AC3195-2022 (2011-00235-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3195-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-006-2011-00235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la sociedad Distribuciones Axa S.A.S. pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 18 de diciembre de 2020. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso de \u00abterminaci\u00f3n de contrato\u00bb que instaur\u00f3 en contra de la sociedad Distribuciones Universal S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La sociedad Distribuciones Axa S.A.S. pidi\u00f3 que se declarara la terminaci\u00f3n y\/o disoluci\u00f3n del contrato de cuentas en participaci\u00f3n celebrado con la sociedad demandada el 24 de mayo de 2006, as\u00ed como el otros\u00ed suscrito el 1\u00ba de abril de 2008. Lo anterior como consecuencia del acaecimiento de la causal consagrada en el literal j) de la cl\u00e1usula decimosexta (16) del contrato, que a su tenor literal indica que \u00abcuando se presenten p\u00e9rdidas equivalentes al valor del aporte de cualquiera de los part\u00edcipes\u00bb. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1. Los litigantes celebraron contrato de cuentas en participaci\u00f3n el 24 de mayo de 2006, cuyo objeto se circunscribi\u00f3 a desarrollar y explotar operaciones mercantiles de distribuci\u00f3n de productos masivos, alimentos, farmac\u00e9uticos, miscel\u00e1nea y dem\u00e1s, a efectos de \u00abque permitan realizar la distribuci\u00f3n por parte del PARTICIPE GESTOR (Distribuciones Axa S.A.S.) de forma gradual en la regi\u00f3n Caribe de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia del incendio ocurrido el 20 de marzo del 2008, en las bodegas de las partes, estas se reunieron el 29 de marzo siguiente con el objetivo de \u00abexaminar los estragos del incendio y terminar de com\u00fan acuerdo el contrato de cuentas en participaci\u00f3n en virtud de las p\u00e9rdidas acumuladas de la operaci\u00f3n comercial\u00bb. Pese a que esa fue la finalidad inicial, finalmente los asociados pactaron un otros\u00ed. No obstante, el demandante asevera que persistieron las p\u00e9rdidas de la operaci\u00f3n comercial, lo que los empuj\u00f3 a reunirse el 25 de junio de 2009. En dicha reuni\u00f3n acordaron que \u00abera \u201cnecesario cerrar la Operaci\u00f3n pues son muy altas las p\u00e9rdidas acumuladas\u201d y que el representante legal de la demandada ofrec\u00eda \u201ctodo su esfuerzo y trabajo para recaudar la cartera en el momento en que se cierre la operaci\u00f3n para no perder m\u00e1s dinero\u201d\u00bb. Por ende, aduce que el representante legal de la pasiva se oblig\u00f3 a recaudar la cartera de la operaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, se \u00abprocedi\u00f3 a iniciar el recaudo de la cartera y a negociar el inventario existente\u00bb. <\/p>\n
En concordancia con lo expuesto, la activa remiti\u00f3 a Distribuciones Universal Ltda. el 10 de septiembre del 2010 el acta de terminaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de contrato de cuentas en participaci\u00f3n. La sociedad demandada devolvi\u00f3 la comunicaci\u00f3n suscrita y autenticada, \u00abraz\u00f3n por la cual, se deber\u00e1 proceder a la terminaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n del referido contrato de cuentas en participaci\u00f3n, conforme a los centros de costos y a lo contemplado en el C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 04 de marzo del 2011, se celebr\u00f3 ante la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho. No obstante, no hubo acuerdo entre los convocados. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el apoderado de la demandada manifest\u00f3 como ciertos unos hechos, neg\u00f3 otros y afirm\u00f3 no constarle el resto. Si bien no propuso excepciones de m\u00e9rito, frente a los enunciados f\u00e1cticos aleg\u00f3 que, durante la ejecuci\u00f3n contractual, el part\u00edcipe gestor fue desidioso, inexperto, negligente, inepto, torpe e incompetente. Y, adicionalmente, que actu\u00f3 con una \u00abdeliberada y calculada culpa\u00bb, comoquiera que s\u00f3lo asegur\u00f3 el 53.92% de la mercanc\u00eda en inventario. En consecuencia, la compa\u00f1\u00eda de seguros, al momento de atender la reclamaci\u00f3n efectuada por el part\u00edcipe inactivo (Distribuciones Universal Ltda.) solo \u00abpudo reconocer y pagar como p\u00e9rdidas netas, por la ocurrencia del siniestro, la suma de (\u2026) ($458,625.691.oo)\u00bb pese a que las p\u00e9rdidas ascend\u00edan a $927.340.381. <\/p>\n
Ante tales hechos, asever\u00f3 que es la demandante a quien le incumbe responder por el monto de las p\u00e9rdidas del incendio que no fueron cubiertas por el seguro. Adicionalmente, debe atenderse a lo ordenado por el canon 511 del C\u00f3digo de Comercio, que exonera al part\u00edcipe inactivo de responsabilidad diferente a la del monto de su aporte. