AC3203-2022 (2022-02207-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3203-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2022-02207-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Promiscuo Municipal de Malambo, Atl\u00e1ntico y Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 4 de diciembre de 2018, el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo, Atl\u00e1ntico admiti\u00f3 la demanda de custodia y cuidado personal elevada por Mabel Espinel Montejo, respecto de su hija menor de edad Geraldine \u00c1vila Espinel; accedi\u00f3 a fijar, provisionalmente, tales responsabilidades en cabeza de la querellante y orden\u00f3 integrar el contradictorio con el progenitor C\u00e9sar Antonio \u00c1vila Romero, el Comisario de Familia de esa localidad y el Procurador Judicial para la jurisdicci\u00f3n de familia (Folio 31, archivo digital: 01DEMANDA). <\/p>\n
2. Notificado por conducta concluyente (23 jun. 2021), el convocado se opuso a las pretensiones de la gestora, basado en que fue ella quien abandon\u00f3 el hogar conyugal, radicado en Costa Rica, para regresar sola a Colombia dejando a sus tres hijos a su cargo, raz\u00f3n por la cual las autoridades de ese pa\u00eds le otorgaron la custodia y cuidado personal de la ni\u00f1a a \u00e9l. Narr\u00f3 que, de buena fe y mientras lograba ubicarse en la ciudad de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 a dejar a la infante con la madre, quien se ha negado a devolv\u00e9rsela, obstaculizando el contacto entre ellos, dej\u00e1ndola al cuidado de la abuela materna, con instrucciones de no permitir su comunicaci\u00f3n, mientras ella se ausenta constantemente del pa\u00eds. <\/p>\n
Basado en aquellas premisas y en el concepto emitido por el Centro Zonal del ICBF de Sabanalarga, Atl\u00e1ntico, seg\u00fan el cual la actora tiene \u00abcomportamientos agresivos, impulsivos, altaneros\u00bb y recomendaci\u00f3n de practicarse evaluaci\u00f3n y tratamiento sicol\u00f3gico, el padre de la menor de edad recurri\u00f3 la asignaci\u00f3n provisional decretada por la autoridad cognoscente. <\/p>\n
3. El 13 de octubre siguiente, la autoridad primigenia decidi\u00f3 mantener inc\u00f3lume su determinaci\u00f3n, por cuanto \u00abel proceso se encuentra en la etapa procesal pertinente para fijar fecha con el fin de llevar a cabo la audiencia en la que se decidir\u00e1 la custodia de la menor y se tendr\u00e1n en cuenta y valorar\u00e1n las pruebas aportadas en la debida oportunidad, por lo que en este estado del proceso, no se acceder\u00e1 a la solicitud de revocar la medida provisional otorgada (\u2026)\u00bb (Archivo digital:19ResuelveRecursoRad461-2018). <\/p>\n
4. El encausado comunic\u00f3 que el 21 de febrero de 2022, la Comisar\u00eda Primera de Familia de Galapa, Atl\u00e1ntico, le entreg\u00f3 a la ni\u00f1a, tras constatar, \u00aba trav\u00e9s de entrevista realizada a la menor; de visita social llevada a cabo al domicilio de la misma y conversaci\u00f3n por video llamada con la madre, que la menor deseaba vivir con su padre, quien vive desde hace tiempo con sus dos hermanos mayores y tiene todo el deseo y la disponibilidad para hacerse cargo de ella; que su madre (\u2026) se encuentra residiendo en Alemania desde hace un buen tiempo y que la abuela materna (\u2026) era quien la ten\u00eda bajo su cargo\u00bb (Archivo digital: 26InformacustodiaProvisional y 27Anexo). <\/p>\n
5. Con fundamento en dicha informaci\u00f3n, en prove\u00eddo de 3 de mayo de 2022, el estrado orden\u00f3 remitir las diligencias a los jueces de Familia de Bogot\u00e1, por ubicarse all\u00ed el domicilio del enjuiciado y, por consiguiente, el de Geraldine \u00c1vila Espinel (Folio 1, archivo digital: contestaci\u00f3n demanda). <\/p>\n
6. Por auto del pasado 22 de junio, el despacho receptor rehus\u00f3 su conocimiento, arguyendo que \u00ab(\u2026) al haber avocado el conocimiento del proceso de custodia y cuidado personal ya referido, se tiene que, la competencia se encuentra sujeta al principio de la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d (\u2026)\u00bb, postura que apoy\u00f3 en el pronunciamiento AC6722-2014 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la petici\u00f3n de \u00abtraslado del proceso\u00bb no fue presentada \u00abdentro del t\u00e9rmino para proponer excepciones previas, de tal manera que se le diera al juez de origen, la oportunidad para desconocer la competencia que tanto se alega, por lo que su decisi\u00f3n resulta contraria al [citado axioma]\u00bb y que \u00ablas circunstancias de cambio de domicilio de la joven \u201cGeraldine \u00c1vila Espinel\u201d, resultan ser sobrevinientes al auto admisorio y la vinculaci\u00f3n del demandado, en virtud de decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda 1\u00aa de Familia de Galapa, por lo que el traslado de vivienda, por s\u00ed solo, no extingue la competencia que ya hab\u00eda sido asumida por el tan citado Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, propuso colisi\u00f3n negativa de competencia y remiti\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para su definici\u00f3n (Archivo digital: 41AutoRechazaCustodiaPorPerpetua). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. De acuerdo con el inciso segundo, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso \u00ab[e]n los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodia, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
