos, sino deducir tal aspecto a partir del estudio de su causa petendi. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior permite reiterar que de forma espec\u00edfica para cada caso ser\u00e1 menester evaluar si la aspiraci\u00f3n de la parte actora comporta una de tipo esencialmente econ\u00f3mico, con base en los hechos que la sostienen y sus consecuencias, para lo cual es indiferente que ese pedimento venga o no seguido de uno de tipo indemnizatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo tanto, el Tribunal estaba en la obligaci\u00f3n de verificar el requisito del inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir en casaci\u00f3n examinando el detrimento pecuniario inferido a la impugnante con el fallo cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Am\u00e9n de lo anotado, de destacar que no es viable habilitar nueva oportunidad procesal para que los impugnantes acrediten su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, al tenor de la regulaci\u00f3n plasmada en el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre el cual esta Corte tiene decantado que el inconforme con la sentencia de segunda instancia puede aportar dictamen pericial para acreditar el inter\u00e9s que le asiste para acudir a la casaci\u00f3n, a m\u00e1s tardar con la interposici\u00f3n del recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
De ese modo, para calcular el valor de la desventaja sufrida por el extremo vencido, deber\u00e1n auscultarse, en l\u00ednea de principio, como acertadamente lo destac\u00f3 el juez de segundo grado, \u00fanicamente las probanzas obrantes en el paginario, toda vez que, la parte inconforme no hizo uso de la potestad que le confiere el canon 339 del C\u00f3digo General del Proceso de presentar con su censura un dictamen pericial para tal prop\u00f3sito, ni el certificado que diera cuenta del aval\u00fao catastral para el a\u00f1o 2019, no siendo viable, como ahora pretende, el decreto de otros medios probatorios por parte del despacho de conocimiento, habida cuenta que, \u00ab(\u2026) en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Cuerpo Colegiado de Jueces, no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente, aspecto esencial de la nueva ley adjetiva civil, en cuanto al tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, fue el hecho de que para su concesi\u00f3n, en aquellos eventos en que sea necesario establecer la cuant\u00eda del inter\u00e9s del impugnante, no podr\u00e1 el juzgador -como anta\u00f1o- acudir al decreto de prueba pericial, sino que deber\u00e1 estarse a los precisos elementos de juicio que obren en la encuadernaci\u00f3n, trasladando al casacionista la carga de aportar un dictamen cuando este considere que aquellos son insuficientes para tal fin, con el cual el juzgador decidir\u00e1 de plano sobre su procedencia, pues tampoco habilit\u00f3 un tr\u00e1mite de objeci\u00f3n respecto de la pericia allegada, como mecanismo para evitar la dilaci\u00f3n que tales actuaciones generaban. (AC1619 de 2022, rad. 2022-01021, en igual sentido AC5719-2021, rad. 2020-02788-00 y AC1294-2022, rad. 2022-00790). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Lo expuesto es suficiente para concluir que el Tribunal decidi\u00f3 de manera apresurada la concesi\u00f3n del recurso, haci\u00e9ndose necesario que eval\u00fae si realmente existe o no inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en la demandante como \u00fanica impugnante, y tome la decisi\u00f3n que considere pertinente considerando los aspectos aludidos en este prove\u00eddo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Declarar prematuro el pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, al conceder el recurso extraordinario, dentro del proceso de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen, para que proceda como le compete. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola. <\/p>\n
3 <\/p>\n
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