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, el cual -con sentencia del 12 de abril de 2019-neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandante contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal con sentencia del 18 de diciembre de 2020. All\u00ed se confirm\u00f3 en su totalidad el fallo del a quo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal dividi\u00f3 su providencia en los reparos concretos esbozados por el demandante. Como primer punto, estudi\u00f3 la presunta indebida interpretaci\u00f3n de la demanda, frente a lo cual acot\u00f3 que la fijaci\u00f3n del litigio no se efectu\u00f3 de manera arbitraria. Ciertamente, s\u00ed se plante\u00f3 como problema jur\u00eddico el determinar si la causal de terminaci\u00f3n aducida por el demandante hab\u00eda acaecido para el a\u00f1o 2010 pues, \u00abla demanda fue presentada en el a\u00f1o 2011 luego las p\u00e9rdidas alegadas se deben buscar consolidadas al 31 de diciembre de 2010, en los estados financieros del a\u00f1o inmediatamente anterior, \u00faltimo periodo fiscal antes de la presentaci\u00f3n del libelo\u00bb. Tampoco observa el Despacho que la sentencia apelada adolezca de ausencia de motivaci\u00f3n pues \u00abla jueza s\u00ed ofreci\u00f3 las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales, debido a los hechos que encontr\u00f3 probados, decidi\u00f3 en la forma que ac\u00e1 ya se sintetiz\u00f3, con independencia de su acierto\u00bb. <\/p>\n
Como segundo punto, sobre la alegada indebida interpretaci\u00f3n del contrato y las normas que lo rigen, evidenci\u00f3 que el \u00abel reparo se dirige en contra de una conclusi\u00f3n de la sentencia que resulta irrelevante para sostener lo decidido, que se fund\u00f3 realmente en la ausencia de prueba del monto de la p\u00e9rdida acumulada\u00bb. Y es que si bien para la sentenciadora de primera instancia \u00abla parte demandada realiz\u00f3, adem\u00e1s del pago del capital, aportes en especie que no se valoraron en el contrato, ni aparecen valorados en el proceso, por lo que es indeterminable el valor del aporte de esta parte\u00bb, lo cierto es que \u00abello resulta irrelevante de cara a lo que ac\u00e1 se debe resolver\u00bb porque \u00absi la causal invocada para la terminaci\u00f3n contractual alude a la existencia de p\u00e9rdidas equivalentes al valor del aporte de cualquiera de los part\u00edcipes, y no amerita duda que cuando menos el valor del aporte del gestor (demandante) ascendi\u00f3 a $200.000.000, como as\u00ed se concluy\u00f3 en aspecto que no es materia de alzada, es evidente que con solo encontrarse acreditadas p\u00e9rdidas que superen esa cuant\u00eda se configurar\u00eda la causal de terminaci\u00f3n que soporta la demanda, as\u00ed en verdad pudiera sostenerse que el aporte de la demandada fuera superior y no se encuentra probado, asunto que se reitera no compete a este proceso\u00bb. Aunado a lo anterior, advirti\u00f3 que el apelante no concret\u00f3 la manera como los aspectos te\u00f3ricos expuestos fueron mal interpretados o desconocidos en la sentencia de instancia. Por lo tanto, los argumentos esbozados no son suficientes para modificar el fallo apelado. <\/p>\n
En tercer lugar, en cuanto a la indebida valoraci\u00f3n probatoria sobre la existencia de la causal de terminaci\u00f3n invocada, estim\u00f3 que es cierto que la juez invoc\u00f3 su condici\u00f3n de administradora de empresas para leer los anexos de la certificaci\u00f3n de revisor fiscal que se aport\u00f3 con la demanda para acreditar la p\u00e9rdida como causal de terminaci\u00f3n y frente al balance general en la cuenta de inventario. Sin embargo, asever\u00f3 que no se encuentra que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la a quo haya acudido a su conocimiento privado para tener por acreditado un hecho que carec\u00eda de prueba en el proceso. Lo que hizo fue construir una regla para analizar la informaci\u00f3n contable adosada a la demanda, ofreciendo razones para justificar la debilidad del poder persuasivo de la certificaci\u00f3n del revisor fiscal, poniendo en duda la credibilidad de la informaci\u00f3n contenida en sus anexos, documentos que a su vez le sirvieron de soporte a su autor. La anterior regla incluso pudo formularse con total abstracci\u00f3n a la condici\u00f3n que dijo tener de administradora de empresas, pues se fund\u00f3 en aspectos objetivos ampliamente documentados en el expediente (la existencia del incendio de marzo de 2008 que afect\u00f3 todo el inventario y la informaci\u00f3n que, en la cuenta de inventario del a\u00f1o 2008, ofrece el balance general de esa anualidad), sin acudir a alguna noci\u00f3n, regla o conocimiento propio de esa disciplina\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a los testigos citados a petici\u00f3n de la demandante (Carlos Isa\u00edas Garz\u00f3n y Mar\u00eda Camila Acu\u00f1a Vergel) y a cuyas declaraciones se les rest\u00f3 m\u00e9rito probatorio por haberse encontrado dependencia laboral con la parte activa, estim\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEn el presente caso, en la versi\u00f3n de los mismos testigos Carlos Isa\u00edas Garz\u00f3n (gerente administrativo de Distribuciones AXA desde octubre de 1999, encargado del soporte de asuntos administrativos del contrato y del manejo de seguros de la empresa) y Mar\u00eda Camila Acu\u00f1a Vergel (preside la Junta Directiva de Distribuciones AXA desde hace 2 a\u00f1os, y antes era miembro de esa misma Junta; entre los a\u00f1os 2008 y 2011 fue subgerente de AXA, a cargo toda la parte administrativa, financiera y contable) consta que son dependientes de la sociedad demandante desde hace bastante tiempo, y la intervenci\u00f3n que tuvieron en los hechos relacionados con el contrato objeto del proceso, de donde la a quo deriv\u00f3 la existencia de circunstancias que afectaban su credibilidad. Adem\u00e1s, en su alegato de conclusi\u00f3n la parte