3. Confrontado el asunto bajo examen con el aparte normativo transcrito, refulge con claridad que la competencia para conocer de este tipo de controversias, con base en el factor territorial, recae en la autoridad del lugar \u00abdel domicilio o residencia\u00bb del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, conclusi\u00f3n que se robustece con las previsiones del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, seg\u00fan las cuales \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n resulta aplicable, no solo en el contexto de las autoridades administrativas y los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad, sino en las controversias de conocimiento judicial, tal como lo ha decantado esta Corporaci\u00f3n al puntualizar que: <\/p>\n
\u00ab[E]n orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC1787-2021, 12 may., rad. 2021-01222-00 y CSJ AC2415-2021, 17 jun., rad. 2021-01784-00 que reiter\u00f3 la providencia CSJ AC 4 jul. 2013, rad. 2013-00504-00). <\/p>\n
Lo anterior se encuentra del todo conforme con la prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en cuya virtud \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona (\u2026)1\u00bb, as\u00ed como con el art\u00edculo 11 del estatuto adjetivo, que ordena interpretar las normas procedimentales de acuerdo con los est\u00e1ndares constitucionales, entre los cuales se encuentra el del inter\u00e9s superior del menor. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, ha recalcado la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, personas de la tercera edad y mayores con discapacidad, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en traumatismos o dificultades de diversa \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, postulado que desarrolla el mandato contenido en el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, a cuyo tenor \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Por supuesto que dicho precepto legal, que aboga por darle prevalencia a los derechos de los menores y adolescentes, no es ajeno al derecho procesal ni, por contera, a las reglas de competencia para asignar el conocimiento de las causas en las cuales est\u00e1n involucrados dichos sujetos, receptores de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que conforme al canon 26 ib\u00eddem, \u00ab[e]n toda actuaci\u00f3n administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que est\u00e9n involucrados, los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, tendr\u00e1n derecho a ser escuchados y sus opiniones deber\u00e1n ser tenidas en cuenta.\u00bb <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento favorable al inter\u00e9s superior citado, la Corte se ha pronunciado se\u00f1alando respecto de los menores de edad, que: <\/p>\n
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u2018los derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u2019. Se destaca. (CSJ STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01, CSJ AC2400-2022, 13 jun., rad. 2022-01649-00). <\/p>\n
4. Y no se diga que por haber conocido y adelantado algunas actuaciones, el despacho primigenio debe seguir tramitando el asunto en atenci\u00f3n al principio de la \u201cperpetuatio iurisdictionis\u201d, porque \u00abel domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, aun cuando var\u00ede en el curso del proceso; am\u00e9n de que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que: \u201c[e]l juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo los factores subjetivo y funcional\u201d\u00bb (CSJ AC1664-2021, 5 may., rad. 2021-01355-00, reiterando CSJ AC1314-2020, 6 jul., rad. 2020-00722-00). <\/p>\n
5. De esa manera, es claro que el decurso inici\u00f3 ante el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo, porque en esa circunscripci\u00f3n territorial se radic\u00f3 el libelo introductor sin protesta del demandado sobre ese aspecto, aunque la infante viv\u00eda con su abuela materna en Galapa, Atl\u00e1ntico2, seg\u00fan se desprende del acta de entrega elaborada por la Comisar\u00eda 1\u00aa de Familia de esa vecindad (Archivo digital: 27Anexo); sin embargo, como la ni\u00f1a fue trasladada a Bogot\u00e1, donde se encuentra domiciliado su padre, a quien le fue encomendada la custodia provisional por la mencionada autoridad administrativa, es el juez de este lugar el que debe continuar con el juicio promovido por la madre. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, se asignar\u00e1 la competencia a este \u00faltimo despacho judicial, decisi\u00f3n de la cual se dar\u00e1 aviso al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Malambo, Atl\u00e1ntico y a los interesados. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogot\u00e1, es el competente para continuar con el adelantamiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a esa autoridad para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo Municipal de Malambo, Atl\u00e1ntico y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 9\u00ba del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
2\u0002 Perteneciente al circuito judicial de Barranquilla. <\/p>\n
<\/p>\n
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