demandada calific\u00f3 de sospechosa a la declarante Mar\u00eda Camila Acu\u00f1a Vergel. En las anteriores circunstancias y de manera acorde con su rol de directora del proceso, no existe ning\u00fan reparo a la conducta de la juez de ser m\u00e1s estricta o severa con la valoraci\u00f3n de estos dos testimonios, en atenci\u00f3n a las circunstancias actuales en que esos testigos se encuentran en relaci\u00f3n con la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en torno a la valoraci\u00f3n del certificado del revisor fiscal que se present\u00f3 con la demanda para acreditar el monto de las p\u00e9rdidas advirti\u00f3 que no son de recibo los reproches esbozados en torno a la valoraci\u00f3n que se hizo del documento pues \u00abla prueba, en la forma c\u00f3mo fue presentada, lejos est\u00e1 de llevar al juzgador el convencimiento o la certeza del monto de las p\u00e9rdidas que arroj\u00f3 el desarrollo del contrato de cuentas en participaci\u00f3n objeto del proceso\u00bb. Desde otra perspectiva, observ\u00f3 que no es cierto que la demandada no hubiera controvertido tal documento, pues en la contestaci\u00f3n, Distribuciones Universal S.A. lo critic\u00f3 por deficiencias en la contabilidad. Por el otro, \u00abas\u00ed el demandado no hubiera criticado ese documento, tal situaci\u00f3n no obligaba de manera autom\u00e1tica al juez a acoger su contenido. Por el contrario, en primer lugar, la prueba debe ser sometida a una evaluaci\u00f3n individual para determinar si re\u00fane sus requisitos intr\u00ednsecos y, luego s\u00ed, a una valoraci\u00f3n en conjunto con las dem\u00e1s pruebas recolectadas, de conformidad con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, evidenci\u00f3 que la aludida certificaci\u00f3n, que no balance, \u00abse limit\u00f3 a se\u00f1alar unas cifras en miles de pesos, respecto del P&G y los anexos, sin informar con claridad el origen de la informaci\u00f3n, si la contabilidad de donde se tom\u00f3 tales datos era llevada de acuerdo con las prescripciones legales; si los libros se encontraban registrados en la C\u00e1mara de Comercio (para los a\u00f1os gravables en que este requisito estaba vigente); si las operaciones estaban respaldadas por comprobantes internos y externos, ni contener alg\u00fan grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretend\u00edan demostrarse\u00bb. Por ende, a juicio del Tribunal, no era un elemento de convicci\u00f3n suficiente para dar por acreditados los hechos en que se basaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Tales irregularidades no fueron corregidas con el documento aportado por el representante legal en la audiencia inicial pues no es una prueba oportuna y regularmente aportada al proceso. Sin perjuicio de lo anterior, \u00ablo cierto es que este documento de fecha 13 de marzo de 2019, no clarifica el origen de la informaci\u00f3n ni ofrece elementos para fortalecer su fuerza de convicci\u00f3n, pues justifica su informaci\u00f3n y forma de presentaci\u00f3n en que fue un documento presentado a las partes (respuesta al comentario c del numeral 1\u00ba)\u00bb. Dichas circunstancias conllevaron a que se concluyera que la causal de p\u00e9rdida invocada \u00abno fue demostrada con documentos contables s\u00f3lidos y con indiscutible respaldo, pues el aportado carece de suficiencia en el origen de la informaci\u00f3n y no re\u00fane los requisitos m\u00ednimos esperados de un certificado de revisor fiscal, por lo que no resulta id\u00f3neo para generar el convencimiento para el cual fue presentado\u00bb. <\/p>\n
A su turno, tal medio de prueba contrasta con lo declarado por Jos\u00e9 Abdal\u00e1, quien trabaj\u00f3 para la demandada y fue el encargado de la gesti\u00f3n del contrato de cuentas en participaci\u00f3n hasta su retiro. El testigo \u00abindic\u00f3 que a partir del tercer o cuarto mes de ejecuci\u00f3n del contrato se alcanz\u00f3 el punto de equilibrio, que en el primer a\u00f1o m\u00f3vil la utilidad fue m\u00ednima, por ah\u00ed de $10.000.000, que en algunos meses hab\u00eda utilidades, en otras p\u00e9rdidas, pero que en el acumulado del periodo en el que estuvo (desde mediados de 2006 hasta finales de abril comienzos de mayo de 2008 \u2013 40 d\u00edas luego del incendio del 20 de marzo de 2008) no recuerda una p\u00e9rdida acumulada superior a los $100.000.000\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tales circunstancias le restan a\u00fan m\u00e1s m\u00e9rito convictivo al testimonio de Mar\u00eda Camila Acu\u00f1a Vergel, cuyo relato sigui\u00f3 de cerca las cifras contenidas en la certificaci\u00f3n del revisor fiscal. Adem\u00e1s, para el Tribunal \u00abcarece de sentido afirmar que para cuando se firm\u00f3 el otro s\u00ed, 1\u00ba de abril de 2008, ya se superaban las p\u00e9rdidas del 50% del aporte del negocio, pues en condiciones normales nadie asume la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico o continua la ejecuci\u00f3n de un contrato cuando, desde el mismo acto de su celebraci\u00f3n, ya el negocio se encuentra en causal de terminaci\u00f3n y ello es conocido por las partes\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, adujo que no existe prueba t\u00e9cnica alguna en el expediente que se pueda valorar a efectos de determinar la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida alegada en la demanda. Si bien existen varios dict\u00e1menes, ninguno se tuvo en cuenta dada la inasistencia del perito designado para practicar la prueba a la audiencia. En todo caso, el contenido material del peritaje tambi\u00e9n es cuestionable, pues la propuesta del experto \u00abdesconoce toda la ejecuci\u00f3n del contrato desde sus inicios hasta su final, y se referir\u00eda solo a la p\u00e9rdida por el incendio (incluso parcial por no tener en cuenta otros aspectos como el lucro cesante por los d\u00edas que ces\u00f3 la operaci\u00f3n)\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandante formul\u00f3 cuatro cargos, los que ser\u00e1n inadmitidos comoquiera que no cumplen con los requisitos formales para su admisi\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia por ser violatoria directamente de los art\u00edculos 1602, 1618, 1619 y 1622 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los art\u00edculos 822, 507, 508 y 513 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Sostuvo que se desconocieron tales normas por ignorar que el estatuto mercantil, por expresa disposici\u00f3n del canon 822 impone el r\u00e9gimen de principios e interpretaci\u00f3n de los contratos. De manera que al calificarse la demanda en conjunto con las pruebas del comportamiento que desplegaron las partes durante la ejecuci\u00f3n del negocio, \u00abten\u00eda que establecer si en el contrato existi\u00f3 o no, a priori, la intenci\u00f3n para dar por terminado el contrato de cuentas en participaci\u00f3n, dando aplicaci\u00f3n a los principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse\u00bb. Esto es, a su juicio, el colegiado deb\u00eda \u00abinterpretar el contrato de acuerdo con el r\u00e9gimen de las obligaciones y no bajo el particular entendimiento o interpretaci\u00f3n que como abogada y administradora de empresas hizo lectura el caso, pues ha debido formase un criterio objetivo a partir del contenido mismo del contrato, lo manifestado por las partes en documentos y actos jur\u00eddicamente relevantes, as\u00ed como brindar el sentido que mejor conviene para el contrato dentro de una relaci\u00f3n financieramente inconveniente para las partes\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la sentencia desestimatoria de las pretensiones se debi\u00f3 a la inaplicaci\u00f3n de las reglas de interpretaci\u00f3n del contrato. Insisti\u00f3 en que lo pretendido guarda identidad con los hechos demostrados en el proceso y el supuesto normativo de interpretaci\u00f3n, \u00abpor ello merece estrictamente la aplicaci\u00f3n de la consecuencia normativa, esto es, tener como marco legal del conflicto el contrato celebrado entre las partes, dar prevalencia a su intenci\u00f3n de terminar el contrato en caso de ser este opuesto sus intereses y aplicarse lo estipulado por las partes particularmente a la terminaci\u00f3n al ser tal convenio lo que mejor conviene al contrato en su totalidad en consideraci\u00f3n a fines econ\u00f3micos buscado por las partes y el resultado opuesto logrado, lo anterior ante la negativa del demandado a terminar voluntariamente el contrato pese a haberse manifestado sobre la necesidad de terminar la operaci\u00f3n del contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que su dicho cobra mayor relevancia cuando se observan las manifestaciones efectuadas por la pasiva al momento de contestar la demanda, pues no se opuso al hecho anticipado por las partes como causal de terminaci\u00f3n del contrato. Es decir, que en efecto existe una p\u00e9rdida para cada uno de los extremos del contrato superior al de su aporte econ\u00f3mico. Por el contrario, el ejercicio de Distribuciones Universal se circunscribi\u00f3 a un tema \u00abque no es el eje central del proceso\u00bb. <\/p>\n
Desde otro \u00e1ngulo, critic\u00f3 que ninguna de las dos instancias hubiera analizado el alcance de la cl\u00e1usula de terminaci\u00f3n del contrato, ni se \u00abponder\u00f3 la intencionalidad de las partes y pr\u00e1cticamente no hizo un examen del contrato y la cl\u00e1usula de terminaci\u00f3n a pesar de existir una norma de car\u00e1cter sustancial que impone una consecuencia jur\u00eddica clara frente a un debate sobre la continuaci\u00f3n o no de una relaci\u00f3n contractual, como lo es el que la cl\u00e1usula produjere los efectos que las partes quisieron predeterminar al momento de su estipulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, acusa la providencia de segundo grado de ser violatoria indirectamente de la ley sustancial como consecuencia de \u00aberrores de derecho derivados del desconocimiento de una norma probatoria al equivocar la valoraci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas del proceso, restando valor probatorio a la certificaci\u00f3n expedida por el revisor fiscal y estimar credibilidad al testigo JOSE ADBADA a quien no le constan los hechos que con la valoraci\u00f3n de la prueba descalificaron la fe p\u00fabica que la firma del profesional impuso sobre un documento que se ajusta a los lineamientos legales, estatutarios y contractuales\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que incurri\u00f3 en error el Colegiado al haberle restado credibilidad a la certificaci\u00f3n expedida por el revisor fiscal de Distribuciones AXA S.A.S. solamente \u00abporque la demandada se opuso a dicha prueba, sin considerar que tal certificaci\u00f3n, en virtud de la naturaleza t\u00e9cnica del profesionista suscribiente y su contenido, contienen una presunci\u00f3n de fe p\u00fablica por lo que deben tenerse que reflejan fielmente la contabilidad y la situaci\u00f3n financiera que certifica\u00bb. Por otro lado, estim\u00f3 que el testigo de Jos\u00e9 Abdal\u00e1 no ten\u00eda conocimiento ni le constaban los hechos \u00abcomo para poder determinar sobre el estado de p\u00e9rdidas o ganancias en el marco de desarrollo de contrato de cuentas en participaci\u00f3n y en ese orden mucho menos podr\u00eda restarle valor probatorio al ejercicio de un profesional de la contadur\u00eda p\u00fablica que con su firma dictamina en los t\u00e9rminos de las leyes contable la realidad contable y financiera del contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reclam\u00f3 que se tuvieron por no ciertos los hechos de la certificaci\u00f3n \u00abpor no haber sido ella convincente para la Juez de primera instancia, sin hacer un estudio o aproximaci\u00f3n sobre los fundamentos t\u00e9cnicos que eliminan la presunci\u00f3n de autenticidad y fe p\u00fablica de lo certificado por el mencionado revisor fiscal\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Censur\u00f3 la providencia por ser violatoria indirectamente de la ley sustancial al no dar valor a una prueba legalmente aportada al proceso, a saber, el acta de la reuni\u00f3n celebrada por las partes el 25 de junio del 2009. Asever\u00f3 que tal prueba da cuenta de que los litigantes \u00abde anta\u00f1o sab\u00edan que el contrato no rend\u00eda los frutos esperados y orientaron esfuerzos para darle finiquito al contrato\u00bb. Insisti\u00f3 en que \u00abel deber de interpretaci\u00f3n de los contratos obliga no solamente a conocer lo estipulado por las partes, sino tambi\u00e9n a calificar la conducta que ilustra o demuestra su comportamiento en el contrato y en ese orden la probanza de alguna de las posiciones y conductas negociales y procesales\u00bb. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal quinta de casaci\u00f3n, acusa la sentencia de adolecer de un vicio de nulidad por haberse proferido la sentencia con omisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de una prueba cuya contradicci\u00f3n era obligatoria y necesaria para las resultas del proceso, \u00abconsistente en no valorar los dict\u00e1menes de contradicci\u00f3n efectuados por los se\u00f1ores Eduardo Aurelio Arenas Gonz\u00e1lez, Roc\u00edo Amparo Alba G\u00f3mez, y Dagoberto Alvarado Polo, a la par que se valor\u00f3 la propuesta del dictamen del se\u00f1or Iv\u00e1n Caraballo Cortes, concluyendo se hab\u00eda pronunciado sobre un punto distinto a aquel para el que fue designado\u00bb. <\/p>\n
Frente al descarte de la prueba pericial por parte de los jueces de primera y segunda instancia ante la ausencia del perito a la audiencia, indic\u00f3 que aquellos no se percataron de que \u00absu pr\u00e1ctica no fue completada al no ser controvertida, a la par de que se sumerge en su an\u00e1lisis para concluir \u201cque no hubo perdidas\u201d y que el perito Iv\u00e1n Caraballo efectu\u00f3 su dictamen sobre temas no pedidos, \u00bfc\u00f3mo llegan los juzgadores tanto de primera como de segunda instancia a concluir que dicha prueba no es concluyente, o admisible, estando debidamente solicitada, ordenada y practicada la prueba sin estar controvertida, siendo adem\u00e1s el tema particular de dicho medio probatorio el que aporta conocimiento especializado a finde de demostrar la causal de terminaci\u00f3n del contrato invocada?\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, sostuvo que, a pesar de la inasistencia del perito a la audiencia, han debido los jueces analizar los dict\u00e1menes de contradicci\u00f3n aportados por las partes al proceso. Con tal proceder, se habr\u00eda honrado el derecho al debido proceso, a la defensa y el principio de contradicci\u00f3n de la prueba. As\u00ed pues, no se permiti\u00f3 la contradicci\u00f3n de una prueba ya practicada, \u00abomitiendo agotar legalmente etapas del proceso hasta llegar al fallo de primera instancia y supliendo dicho conocimiento con su propio saber y entender, seg\u00fan sus motivos, al ser tambi\u00e9n, adem\u00e1s de abogada y Juez, administradora de empresas, asunto sobre el cual el Tribunal no hizo sino que acoger como legalmente dicha pr\u00e1ctica bajo el fundamento de no estar utilizando sus conocimientos para decidir el caso, sino para leer y formarse un entendimiento de una informaci\u00f3n propia de un \u00e1rea ajena a la ciencia del derecho, sin reparar en que con ello el dictamen no fue objeto de contradicci\u00f3n y vino a ser valorado en \u00faltimo momento con ocasi\u00f3n del proferimiento de la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, asever\u00f3 que el hecho de que no hubiere concurrido el perito, \u00abno daba m\u00e9rito para no analizar los dict\u00e1menes de contradicci\u00f3n, pues el objetivo era el de proveer de conocimiento t\u00e9cnicos al Juez para poder tomar una decisi\u00f3n, y al no haberse prestado a su an\u00e1lisis, el Juez de primera instancia acudi\u00f3 a su saber y entender como profesional ajeno a dictaminar sobre tales temas, se apoy\u00f3 en tal conocimiento para efectuar una lectura y entendimiento de la informaci\u00f3n fuente que en todo caso es de car\u00e1cter t\u00e9cnico\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Analizado el escrito presentado, se observa que ninguno de los cargos cumple con los requisitos formales prescritos por la ley para su admisi\u00f3n, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.- En el primer reparo, se censur\u00f3 la sentencia de segunda instancia por ser violatoria directamente de los art\u00edculos 1602, 1618, 1619 y 1622 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los c\u00e1nones 822, 507, 508 y 513 del C\u00f3digo de Comercio. Sin embargo, ninguna de las mentadas disposiciones es de car\u00e1cter sustancial, por lo que el cargo carece de uno de sus elementos esenciales. En lo que concierne con las causales de casaci\u00f3n relacionadas con la violaci\u00f3n de normas sustanciales -primera y segunda-, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del censor haya sido violada. Tal exigencia es esencial, porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte. <\/p>\n
Las normas sustanciales, como se sabe, son aquellas que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2019, sin que, por ende, ostenten tal car\u00e1cter las disposiciones materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o enumerativas, o los interpretativas, o las procesales\u00bb (CSJ, AC280-2021). No obstante, ninguna de las disposiciones enunciada ostenta tal calidad. <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil consagra la m\u00e1xima seg\u00fan la cual todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes. Sin embargo, dicha norma no ostenta el car\u00e1cter sustancial porque no es de aquellas que declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Lo anterior en la medida que \u00ab[e]l 1602 (\u2026) es el hontanar mismo de toda la teor\u00eda contractual, consagratoria quiz\u00e1 de la m\u00e1s grande met\u00e1fora de tal ordenamiento, en cuanto que para vivificar la fuerza de lo que se pacta se equipara nada menos que con el concepto de ley, es norma que por el mismo grado de abstracci\u00f3n no consagra en principio derechos subjetivos concretos\u00bb (CSJ AC 7520-2017, citada en AC280-2021). <\/p>\n
2.2.- Esto tambi\u00e9n ocurre con los art\u00edculos 1618, 1619 y 1622 del C\u00f3digo Civil, que explican las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos. Nuevamente, tales normas consagran un precepto legal que no ostenta la calidad de sustancial, pues su contenido es esencialmente definitorio de la forma en que habr\u00e1n de apreciarse los contratos. Al respecto, esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl tercer embate se apoy\u00f3 en la violaci\u00f3n indirecta, por error de derecho, de los mismos preceptos mencionados en los dos cargos precedentes, con adici\u00f3n de los c\u00e1nones 864 y 871 del Estatuto Comercial y 1618 a 1623 del C\u00f3digo Civil, normas estas que tampoco tienen estirpe material, por no estar destinadas a establecer o alterar relaciones subjetivas entre sujetos concretos, ya que su finalidad es, en su orden, determinar el concepto de contrato, imponer, de forma gen\u00e9rica, la observancia del principio de buena fe entre quienes participan en ellos y definir las reglas de interpretaci\u00f3n de dichos pactos\u00bb (AC5865-2021). <\/p>\n
2.3.- El art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio tampoco ostenta la requerida connotaci\u00f3n, pues contiene simplemente la remisi\u00f3n que hace el estatuto mercantil a los principios \u00abque gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse\u00bb frente a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles. Sobre dicha disposici\u00f3n, se ha memorado que: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a las normas del C\u00f3digo de Comercio, el art\u00edculo 822 \u00fanicamente establece los supuestos en que es posible la aplicaci\u00f3n de normas civiles y probatorias a los negocios de comercio, es decir, entronca la legislaci\u00f3n civil con la comercial, ya que como se dijo en CSJ AC 180-2000, 11 jul. 2000, rad. 1798, <\/p>\n
(\u2026) se duele el censor de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 822 del C\u00f3digo de Comercio y 1624 del C\u00f3digo Civil, sin advertir, no obstante, que ninguno de esos dos preceptos tiene la naturaleza de norma sustancial; en efecto, la primera es una norma remisoria de car\u00e1cter general y abstracta, al paso que la segunda ata\u00f1e a las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos, sin que ninguna de ellas consagre en forma concreta derechos subjetivos o potestades a los particulares (se resalta). <\/p>\n
Y aunque en CSJ AC653-2020 se le reconozca categor\u00eda material, sin explicar el porqu\u00e9, la cita aislada del mismo que no va entroncada a alg\u00fan otro precepto aplicable al caso que tenga indiscutiblemente tal categor\u00eda, la torna en insuficiente como aqu\u00ed acontece, puesto que el recurrente no demostr\u00f3 la trascendencia de ese precepto dentro de la estructura argumentativa de la sentencia recurrida\u00bb (AC2117-2020). <\/p>\n
2.4.- As\u00ed mismo, los c\u00e1nones 507 y 508 del C\u00f3digo de Comercio definen el contrato de cuentas en participaci\u00f3n y establecen que este no estar\u00e1 sujeto, en cuanto a su formaci\u00f3n, a las solemnidades prescritas para la constituci\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas mercantiles. As\u00ed pues, son normas definitorias de una figura jur\u00eddica, por lo que no ostentan la calidad de sustanciales. <\/p>\n
2.5.- Y tampoco la tiene el art\u00edculo 513 del estatuto mercantil, norma que remite a las disposiciones civiles de la sociedad en comandita simple respecto de los derechos y obligaciones de los socios que conforman la participaci\u00f3n. De manera que, al igual que el canon 822, esta es una norma remisoria de car\u00e1cter general y abstracta que no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Tal yerro impide absolutamente que la Corte aborde el tema en estudio pues es necesario incluir la disposici\u00f3n legal de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida. Ciertamente, tal deficiencia deja el ataque del todo vac\u00edo. <\/p>\n
2.6. Adicionalmente, se observa que lo que critica el censor es propio del cargo segundo pues, en el fondo, lo cuestionado es la forma en que los jueces interpretaron el contrato de cuentas en participaci\u00f3n cuya terminaci\u00f3n se pretendi\u00f3. Sobre dicha tem\u00e1tica esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ablos defectos de interpretaci\u00f3n de los contratos estructuran siempre un error de hecho, al decir que \u201cen los eventos en que surja un conflicto a prop\u00f3sito de la comprensi\u00f3n que ha de d\u00e1rsele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoraci\u00f3n que haga el sentenciador es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador conf\u00eda a su discreta autonom\u00eda, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique\u2026en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3\u2026es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido\u201d\u00bb (resalta la Sala, CSJ SC 162 de 11 de jul. de 2005, Exp. 7725, reiterada el 21 de feb. de 2012, Exp. 2004-00649-01 y el 23 de oct. de 2013, Ref. 200700215-01) <\/p>\n
Sumado a lo anterior, reiteradamente el casacionista expone consideraciones probatorias, ora por la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, ora por la ausencia de an\u00e1lisis \u00absobre el alcance de la cl\u00e1usula invocada para la terminaci\u00f3n con referencia a las normas de interpretaci\u00f3n\u00bb y, en general, del contrato objeto de controversia y la \u00abintencionalidad de las partes\u00bb. Ante tales circunstancias, es patente el defecto del cargo esbozado, comoquiera que, al formularse la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, la fundamentaci\u00f3n debe apartarse de todo aspecto f\u00e1ctico y centrarse en consideraciones ce\u00f1idas a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica del pleito. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha expuesto reiteradamente que <\/p>\n
\u00abCuando se esgrime la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, contemplada como causal de casaci\u00f3n en el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018 de 27 de agosto de 2018 rad. 2015-00704). Ello significa que el censor estar\u00e1 llamado a ajustar sus reparos exclusivamente a los textos legales que, a su juicio, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado adentrarse en consideraciones que impliquen disentimiento con las apreciaciones f\u00e1cticas del juzgador, pues estas se deber\u00e1n realizar mediante la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta\u00bb (AC5470-2021). <\/p>\n
3.- Los cargos segundo y tercero, pese a estar fundados en la causal segunda de casaci\u00f3n, no mencionan ninguna norma como presuntamente violada de manera indirecta con la sentencia del Tribual. <\/p>\n
3.1.- En el cargo segundo, se dijo que se acusaba \u00abla sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C SALA CIVIL- FAMILIA de fecha 18 de diciembre de 2020, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de errores de derecho derivados del desconocimiento de una norma probatoria al equivocar la valoraci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas del proceso, restando valor probatorio a la certificaci\u00f3n expedida por el revisor fiscal y estimar credibilidad al testigo JOSE ADBADA a quien no le constan los hechos que con la valoraci\u00f3n de la prueba descalificaron la fe p\u00fabica que la firma del profesional impuso sobre un documento que se ajusta a los lineamientos legales, estatutarios y contractuales\u00bb. Y, en el tercero, se sostuvo que \u00abSe acusa la sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C SALA CIVIL- FAMILIA, dentro del proceso seguido por DISTRIBUCIONES AXA S.A.S., contra DISTRIBUCIONES UNIVERSAL S.A.S., de fecha 18 de diciembre de 2020, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley a no dar valor a una prueba una legalmente aportada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en caso de que se considere que las normas presuntamente conculcadas fueron referidas en el aparte denominado \u00abTRASCENDENCIA DE LOS ERRORES EN LA VIOLACI\u00d3N DE LAS NORMAS SUSTANCIALES\u00bb, en el que se dijo que si el ad quem no hubiera cometido los yerros denunciados \u00abhubiese concluido que existe m\u00e9rito en que se deba declarar la prosperidad de la \u00fanica pretensi\u00f3n declarativa y dar plena eficacia a lo mandado por los art\u00edculos1602, 1618, 1619 y 1622 del C\u00f3digo de Comercio por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, lo cierto es que, como ya se dijo, ninguna de dichas disposiciones ostenta el car\u00e1cter sustancial. <\/p>\n
De manera que, con tal falencia, los cargos quedaron ac\u00e9falos, lo que impide absolutamente a la Corte abordar el tema en estudio, pues \u00abes necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida\u00bb1. Lo cierto es que tal deficiencia deja los ataques del todo incompleto y los convierte en alegatos de instancia, inadmisible en este estadio procesal. <\/p>\n
3.2.- Adicionalmente, en lo que concierne con el cargo segundo, aunque se aleg\u00f3 la violaci\u00f3n de la norma sustancial por error de derecho, no mencion\u00f3 ni una norma de car\u00e1cter probatorio que hubiera sido vulnerada por el Tribunal. As\u00ed pues, tampoco se dio cumplimiento al requisito contemplado en el inciso 3\u00ba del literal a) del ordinal 2\u00ba del art\u00edculo 344 de C\u00f3digo General del Proceso, el cual prev\u00e9 que \u00ab[c]uando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, habiendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Sobre ese requisito la Corte ha manifestado reiteradamente que \u00ab(\u2026) \u2018en trat\u00e1ndose de un cargo montado por v\u00eda indirecta, en el que le endilgue al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de derecho, el censor no s\u00f3lo ha de citar las normas de disciplina probatoria que estime infringidas sino, adem\u00e1s, sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 ese quebranto\u2019 (\u2026)\u00bb (SC 18 ene. 2010, rad. n\u00b0 2005-00081, reiterada en AC 25 mayo 2012, rad. n\u00b0 2002-00222-01. Se subraya). <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, el cuarto cargo tampoco cumple con los requisitos formales para su admisi\u00f3n. Ciertamente, cuando se invoca la causal quinta de casaci\u00f3n, referida a \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, es imperativo que el casacionista demuestre: i) que los hechos se subsumen dentro de una de las causales de nulidad taxativamente consagradas por la ley; ii) que tenga el inter\u00e9s para alegar el vicio denunciado; y, iii) que este no haya sido convalidado. Esto en tanto que \u00fanicamente logran romper la presunci\u00f3n de legalidad y acierto de la providencia denunciada las inconsistencias determinadas e insuperables que deban ser regularizadas en sede extraordinaria de casaci\u00f3n. Al respecto, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente\u00bb. (AC4497-2018, citado en AC5808-2021). <\/p>\n
4.1. Pese a lo anterior, el embate no se soporta en ninguna de las causales de nulidad consagradas por la legislaci\u00f3n adjetiva. Del escrito no se advierte que haya mencionado al menos alguna de aquellas consagradas en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se observa que la argumentaci\u00f3n del censor se dirige a criticar la ausencia de valoraci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales rendidos por Aurelio Arenas Gonz\u00e1lez, Roc\u00edo Amparo Alba G\u00f3mez, y Dagoberto Alvarado Polo, lo que impidi\u00f3 -a su juicio- la contradicci\u00f3n de la experticia rendida por Iv\u00e1n Caraballo. Sin embargo, tal reproche no se circunscribe a ninguna de las irregularidades procesales que ameritan la anulaci\u00f3n de lo actuado. <\/p>\n
Ahora bien, si lo que se pretendi\u00f3 fue subsumir los hechos relatados a la causal quinta de nulidad, a saber, \u00ab[c]uando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb, lo cierto es que no se observa que tal circunstancia haya acaecido respecto del dictamen. En efecto, la prueba pericial s\u00ed fue debidamente decretada2 y practicada3, solo que se le rest\u00f3 valor ante la ausencia del perito a la audiencia4. Ante tal circunstancia, era apenas natural que tampoco5 procediera la estimaci\u00f3n de los dict\u00e1menes de refutaci\u00f3n, pues estos perdieron su objeto al haberse descartado el medio de prueba sobre el cual versaban. <\/p>\n
4.2. En ese orden de ideas, el alegato tampoco se compadece con un error in procedendo sino con el desconocimiento de normas probatorias al momento de valorar las pruebas -art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso-, el que podr\u00eda enmarcarse en error de derecho, propio de la causal segunda de casaci\u00f3n. Por consiguiente, no se advierte la denuncia de alg\u00fan vicio procedimental en la modalidad del numeral quinto del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que implica la clara inadmisi\u00f3n del cargo. <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, por las razones expuestas se inadmitir\u00e1n la totalidad de los cargos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 18 de diciembre de 2020, en el asunto indicado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 AC3623-2020. <\/p>\n
2\u0002 Folio 276 del Cuaderno Principal 2. <\/p>\n
3\u0002 Folio 322-330 y 426 del Cuaderno Principal 2. <\/p>\n
4\u0002 Cuya comparecencia fue requerida por ambas partes, tal como se advierte a folios 358 y 359 del Cuaderno Principal 2. <\/p>\n
5\u0002 En aplicaci\u00f3n del inciso primero del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abSi el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendr\u00e1 valor\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3195-2022 (2011-00235-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC3195-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-31-03-006-2011-00235-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de doce de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D. C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda con la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-64955","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64955\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}